El fraccionado y débil Congreso del Perú 2020

El nuevo Congreso de la República del Perú, tras las elecciones del 26 de enero de 2020, se instituye como un Poder del Estado, por un lado, fraccionado en tanto aglomera un conjunto de representantes de agrupaciones políticas sin una definida mayoría relativa que oriente la toma de decisiones, y por otro lado, débil en tanto la elección de dichos representantes tiene tras de sí una relativa legitimidad por el ausentismo o la insatisfacción electoral.

 El fraccionamiento de un Congreso de la República es normal en un Estado democrático en tanto existe pluralidad de agrupaciones o partidos políticos y pluralidad de opiniones en los ciudadanos. Sin embargo, este fraccionamiento y pluralidad para que tenga eficacia legislativa requiere de mayorías relativas que reciban al menos un 30% de los votos del electorado. Solo bajo la fuerza de una agrupación política que reciba un porcentaje de votos como el indicado es que es posible coordinar iniciativas, acuerdos y decisiones sobre las promesas políticas de ésta y otra agrupación política interesada y sus representantes electos.

El resultado electoral del 26 de enero muestra que el fraccionamiento sin una definida mayoría relativa entre las agrupaciones políticas y sus representantes electos es evidente, al encontrarnos cerca del 100% de las actas contabilizadas. De un total de 115 congresistas ya electos (de un total de 130) los partidos políticos aparecen con un máximo de 25 representantes electos y un mínimo de 9 representantes electos (Diario La República 30-01-2020). Esto significa que el partido con el mayor número de congresistas electos no alcanza el 20% del total de representantes del Congreso, en tanto el partido con el menor número de congresistas electos llega al 7% del total. ¿Cómo integrar los intereses de estos fraccionados grupos si cada uno se puede sentir con derecho de materializar su propuesta electoral?

Bajo estos resultados, orientar una decisión legislativa de transformación del Estado o la sociedad peruana desde su Congreso de la República se convierte en una ilusión.

Sin embargo, el problema mayor de la situación del actual Congreso de la República electo se encuentra en la debilidad de su legitimidad. Esta debilidad se aprecia en los porcentajes de ausentismo u omisión en el cumplimiento del derecho de participación ciudadana en el proceso electoral. Según la ONPE (En línea al 31-01-2020), el ausentismo de los electores supera el 25% del total. Esto significaría que el 25% de la población nacional no tiene interés o no ha podido tomar parte del proceso electoral del presente Congreso de la República. Pero, si a este porcentaje sumamos el total de votos blancos y nulos, que tienen un valor semejante al ausentismo en tanto relaciona cierta disconformidad, duda, desinterés o desconocimiento del proceso electoral, notaremos que aquel 25% puede acrecentarse a una cifra superior al 35% del total nacional.

El análisis de los resultados de tres circunscripciones electorales del Perú puede ayudarnos a comprobar esta debilidad de legitimidad del Congreso electo. Analicemos los resultados electorales de las circunscripciones electorales de Lima-residentes extranjeros (región costa), Puno (región Andes) y Amazonas (región Amazonía) como muestra representativa regional del país.

Así, en la circunscripción electoral de Lima y residentes extranjeros (6’860,089 electores), a un 99.74% de actas procesadas y 81.18% de actas contabilizadas, se alcanza un 75.51% (5’185,900 votos) de participación ciudadana en las elecciones, en tanto el porcentaje de ausentes es del 24.49% (1’674,189 votos). Si a esta última cifra sumamos el total de votos blancos (84,352 votos) y nulos (574,271 votos), obtenemos un total de 2’332,812 votos entre ausentes, blancos y nulos que representa el 34.01% de la circunscripción electoral.

Un resultado de mayor debilidad lo encontramos en la circunscripción click here electoral de Puno, a pesar de contar con una participación política electoral más alta que la de Lima y los residentes extranjeros. Al 100% de las actas procesadas y 93.10% de las actas contabilizadas de la circunscripción electoral puneña (842,667 electores), se obtiene una participación electoral de 80.18% (675,613 votos), con un porcentaje de ausentismo de 19.82% (167,054 votos). Nótese que la participación electoral es 5% más que la de Lima y residentes extranjeros. Sin embargo, al sumar los votos blancos (12,215 votos) y nulos (121,699 votos), obtenemos un total de 300,968 votos de ausentismo e insatisfacción electoral que representa el 35.72% de la circunscripción electoral.

Por último, en la circunscripción electoral de Amazonas, se presenta el mayor porcentaje de ausentes e insatisfacción electoral. Al 100% de actas procesadas y 96% de actas contabilizadas, del total de la circunscripción electoral (286,077 electores) se obtiene un 62.63% (179,183 votos) de participación electoral, en tanto el porcentaje de ausentismo llega al 37.37% (106,894 votos). Si a esta última cifra sumamos el número de votos blancos (5,589 votos) y nulos (34,175 votos) obtenemos el alto porcentaje de 146,658 electores ausentes o insatisfechos que representa una mayoría absoluta adversa al sistema electoral de 51.27% de la circunscripción electoral.

¿Qué hacer?

Las cifras citadas de ausentismo y votos blancos y nulos confirman la debilidad de nuestro proceso electoral y nuestro Congreso de la República recientemente electo, pero también de nuestra Sociedad y nuestro Estado. Sumando el resultado fraccionado de representantes partidarios elegidos o elegidas, referido anteriormente, es muy difícil pensar en la posibilidad de un Poder Legislativo funcional a las necesidades del país.

Bajo estos criterios, el esfuerzo y compromiso de las y los candidatos honestos ya elegidos debe triplicarse. No basta separarse de los deshonestos y oportunistas, sino de luchar legislativamente por recuperar una cuota de legitimidad. Caso contrario, su fracaso seguirá orientando la necesidad de nuevas formas de representación y re-organización del Estado, lo que supone instituir una nueva Constitución Política.

Escrito por Antonio Peña Jumpa

Antonio Peña Jumpa

Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado, Master en Ciencias Sociales, PhD in Laws.

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