Estoy reportado en la central de riesgos, ¿qué hago? Apuntes sobre las Centrales de Riesgos y su impacto en la evaluación crediticia

“If you would know the value of money, go and try to borrow some” (Si quieres conocer el valor del dinero, ve y trata de conseguirlo prestado).

Benjamin Franklin

I. INTRODUCCIÓN

Juan necesita obtener financiamiento. Entonces se dirige a solicitar un crédito a una Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa (Edpyme). Una vez allí, le informan que evaluarán su situación crediticia, es decir, si cumple con los parámetros de la Edpyme para recibir el crédito, toda vez que, como diría Benjamin Franklin, nadie presta dinero así nomás. 

Al final, la respuesta que recibe es que el crédito no le va a poder ser otorgado. Un funcionario de la Edpyme le indica que ello se debe a que se encuentra “reportado” en la Central de Riesgos. Entonces, Juan se llena de interrogantes: ¿qué es la Central de Riesgos? ¿Por qué le indican que está reportado? ¿Qué debe hacer para dejar de ser reportado? Y, por último, ¿por qué estar reportado implica la denegatoria de acceder al crédito?

El presente artículo aclarará cada una de las interrogantes de Juan. Comenzaremos explicando qué es la evaluación crediticia, puesto que a partir de ello se entiende qué es la Central de Riesgos. Luego, veremos la utilidad de la Central de Riesgos y brindaremos varios alcances sobre su tratamiento legal.

II. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN CREDITICIA

La palabra “crédito” proviene de las voces latinas creditum (confianza) y credere (confiar). Involucra a un acreedor que presta un recurso financiero a un deudor, el cual se encuentra obligado a proceder a su devolución en un plazo y bajo una tasa de interés previamente determinados.  El acreedor, pues, debe confiar en el deudor.

Para lograr esa confianza, es básico (para él) realizar una evaluación crediticia al deudor. Dos son los aspectos que se evalúan: la capacidad de pago y la voluntad de pago[1]. Veamos en qué consiste cada uno:

2.1. CAPACIDAD DE PAGO

La capacidad de pago responde a la pregunta: “¿Con qué va a devolver el crédito?”.  La respuesta es la siguiente: con los ingresos que genera (boletas, recibos por honorarios, flujo de caja), con una determinada garantía real (hipoteca) o personal (fianza), etc.

Es decir, la capacidad de pago acredita que una persona posee los ingresos y/o los bienes para hacer frente a sus obligaciones. Son ejemplos de capacidad de pago: las boletas de pago (si el deudor es trabajador dependiente), los recibos por honorarios (si el deudor es trabajador independiente), los bienes registrados, los depósitos que mantenga en el sistema financiero, el resultado operacional de sus negocios, etc.

Es importante resaltar que la capacidad de pago no se mide solo por los ingresos, sino además por las deudas y gastos que el solicitante del crédito tiene.  Puede tratarse de una persona que percibe mensualmente S/ 2000 de ingresos, pero que además tiene deudas que ascienden mensualmente a S/ 3000, siendo que en ese caso el resultado de la evaluación crediticia sería negativo. Es por ello que el sobreendeudamiento nos aleja de la posibilidad de acceder al crédito[2].

Por otro lado, debe indicarse que la capacidad de pago no es una garantía infalible de que el crédito será honrado. Existen muchos casos de personas que tienen buenos ingresos pero administran mal su dinero. O, peor aún, que tienen, pero no les gusta pagar.
Por eso, de forma adicional a la capacidad de pago se evalúa la voluntad de pago.

2.2. VOLUNTAD DE PAGO

La voluntad de pago responde a la pregunta: “¿Por qué va a devolver el crédito?”.  La respuesta varía según el deudor evaluado: porque es cumplido, porque es puntual, porque antes ya obtuvo un crédito y demostró que está preparado para uno de mayor envergadura. Es decir, la entidad financiera analiza los antecedentes de pago del deudor, los cuales reflejarían su posible comportamiento frente a nuevas obligaciones.

