El Moderno Enfoque de la Gestión de Residuos Sólidos en el Perú: Breves comentarios a partir de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1278

La vigente Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, establece como objetivo la adecuada disposición final de los residuos sólidos en infraestructura ambientalmente adecuada a fin de prevenir riesgos para la salud y/o el medio ambiente.

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Erradicar para consolidar: la estrategia de los Estados democráticos frente a la cultura del secreto

El ejercicio del poder siempre ha estado acompañado de la idea de que existen datos que deben ser preservados del conocimiento público, en consideración a distintas razones, que podían fluctuar entre lo religioso, la necesidad de mantener el orden público o garantizar la inmunidad de los gobernantes.

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El papel sancionador de la Presidencia del Concejo de Ministros ante las situaciones de desastres

«Pasó acaso una vez por delante donde él (el Licenciado Vidriera)

estaba un juez de comisión que iba de camino a una causa criminal,

y llevaba mucha gente consigo y dos alguaciles;

preguntó quién era, y como se lo dijeron, dijo:

– Yo apostaré que lleva aquel juez víboras en el seno, pistoletes en la cinta y rayos en las manos para destruir todo lo que alcanzare su comisión».[1]

 

Como respuesta estatal al fenómeno de El Niño durante el pasado verano de 2017, el cual ocasionó que distintas regiones del norte y del centro de nuestro país padecieran los efectos devastadores de las lluvias torrenciales, las inundaciones y los huaycos, se promulgó la Ley Nº 30556, “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”.

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La Reparación Ausente

La búsqueda de los restos de las víctimas de desaparición forzada en el Perú
a la luz de las sentencias de la Corte IDH

Un breve artículo de Christian H. Huaylinos Camacuari

                                   “Hasta ahora no entiendo qué pasó. Lo único que quiero es que aparezca.
No importa el tiempo, quiero ver sus restos. Me dejaron sola con mis ocho
hijos y merecemos una respuesta para calmar este dolor”.

Cipriana Huamaní Janampa, viuda de Rigoberto Tenorio Roca[1]

Introducción

No son pocas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de desaparición forzada en el Perú que señalan la responsabilidad internacional del Estado por la ausencia de peruanas y peruanos, quienes en su nombre representan a miles de ausentes desde hace casi cuatro décadas en el país.

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El cerco Ecológico Molinense

La construcción del muro [[1]] circundante a los distritos La Molina y Villa María del Triunfo es importante porque protege las zonas pobladas [[2]], y los cerros molinenses frente a las amenazas de los traficantes de terrenos. De manera similar al muro de contención, existe un cerco que defiende al Gran Parque Ecológico frente a amenazas y riesgos de contaminación, ensuciamiento, deforestación, deterioro, etc.
El Gran Parque Ecológico es una de las áreas verdes importantes del distrito molinense.
Aquel tiene una extensión de 290 hectáreas y se ubica precisamente en el límite con Villa María del Triunfo y Santiago de Surco [[3]]. Es en esta área en donde se ha levantado un cerco.
Cabe resaltar, además, que el distrito La Molina es un distrito ecológico. Su geografía es muy peculiar, pues tiene muchas áreas verdes y naturales [[4]]. La Molina se encuentra ubicada entre los 350 y 900 m.s.n.m. [[5]]. Por ello, la morfología de La Molina es muy diferente al resto de los distritos de Lima Metropolitana.
Por otro lado, el Gran Parque Ecológico, jurídicamente hablando, merece una tutela jurídica por parte del Estado porque forma parte del medio ambiente. Y dicha protección jurídica es regulada por nuestro ordenamiento como un patrocinio de interés difuso. Por tanto, el parque ecológico ha de ser protegido como un interés difuso.
Al respecto, el artículo 82º del Código Procesal Civil de 1993 define el concepto de interés difuso:
«Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente […]».
Siguiendo tal criterio, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido dispositivos constitucionales que permiten proteger el medio ambiente [[6]] y el derecho a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado [[7]].
Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico ha elaborado dispositivos legales que protegen al medio ambiente:
  • Los artículos VII y 143º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.
  • Los artículos 202º, 204º y 304º hasta el 314-Dº del Código Penal de 1991.
  • La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la reconstrucción con cambios.
  • El artículo 10º, inciso f, del Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM.
Igualmente, es preciso tomar en consideración el principio precautorio. El principio precautorio o de precaución es una regla que debe cumplirse cuando no existe la certeza que una actividad humana (como el tráfico de terrenos) pueda causar alguna amenaza, daño al medio ambiente o, peor aún, un desastre antropogénico, como por ejemplo, contaminación, ensuciamiento, deforestación, deterioro, etc. En otras palabras, el riesgo del daño ambiental es desconocido anticipadamente; sin embargo, se implementan precauciones.
En conclusión, el levantamiento de un cerco es necesario porque protegería áreas verdes de La Molina, como el Gran Parque Ecológico, frente a amenazas o riesgos de usurpación de terrenos, daños y desastres antropogénicos como contaminación, ensuciamiento, deforestación, deterioro, etc.

