Las fallas endógenas del Derecho de Gracia dentro del ordenamiento jurídico peruano

«Bis er den Kreis seines Mitgefühls auf alles Lebendige ausdehnt, wird der. Mensch selbst keinen Frieden finden». [1]

[ALBERT SCHWEITZER] [2].

A modo de introducción, podemos empezar afirmando que, uno de los pilares de todo Estado constitucional de Derecho (Rechtstaat) es la separación de poderes; de modo tal que, ninguno de los tres poderes prevalezca y sojuzgue a los demás. Lamentablemente, ello no ha ocurrido en el Perú.

En los breves periodos del Perú republicano, las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo casi siempre han sido antagónicas. La dialéctica entre ambos poderes, se ha caracterizado del modo siguiente: el Poder Judicial se resiste a cualquier intromisión política del Poder Ejecutivo, a tal punto que se opone a toda reforma; mientras que, el Poder Ejecutivo amenaza al Poder Judicial con recortarle el presupuesto. [3].

En honor a la verdad, el origen de estas tensiones se encuentra en el mismo diseño constitucional de los mecanismos de control entre ambos poderes. Ello también se aplica al derecho de gracia. Siendo así, el propósito de este artículo es demostrar que el derecho de gracia, en sí mismo, evidencia taras en la estructura estatal, las cuales requieren ser corregidas.

Un ejemplo de esta imperfección se encuentra en el derecho de gracia otorgado por el vacado presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, al ex presidente Alberto Fujimori en el Caso ‘Pativilca’ (Expediente N° 00649-2011-0-5001-JR-PE-03) [4], mediante el artículo 1° de la Resolución Suprema Nº 281-2017-JUS [5], de fecha 24 de diciembre de 2017.

Adelantando opinión, al ex mandatario se le ha incluido en fecha posterior al otorgamiento de su indulto. Todavía no ha sido enjuiciado y ya se le va a otorgar una merced anticipada, pese a no ser declarado judicialmente responsable penal de la presunta comisión de los delitos secuestro, tortura y asesinato, bajo la modalidad de autor mediato. Empecemos explicando el concepto del derecho de gracia.

El derecho de gracia se encuentra contemplado en el numeral 21 del artículo 118° de la Constitución Política del Perú de 1993:

“Corresponde al Presidente de la República:

(…).

Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”.

Asimismo, se encuentra normado en el literal o) del artículo 8° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158:

“Corresponde al Presidente de la República, el ejercicio de las siguientes funciones:

(…).

Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”.

E igualmente, en el literal a) del artículo 3º del Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, RM-0162-2010-JUS:

“Es la potestad del Presidente de la República para extinguir la acción penal a los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”.

Entonces, el derecho de gracia es una atribución presidencial que se le confiere a un procesado en aquellos casos penales cuya etapa de instrucción (léase investigación preparatoria) haya sobrepasado el doble de su plazo más su ampliatoria. A partir de estas definiciones se puede deducir cuál es la naturaleza jurídica del derecho de gracia. Respecto al presidente de la República es una función y potestad; mientras que, en lo que se refiere al inculpado es un derecho subjetivo peculiar.

En cuanto a esto último, afirmamos que es un derecho subjetivo [6], porque el derecho de gracia es una abstracción que se aplica por igual a todos los inculpados que se encuentran inmersos en un proceso penal (generalidad), siempre y cuando la etapa de instrucción ha superado el doble de su plazo más su ampliatoria. Asimismo, la peculiaridad de este derecho se encuentra en su fuente: el Poder Ejecutivo, específicamente en la Comisión de Gracias Presidenciales y el Presidente de la República. En conclusión, el derecho de gracia es tanto una potestad como un derecho subjetivo peculiar.

Luego, las modalidades de derecho de gracia son: el derecho de gracia común y el derecho de gracia por razones humanitarias:

i) Derecho de gracia común: se aplica a la mayoría de delitos y faltas.

ii) Derecho de gracia por razones humanitarias: es el derecho de gracia que se otorga por razones de carácter humanitario.

El órgano encargado del estudio del derecho de gracia es la Comisión de Gracias Presidenciales cuyas funciones y atribuciones se encuentran indicadas en los artículos 6° [7] y 7° [8] del Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, RM-0162-2010-JUS. El requisito principal para el otorgamiento de este derecho guarda relación con el plazo de la investigación preparatoria. De lo que se trata es que aquel plazo haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. Si existe tal impedimento el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales rechazará de plano la solicitud.

Ahora bien, tal potestad del Poder Ejecutivo no es absoluta, tiene sus límites. El derecho de gracia se haya limitado en algunos supuestos. Así, no se aplica para los presuntos o verdaderos autores de los delitos contra la libertad sexual de menores de edad (artículo 2° de la Ley N° 28704) [9], tampoco se le otorga a los autores y partícipes de los delitos secuestro y extorsión (artículo 2° de la Ley N° 28760) [10]. Si bien las decisiones del legislador han sido plausibles en esos casos, ello evidencia una labor obstaculizadora por parte del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo.  Además, el derecho de gracia debería prohibirse también para otros delitos graves como, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas o terrorismo.

En cuanto a las ventajas del derecho de gracia, la principal ventaja es que reduce la carga laboral para todos los funcionarios y servidores del sector Justicia: policías, fiscales, jueces, secretarios, relatores, auxiliares jurisdiccionales, funcionarios del INPE, magistrados del Tribunal

Constitucional, entre otros. Lo cual supone también una reducción de costos, recursos del erario nacional y tiempo. Otra de las ventajas del derecho de gracia es su compatibilidad con el plazo extraordinario de la prescripción penal, el cual se encuentra regulado en el artículo 83º del Código Penal de 1991 [11].

Pero, el derecho de gracia no solamente genera ventajas; sino también, perjuicios:

1) El derecho de gracia no genera la condición de cosa juzgada para el inculpado.

El numeral 13 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú de 1993 no lo señala taxativamente. