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Las obligaciones del estado respecto de la protección de mujeres y niñas en el contexto de la pandemia del Covid-19

La pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas para luchar contra ella han transformado casi todos los aspectos de la vida las personas en nuestra sociedad. Sin embargo, las estructuras de desigualdad y violencia que existen en ella no han desaparecido, sino que también se han transformado y, en algunos casos, empeorado.

Frente a este contexto, el Estado debe adecuar su actuación para brindar la protección más idónea, en este caso, para las mujeres y niñas. Las obligaciones de los Estados, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, no se extinguen en situaciones de emergencia como la actual, pero sí cobran nuevos significados.

Los retos no son pocos. En primer lugar, no se puede ignorar la limitada capacidad estatal de ofrecer una respuesta, resultado de décadas políticas insuficientes para luchar contra la violencia de género contra mujeres y niñas. Aunado a esto, la restricción física que exige el distanciamiento social no puede sino afectar la posibilidad de respuesta frente a fenómenos tan personales y presenciales como la violencia de género. Así, la Defensoría del Pueblo ha afirmado que:

En este contexto, la Defensoría del Pueblo advierte una vez más que la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres adultas persiste como un problema latente, aunque continúa siendo invisibilizada por las medidas restrictivas que obstaculizan la denuncia y reducen la capacidad de atención de los miembros del Sistema Nacional de Justicia Especializado.[1]

Asimismo, las medidas que también deben adoptarse para salvaguardar el derecho a la salud de las y los trabajadores del Estado encargadas/os de dar una respuesta a estos problemas añade otro nivel de complejidad al problema.

Frente a esto, el Gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1470 - Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19. Dicha norma reconoce en su preámbulo que “resulta necesario establecer medidas que fortalezcan el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, brindando la adecuada y oportuna atención, protección y acceso a la justicia de mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia, durante la emergencia sanitaria decretada”

El decreto establece varias medidas que buscan responder a este contexto, por ejemplo, que para el otorgamiento de medidas cautelares (artículo 4), la medida debe darse dentro de las 24 horas luego de la denuncia, que el Poder Judicial debe habilitar los medios tecnológicos necesarios para responder a las denuncias, que independientemente de la ficha de valoración del riesgo en todos los casos se debe actuar de manera inmediata, que se debe tomar en cuenta el rol de las medidas adoptadas por la emergencia en la situación de la víctimas (por ejemplo, aislamiento) y que en ningún caso procede el otorgamiento de medida cautelar de mandato de cese, abstención y/o prohibición de ejercer violencia.

Asimismo, el Decreto Legislativo designa que se debe seguir brindando la atención en salud a las víctimas, pero ahora tomando en cuenta las disposiciones frente al COVID (artículo 5), y, que se habiliten el uso de SMS para difundir información a todas las personas sobre la disponibilidad de los servicios de atención (artículo 6). Finalmente, las Disposiciones complementarias finales disponen que se realicen pruebas de descarte de COVID para las personas atendidas (Primera), que los plazos de los procedimientos dejen de correr mientras dure la emergencia (Segunda) y que se garantice la continuidad de los servicios (Tercera).

En lo que corresponde a la protección de niños, niñas y adolescentes, se establece que “La Unidad de Protección Especial atiende situaciones de niñas, niños y adolescentes por desprotección familiar cuando requieran una atención inmediata a través de los equipos de contingencia que establece durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19” (artículo 7.1), esto implica también que se disponga de los recursos tecnológicos para que se inicie la actuación de dicha Unidad y del procedimiento respectivo (artículo 7.2.).

Estas disposiciones hicieron que la Defensoría del Pueblo emitiera una serie de informes de seguimiento, entre ellos, el informe “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia”. El documento contiene información del seguimiento de la implementación del Decreto Legislativo 1470, remitida por la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial. En base a la misma, la Defensoría emitió una serie de recomendaciones para mejorar la implementación de la norma entre las que destaca, en el plano normativo, “MODIFICAR la Ley Nº30364 a fin de incorporar las mejoras implementadas por el Decreto Legislativo N° 1470, y establecer la obligación de las municipalidades a apoyar a la Policía Nacional del Perú en la ejecución de medidas de protección”[2] y “APROBAR una norma que garantice la atención de casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar en cualquier período de emergencia declarado por la autoridad competente. Dicha norma deberá establecer además de un proceso tuitivo más célere, un protocolo de actuación interinstitucional y obligaciones específicas para cada entidad perteneciente al sistema”. [3] Cabe destacar también que la Defensoría recomendó que se le debe brindar al personal policial encargado de la atención de estos casos el equipo correspondiente para salvaguardar su salud y también que se establezcan los mecanismos necesarios para poder atender los casos de violencia en contextos de emergencia.[4]

