La Reparación Ausente

La búsqueda de los restos de las víctimas de desaparición forzada en el Perú
a la luz de las sentencias de la Corte IDH

Un breve artículo de Christian H. Huaylinos Camacuari

                                   “Hasta ahora no entiendo qué pasó. Lo único que quiero es que aparezca.
No importa el tiempo, quiero ver sus restos. Me dejaron sola con mis ocho
hijos y merecemos una respuesta para calmar este dolor”.

Cipriana Huamaní Janampa, viuda de Rigoberto Tenorio Roca[1]

Introducción

No son pocas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de desaparición forzada en el Perú que señalan la responsabilidad internacional del Estado por la ausencia de peruanas y peruanos, quienes en su nombre representan a miles de ausentes desde hace casi cuatro décadas en el país.

Así, dentro de las diversas medidas de reparación dispuestas por este ilustre Tribunal sobre esta materia, entre las más significativas -por no decir la más importante- es la que dispone la ubicación, identificación y entrega de los restos de la víctima a sus familiares. Una reparación que, en muchos casos, no se torna en un cumplimiento efectivo que permita, precisamente, atenuar los efectos de las violaciones cometidas en contra no sólo de la víctima sino de su familia.

La naturaleza del daño que genera la ausencia de una persona desaparecida en su entorno familiar produce un incuestionable dolor. Dolor generado no sólo por las circunstancias propias de la desaparación en sí de la víctima, sino también por su ausencia; una ausencia que se mantiene latente y que, en efecto genera una experiencia dura, triste y traumática. Es un dolor imposible de superar hasta que no se logre ubicar su paradero.

En muchos casos, esta reparación, es una reparación ausente.

Desaparición forzada en el Perú – Contexto

La Comisión de la Verdad y Reconciliación[2] (en adelante, “CVR”) estableció que, entre los años 1980 y 2000, el Perú vivió un conflicto armado interno en una gran porción de su territorio, el cual fue iniciado por el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) que se declaró en guerra contra el Estado peruano. Posteriormente, el autodenominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA inició sus acciones armadas, formalmente, contra el Estado en el año 1984[3].

El 27 de diciembre de 1982, el entonces Presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, dio un ultimátum de 72 horas a fin de que los senderistas depusieran las armas. Tres días después, el gobierno entregó a las Fuerzas Armadas el control de la zona de emergencia de Ayacucho. El ingreso de las Fuerzas Armadas determinó el inicio de la militarización del conflicto, pues en ningún momento anterior del siglo veinte se había producido un fenómeno similar de constitución de instancias político-militares de conducción de la respuesta estatal al fenómeno subversivo.

De acuerdo a lo establecido por la CVR, los años 1983 y 1984 fue el periodo donde los índices de personas ejecutadas y desaparecidas en la zona declarada en emergencia, en especial en las provincias de Huanta y Huamanga fueron mayores, incluso comparándolo con todo el periodo del conflicto armado. En efecto, la CVR considera que la desaparición forzada en el Perú tuvo además un carácter sistemático, particularmente en los años 1983-1984 y 1989-1993. “Ello supone un modus operandi estándar, un conjunto de procedimientos establecidos para la identificación, selección y procesamiento de las víctimas, así como para la eliminación de la evidencia –en particular los cuerpos de las víctimas– de los crímenes cometidos a lo largo de ese procedimiento (violación del debido proceso, torturas y ejecuciones extrajudiciales). La escala en la que se utilizó la desaparición forzada supone, además, un aparato logístico que proveyera los medios y el personal para aplicarla”[4].

Así, la práctica de desapariciones forzadas adquirió niveles alarmantes. Dicha situación colocó al Perú en el primer lugar en el mundo entre los países en los que se llevaron a cabo desapariciones forzadas de personas. La magnitud y alcance de dicho fenómeno en el Perú fue objeto de pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de Naciones Unidas[5]. Asimismo, la Comisión Interamericana en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú señaló que “(…) las denuncias de violaciones al derecho a la vida ante la Comisión, respecto a las cuales ésta ha adoptado decisiones, pueden ser categorizadas en desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y matanzas de grupos de personas. La Comisión ha adoptado 43 resoluciones en relación con casos individuales, desde el año 1988 hasta la fecha, que corresponden a desapariciones forzadas de personas, afectando a 106 víctimas (…)”[6].