Sobre el particular, las entidades del sistema financiero tienen mucha experiencia en el mercado, por lo que suelen desarrollar políticas de crédito que perfilan el tipo de cliente que mejores resultados les ha dado. Por ejemplo, en algunas entidades tienen como punto de partida que, de modo genérico, las mujeres son más responsables con sus deudas que los hombres. O que, también de modo genérico, las personas maduras pueden ser más responsables (especialmente por la experiencia que tienen en el mercado) que las más jóvenes.

Sin embargo, toda regla admite excepciones (mujeres que no pagan y jóvenes que son más responsables que personas de mediana edad). Es por ello que cuando hablamos de voluntad de pago, el instrumento idóneo para evaluarla es el historial crediticio. Así, el deudor es calificado objetivamente, de acuerdo a la puntualidad que ha mostrado en sus pagos.

Veamos el historial de crédito de Juan:

Año 2017

Producto: TARJETA DE CRÉDITO

Agosto Setiembre

 

Octubre Noviembre Diciembre
Normal(0) Normal

(0)

Problemas

Potenciales (1)

Deficiente

(2)

Deficiente

(2)

Donde:

CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN[3] EN CRÉDITO DE CONSUMO EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS
Normal (0) Pago puntual o atraso máximo de 8 días calendario Pago puntual o atraso máximo de 30 días calendarios
Problemas potenciales (1) Atrasos en el pago de entre 9 a 30 días calendarios Atrasos en el pago de entre 31 a 60 días calendarios
Deficiente (2) Atrasos en el pago de entre 31 a 60 días calendario Atrasos en el pago de entre 61 a 120 días calendarios
Dudoso (3) Dudoso Atrasos en el pago de entre 61 a 120 días calendarios Atrasos en el pago de entre 121 a 365 días calendarios
Pérdida (4)[4] Pérdida Atrasos en el pago de más de 120 días calendarios Atrasos en el pago de más de 365 días calendarios

Vemos como Juan es evaluado a partir de un informe muy específico en torno al  comportamiento que mostró en el cumplimiento de sus obligaciones. Así, su historial revela que tuvo atrasos en los pagos en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

El ejemplo revela que si una persona no es puntual en el pago de sus obligaciones, será reportado como moroso y ello afectará su historial de pagos, también llamado historial crediticio. De ahí se evidencia que existe una relación estrecha entre el comportamiento de pago de las personas y sus posibilidades de acceder al crédito. Un mal comportamiento no genera esa “confianza” que resulta fundamental para que una entidad le preste dinero a una persona.

Como se ha adelantado, puede verse cómo el historial crediticio tiene por objeto informar el comportamiento de los deudores en relación a los créditos que han asumido.  Dicha información es el eje de la información que administran las Centrales de Riesgos.

III. LA CENTRALES DE RIESGOS

El crédito acarrea riesgos. En efecto, VILLEGAS lo explica de forma muy clara cuando señala: “(el factor tiempo) está ínsito en el mismo concepto de crédito, por lo que consideramos implícito el riesgo que surge, precisamente, del tiempo”[5].  Hablamos, pues, de riesgo de crédito cuando existe la posibilidad de que la contraparte del crédito (el deudor) no pague al acreedor.

Ante ello, las Centrales de Riesgos constituyen un mecanismo que centraliza la  información de los deudores, debidamente actualizada, lo cual resulta determinante para la toma de decisiones de los agentes económicos, tanto a nivel del sistema financiero como fuera de él, toda vez que reduce los problemas de información sobre el riesgo de los deudores.

Las Centrales de Riesgos son de dos tipos: pública y privada. Veamos a continuación las características de cada una.

3.1.       CENTRAL DE RIESGOS PÚBLICA

De acuerdo a la Ley General del Sistema Financiero[6], la Superintendencia tendrá a su cargo un sistema integrado de registro de riesgos financieros, crediticios, comerciales y de seguros denominado “Central de Riesgos”, el mismo que contará con información consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas.

Asimismo, la norma especifica que toda institución gremial que cuente con la infraestructura necesaria correspondiente podrá tener acceso a esta Central, celebrando el correspondiente convenio con la Superintendencia.

