Sentencia del IX Pleno Casatorio: un fallo que corrige, pero no redime

Hace algunos meses escribí un artículo en donde explicaba la similitud que representaba el caso analizado en el IX Pleno Casatorio con el caso resuelto en el I Pleno[1]: en ambos el tema de fondo consistía en determinar la posibilidad de que la Corte Suprema, al momento de resolver un recurso de casación, valore de oficio – y aun cuando la cuestión no haya sido materia de debate en las instancias previas – la nulidad del contrato en torno al cual gira la controversia judicial.

La sentencia del I Pleno resolvió la demanda de resarcimiento planteada por los pobladores de Choropampa contra Minera Yanacocha por el derrame de mercurio del que habían sido víctimas. Inmediatamente luego de producido el derrame, la empresa había firmado transacciones extrajudiciales con los pobladores, mediante las cuales estos recibieron irrisorias sumas dinerarias por el daño generado y se obligaron a no iniciar acciones judiciales contra la minera exigiendo un monto mayor al ya recibido.

Dado que el dinero de las transacciones resultaba exiguo comparado con el daño efectivamente causado, los pobladores interpusieron contra la empresa una demanda millonaria por responsabilidad civil. La empresa se defendió con dichas transacciones (excepción de transacción), señalando que éstas tenían (de acuerdo con el artículo 1302° del Código Civil) la calidad de cosa juzgada, por lo que resultaban irrevisables e inmodificables.

En primera y segunda instancia la excepción de prescripción fue amparada y por ende se declaró la improcedencia de la demanda. Recién, al momento de interponer el recurso de casación la defensa legal de los demandantes, se puso en entredicho la validez de las transacciones, dado el apremiante estado de necesidad e ignorancia (con relación a los alcances de dichas transacciones) en que se encontraban los pobladores al momento de firmarlas.

La Corte Suprema resolvió señalando que dicha nulidad no podía ser apreciada de oficio en sede casatoria, pues no solo no había sido invocada como pretensión de manera formal por los demandantes, sino que en las instancias previas el tema no había sido materia de debate:

Considerando 39 de la Sentencia del I Pleno Casatorio:

“Situación diferente se manifestaría si es que al momento de resolver la excepción [de transacción] el juzgador considere que las transacciones extrajudiciales presentadas son inválidas o ineficaces; supuesto éste que no se ha considerado en ninguna de las instancias de mérito, no siendo alegada tampoco por la demandante, aspecto que desde nuestro punto de vista también resulta discutible, toda vez que bien podría haberse demandado la nulidad o anulabilidad de la transacción mencionada” (…) tampoco podría actuarse de manera oficiosa [la nulidad] puesto que en sede casatoria nacional no es admisible la aplicación del principio iura novit curia

En mis trabajados ya citados al inicio, señalé que este precedente generaba serios problemas, pues la Corte Suprema estaba permitiendo que un contrato, a todas luces inválido, sirva de sustento para (por ejemplo) inscribir un derecho en el Registro o exonerar a alguien del pago de un resarcimiento a todas luces justo. Si la Corte renuncia – sostuve – a analizar en sede casatoria la validez de los contratos,  entonces se abre la puerta para que los conflictos se resuelvan de espaldas a la legalidad.

Atendiendo a las consideraciones expuestas en mis anteriores trabajos, el último miércoles 18 de enero la Corte Suprema emitió la sentencia correspondiente al IX Pleno Casatorio, en cuyo Considerando 64 modifica (más de 10 años después) lo expuesto en el Considerando 39 del I Pleno:

 

El poder que tiene el Juez de declarar de oficio la nulidad manifiesta de un negocio jurídico, importa que aquél podrá declararla –siempre que se haya propiciado el contradictorio- aun cuando las partes no hayan alegado la nulidad manifiesta en sus escritos postulatorios o en sus recursos impugnatorios (apelación o casación), pues, justamente, se trata de una declaración oficiosa que busca evitar que se lesionen intereses indisponibles por las partes. Por lo tanto, en aplicación de la técnica del overruling debe quedar superada la ratio decidendi contenida en el fundamento 39 del Primer Pleno Casatorio Civil (…) conforme a lo antes señalado, la Corte de Casación puede advertir una nulidad manifiesta aun cuando las instancias de mérito no la hayan advertido en su oportunidad (y, en consecuencia, no hayan emitido pronunciamiento sobre el particular) y aun cuando (la nulidad manifiesta) no haya sido invocada como agravio en el recurso de casación”.

