Los caminos de la destitución: A propósito de la polémica reubicación del juez Hinostroza en el marco del escándalo por el caso CNM

La semana pasada el país entero se remeció frente al escándalo que gira en torno al juez César Hinostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, y el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos. Esto producto de la difusión de una serie de escuchas telefónicas que comprometen a ambos magistrados seriamente y que han envuelto una vez más a nuestro sistema judicial en la polémica.

Atravesando la crisis institucional

En los audios difundidos el pasado sábado 7 de julio por el portal IDL-Reporteros se involucra también a una serie de funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura que podrían estar comprometidos en un nuevo caso de tráfico de influencias y corrupción que, hoy por hoy, sacude a las altas esferas del Poder Judicial[1]. Particular revuelo e indignación generalizada ha causado la revelación de un diálogo telefónico entre el juez César Hinostroza y una persona desconocida con la cual, aparentemente, se habría estado discutiendo sobre la reducción de condena o declaración de inocencia de un acusado en el marco del proceso que se le sigue por abuso sexual[2].

Ciertamente, esto ha originado una respuesta casi inmediata por parte de la ciudadanía y nuestras autoridades. El día lunes el presidente Martín Vizcarra encabezó una reunión urgente del Consejo de Estado para tratar el tema, en la cual participaron Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial; Luis Galarreta, presidente del Congreso de la República; Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional; Pablo Sánchez, presidente del Ministerio Público; y César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros. Del mismo modo, la ciudadanía ha empezado ya a movilizarse en las calles a través de distintos colectivos sociales convocando a marchas, como la acontecida el día miércoles[3] en clara señal de rechazo e indignación por el caso.

La crisis que ha generado esta situación ha traído consecuencias directas para los involucrados. Hasta el momento, la Procuraduría Anticorrupción ya ha solicitado al fiscal de la Nación la detención preliminar de Walter Ríos, al mismo tiempo que Hinostroza Pariachi cuenta ya con un impedimento de salida del país. Sin embargo, una medida tomada por el Poder Judicial respecto al juez Hinostroza ha causado polémica en los últimos días al haber sido percibida por un sector de la población como una coartada para proteger al juez del escándalo que hoy lo envuelve.

Vacaciones y separación de poderes

Si bien se había ya anunciado el retiro de Hinostroza de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, causó aparente sorpresa y malestar en las redes la difusión de una Resolución administrativa de la Corte Suprema de Justicia publicada en el Diario Oficial El Peruano. En esta resolución publicada el miércoles 11 de julio, se precisa que el cuestionado juez se encuentra de vacaciones por 30 días y que se le ha trasladado ahora a la Sala Constitucional y Social Permanente[4].

Respecto a ello, muchos han entendido esta disposición como una forma de alejar al juez Hinostroza de la polémica, pues una visión apresurada (e influenciada por el medio) de las cosas podría hacer parecer que, lejos de destituirlo, el Poder Judicial estaría consintiendo y reubicando al magistrado para salvaguardar su posición dentro del órgano jurisdiccional. No obstante, la realidad es que no es el caso por encontrarnos en un escenario de competencias insuficientes que impide a los actores, mayormente emplazados por la opinión pública (el Presidente de la República y el Poder Judicial), actuar de manera directa y efectiva frente al problema que se ha presentado.

Si bien la gravedad de las acusaciones y el espacio mediático que ha cogido este caso lo revisten de una especial relevancia para la opinión pública, el albor del momento no debe hacer que perdamos de vista el diseño institucional que tiene nuestro ordenamiento y las potestades atribuidas por ley a los distintos órganos en el marco de la separación de poderes, consagrada en el artículo 43 de nuestra Constitución Política. Se debe buscar activar los mecanismos conforme a ley para garantizar un procedimiento transparente y efectivo.

Algo cierto, pero desconocido por muchos, es que ni siquiera el presidente de la Corte Suprema de Justicia, como titular del Poder Judicial, se encuentra en la posibilidad de destituir a un juez supremo, pues no se encuentra dentro de las atribuciones que le otorga la ley[5]. Debemos recordar que las funciones de este cargo son esencialmente de representación y administración interna, teniendo como tarea la ordenación y disposición de la estructura del Poder Judicial. Algo que sí está facultado a hacer – y que es lo que hizo finalmente – es a designar a los magistrados y disponer la conformación de las Salas que se estipulan en la ley. Otro tipo de sanciones menores también son posibles, pero estas son facultad de la Sala Plena de la Corte Suprema.

¿Por qué esto es así? Probablemente, debido a la necesidad de garantizar la independencia del juez y la posibilidad de que ejerza su labor sin ser objeto de ningún tipo de interferencia que obstruya la tarea que constitucionalmente se les ha asignado. En tal sentido, el control de la labor judicial debería estar restringido a una serie de mecanismos particulares, pero directos que permitan medios adecuados e idóneos para lograr este fin. No podemos exigir que las autoridades se excedan en sus funciones atribuyéndose potestades que la ley no les otorga. Nuestro ordenamiento si contempla la idea de un control a la función judicial, sin embargo esta se encuentra dada a entidades particulares y diversas.

La función de destitución forma parte de un modelo constitucional mixto a nivel de jueces y fiscales, situación que ha generado ya una serie de complicaciones, donde la existencia de una serie de instituciones destinadas a aplicar la potestad disciplinaria dentro de la judicatura ha sido ya identificada como un problema latente dentro de nuestro diseño institucional[6]. No obstante, para el caso de los jueces supremos, la institución encargada continúa siendo una sola.

