Trabajo Infantil: una tarea pendiente

¿Qué ha pasado con el trabajo infantil y el trabajo forzoso en el Perú? ¿Acaso estamos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales? ¿Dónde nos encontramos si nos compramos con los otros países de Latinoamérica?

Lamentablemente, las respuestas a estas preguntas no son positivas. Poco o nada se ha hecho para lograr posicionarnos en una mejor ubicación en lo que se refiere a la lucha o erradicación del trabajo infantil, o trabajo forzoso en nuestro país.  Ello no solo por la falta de presupuesto, sino también por la falta de interés de considerar a este como un tema prioritario en la agenda política de nuestro país. Pero, empecemos por entender qué es el trabajo infantil o trabajo forzoso y cuáles son los derechos protegidos.

El Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley Nº 27337 y normas complementarias y modificatorias, define en su primer artículo al niño como todo ser humano desde su concepción hasta cumplir 12 años de edad; y al adolescente, desde los 12 hasta cumplir 18 años de edad.

Asimismo, el artículo 22 del Código señala que el adolescente que trabaja será protegido en forma especial por el Estado, que el Estado reconoce el derecho de los adolescentes a trabajar con las restricciones que impone este Código, siempre y cuando no exista explotación económica y su actividad laboral no importe riesgo o peligro, afecte su proceso educativo, o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Si bien se reconoce el derecho a los adolescentes a trabajar, se prohíbe que estos sean obligados a hacerlo. De ahí que la protección esencial viene por el desarrollo de los adolescentes y solo en situaciones especiales y cumpliendo con los requisitos establecidos, se autoriza su inserción en el trabajo en la medida que esto no ponga en riesgo su desarrollo y sus estudios.

Vemos entonces que estamos protegiendo el derecho de los niños a ser niños, y en el caso de los adolescentes se reconoce el derecho al trabajo siempre que ello se dé dentro de los parámetros establecidos por la Ley y como las limitaciones que en ella se señalan.

En cuanto a las limitaciones, vemos que se dan de dos tipos:

En cuanto a las edades, no se permite el trabajo de niños y en el caso de los adolescentes la edad mínima para trabajar es de 14 años, salvo en los casos de trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia, cuyas edades mínimas son: quince años para labores agrícolas no industriales; dieciséis años para labores industriales, comerciales o mineras; y diecisiete años para labores de pesca industrial.

En cuando a las autorizaciones, a fin de obtenerlas, se debe tener en cuenta lo siguiente:

  1. Que el trabajo no perturbe la asistencia regular a la escuela;
  2. Que el certificado médico acredite la capacidad física, mental y emocional del adolescente para realizar las labores. Este certificado será expedido gratuitamente por los servicios médicos del Sector Salud o de la Seguridad Social; y
  3. Que ningún adolescente sea admitido al trabajo sin la debida autorización.

Vemos entonces que, para el trabajo de los adolescentes, se debe cumplir con la edad mínima y con la autorización respectiva, pero ¿qué pasa en nuestro país, que encabeza el Ranking del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos sobre las peores formas de trabajo infantil en el mundo con una tasa de 21.8%?[1]

Si existe una regulación que señala limitaciones específicas para autorizar el trabajo de los adolescentes, ¿que está faltando para que la norma se aplique?

Vemos que el problema radica en dos temas centrales: La falta de presupuesto para ser destinado en la lucha del trabajo infantil o el trabajo forzado; y a su vez, en la falta de información sobre los derechos que tienen los niños y los adolescentes.

En el marco del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, creado en 1992, y con el objetivo general de erradicar progresivamente el trabajo infantil, el MTPE, con apoyo de la OIT, se encuentra implementando una Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021.

En efecto, la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021 (en adelante ENPETI) requiere dos aspectos clave para su adecuado funcionamiento y avance en los objetivos planteados. El primero de ellos es la asignación de recursos para la ejecución de esta Estrategia; y, el segundo, el respaldo político que se debe alcanzar desde los niveles más altos del Estado a favor de la Estrategia. Sin embargo, precisamente, es en ambos aspectos donde se encuentran los obstáculos que se han presentado en la implementación de la Estrategia hasta el día de hoy.

