Reflexión sobre el enfoque dialógico y el conflicto socio-ambiental de Las Bambas

Alcances sobre el enfoque dialógico

El enfoque dialógico es “un código de conducta y una cualidad de interacción que puede ser común a la manera de involucrarse en diferentes procesos (…). Estos procesos serían dialógicos en tanto permitan crear ambientes en los cuales los participantes puedan sentirse incluidos, empoderados y seguros (…)[1]”. En ese sentido, con el objetivo de que los procesos sean transparentes y permitan la comunicación, será necesario que se tenga en cuenta la cosmovisión de los actores, es decir, las tradiciones ancestrales que puedan tener, así como la relación entre el ser humano y el medio ambiente.

Por ello, cuando los procesos involucran diferentes cosmovisiones de los actores, es necesario lograr que emerjan puentes articuladores que traten de englobar los puntos comunes que presentan quienes se sientan a la mesa a dialogar.

Es el diálogo el que “vincula y promueve el cambio individual, organizacional y societario” generando tres niveles de impacto: a nivel micro (a nivel de individuos que participan en el diálogo); a nivel mezzo (comunidades en sentido amplio); y a nivel macro (nivel más amplio del impacto). Por tanto, al evaluar el proceso de diálogo se van a medir los impactos que se han producido en los diferentes niveles señalados[2].

Respecto al caso específico del conflicto en Las Bambas, no ha primado el enfoque dialógico, en la medida que en toda la cronología del conflicto surgen hechos que demuestran que la falta de comunicación entre las partes han originado sucesos que involucran la pérdida de vidas humanas. Esta cronología da cuenta de que no se han logrado los objetivos del enfoque dialógico, sobre todo porque no se ha incentivado el sentido de confianza ni se ha comprometido a todas las partes del sistema con inclusividad, empoderamiento y perspectiva de largo plazo.

De esta manera, un primer conflicto se dio en el año 2005, en el que la población apurimeña realizó un paro de 48 horas para que el fondo de fideicomiso[3] del proyecto sea adecuadamente distribuido en toda la región. Las críticas estaban orientadas a la falta de transparencia, la lentitud en la toma de decisiones y la falta de espacio para la participación de representantes de comunidades, además del excesivo control que ProInversión tenía sobre el manejo del fondo de fideicomiso[4].

Otro de los momentos críticos se produjo el 5 de setiembre de 2015 cuando las organizaciones civiles y campesinas agrupadas en el Comité Central de Lucha de las provincias de Grau y Cotabambas, reunidas en asamblea, decidieron convocar a un paro indefinido para denunciar la modificación del Estudio de Impacto Ambiental en tanto consideraban que no se había respetado los procedimientos de participación ciudadana y el derecho a la información. Los líderes indicaron- en el acta de reunión- que convocaron hasta en cinco oportunidades a los representantes de la empresa MMG y el Ministerio de Energía y Minas para que les expliquen las modificaciones al estudio ambiental, pero no fueron escuchados[5].

Producto de las manifestaciones de los miembros de la comunidad y los principales líderes -en el que ya había presencia de las Fuerzas Armadas para brindar apoyo a la policía- el 28 de setiembre de 2015 el enfrentamiento entre comuneros y la policía dejó un saldo de 3 muertos, 15 heridos de bala y alrededor de 30 detenidos. Asimismo, el 29 de setiembre del año 2015, el gobierno decretó el Estado de Emergencia por 30 días en Apurímac, lo que implica que en ese periodo se restringieron los derechos de libertad y seguridad personal, inviolabilidad de domicilio y libertad de reunión[6].

Finalmente, el último suceso crítico se produjo en el año 2016 tras la muerte de otro miembro de la comunidad, razón por la cual se puede concluir que el proceso del caso Las Bambas no ha sido uno dialógico; por el contrario, ha sido un escenario conflictivo en el que se discute el reparto de beneficios, cómo atender las necesidades de la población, y cómo generar confianza. Actualmente, una fuerte demanda de la población está referida al pedido de consulta previa sobre la modificación del estudio ambiental, aunque los opositores manifiestan que el proyecto ya se encuentra en operación y no hay nada que consultar.

Condiciones para implementar un proceso de diálogo

Ahora bien, es preciso preguntarnos ¿existen condiciones para la implementación de un proceso de diálogo en torno al conflicto Las Bambas?

Se tiene que considerar que, a diferencia de otros conflictos socio-ambientales, en el caso de Las Bambas la población aprueba el proyecto de inversión; por lo que podría considerarse esta aprobación como una ventaja. Sin embargo, el conflicto surge a partir de las modificatorias que se hacen al estudio ambiental, lo cual ha generado a la comunidad la percepción de desinformación y falta de transparencia a pesar de los reiterados pedidos para que se les comunique sobre las modificaciones.

El año pasado, luego de varios días de enfrentamiento, la situación parecía calmarse con la tregua de 45 días, tal como lo había anunciado el ex vicepresidente de la República Martín Vizcarra. En ese plazo se esperaba convocar una nueva asamblea pública en la que se vería un cronograma con decisiones a tomar en los distintos niveles de gobierno.

En lo sucesivo, el proceso de diálogo que se implemente debe mantener el foco y la energía en el proceso tomando en cuenta que el diálogo es una “caja de herramientas” de intervenciones en la resolución de conflictos. Asimismo, las mesas de diálogo son “una herramienta fundamental para el diálogo y la negociación en conflictos sociales de distinta naturaleza”[7].

En este caso, lo que corresponde es que se instale  una “mesa de diálogo” en tanto se va a implementar sobre la base de un conflicto social que ha escalado y hecho crisis, por lo que se busca crear un espacio político donde acudan los protagonistas en busca de soluciones al problema que lo motivó.