La Ley N° 26702 no establece un límite temporal para la publicación en la Central de Riesgos de la información remitida por las entidades del sistema financiero, por lo que esta se mantendrá registrada como parte de su historial crediticio.

3.2.       CENTRAL DE RIESGOS PRIVADA

De acuerdo a la Ley General del Sistema Financiero[7], es libre la constitución de personas jurídicas que tengan por objeto proporcionar al público información sobre los antecedentes crediticios de los deudores de las empresas de los sistemas financieros y de seguros, y sobre el uso indebido del cheque.

Ahora bien, las Centrales de Riesgos Privadas se encuentran reguladas por la  Ley N° 27489[8], la cual las denomina “Centrales privadas de información de riesgos (CEPIRS)”. Las CEPIRS son definidas como aquellas empresas que en locales abiertos al público y en click here forma habitual recolectan y tratan información de riesgos relacionada con personas naturales o jurídicas, con el propósito de difundir por cualquier medio mecánico o electrónico, de manera gratuita u onerosa, reportes de crédito acerca de éstas.

En nuestro país hay diversas CEPIRS como, por ejemplo, Equifax (antes INFOCORP), Sentinel Perú, Experian y Xchange.

A diferencia de la Central de Riesgos de la SBS estas CEPIRS reportan las deudas contraídas con empresas del sistema financiero, pero además con empresas de otra naturaleza, como son Cooperativas, obligaciones pendientes de pago con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), letras protestadas que reporta la Cámara de Comercio de Lima, e, inclusive deudas reportadas por personas que tengan convenio con las CEPIRS (Unique, SUNASS, etc).

Sin embargo, a diferencia de las Centrales de Riesgos Públicas, las CEPIRS se encuentran limitadas a difundir información con una antigüedad no mayor a cinco (05) años[9].

IV. SI ESTOY REPORTADO, ¿QUÉ HAGO?

Una primera aclaración es que estar reportado no es algo negativo, sino todo lo contrario. En efecto, resulta preferible registrar información en las Centrales de Riesgos, que no registrar nada. Ello, porque las personas que están reportadas tienen un historial que evaluar, mientras que las personas que carecen de historial crediticio (por ejemplo, que jamás tomaron un producto crediticio) simplemente carecen de antecedentes para generar confianza.

Ahora bien, estar reportado con una categoría de clasificación negativa no es una buena noticia. Ante ello, se abren tres (3) frentes:

  • Que la información reportada sea correcta

Si una persona se encuentra reportada en una Central de Riesgos debe hacer lo posible para regularizar el pago de sus créditos y así optimizar su historial crediticio.  Y es que una vez pagada la deuda, las entidades del sistema financiero cesan de reportar las deudas con categorías de clasificación negativas.

  • Que la información reportada sea errónea

Si se trata de un error, deberá solicitar la rectificación de su reporte crediticio, siendo distinta la base legal que deberá revisar e invocar según sea una Central de Riesgos Pública[10] o una Central Privada de Información de Riesgos[11].

  • Que la información reportada sea antigua

Si se trata de información que posee una antigüedad mayor de cinco (5) años, podrá solicitar ante las Centrales de Riesgo Privadas que su reporte crediticio sea excluido. Sin embargo, si la información proviene de una Central de Riesgos Pública ello no resulta posible, puesto que se prefiere salvaguardar la información, al tratarse de un mecanismo que permite optimizar la tasa de retorno de un crédito, así como la reducción de niveles de morosidad que ello implica. 

CONCLUSIÓN

Es indudable que la Central de Riesgos resulta fundamental para un correcto funcionamiento del sistema financiero, puesto que permite que las entidades financieras revisen el comportamiento del potencial deudor en el cumplimiento de sus obligaciones y, a partir de él, realicen una prognosis del nivel de reembolso que tendría un eventual desembolso de dinero.