En cuanto al segundo punto, corresponde señalar que el plan operativo de la ENPETI está compuesto básicamente del aporte que puedan realizar diversos sectores del Estado, los organismos de cooperación y distintas ONG. No obstante, a pesar de aquella necesidad, el presupuesto que maneja el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en materia de trabajo infantil no solo es reducido, sino que presenta dificultades para su ejecución. En efecto, la Dirección de Derechos Fundamentales, encargada de la temática del trabajo infantil en el Ministerio, tiene designado un presupuesto mínimo que no resulta suficiente para ir más allá de comprometer actividades de articulación en el marco de la ENPETI.

Pero, ¿si no tenemos el presupuesto necesario, que podemos hacer con pocos recursos para luchar contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil?

Una alternativa poca o nada evaluada, pero que genera un impacto real, concreto e inmediato es sin duda la capacitación a través del conocimiento. Nos referimos a la posibilidad de incluir dentro de la currícula nacional click here cursos que hablen de los derechos de los niños y adolescentes, que traten sobre el derecho laboral y los derechos que tienen los adolescentes en el trabajo.  No solo que se les capacite respecto a los derechos que tienen, sino también sobre las limitaciones que su condición de adolescentes genera y la protección que el Estado les brinda.

Resulta sumamente importante recalcar que NADIE puede ser obligado a trabajar y que la esclavitud fue abolida hace muchos años, que no existe el trabajo gratuito, pero sobre todo, que como sociedad debemos respetar la decisión y voluntad a trabajar.

Se agrava el dilema cuando hoy vemos casos de niños y adolescentes obligados a prostituirse, de forma gratuita, sin ningún grado de protección; lo mismo sucede con la pornografía infantil, la trata de personas entre otras formas denigrantes de explotación hacia una población vulnerable como son los niños y los adolescentes.

Ello que parece sencillo, debe ser expuesto no solo como parte de la currícula nacional, sino también en foros donde los padres puedan reconocer que la crianza y educación de los hijos es una responsabilidad de los padres y, salvo que ello sea estrictamente necesario, los hijos no pueden ser percibidos como una potencial fuente de ingresos.  En ello radica uno de los principales motivos que nos lleva a liderar los rankings sobre trabajo infantil. Debemos ver a nuestra sociedad como una en la que las condiciones económicas y sociales llevan a miles de niños a trabajar para poder aportar a la economía familiar, relacionados a labores propias del campo, en labores del negocio familiar, o en la venta ambulante, o cualquier otra forma de trabajo que los lleve a lograr el presupuesto diario necesario.

Esta situación tiene que cambiar y para ello es necesario una política clara del gobierno, cambios reales, acciones concretas a fin de evitar que estas formas de trabajo forzoso avancen en nuestra sociedad.  No debemos olvidar que el Perú ha suscrito el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores formas del Trabajo Infantil, comprometiéndose a erradicarlas.  Conforme a la definición del artículo 3 del Convenio número 182 de la OIT, la expresión “las peores formas de trabajo infantil” abarca:

  1. todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;
  2. la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;
  3. la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y
  4. el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Estos temas deben ser expuestos de forma clara con los principales sujetos de protección, es decir, con los niños y los adolescentes.  El mensaje debe ser claro y directo si como sociedad queremos erradicar estas formas de trabajo: “Nosotros, el Estado, PROHIBE el trabajo forzoso, garantiza el derecho de los niños y adolescentes a crecer en un ambiente adecuado, respeta el derecho de los adolescentes a trabajar, bajo los parámetros señalados, y sobre todo CONDENA toda forma de trabajo forzoso”

Si aún no contamos con el presupuesto necesario para hacer frente a este problema, al menos empecemos con una política clara, directa y agresiva de comunicación.  La educación de nuestros niños y adolescentes garantiza una sociedad informada donde el desconocimiento no será un motivo para aceptar estas formas denigrantes de trabajo.


(*) Fuente de imagen: Crónica Viva

[1] Perú 21. Consulta: 09/06/2018. Enlace: https://peru21.pe/peru/infantil-peru-tasa-alta-sudamerica-informe-409742.

Escrito por Pamela Navarro

Socia del área laboral de Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

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