Tras el autogolpe de Estado del entonces Presidente Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992, éste puso en práctica una “estrategia integral”, extendiendo las operaciones contrasubversivas “a ciertos espacios en los que hasta entonces había restricciones. Las cárceles y las universidades públicas fueron dos de los espacios prioritarios considerados por las Fuerzas Armadas como ‘reductos’ subversivos”[7].

La Corte Interamericana ha reconocido como hechos probados en su propia jurisprudencia que, entre los años 1989 y 1993, la desaparición forzada de personas era una práctica sistemática y generalizada en Perú implementada por el Estado como mecanismo de lucha antisubversiva[8]. La desaparición forzada se ha calificado de sistemática al haber sido perpetrada siguiendo procedimientos que muestran características semejantes e identificables en zonas geográficas específicas y en desarrollo de operaciones antisubversivas por parte de agentes del Estado[9].

Al atender a una práctica sistemática, la desaparición forzada en Perú se ha calificado como crimen de lesa humanidad[10].

Modus operandi de la desaparición forzada en el Perú

La desaparición forzada fue una práctica compleja que supuso un conjunto de actos o etapas llevadas a cabo por distintos grupos de personas. En muchos casos, luego de la detención ocurría la eliminación física de la víctima y el ocultamiento de sus restos.

Pueden distinguirse las siguientes etapas, no necesariamente consecutivas, durante la práctica de la desaparición forzada: 1) selección de la víctima; 2) detención de la persona; 3) depósito en un lugar de reclusión; 4) el interrogatorio; 5) la tortura; 6) el procesamiento de la información obtenida; 7) la decisión de eliminación; 8) la eliminación física; 9) la desaparición de los restos de la víctima; y 10) el uso de recursos del Estado en la implementación de todos los pasos anteriores[11].

La detención se efectuaba de manera violenta, generalmente en el domicilio de la víctima, lugares públicos, redadas o en entidades públicas, por parte de personas encapuchadas y armadas, en un número capaz de vencer cualquier tipo de resistencia. En todo el proceso, el común denominador fue la negación del hecho mismo de la detención y el no brindar información alguna de lo que sucedía con el detenido. Es decir, la persona ingresaba a un circuito establecido de detención clandestina, del cual con mucha suerte salía con vida[12].

En cuanto a la modalidad de las detenciones previas a la desaparición de la víctima, la Corte Interamericana señaló que las más utilizadas fueron la detención en la vía pública, la incursión violenta en el domicilio, la detención colectiva o en operativos de control y la detención individual, o selectiva[13].

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Al respecto, en el caso de Perú, son varias las sentencias por casos de desaparición forzada en donde se declaró la responsabilidad civil del Estado peruano. Entre ellos, la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH tuvo conocimiento de los siguientes: Caso Gómez Palomino[14], La Cantuta[15], Anzualdo Castro[16], Osorio Rivera[17] y Tenorio Roca[18].

Si bien en todos los casos mencionados la Corte Interamericana consideró indispensable que el Estado realice con la debida diligencia las actuaciones necesarias tendientes a localizar y hacer entrega de los restos de las víctimas a sus familiares[19], sólo se pudieron ubicar e identificar los restos de Fortunato Gómez Palomino y de algunas víctimas del caso La Cantuta. En los demás casos, y a pesar del considerable tiempo transcurrido, los familiares aún no logran obtener una reparación por demás significativa para que puedan cerrar este círculo de dolor, el cual se mantiene latente a pesar de los años.

En la sentencia emitida por el caso La Cantuta[20], la Corte recuerda que “la práctica sistemática de la desaparición forzada supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en la Convención, lo cual reproduce las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse[21]; de ahí la importancia de que aquél adopte todas las medidas necesarias para evitar dichos hechos, investigue y sancione a los responsables y, además, informe a los familiares sobre el paradero del desaparecido y los indemnice en su caso”[22].

Se establece a su vez la importancia de conocer dónde se encuentran los restos mortales de las víctimas, ya que ello constituye en sí una medida de reparación; es una expectativa que el Estado debe  satisfacer a sus familiares.

No se debe soslayar el hecho de que una adecuada investigación en aras de conocer la verdad y obtener justicia va enlazado con el hecho de conocer el paradero de la víctima. Así, en el caso de Kenneth Anzualdo Castro[23], este Tribunal ha establecido[24] que “para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada”[25].