BIBLIOGRAFÍA

  • Ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
  • Ley N° 27489 – Ley que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información.
  • Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y Exigencia de Provisiones, aprobado por Resolución SBS N° 11356-2008.
  • Circular B-2189-2010, EDPYME-136-2010, EAF-244-2010, CM-376-2010, FOGAPI-38-2010, F-529-2010, EF-3-2010, CR-245-2010, EAH-8-2010 – Corrección de errores en la información comprendida en el “Reporte Creditico de Deudores – RCD” y Comunicación a la Superintendencia.
  • VILLEGAS, Carlos G. El crédito bancario. Ediciones Depalma. Buenos Aires: 1988.

[1] Cabe indicar que el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado por Resolución N° 11356-2008, y sus modificatorias, establece en su numeral 5 que la capacidad de pago incorpora la voluntad de pago, siendo que nosotros hemos optado por fines didácticos en dividir “capacidad de pago” de “voluntad de pago”.

[2] Sobre el particular, se sugiere la lectura del artículo titulado “El alemán observador: Apuntes en relación al sobreendeudamiento y su regulación en el Perú”. Disponible en: http://www.parthenon.pe/mas/pesquisas-financieras/el-aleman-observador-apuntes-en-relacion-al-sobreendeudamiento-y-su-regulacion-en-el-peru/

[3] Para muchos peruanos las categorías de clasificación en materia de Central de Riesgos son difíciles de entender (Normal, Problemas Potenciales, Deficiente, Dudoso o Pérdida). En Colombia las categorías de clasificación son como las calificaciones escolares: “A” es el crédito normal y “E” el crédito incobrable.

[4] Para mayores precisiones sobre las categorías de clasificación, se debe revisar el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y Exigencia de Provisiones, aprobado por Resolución SBS N° 11356-2008.

[5] VILLEGAS, Carlos G. El crédito bancario. Ediciones Depalma. Buenos Aires: 1988. Pág. 7.

[6] Artículo 158° de la Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

[7] Artículo 160° de la Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

[8] Ley N° 27489 – Ley que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información.

[9] Ley N° 27489 – Ley que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información.

Artículo 10º.- Información excluida Las CEPIRS no podrán contener en sus bancos de datos ni difundir en sus reportes de crédito la siguiente información: a) Información sensible; b) Información que viole el secreto bancario o la reserva tributaria; c) Información inexacta o errónea; d) Información referida al incumplimiento de obligaciones de naturaleza civil, comercial o tributaria, cuando (i) hayan transcurrido 5 (cinco) años desde que la obligación fue pagada o extinguida en forma total o (ii) haya prescrito el plazo legal para exigir su cumplimiento, lo que suceda primero; e) Información referida a sanciones exigibles de naturaleza tributaria, administrativa u otras análogas, de contenido económico, cuando (i) hayan transcurrido 5 (cinco) años desde que se ejecutó la sanción impuesta al infractor o se extinguió por cualquier otro medio legal, o (ii) haya prescrito el plazo legal para exigir su ejecución, lo que suceda primero; f) Información referida a la insolvencia o quiebra del titular de la información, cuando hayan transcurrido 5 (cinco) años desde que se levantó el estado de insolvencia o desde que se declaró la quiebra; o, g) Cualquier otra información excluida por ley.

[10] Circular B-2189-2010, EDPYME-136-2010, EAF-244-2010, CM-376-2010, FOGAPI-38-2010, F-529-2010, EF-3-2010, CR-245-2010, EAH-8-2010 – Corrección de errores en la información comprendida en el “Reporte Creditico de Deudores – RCD” y Comunicación a la Superintendencia.

[11] Artículo 10 de la Ley N° 27489 – Ley que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información.

Escrito por Jorge Antonio Machuca Vilchez

Jorge Antonio Machuca Vilchez

Magíster en Derecho Bancario y Financiero (PUCP). Diplomado en Derecho de Consumo por la Universidad de Castilla – La Mancha. Egresado de la Escuela Profesional de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente en la Escuela de Postgrado de la Universidad Pacífico, Universidad Privada del Norte (UPN) y en el IFB. Actual Director de Iuris Dictio (2016 – a la fecha).

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