Reflexiones sobre el Estado de la Cuestión en materia de trabajo infantil y trabajo forzoso en el Perú

Los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dados a conocer el año 2017[1] señalan que en el mundo hay 152 millones de niños —64 millones de niñas y 88 millones de niños— en situación de trabajo infantil; es decir, casi 1 de cada 10 niños de todo el mundo se encuentran sometidos a este flagelo.

El 71% de los niños en situación de trabajo infantil trabajan en el sector agrícola y, el 69 por ciento, en su propia unidad familiar sin recibir remuneración. Poco menos de la mitad de todos los niños afectados por el trabajo infantil —73 millones de niños en términos absolutos— realiza trabajos peligrosos que directamente ponen en riesgo su salud, seguridad o moralidad.

Los niños ocupados en la producción económica —una medición más amplia que abarca tanto el trabajo infantil de los niños menores de 18 años como el trabajo permitido a los niños que han alcanzado la edad legal para trabajar— suman 218 millones. Los niños sometidos al trabajo forzoso, una de las peores formas de trabajo infantil, que se estima utilizando una metodología independiente, suman 4,3 millones[2].

Según el ranking del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos sobre las peores formas de trabajo infantil en el mundo[3], nuestro país es uno de los tres países de Sudamérica con la tasa más alta de trabajo infantil (21.8%) mientras que Bolivia posee el 20.2% y Paraguay el 10.4%. Quienes cuentan con las tasas más bajas son Brasil (2.9%) y Chile (3.5%).

La última encuesta especializada del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre trabajo infantil 2015 muestra además que del total de población de entre 5 y 17 años que trabaja, el 16.8%; es decir, 1 millón 274 mil 100 niños y adolescentes, realiza trabajos peligrosos (peores formas de trabajo infantil). Asimismo, un 1.5% de niños y adolescentes está en un trabajo forzoso y el 5.3% realiza tareas domésticas por encima de las 22 horas semanales; por lo cual, aunque estudian, logran un bajo nivel de aprendizaje.

Nuestro país no prohíbe el trabajo infantil, muy por el contrario lo permite en el Código del Niño y del Adolescente, estableciendo edades mínimas[4] y requiriendo la autorización previa del padre o tutor del niño. La norma (Ley 27337), establece una división  entre niños y adolescentes, los primeros que son los se encuentran entre la concepción y los 12 años de edad, y los segundos, los que están entre los 12 años y  los 18 años.

Resulta importante comentar que dicha norma se enmarca dentro de los parámetros establecidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño por lo tanto enarbola la bandera de la Doctrina de Protección Integral, que considera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. También debemos advertir que nuestro país ha ratificado los Convenios 138 y 182 de la OIT, el primero de ellos nos regula la edad mínima de admisión en el empleo y el segundo la prohibición de las peores formas de trabajo infantil; estos dos convenios son los más importantes en la actualidad para el Trabajo Infantil.

En materia inspectiva, el año 2017, mediante Resolución de Superintendencia No. 114-2017-SUNAFIL, se aprobó el Protocolo N° 002-2017-SUNAFIL/INII denominado “Protocolo de Actuación en materia de Trabajo Infantil, el cual establece, entre otros aspectos, que la inspección del trabajo actuará de manera multisectorial, en etapa previa, durante y después de la investigación. Esto es fundamental dado que el flagelo del trabajo infantil no puede afrontarse únicamente desde la inspección laboral, se trata una situación innegable en nuestro país que debe abordarse en forma multisectorial, considerando al INABIF, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, Ministerio Público, entre otros actores.

El protocolo contempla una fase de coordinación para asegurar la participación del Ministerio Público, de la Mujer y de la Policía Nacional, esta última para garantizar la seguridad del equipo de inspectores y del indicado equipo multisectorial.

En cuanto a la investigación, se recoge la necesidad de diseñarla de manera previa a la inspección para seleccionar las actuaciones inspectivas concretas a realizarse, debiendo recolectar información sobre la identificación del potencial sujeto infractor, de los niños, niñas y adolescentes, así como la localización del centro de trabajo o lugar en que se desarrollan el trabajo infanfil.

La estrategia de intervención implica realizar acciones concretas, como una reunión previa entre los inspectores y el equipo multisectorial, considerando trabajo en equipo, medicinas para operadores y sus víctimas, así como agua y comida.