No obstante, es necesario resaltar que la obligación de ubicar el paradero o los restos de las víctimas no se supedita a los resultados de la justicia, y requiere acciones específicas para el cumplimiento de esta medida, sin que la tramitación de un proceso penal represente un obstáculo para estas. Con o sin proceso penal, existe el deber de investigar y realizar todas las acciones necesarias para la ubicación de los restos de las víctimas de desaparición forzada.

El deber de determinar el paradero de la víctima

La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia la naturaleza permanente o continuada y el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada, “los actos constitutivos de desaparición forzada tienen carácter continuado o permanente, y que sus consecuencias acarrean una pluriofensividad a los derechos de las personas reconocidos en la Convención Americana mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, por lo cual, los Estados tienen el deber correlativo de investigarla y, eventualmente, sancionar a los responsables, conforme a las obligaciones derivadas de la Convención Americana y, en particular, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”[26].

Así, en el caso de Rigoberto Tenorio Roca[27] –quien por cierto era sub oficial de segunda del Ejército peruano en retiro siendo detenido y, posteriormente, desaparecido por efectivos de la Marina de Guerra en Huanta el año de 1984– la Corte Interamericana entiende que “recibir el cuerpo de una persona desaparecida forzadamente es de suma importancia para sus familiares, ya que les permite sepultarlo de acuerdo a sus creencias, así como cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de estos años”[28]. Estableciendo como medida de reparación lo siguiente:

“En consecuencia, es necesario que el Estado extreme los esfuerzos de búsqueda exhaustiva por la vía judicial y/o administrativa adecuada, para determinar el paradero de Rigoberto Tenorio Roca a la mayor brevedad, la cual deberá realizarse de manera sistemática y rigurosa, contar con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos. Las referidas diligencias deberán ser informadas a sus familiares y en lo posible procurar su presencia”[29].

Así, en tenor de todo lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana con referencia a esta medida de reparación, a pesar del considerable tiempo transcurrido es poco lo que se viene avanzando a efectos de poder cumplir con lo dispuesto en reiteradas ocasiones. No se trata de click here una obligación específica con un determinado caso en particular; se trata de políticas públicas destinadas a establecer mecanismos que favorezcan a los miles de casos de desaparición forzada en el país.

Debe mencionarse que el 22 de junio de 2016 se publicó la Ley N° 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000, así también se emitió la Resolución Ministerial N° 0167-2016-JUS el 13 de julio de 2016 que resolvió la constitución de un Grupo de Trabajo encargado de brindar asesoría durante el proceso de implementación de la mencionada ley, grupo en donde se concretó la participación de la sociedad civil a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, en una de las reuniones sostenidas, representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informaron que la prioridad para la búsqueda de restos serían los casos que a la fecha no se han judicializado. Ante ello se expresó nuestra preocupación sobre aquellos casos que han sido materia de una sentencia de la Corte IDH, si los mismos serían incluidos en dicha priorización de búsqueda, no recibiendo respuesta en el momento, sino que ello sería evaluado.

A pesar de haber transcurrido casi cuatro décadas de ocurridos los hechos, el Estado no cumple de manera oportuna ni efectiva con el deber de ubicar los restos de las víctimas. El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación identificó, en su oportunidad, un significativo número de fosas clandestinas, siendo un universo de casi quince mil víctimas pendientes de ser ubicadas, identificadas y entregadas a sus familias. El Informe ya tiene catorce años y los familiares siguen esperando, pero ni los obstáculos ni los años harán que claudiquen en su búsqueda, hasta encontrarlos.

Hasta encontrarlos.


Fuente de imagen: Equipo Peruano de Antropología Forense.

[1] “Aún falta ubicar a 15 mil desaparecidos de la lucha antiterrorista”. (29 de agosto de 2015). Diario “Perú 21”. Disponible en: https://peru21.pe/lima/falta-ubicar-15-mil-desaparecidos-lucha-antiterrorista-194252