Para analizar si existen las condiciones para un proceso de diálogo, debemos tomar en cuenta los asuntos que están en juego, los actores que deben involucrarse, las dinámicas de poder y una revisión exhaustiva de las intervenciones pasadas. Existen algunos intereses en juego sobre los cuales no puede negociarse porque son exigencias que marcan los dispositivos legales, como el caso del derecho a la consulta previa que no procede respecto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en sí, así como la click here participación ciudadana en el caso de modificaciones por Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS)[8], ya que la norma no contempla la audiencia pública en ese caso.

No obstante, existen otros intereses sobre los cuales sí pueden negociarse, ya que implican que se informe a la población sobre los impactos que van a generar las modificaciones a los estudios ambientales, así como el transporte terrestre, el cual va a generar también impactos. Asimismo, puede evaluarse el pedido de los distritos que solicitan ser incluidos en el área de influencia, a efectos de analizar si se encuentran enmarcados directa o indirectamente dentro de la influencia del proyecto. Debe discutirse también el uso de la trocha, ya que los comuneros manifiestan que no estaba contemplado el uso público cuando la cedieron a la empresa MMG. Los actores que deben involucrarse ya están definidos (Estado, empresa y comunidades), y el respaldo para iniciar un proceso de diálogo es que en temas anteriores se han logrado llegar a acuerdos como el caso del reasentamiento de la población.

Todo ello nos lleva a una respuesta afirmativa sobre las condiciones de iniciar un proceso de diálogo. Sin embargo, cabe resaltar que el que haya condiciones para dialogar no implica que los resultados del proceso arrojen la satisfacción de todas las expectativas de las partes. En decir, hay puntos que no se pueden negociar porque son parte de la propia institucionalidad que no pueden modificarse.

Por ejemplo, sobre el pedido de la consulta previa, este derecho corresponde ante medidas administrativas o legislativas que puedan afectar derechos de los pueblos indígenas. Frente a este marco, podríamos decir que el Estudio de Impacto Ambiental es una medida administrativa, ya que es un documento que se aprueba en un procedimiento administrativo y se consolida en una Resolución Directoral. Sin embargo, en el sector minería ya se ha pronunciado el Ministerio de Energía y Minas señalando que se consulta la autorización de inicio de operaciones tanto para exploración como explotación.

En el caso de las modificaciones al estudio ambiental por medio de ITS, en los supuestos de modificaciones accesorias o mejoras tecnologías que no generen impactos ambientales significativos, el procedimiento es más expeditivo, aprobándose la modificatoria en un plazo de 15 días hábiles. En el supuesto de los ITS no hay audiencia pública ni participación ciudadana, precisamente por el plazo que se contempla para la evaluación del instrumento; por tanto, en este punto, no podría atenderse la demanda de la población.

En el caso de Las Bambas se han realizado 5 modificatorias al EIA inicial: dos por el procedimiento regular de modificación y tres por medio del procedimiento de aprobación de Informe técnico Sustentatorios (ITS). Son aquellas modificaciones que han seguido el procedimiento regular, las que necesariamente han debido contar con el proceso de información y trasparencia a partir de la participación ciudadana en los plazos que contempla la norma.

CONCLUSIONES

Por consiguiente, podemos decir que el principal problema en este caso es respecto a la institucionalidad, ya que el que haya ITS que no permita participación ciudadana corresponde al paquete de normas que buscan dinamizar la economía, que continúan vigentes. Lo que sí debería reevaluarse es si las modificaciones realizadas calzaban en el procedimiento establecido para los Informes Técnicos Sustentatorios, por lo que en esos casos podría cuestionarse incluso el trabajo de las autoridades evaluadoras.

Así por ejemplo, se debe medir los impactos que genera la construcción de una planta de molibdeno o si el cambio de transporte de minero-ducto hacia el transporte terrestre va a generar impactos significativos en la población, toda vez que eso determinará el procedimiento de modificatoria que corresponda.


 Fuente de imagen: La República

[1] KI-MOOM, Ban. “El enfoque de diálogo en el abordaje de conflictos socioambientales”. En aprendizajes de la práctica. Diálogo Democrático: 2009.

[2] MAYNE, Maureen, “Evaluando el impacto de los procesos de dialogo: algunas reflexiones en el campo”. PNUD.

[3] En el año 2009, el fondo de fideicomiso se convierte en un “fondo social”, cambiando la administración por una de naturaleza privada, que implicó la constitución de asociaciones civiles en donde la empresa minera adquirió un mayor control sobre el destino de los fondos.

[4] Informe especial 2015 elaborado por CooperAcción. Caso “Las Bambas”.

[5] Ídem.

[6] Ídem. La restricción de los derechos mencionados se encuentran señalados en el artículo 137° de la Constitución Política      del Perú.

[7] Informe “Aproximaciones: mesas de diálogo, mesas de desarrollo y conflictos sociales en el Perú”. ONDS-PCM.

[8] Esta figura fue creada mediante el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, con el objetivo de dar conformidad a las modificaciones de los componentes de las operaciones de empresas extractivas, en caso los impactos ambientales sean no significativos y  en un plazo de 15 días hábiles. Por tanto, siendo un plazo más expeditivo, el procedimiento de participación ciudadana no estaría contemplado.

Escrito por Andrea Lino Suárez

Andrea Lino Suárez

Abogada por la PUCP, con segunda especialidad en derecho ambiental y de los recursos naturales por la misma casa de estudios.
Actualmente se desempeña como especialista legal en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

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