Adicionalmente, y esto sin duda resulta de gran relevancia, se considera la necesidad de entrevistar a los niños, niñas y adolescentes para obtener mayor información. En privado y con presencia del Ministerio Público de ser posible. El Protocolo lista preguntas tipo para los niños y para el sujeto inspeccionado.

La última fase, derivación para la prestación de servicios tiene por objetivo restituir los derechos afectados a los niños, niñas y adolescentes, brindando distintos servicios a sus familias mediante su inserción en programas de oportunidades laborales, programas sociales, promover su formación laboral, entre otros.

Sobre las sanciones, si se encuentra un niño menor de 14 años laborando, se considerará trabajo infantil.

En cambio si tiene más de 14 años, se verifica que tenga las edades mínimas establecidas en el Código del Niño y del Adolescente. También debe comprobarse que no sobrepase la jornada máxima de trabajo. Debe corroborarse, señala el Protocolo, que la labor no ponga en riesgo su salud, desarrollo físico, mental, proceso educativo.

En tercer lugar, si se comprueba que realiza peores formas de trabajo infantil se considerará como tal.

La multa (sin rebaja alguna), se sanciona con independencia del número de trabajadores afectados, siendo la misma siguiente:

  • Microempresa: 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)[5].
  • Pequeña empresa: 100 UIT
  • No MYPE: 200 UIT

El protocolo es acertado pues uno de los compromisos del Estado peruano internacionalmente consiste en erradicar las peores formas de trabajo infantil (pornografía infantil, comercio sexual, esclavitud, etc.) sin embargo, no es menos cierto que pretender la eliminación total de dicho flagelo no puede realizarse de manera inmediata toda vez que se requiere atacar dicha situación de manera integral, considerando los altos índices de pobreza en el país. Es demagógico sostener que a través de una norma se puede eliminar el trabajo infantil. Quizás lo recomendable sea comenzar por las peores formas e ir avanzando progresivamente en su eliminación.

En cuanto al trabajo forzoso u obligatorio, podemos afirmar que este  se origina por la existencia de una persona que trabaja o presta sus servicios en un escenario de restricción ilícita de su capacidad de elegir si labora o no, con quién, dónde y en qué condiciones. Es la vulneración del derecho fundamental a la libertad de trabajo que tiene todo ser humano; y conforme establece el Convenio N° 29 de la OIT (ratificado por nuestro país), el trabajo forzoso es: “Todo trabajo o servicio exigido a un individuo, bajo la amenaza de una pena cualquiera; y para el cual no se ofrece voluntariamente”.

Este no puede equiparse simplemente a salarios bajos o con condiciones de trabajo precarias. El concepto tampoco abarca las situaciones de mera necesidad económica, como cuando un trabajador se siente incapaz de dejar un puesto de trabajo debido a la falta real o supuesta de alternativas de empleo. Las malas condiciones de trabajo pueden y suelen estar presentes en la mayoría de los casos de trabajo forzoso contemporáneo, pero no constituyen siempre un indicador o una condición preliminar a la existencia de trabajo forzoso. La falta de alternativas económicas viables que hace que las personas mantengan una relación de trabajo en condiciones de explotación no constituye en sí misma trabajo forzoso, aunque sí puede constituir una situación de vulnerabilidad.

El trabajo forzoso es una de las peores formas de trabajo infantil, según lo definido en el Convenio N° 182[6] de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil. El trabajo infantil es equiparable al trabajo forzoso no solo cuando una tercera persona fuerza a niños, en tanto que individuos de pleno derecho, a trabajar bajo la amenaza de una pena, sino también cuando un niño desempeña un trabajo forzoso que le ha sido impuesto por su familia[7].

El trabajo forzoso no es lo mismo que trata de personas. No todo trabajo forzoso es consecuencia de la trata de personas. La trata de personas es un delito que vulnera los derechos humanos, atenta contra la libertad y dignidad de los seres humanos, es un proceso que comienza con el reclutamiento de la persona y termina con la explotación de la misma, constituye una forma delictiva efectuada por las organizaciones del crimen organizado, manifestándose internamente o internacionalmente.