[2] La Comisión de la Verdad fue creada mediante Decreto Supremo Nº 065-2001-PCM, de fecha 4 de junio de 2001, con el mandato de esclarecer el proceso, los hechos y responsables de la violencia terrorista, y de las violaciones de derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000. Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 101-2001-PCM, de fecha 31 de agosto de 2001, cambió su denominación a Comisión de la Verdad y Reconciliación, ampliando su mandato a proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos y sentar las bases para un profundo proceso de reconciliación nacional, a partir del esclarecimiento de los hechos así como el restablecimiento de la justicia. El mencionado informe ha sido utilizado por la Corte Interamericana en una serie de casos para la determinación de hechos y responsabilidad internacional del Estado peruano, entre ellos: Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167; Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162; Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160; Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147; Caso Gómez Palomino, Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136 y Caso De la Cruz Flores, Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115. Asimismo, dicho informe ha sido utilizado en múltiples oportunidades como medio de prueba que permite contextualizar hechos, tanto por los tribunales de justicia (sin duda, entre las resoluciones más importantes se encuentra la sentencia contra Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta, en http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/spe/documentos/P2C1_Prueba_penal.pdf), como por el propio Tribunal Constitucional del Perú (del mismo modo, entre las resoluciones más importantes, la sentencia de 18 de marzo de 2004, Exp. N.° 2488-2002-HC/TC, en el que se reconoce el derecho a la verdad, como nuevo derecho fundamental, en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02488-2002-HC.html).

[3] Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final, Lima, 2003, tomo I, página 67.

[4] Doc. Cit. Tomo VI, página 114.

[5] Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Documento ONU E/CN.4/1998/43, de fecha 12 de enero de 1998. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/gtsdf/E-CN-4-1998-43.html

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú, párrafo 16.Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Peru93sp/i.htm

[7] Cfr. Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Informe Final, Lima: CVR 2003, Tomo I, Capítulo IV, De la Dimensión Jurídica de los Hechos, p. 95.

[8] Corte IDH. Caso Gómez Palomino. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 54.1; Corte IDH. Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 80.4

[9] Cfr., CIDH. Caso 10.247 y Otros, Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas de Personas en Perú. Informe No. 101/01 de 11 de octubre de 2001, párr. 174.

[10] Cfr. Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Informe Final, Lima: CVR 2003, Tomo VI, Sección Cuarta Desaparición Forzada de Personas por Agentes del Estado pág. 115. Véase también, Corte Suprema de Justicia, Primera Sala Penal Transitoria, Extradición A.V. N0 2-2006, 13 de julio de 2006, Anexo 23 adjunto a Demanda de la CIDH.

[11] Cfr. Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final, Lima, 2003, tomo VI, página 84. También en CIDH, Caso 10.247 y Otros, Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas de Personas en Perú. Informe No. 101/01 de 11 de octubre de 2001 en: Anexo 8 del Informe Nº 140/11 CIDH; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gómez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 54.2.

[12] Cfr. Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final, Lima, 2003, tomo VI, página 114; y Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gómez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 54.

[13] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gómez Palomino Vs. Perú, sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 54.

[14] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de noviembre de 2005. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_136_esp.pdf

[15] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso La Cantuta Vs. Perú. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 29 de noviembre de 2006. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_162_esp.pdf

[16] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de septiembre de 2009. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_202_esp.pdf

[17] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de 26 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_274_esp.pdf

[18] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de junio de 2016. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_314_esp.pdf

[19] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gómez Palomino Vs. Perú, sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 141.

[20] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso La Cantuta Vs. Perú, 29 de noviembre de 2006, párrafo 115.

[21] Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 1, párr. 89; Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 2, párr. 238, y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 83, párr. 130.

[22] Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 1, párr. 89; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 8, párrs. 399 a 401, y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 3, párrs. párrs. 265 a 273.

[23] Estudiante universitario quien al igual que su compañero Martín Roca Casas y el profesor Justiniano Najarro Rúa fueron víctimas de desaparición forzada al ser detenidos, torturados e incinerados en un horno ubicado en el sótano del Cuartel General del Ejército (conocido como “Pentagonito”), en el denominado caso “Sótanos del SIE”. Caso por el cual en septiembre de 2016 fueron condenados Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Jorge Nadal Paiva.

[24] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, 22 de septiembre de 2009, párrafo 135.

[25] Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 11, párr. 174; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, supra nota 59, párr. 77; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 58, párr 144; Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 101, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 90, párr. 83. Ver también artículo X de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, y Artículo 12 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

[26] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de 26 de noviembre de 2013, párrafo 115.

[27] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de junio de 2016, párrafo 274.

[28] Cfr. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 245, y Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú, supra, párr. 295.

[29] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de junio de 2016, párrafo 275.

Escrito por Christian Huaylinos Camacuari

Christian Huaylinos Camacuari

Christian H. Huaylinos Camacuari, graduado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y becario del Curso sobre sistemas Interamericano e Internacional de protección de los Derechos Humanos – Washington 2013, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Washington College of Law de American University (WCL-AU), el Centro por los Derechos Humanos y la Justicia Bernard y Audre Rapoport de la Universidad de Texas, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Miembro del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

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