El acceso a la justicia en “How to get away with murder”

(Alerta spoiler: el presente artículo hace referencias explícitas al capítulo 13 de la cuarta temporada)

No es necesario realizar un análisis exhaustivo o una búsqueda minuciosa en nuestras leyes y, sobre todo, nuestra Constitución para poder apreciar que la igualdad ante la ley está protegida[1] y, por lo tanto, debe ser exigida en cada proceso o procedimiento que se lleva a cabo en nuestro país. Este derecho está claramente relacionado a los principios de la administración de justicia presentes también en el artículo 139 de la misma.

Dicho esto, se podría afirmar que al menos legalmente, todos los procesos y procedimientos se realizan respetando los derechos de los ciudadanos a un debido proceso y a la igualdad de condiciones en ellos. Por tanto, se podría pensar que un ciudadano quechua hablante de una comunidad campesina, una persona de la comunidad LGTBIQ+ o un ciudadano afroperuano como también un empresario limeño, tienen el mismo trato en sus respectivos procesos judiciales.

La verdad, es que no. No tienen el mismo trato.

En nuestra sociedad, lamentablemente, existen varios prejuicios y condiciones que no garantizan una verdadera “igualdad ante la ley” ni un eficiente acceso a la justicia, como son el aspecto económico social, los intereses de los mismos jueces frente al caso (un ejemplo clarísimo es la colección de audios de los jueces del CNM vendiendo las sentencias), las fallas de la administración pública en el Poder Judicial, entre muchas otras situaciones muy lamentables.

Teniendo esta mirada general de nuestro contexto judicial y social en cuenta, podemos ver que en el capítulo 13 de la cuarta temporada de la serie How to get away with murder, Annalise Keating,  la abogada protagonista, defiende al Sr. Lahey, un hombre afroamericano que tuvo un proceso lleno de situaciones deplorables ligadas al fuerte racismo de la época, que lo llevaron a declararse culpable y, por ende, obtuvo una sentencia donde claramente la raza y condición social eran factores determinantes que lo llevaron a  cumplir una pena mucho más drástica comparada a la de los otros sentenciados  por el mismo crimen. La diferencia entre ellos y el señor Lahey, era que los demás eran americanos blancos de clase media. Además, durante el cumplimento de la pena, el Sr. Lahey fue víctima de múltiples abusos como, por ejemplo, injustificados aislamientos que duraban años y total incomprensión de su enfermedad mental.

En ese sentido, Annalise tuvo que sortear varios obstáculos que se le presentaban, ya que los jueces tanto de Pensilvania como la Corte de Apelaciones consideraban que el Sr. Lahey, al ser un asesino confeso, tenía que cumplir con la totalidad de la sentencia e ignoraban las pruebas de la existencia de los abusos anteriormente señalados, todos originados por la raza.

El caso pudo llegar a la Corte Suprema en Washington, y días previos a la audiencia, se pudo apreciar el arreglo previo entre el Presidente de la Corte y los abogados del Estado de Pensilvania para poder favorecer la posición del Estado en cuestión, violando completamente los derechos y principios procesales que favorecen y protegen al Sr. Lahey.

Con relación a lo anterior, durante la audiencia, el presidente de la Corte buscaba ignorar o restarle importancia al factor raza, el cual, como se ha mencionado, era pieza fundamental para juzgar al acusado. Sin embargo, Annaliese Keating citó un argumento del mismo presidente, presente en un caso anterior ligado al racismo “Bryant v. Topeka”, en el cual él afirma que el “factor raza es siempre fundamental”; además Annaliese menciona que si se ignora que el racismo aún subsiste en el país, se está aceptando la opresión que las personas de color sufren, pese a que, en teoría, la esclavitud y la segregación han sido desaparecidas.

Es preciso analizar, igualmente, si se reproduce una situación similar en nuestro contexto. En nuestro país, tal como se ha mencionado anteriormente, existen varias click here barreras que impiden un trato o acceso igual en los procesos judiciales. Un ejemplo claro es el idioma, ya que pese a que el Estado está obligado a garantizar un traductor o intérprete en procesos en los cuales alguna de las partes habla alguna lengua originaria, éste tiene dos dificultades principales: el traductor o intérprete no tiene conocimientos jurídicos suficientes, lo que genera que no haya una clara comprensión del proceso y, luego, la traducción es solo llevada a cabo en la etapa oral del proceso, ya que todos los documentos deben ser presentados en castellano. Estas dos principales dificultades crean la situación de que el derecho a la defensa, debido proceso y acceso a la justicia sean vulnerados, tal como pasó con el caso del señor Lahey, ya mencionado.

Es verdad que poco a poco esta situación está cambiando, ya que ahora existen algunas sentencias escritas en idiomas originarios, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional N° 00889-2017-PA/TC, la cual fue emitida en el idioma nativo de la demandante,  el quechua.

La situación ideal es que se controle y verifique la calidad de los traductores o intérpretes contratados por el Estado para que, de esta manera, parte importante de la población sienta que tiene acceso a la justicia e igual de condiciones al ser informados eficientemente de su situación en el proceso judicial.

Aún falta desterrar más prejuicios que subsisten en la sociedad peruana con respecto a otras poblaciones vulnerables presentes en nuestro país. La tarea del Estado es procurar el trabajo conjunto entre todos los Ministerios para que cada vez menos ciudadanos sientan que no tienen acceso y posibilidades iguales de acceso a la justicia.


[1] Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

                (…)

  1. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

Escrito por Magaly Reupo

Alumna de la Facultad de Derecho de la PUCP. Actual miembro de la Asociación Civil Foro Académico.

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