El informe sobre “Ganancias y pobreza: aspectos económicos del Trabajo Forzoso (2014)” señala que a nivel mundial hay 21 millones de víctimas de trabajo forzoso, cuya explotación genera ganancias por unos 150.000 millones de dólares, de los cuales la mayor parte, 99.000 millones de dólares, provienen de la explotación sexual comercial.[8]

En el año 2012, siete años después de haberse emitido el primer informe global que contenía las primeras estimaciones mundiales sobre trabajo forzoso, se publicó una nueva estimación mundial sobre este fenómeno, evidenciándose un incremento significativo en lo relativo al número de víctimas de trabajo forzoso, ya que se calcula que al menos 20,9 millones de hombres, mujeres y niños estarían siendo afectados por el trabajo forzoso en todas las regiones del mundo[9]. Del total de trabajadores forzosos, 18,7 millones (90 por ciento) son explotados por particulares o empresas privadas, mientras que los 2,2 millones restantes (10 por ciento) son víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado o por grupos militares rebeldes. Entre los explotados por particulares o empresas privadas, 4,5 millones (22 por ciento) son víctimas de explotación sexual forzada y 14,2 millones (68 por ciento) de explotación laboral forzada. Los trabajadores click here migrantes y pueblos indígenas son los especialmente vulnerables en estas cifras[10].

En lo que respecta al Perú, en la actualidad no se cuenta con una cifra exacta y actualizada de víctimas de trabajo forzoso; sin embargo, el incremento del número de víctimas de este flagelo, tanto a nivel mundial como regional, pone en alerta a los diferentes países donde se presenta esta situación (como es el caso del Perú), a efectos que se tomen medidas urgentes y eficaces sobre el particular.

Un diagnóstico preliminar sobre el trabajo forzoso en la extracción de la madera en la Amazonía Peruana[11] del año 2005, reveló la existencia de trabajo forzoso en diversas regiones de la cuenca amazónica peruana, sobretodo en los departamentos de Ucayali y Madre de Dios que son los más afectados. Esta investigación estimó que, aproximadamente 33,000 personas estarían siendo víctimas de estas prácticas, sobre todo un grupo numeroso de personas pertenecientes a grupos étnicos de la amazonía peruana.

En lo que respecta a la actividad de la extracción de la madera, la investigación antes referida puso de manifiesto que, la utilización del trabajo forzoso a lo largo del proceso de extracción de dicho recurso se da a través de dos modalidades; la primera, circunscrita a las comunidades indígenas de la región, donde los patrones madereros (habilitadores – enganchadores) arreglan “contratos” con algunos dirigentes comunales con el objeto de acceder, generalmente de manera ilegal, a los recursos madereros más valiosos del territorio comunal o de lugares relativamente cercanos. Los miembros de la comunidad reclutados suelen terminar endeudados con los patrones en virtud a la sobrevaloración de los productos adelantados o anticipados, y el poco valor económico que se le da a la madera que pueden extraer (castigo de la madera) no les permite cancelar sus deudas. En este proceso, el reclutamiento de los pobladores indígenas es voluntario, y el carácter no libre se adquiere con el transcurso del tiempo. Los “contratos” carecen de referente monetario; y como consecuencia de las deudas por los anticipos, el habilitador y enganchador postergan indefinidamente el cumplimiento de la totalidad del contrato, convirtiéndolo en peonaje por deudas.

La segunda modalidad en que se puede presentar el trabajo forzoso, en la actividad de extracción de madera, se manifiesta da a través de la captación de personas y el traslado de las mismas para laborar en campamentos madereros (enganche), donde también se presenta la figura de generar deudas por el otorgamiento de anticipos de bienes de consumo, con el objeto de que sean pagados con su trabajo, teniendo como resultado la servidumbre por deudas. Por lo general estos campamentos madereros son ilegales, donde el 80% de los trabajadores serían de origen mestizo y 20% serían indígenas de la Amazonía. En estos campamentos se restringe la libertad de movimiento de los trabajadores (a través de amenazas contra su integridad física o con la retención de documentos). Solo eventualmente se recluta a grupos indígenas de contacto inicial o aislados.

Adicionalmente, existen indicios de la realización de trabajo forzoso en otras actividades; como las actividades extractivas de la castaña en Madre de Dios, el trabajo doméstico, la pesca artesanal, la agricultura, la ganadería, la minería artesanal, los talleres textiles y de artesanía, entre otras. Respecto a la minería informal, conforme da cuenta el actual Plan Nacional de lucha contra el trabajo forzoso, se estarían presentando formas modernas de esclavitud para la extracción del oro, tanto en adultos como en niños; sobretodo en la Región de Madre de Dios, donde se ha producido una migración desordenada de personas procedentes de la región andina, así como de Brasil y Bolivia, utilizando el sistema de enganche para luego convertirlo en servidumbre por deudas.