Las dos rutas de la destitución

Ni el presidente Vizcarra, como cabeza del Poder Ejecutivo, ni Duberlí Rodriguez, como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, tienen la facultad de destituir al juez Hinostroza de manera directa del Poder Judicial. Esto teniendo en cuenta que Hinostroza ostentaba el cargo de Juez Superior Titular de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. En ese sentido, el órgano llamado formalmente a actuar es, paradójicamente, el Consejo Nacional de la Magistratura que tiene asignada la competencia para: “aplicar la sanción de destitución a los jueces y fiscales de todos los niveles, en los casos establecidos por la Constitución, su Ley Orgánica, leyes de la materia y el presente Reglamento”[7].

El Título V del Reglamento de procedimientos disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, regula el procedimiento que debe seguirse para la destitución de un magistrado y que cuenta con una serie de etapas que le dan al Pleno del CNM el espacio para evaluar la procedencia click here o no de la sanción. Este proceso puede iniciarse a pedido de parte, a través de una denuncia ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), o de oficio a iniciativa de la misma institución. Es indispensable, como resulta evidente, que las investigaciones del caso corroboren efectivamente el comportamiento cuestionado para que este pueda dar origen a la sanción.

Ahora bien, sin perjuicio de todo lo anterior y de la facultad orgánica que tiene esta institución para ejercer su labor, resulta cuestionable el papel del CNM para poder pronunciarse respecto a este caso. Ello, puesto que parte de sus miembros se encuentran directamente involucrados en algunos supuestos casos de corrupción destapados producto de las grabaciones difundidas por IDL-Reporteros. Además, en el contexto de crisis institucional donde el organismo encargado de sancionar y destituir a los jueces se encuentra también cuestionado, vale preguntarse si existe otra posibilidad dentro de los límites que nos pone el ordenamiento.

Nuestro sistema contempla no solo la responsabilidad civil y penal que pudiera generarse producto del accionar de un juez, sino también la responsabilidad política para el caso de aquellos que integran la Corte Suprema. En ese sentido, el artículo 99 de nuestra Constitución señala que:

“Artículo 99°.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas” (el subrayado es nuestro).

Del mismo modo, el artículo 100 de nuestra Carta Fundamental permite al Congreso optar por el camino del antejuicio político, trascendiendo la acusación y dándole la capacidad de destituir directamente al magistrado. Un proceso de esta naturaleza posibilita una intervención del Poder Legislativo dentro de la actividad del Poder Judicial y nos ofrece una alternativa que nuestros representantes en el Parlamento deberían asumir frente a esta situación. Esta es una situación que daña profundamente la institución judicial y que requiere de madurez política.

Se ha anunciado ya desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la aprobación de una acusación constitucional contra los consejeros Noguera y Gutiérrez, así como contra el juez Hinostroza. Debería entonces, seguir el procedimiento establecido por ley y ser remitido este informe a la Comisión Permanente para que la acusación pueda seguir su curso de acuerdo a las disposiciones legales vigentes[8].

A modo de cierre

Es compartida la indignación que han generado estas revelaciones que sin duda nos hacen cuestionarnos sobre la legitimidad de nuestro sistema de justicia y que plantean la necesidad de un debate respecto a su reforma. Es urgente que los funcionarios públicos asuman la tarea de investigar a los involucrados con transparencia y celeridad.  El caso del juez Hinostroza y su reubicación no debe entenderse como una intentona de remediar su posición dentro de nuestro Poder Judicial, pues no es otra cosa que un traslado que tiene como finalidad sustraerlo de la Sala en donde ejercía y que es (aunque parezca desalentador) la acción más inmediata que tenía dentro de sus posibilidades la presidencia de la Corte Suprema.

El panorama es complicado, pues ciertamente las dos instituciones que tienen en su rango de acción la posibilidad de iniciar el procedimiento adecuado para apartar los presuntos malos elementos del Poder Judicial son también instituciones que se encuentran en posición reñida con la opinión pública y que no parecen gozar de la legitimidad para sobreponerse a esta situación. Al momento de escribir esto, la OCMA ya ha anunciado la suspensión de 8 funcionarios involucrados en las grabaciones[9] del mismo modo que ya se debate en el Parlamento el tema de la acusación constitucional. La ciudadanía debe, en este escenario, permanecer firme y vigilante denunciando las irregularidades y presionando que se logre limpiar nuestro sistema de justicia.


[1] IDL-Reporteros. Corte y corrupción. Consultado el 7 de julio de 2018. Disponible en: https://idl-reporteros.pe/corte-y-corrupcion/

[2] IDL-Reporteros. Corte y corrupción 10. Grabación del 4 de abril de 2018. YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=uvYQNYTQUv4

[3] RPP Noticias. Caso CNM: Miles de personas acudieron a marcha convocada tras difusión de audios. Disponible en: http://www.panamericana.pe/24horas/locales/248578-caso-cnm-miles-personas-acudieron-marcha-convocada-difusion-audios

[4] Resolución Administrativa N° 253-2018-P-PJ. Diario Oficial El Peruano. Publicada el 11 de julio de 2018

[5] Capítulo ll Art. 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

[6] Comisión de Profesores para impulsar el debate sobre la reforma del Sistema de Justicia en el Perú. Selección, nombramiento, evaluación, ratificación y destitución de jueces y fiscales por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Breve balance y algunas propuestas. Lima: Facultad de Derecho de la PUCP. 2014. Pp. 22-21.

[7] Reglamento de procedimientos disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura.

[8] Art. 89 del Reglamento del Congreso de la República

[9] “OCMA suspendió al juez Walter Ríos y a otros ocho funcionarios por audios”. Semana Económica. Consultado el 13/07/18. Disponible en http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica/300085-ocma-suspendio-al-juez-walter-rios-y-otros-ocho-funcionarios-por-audios/

Escrito por Enzo Gómez Rojas

Alumno de séptimo ciclo de la Facultad de Derecho PUCP y miembro de la Asociación Civil Foro Académico.

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