En el caso de las niñas y adolescentes, en particular, la Defensoría del Pueblo emitió el informe “Problemática en la atención de casos de violación sexual de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19”. En este caso, la mayoría de las recomendaciones giraban a la implementación efectiva de las disposiciones del Decreto Legislativo 1470 por parte del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Nacional, entre otros.[5]

Pero el ámbito de la violencia de género no es el único aspecto en el cual se debe aplicar el enfoque de género para garantizar la protección de las mujeres y niñas en el contexto de la emergencia, por lo que la Defensoría del Pueblo también emitió el informe “Importancia de la aplicación del enfoque de género en las medidas tomadas por el Gobierno durante el contexto de la COVID-19”. El documento contiene recomendaciones para la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, relacionados a la corresponsabilidad en la realización de tareas domésticas, entrega de subsidios a trabajadores/as del hogar, fiscalización el trabajo de trabajadores/as del hogar en el contexto de la cuarenta, garantía se los servicios de planificación familiar, de los kits de emergencia en caso de violación familiar y del aborto terapéutico, entre otros.[6]

Sobre este último punto, es importante recordar que no sólo el gobierno nacional tiene obligaciones respecto de la protección de las mujeres y niñas, sino también los gobiernos regionales y locales. En ese sentido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo recalcaron que los gobiernos regionales deben tomar en cuenta las siguientes obligaciones en contextos de emergencia como la actual, entre otras:

Brindar la adecuada provisión de equipos de protección personal (EPP) para las mujeres y hombres que forman parte del equipo médico responsable de los servicios para la salud sexual y reproductiva.

[…]

Coordinar acciones con las promotoras de salud vinculadas a establecimientos de salud para difundir información importante como signos de alarma durante el embarazo, parto y posparto, canales de atención, entre otras.

Habilitar y mantener en funcionamiento la Casa Materna para brindar atención a las gestantes, con énfasis en aquellas con fecha próxima de parto, signos de alarma y quienes se encuentran ubicadas en localidades rurales.

[…]

Implementar estrategias entre las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREGIS) y las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) para la distribución gratuita de métodos anticonceptivos para mujeres con discapacidad.[7]

Como se puede observar, la protección de las mujeres y niñas en el contexto de la pandemia del COVID-19 implica muchos retos para el Estado, retos que debe afrontar con un aparato estatal muchas veces débil en situaciones “normales”. Las normas emitidas y su implementación sin duda han significado un paso importante para responder a este nuevo contexto, pero no se debe olvidar que aún hay varias aristas que abordar para lograr una mayor protección, y es necesario que en el tiempo (aparentemente largo) que todavía queda de pandemia, se produzcan los cambios necesarios para lograrlo.


BIBLIOGRAFÍA:

 

Decreto Legislativo 1470. Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de abril de 2020.

Defensoría del Pueblo

2020     ¿Qué pasó con ellas durante el aislamiento obligatorio? Reporte Igualdad y Violencia N° 04. Mayo 2020.

2020     El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia. Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Serie Igualdad y No Violencia N°005 Autonomía física. Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM.

2020     Importancia de la aplicación del enfoque de género en las medidas tomadas por el Gobierno durante el contexto de la COVID-19. Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Serie Informes Especiales N°016-2020-DP.

2020     Problemática en la atención de casos de violación sexual de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Serie Informes Especiales N° 021-2020-DP.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Fondo de Población de las Naciones Unidas

2020     Gobiernos regionales en acción. Maternidad saludable, acceso a planificación familiar y una vida libre de violencia durante la pandemia por el COVID-19.

[1] Defensoría del Pueblo.  ¿Qué pasó con ellas durante el aislamiento obligatorio? Reporte Igualdad y Violencia N° 04. Mayo 2020, p. 1.

[2] Defensoría del Pueblo. El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia. Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Serie Igualdad y No Violencia N°005 Autonomía física. Informe de Adjuntía N°007-2020-DP/ADM, 203º, p. 42.

[3] Ibidem, p. 43.

[4] Ibidem, Pp. 42-43.

[5]Defensoría del Pueblo. Problemática en la atención de casos de violación sexual de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Serie Informes Especiales N° 021-2020-DP, 2020, pp. 21-23

[6] Defensoría del Pueblo. Importancia de la aplicación del enfoque de género en las medidas tomadas por el Gobierno durante el contexto de la COVID-19. Adjuntía para los Derechos de la Mujer. Serie Informes Especiales N°016-2020-DP, 2020, pp. 33-34.

[7] Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gobiernos regionales en acción. Maternidad saludable, acceso a planificación familiar y una vida libre de violencia durante la pandemia por el COVID-19, 2020, pp. 12-13.

Escrito por Rita Del Pilar Zafra Ramos

Magistra en Derechos Humanos. Coordinadora de Investigación del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento Académico de Derecho de la PUCP. Miembro del Grupo de Investigación en Derecho, Género y Sexualidad de la PUCP.