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La complejidad de la Informalidad y la emigración económica oculta bajo el concepto de “inmigrantes indocumentados”

Llamando la atención sobre la misa que el Papa Francisco compartiera a favor de emigrantes y pobres de la frontera entre Estados Unidos y México el 17 de febrero de 2016, el economista peruano Hernando de Soto escribe que es una oportunidad para “enarbolar la causa de los 5,000 millones de inmigrantes indocumentados alrededor del mundo” (diario El Comercio, 14-02-2016, revista Portafolio, pág. 6, subrayado añadido). ¿Qué tan cierto es que existan 5,000 millones de inmigrantes indocumentados en el mundo? ¿A qué se refiere con las palabras “inmigrante indocumentado”? ¿Qué problemas estructurales sobre la humanidad o nuestra sociedad se oculta bajo dichas palabras?

Las preguntas planteadas están relacionadas con dos problemas estructurales de nivel global muy conocidos pero poco confrontados: la informalidad y la emigración de personas por razones económicas. Se trata de dos problemas muy complejos que bajo el concepto de “inmigrante indocumentado” se simplifica y hasta se tergiversa. Veamos por qué.

Es probable que la informalidad en el mundo involucre en sus acciones a una cifra mayor de los 5,000 millones de ciudadanos. Ello simplemente porque en países identificados como “desarrollados” (teóricamente libres de informalidad), como los de Europa y Norteamérica, también existe informalidad. Inglaterra y Bélgica, por ejemplo, tienen tasas de desempleo, subempleo y contratación ilegal, al lado de un comercio informal, que puede oscilar entre el 7% y 10% de su economía nacional. Estas cifras están relacionadas con el porcentaje de migrantes y refugiados que día a día se acrecienta en la Unión Europea. En Estados Unidos la informalidad está aún más presente con cifras que superan el 10% europeo al sumar un mayor número de inmigrantes y refugiados que, incluso, laboran en sus empresas formales aceptados por su política tributaria gubernamental. Es cierto que un gran número de “inmigrantes indocumentados”, es decir extranjeros ilegales, integran estas tasas europeas o norteamericanas de informalidad, pero también se suman un gran número de personas “documentadas” de ex inmigrantes o ciudadanos nacionales que participan de esas prácticas.

El tema es complejo porque además ocurre que quienes se integran a estas cifras oscuras de informalidad, también tributan. Los “inmigrantes indocumentados” y los “documentados” informales tributan como si fueran ciudadanos formales al consumir alimentos, vestidos y servicios como los de alquiler, habitación, transporte, luz, agua, gas, o al ser trabajadores sub-contratados informalmente pero con descuentos tributarios.

En países del sur como Perú, México y la mayoría de países Latinoamericanos, la realidad es diferente. En estos países tenemos una tasa de informalidad mayor, con porcentajes de 60% y 70% de su economía nacional. Es cierto que se trata de una informalidad liderada por inmigrantes, pero no son “inmigrantes indocumentados” sino “inmigrantes plenamente documentados” o ciudadanos nacionales que solo se han desplazado internamente, de una región a otra. En Latinoamérica son raros los casos de “inmigrantes (extranjeros) indocumentados”, porque los extranjeros normalmente tienen sus documentos en regla para garantizar sus inversiones privadas.

En países como Perú, la informalidad económica la han desarrollado inmigrantes andinos que despoblaron las áreas rurales para concentrarse en las grandes ciudades como Lima, con 10 millones de habitantes. Así, la informalidad se reproduce tras el terreno que invaden y transfieren, en el trabajo que desarrollan ambulatoriamente, en el comercio y las empresas familiares, o en el ejercicio del uso y prestación de servicios de transporte, salud, educación y justicia que desarrollan paralelamente a las reglas y autoridades formales del Estado. Pero no solo son los inmigrantes rurales documentados quienes desarrollan esta informalidad, también lo son sus descendientes quienes desde más de 50 años atrás nacieron en las grandes ciudades,  y también lo son los políticos, empresarios y profesionales inmigrantes y no inmigrantes nacionales que buscan eludir el pago de tributos. Sin embargo, al igual que en el caso de los “inmigrantes internacionales indocumentados”, nuestros ciudadanos informales también tributan directa o indirectamente por el consumo que hacen de bienes y servicios de la economía formal.

Lo complejo de la informalidad y la emigración por razones económicas en los países del sur es que nos hemos acostumbrado a ellas. El presupuesto nacional incluso las incluye.

¿Qué hacer frente a estos complejos problemas?

Lo primero es entender que los sujetos de dichos problemas no se reducen a “inmigrantes indocumentados”. También se incluyen inmigrantes documentados, nacionales y no nacionales, y a profesionales, empresarios y políticos aparentemente muy formales.

En segundo lugar, es transcendental comprender que el problema no solo involucra “lo legal”, “lo económico” o “lo político” en términos puros.  Comprende el conjunto de ellos, pero sobretodo “lo social” y “lo cultural”: ¿Por qué continúan las tasas de informalidad en el mundo a pesar de las diversas políticas públicas de tipo legal y económica por disminuirlas? ¿Por qué se sucede la informalidad de padres y madres a hijos e hijas?

Por último, es prioritario también comprender que la informalidad y emigración económica nacional y mundial incluye en su origen actividades “negras”, “oscuras” y “grises”: el narcotráfico, la trata de niñas, adolescentes y trabajadores pobres en general, las actividades extractivas ilegales de minerales, maderas y peces, y las actividades financieras de capitales ocultos en países identificados como paraísos fiscales con montos superiores a los 7,6 billones de dólares.

Si lográramos comprender al menos estas tres limitaciones, estaríamos en mayor condición de plantear alternativas o propuestas de solución. La informalidad y la emigración económica son ante todo situaciones de desastre que debemos afrontar como tales.

Escrito por Antonio Peña Jumpa

Antonio Peña Jumpa

Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD in Laws.