 

De este modo, ahora la Corte Suprema sí puede apreciar en sede casatoria y de oficio la nulidad de los contratos, debiéndose devolver el expediente al Juez de Primera Instancia para que éste, click here previa promoción del contradictorio entre las partes, someta el contrato a un análisis detallado de validez.

¿Qué habría sucedido si, en el año 2007, cuando la Corte resolvió el recurso de casación planteado por los pobladores de Choropampa, los Vocales hubiesen manejado el actual criterio? Las sentencias emitidas por las instancias de mérito – mediante las cuales se había dispuesto la improcedencia y archivo de la demanda – habrían sido anuladas y el Juez de primera instancia habría podido – luego del análisis del caso y la valoración de las pruebas aportadas – declarar la nulidad de las transacciones por vulnerar derechos fundamentales e indisponibles de los pobladores afectados (Artículo V del Título Preliminar del Código Civil[2]). Una vez declarada la nulidad de las transacciones ya no hubiese habido impedimento formal para ver el tema de fondo, con lo cual el Poder Judicial habría podido calcular el adecuado resarcimiento que le correspondía recibir a cada poblador por el daño efectivamente sufrido.

Es decir, con el actual criterio de la Corte Suprema el desenlace hubiese sido otro: pobladores efectivamente compensados por el daño efectivamente generado, ¿cuántas muertes se habrían podido evitar? ¿cuántas personas habrían podido recuperarse? ¿cuántas de ellas habrían podido reubicarse en algún lugar digno, lejos del poblado contaminado con mercurio?

Por más 10 años hemos vivido con un fallo que “rezaba” que la nulidad de un contrato, por más “manifiesta” que resulte, no podía ser analizada por la Corte Suprema. Por 10 años, cualquier demanda de resarcimiento planteada por un poblador contra la empresa minera estaba condenada a la improcedencia “gracias” a la “vinculatoriedad” del I Pleno Casatorio. Por 10 años, ninguna sentencia  se pudo alejar de dicho criterio.

La Corte Suprema ha corregido lo resuelto hace 10 años. Sin embargo, hoy ya es demasiado tarde. El overruling (técnica que permite modificar un precedente vinculante) aplicado por la Corte para modificar lo señalado en el Primer Pleno no revive muertos ni mitiga los daños consumados. Pero un reconocimiento del error cometido y unas disculpas públicas no estarían de más. ¿Qué sucede cuando alguien purga prisión injustamente? En los países civilizados, esa persona afectada tiene todo el derecho de obtener del Estado un resarcimiento ¿no debería aplicarse la misma lógica para este caso?

Tal vez el caso Choropampa y la sentencia del Primer Pleno Casatorio sea ilustrativo, como ningún otro, para poner en agenda la necesidad de analizar, de manera seria e informada la conveniencia de que la Corte Suprema establezca precedentes vinculantes.


[1] http://www.parthenon.pe/privado/civil-patrimonial/ix-pleno-casatorio-civil-reabriendo-el-caso-choropampa/. El artículo completo puede verse en: https://works.bepress.com/alan_pasco/29/

[2] Artículo V del Título Preliminar del Código Civil.- “Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres”

Escrito por Alan Pasco Arauco

Alan Pasco Arauco

Asociado del Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Abogado por la UNMSM. Magister en Derecho Civil por la PUCP. Docente de Derecho Civil en la UNMSM, Universidad de Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad San Martín de Porres.

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