[[1]] Una de las acepciones de la palabra ‘muro’ es ‘cerca’. En: CORRIPIO, Fernando. Diccionario Etimológico. Barcelona: EDITORIAL BRUGUERA, S.A., 1979, p. 763.
Luego, el vocablo ‘cerca’ tiene como sinónimo a ‘cerco’. En: CORRIPIO, Fernando. Opus citum, p. 215.
Por tanto, siguiendo este silogismo, si aplicamos el principio de transitividad obtenemos que ‘muro’ equivale a ‘cerco’.
[[2]] Entre estas zonas se encuentran: la urbanización Las Flores, el pasaje 24 de Junio y la Cooperativa Musa V Etapa.
[[3]] MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, ed. (2013). «Obras en el Parque Ecológico». Consultado el 12 de agosto de 2017:
http://www.munimolina.gob.pe/index.php/licencias-de-funcionamiento/item/413-obras-en-el-parque-ecol&
 [[4]] MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, ed. (2012). «50 años. La Molina, disfrutando mi hogar 1962 – 2012». Lima, Aza Graphic Perú S.A.C., p. 115.

[[5]] MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, ed. (2013). «Geografía del distrito». Consultado el 12 de agosto de 2017:

http://www.munimolina.gob.pe/index.php/la-molina/geografia-del-distrito

[[6]] Artículo 68°.- Áreas naturales:

«El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas».

[[7]] Artículo 2°.- Ambiente equilibrado y adecuado:

«Toda persona tiene derecho:

[…]

  1. […] a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida».

 

Serie “El camino del investigador” Episodio III: La Ley del Intercambio Equivalente en la Investigación Jurídica

Tras haber encontrado un tema de investigación y haber realizado un buen “peinado” de fuentes[1], nos correspondería ahora trazar el mejor camino para canalizar toda la información que hemos detectado sobre el tema elegido y estructurar el tipo de texto de investigación que queremos obtener como resultado. Es importante tener en cuenta que toda la información encontrada puede servir para distintos tipos de texto final o investigación; no obstante, vamos a dejar este tema para una próxima entrega. Ahora, debemos centrarnos previamente en la ley del intercambio equivalente de la alquimia, popularmente conocida por ser una regla básica en la trama del anime Fullmetal Alchemist.

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Venezuela: Lamento Bolivariano

En abril del 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mientras Diosdado Cabello era Presidente de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo). Ambos eran presidente y vicepresidente, respectivamente, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)1. Antes de que Maduro asumiera la Presidencia de la República, el partido oficialista tenía mayoría simple en la Asamblea Nacional. Posteriormente, entre tránsfugas, un diputado asesinado y algunas artimañas jurídicas, el PSUV logró la mayoría calificada requerida para otorgar leyes habilitantes al Presidente de la República.2

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Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 – 2021

El 12 de abril de 2017, mediante el Decreto Supremo Nº 005-2017-TR, se aprobó el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021(en adelante, el “Plan Nacional”), entendido como el conjunto de acciones que son necesarias que el Estado lleve a cabo para implementar y promover una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Según la mencionada norma, el Plan Nacional tendrá una vigencia de 5 años, correspondiendo al período 2017-2021; y será el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo quien se encargue de la supervisión y monitoreo de su cumplimiento.

Cabe precisar que este Plan Nacional es producto de la dación de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, la “Política Nacional”), aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONSSAT) en la sesión ordinaria Nº 7 del 11 de abril de 2013, y formalizada con el Decreto Supremo Nº 002-2013-TR2.

