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La alfabetización en la era digital: El contenido del derecho a la educación y la brecha digital en el Perú

 

Hace más de cincuenta años, la UNESCO declaró la fecha del 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización. Un día para recordar a la comunidad global que la alfabetización constituye la base de todo aprendizaje. Hoy en día, en la era digital también se promueve el conocimiento de las normas y programas que aprovechan este medio para alfabetizar, en especial sobre las competencias en lectoescritura que necesitan las personas que se conectan a las redes de internet en una sociedad cada vez más digitalizada.

Es aquí cuando, nuevamente, se hace indispensable tener presente que la persona humana y sus distintas dimensiones, personal, social, cultural y espiritual requiere como deber de justicia el reconocimiento de un conjunto de bienes “humanos”, o “propios de su ser”, como cuotas de perfección que tiene por finalidad su plena realización, los cuales una vez reconocidos por la Constitución son denominados derechos fundamentales[1]. Una lista de derechos que no pretende convertirse en un catálogo cerrado, pues, al derivarse de la dignidad humana, es decir, la persona comprendida como un fin en sí misma, puede dar lugar a la conceptualización de otros derechos que contribuyan con ese mismo fin, ya sea reconocidos en los tratados internacionales, resoluciones judiciales nacionales o supranacionales para la defensa de los derechos humanos[2]

Como sabemos, todo operador jurídico al momento de interpretar un derecho fundamental debe determinar su contenido y alcance al caso concreto que estudia, pues cada derecho humano posee un contenido jurídicamente determinable y de obligada observancia, tanto al poder político como a los particulares; por eso, cuando el derecho humano se somete a limitaciones que lo vuelven impracticable, ya sea porque dificultan su razonable ejercicio o se encuentra despojado de su debida protección, se vacía su contenido y deja de existir como tal.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho de educación argumentando que su contenido y alcance “(…) está determinado por el acceso a una educación adecuada (artículo 16), la libertad de enseñanza (artículo 13), la libre elección del centro docente (artículo 13), el respeto a la libertad de conciencia de los estudiantes (artículo 14), el respeto a la identidad de los educandos, así como el buen trato psicológico y físico (artículo 15), la libertad de cátedra (artículo 18), y la libertad de creación de centros docentes y universidades (artículos 17 y 18)”[3].

El acceso a una educación adecuada conlleva el deber estatal de alfabetizar, que no sólo significa aprender a leer y escribir sino también a incorporar las habilidades lingüísticas y cognitivas necesarias para ingresar al mundo de conocimientos que garantiza este derecho fundamental. Por eso, de la misma manera que el conocimiento y las competencias evolucionan en la era digital, también lo hace el significado de ser alfabetizado. Si las llamadas tecnologías digitales vienen desarrollándose cada vez más rápido, al punto que se han convertido en un nuevo medio de socialización de la comunidad humana, las personas que todavía carecen de los conocimientos necesarios para “navegar” por sus redes quedaran marginadas en comparación con las sociedades más y mejor digitalizadas.

En tiempos de restricciones más intensas al ejercicio de nuestra libertad locomotora por causa de la crisis sanitaria internacional, la alfabetización digital adquiere especial relevancia cuando debemos hacer mayor uso de esos medios para afrontar una de las consecuencias de la pandemia. El ejercicio del derecho a la educación, escolar y superior, ha requerido echar mano de las plataformas digitales para continuar la impartición de clases, pero el actual déficit nacional para la cobertura y conectividad de los servicios de internet es una realidad que debe afrontar el Estado para garantizar este derecho y cumplir con el año lectivo. La infraestructura educativa no se reduce al edificio, muebles, logística, las zonas dedicadas para la práctica del deporte, actividades culturales y salas de computo, en la actualidad también comprende la conectividad que permita un adecuado servicio de internet.

Para evitar la afectación de otros derechos, como discriminación y exclusión social o laboral que produciría la carencia de dichas competencias, es necesaria la implementación de un conjunto de políticas públicas que permitan a los más desfavorecidos acceder a una alfabetización digital y no quedar rezagados; por ejemplo, la implementación los fines de semana de cursos gratuitos a cargo de las municipalidades para el uso y aprendizaje de computación y sus programas básicos. Todo lo que forma parte del contenido al derecho a la educación, en la era de la alfabetización digital, se comprende en el marco de las finalidades constitucionales de un Estado Social y Democrático de Derecho[4].

 

[1]Castillo L. (2007). Los derechos constitucionales. Lima. Palestra Editores. (pp. 37-38).

[2]Véase el artículo 3 de la Constitución peruana, inspirada en la IX Enmienda de la Constitución estadounidense de 1787.

[3]Cfr. Exp. N°01436-2017-PA/TC. Cabe añadir que el Tribunal erróneamente ha citado el artículo 14 de la Constitución cuando alude la “libertad de conciencia”, cuando lo que reconoce de modo expreso es la “libertad de las conciencias”, que significa el legítimo derecho de la persona de ansía alcanzar la verdad, así como su libre identificación con una determinada ideología política, cultura o creencia religiosa.

[4]Exp. N°00091-2005-PA/TC (tercer y cuarto párrafo del fundamento 6).

Escrito por Carlos Hakansson Nieto

Carlos Hakansson Nieto

Abogado por la Universidad de Lima, Doctor en Derecho (Universidad de Navarra, España).