El Estado Peruano ha ratificado el Convenio 29 de la OIT y ha incluido en el Código Penal el delito del trabajo forzoso a través del Decreto Legislativo 1323. Queda pendiente la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, que entró en vigor el 09 noviembre 2016.

Asimismo, la SUNAFIL, mediante Resolución de Superintendencia No. 038-2016-SUNAFIL, aprobó el Protocolo N° 001-2016-SUNAFIL/INII denominado “Protocolo de Actuación en materia de Trabajo Forzoso”, habiendo dispuesto la creación del Grupo Especializado de Inspectores del Trabajo en materia de Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil (GEIT-TFI), con el fin de prevenir y erradicar estas formas ilegales de empleo en el país, mediante el desarrollo de un enfoque intersectorial e intergubernamental.

Las empresas, como parte de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) vienen implementando medidas que poseen una relación directa con la consigna mundial de lucha contra el trabajo forzoso; puesto que, entre los derechos fundamentales que sirven de referente para evidenciar el cumplimiento de estándares laborales básicos se encuentra la obligación de eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio por parte de las empresas, conforme se encuentra consignado en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de 1998 de la OIT y en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

En ese sentido, las prácticas de RSE a nivel nacional y mundial se convierten en un aliado estratégico para combatir el trabajo forzoso en los distintos ámbitos en que se presente, sea al interior de la empresa, en sus cadenas de valor y suministro, y en las propias comunidades donde operan.

Erradicar al trabajo forzoso es una tarea compleja que exige la participación del Estado, a través de sus distintas instituciones y la sociedad civil. Esperamos que se continúe dando la importancia debida a esta importante medida, resultando fundamental que las autoridades a cargo cuenten con las facilidades necesarias para desarrollarla, como el presupuesto y las herramientas legales suficientes.


[1] OIT: Trabajo infantil: Estimaciones y tendencias mundiales, 2012-2016. Ginebra, Oficina Internacional

del Trabajo, 2017.

[2] Información tomada de www.ilo.org.

[3] https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor

[4] Artículo 51.- Edades requeridas para trabajar en determinadas actividades

Las edades mínimas requeridas para autorizar el trabajo de los adolescentes son las siguientes:

  1. Para el caso del trabajo por cuenta ajena o que se preste en relación de dependencia:

  1. a) Quince años para labores agrícolas no industriales;
  2. b) Dieciséis años para labores industriales, comerciales o mineras; y,
  3. c) Diecisiete años para labores de pesca industrial.

  1. Para el caso de las demás modalidades de trabajo la edad mínima es de catorce años. Por excepción se concederá autorización a partir de los doce años, siempre que las labores a realizar no perjudiquen su salud o desarrollo, ni interfieran o limiten su asistencia a los centros educativos y permitan su participación en programas de orientación o formación profesional.

Se presume que los adolescentes están autorizados por sus padres o responsables para trabajar cuando habiten con ellos, salvo manifestación expresa en contrario de los mismos.”

[5] La UIT equivale el año 2018 a S/ 4,150.

[6] Convenio N°  182 de la OIT,  sobre las peores formas de trabajo infantil (1999).

[7] Informe Global de la OIT denominado “Una alianza global contra el trabajo forzoso” aprobado en la 93 Conferencia Internacional del Trabajo (2005).

[8] Tomado de http://www.ilo.org/americas/temas/trabajo-forzoso/lang–es/index.htm

[9]  OIT: Global estimate of forced labour: Results and methodology. Ginebra. 2012.

[10]  OIT: Reunión tripartita de expertos sobre trabajo forzoso y trata de personas con fines de explotación laboral. Informe para la discusión en la Reunión Tripartita de expertos sobre la posible adopción de un instrumento de la OIT que complemente el Convenio sobre Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29). Ginebra. 2013. Pág.1.

[11] ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). El Trabajo Forzoso en la extracción de la madera en la amazonía peruana”, elaborado por Eduardo Bedoya Garland y Álvaro Bedoya Silva-Santisteban, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Oficina Subregional para los Países Andinos, Lima, 2005, 41 págs.

Escrito por César Puntriano Rosas

Magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio senior del área laboral del Estudio Muñiz

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