La mencionada Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está inspirada en los principios de prevención, gestión integral, responsabilidad, universalización, atención integral de la salud, y participación y diálogo social, los cuales sustentan los siguientes ejes de acción:

  1. Eje de Acción N° 1: Promover un marco normativo armónico, coherente e integral sobre seguridad y salud en el trabajo, adaptado a las necesidades de protección de todas las trabajadoras y trabajadores.
  2. Eje de Acción N° 2: Fomentar una red integrada de información sobre seguridad y salud en el trabajo que promueva la elaboración, implementación y evaluación de las acciones de promoción y prevención.
  3. Eje de Acción N° 3: Promover el cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, mediante el fortalecimiento de la fiscalización y la promoción de mecanismos de autoevaluación de los sistemas de gestión.
  4. Eje de Acción N° 4: Fortalecer las capacidades de los actores del sistema de seguridad y salud en el trabajo para el desarrollo de acciones eficaces de promoción y prevención.
  5. Eje de Acción N° 5: Promover la universalización del aseguramiento frente a los riesgos laborales.
  6. Eje de Acción N° 6: Fomentar el diálogo y la participación efectiva de los actores sociales en el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Es, precisamente, en el marco de estos ejes de acción, que se elabora el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con la finalidad de promover una cultura de prevención de riesgos laborales, a través del desarrollo de actividades que den cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Política Nacional, involucrando a los diversos sectores del Estado cuya competencia se encuentra relacionada a la seguridad y salud en el trabajo.

Ahora bien, el ámbito de intervención del Plan Nacional es a nivel nacional, ya que se pretende promover una cultura de prevención en riesgos laborales, en forma coordinada e integral a través de la participación de todas las instituciones involucradas y de la sociedad organizada para el control de las medidas preventivas de los riesgos laborales en los centros de labores.

Además, tiene como beneficiarios directos a todos los empleadores y trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, así como trabajadores y funcionarios del sector público; y como beneficiarios indirectos, a los trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, trabajadores por cuenta propia y la población en general.

Finalmente, es del caso señalar que, a efectos de cumplir con los ejes de acción fijados por la Política Nacional, así como sus objetivos generales y específicos, el Plan Nacional ha trazado las siguientes estrategias:

  1. Creación de una Comisión de Naturaleza Temporal, para la elaboración de propuestas normas o dispositivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
  2. Realizar el análisis de los Convenios de la OIT en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para su ratificación.
  3. Difusión de la implementación del Registro Único e Integrado de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales a nivel nacional.
  4. La elaboración de encuestas y estudios en temas relacionados sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales que utilicen como fuente al sistema único de información y determinar los indicadores más relevantes
  5. Fortalecer la actuación inspectiva a cargo de SUNAFIL y MTPE para la verificación de cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
  6. Promover la realización de actuaciones inspectivas, priorizando los sectores con altos índices de accidentabilidad, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, incluyendo a los trabajadores del sector público.
  7. Promover la elaboración de herramientas técnicas que permitan la autoevaluación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis a las microempresas y pequeñas empresas. Difundir las buenas prácticas laborales.
  8. Promover la implementación de los servicios de SST a través de eventos y/o elaboración de documentos técnicos para conocimiento.
  9. Promover reuniones de coordinación con el Ministerio de Educación, para la promoción y difusión de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
  10. Sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención de los riesgos laborales y vigilancia de la salud de los trabajadores.
  11. Promover la formación de las trabajadoras y trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en las micro y pequeñas empresas y el sector público.
  12. Promover acciones de coordinación para garantizar la oferta formativa, profesional o técnica en las disciplinas referidas a la materia de seguridad y salud en el trabajo.
  13. Ampliación del aseguramiento por riesgos del trabajo.
  14. Desarrollar acciones de monitoreo y/o supervisión respecto a la calidad de las prestaciones brindadas, frente a los riesgos del trabajo.
  15. Promover mecanismos de coordinación entre los Consejos Regionales de SST y el Consejo Nacional de SST para el desarrollo de los ejes de acción de la Política Nacional de SST.
  16. Promover el cumplimiento de los mecanismos de participación de las trabajadoras y los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en sus centros de labores.

 

Caso Sodalicio: Entrevista a Milagros Revilla

A propósito del mediático caso Sodalicio de Vida Cristiana, Milagros Revilla Izquiero, abogada y magister en Derecho Constitucional por la PUCP y licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, explica y aclara el debate en torno al fuero por el que debe ser procesado Luis Fernando Figari por las probadas y graves vulneraciones a la libertad sexual de menores, ¿fuero judicial o derecho canónico? No te pierdas esta entrevista.

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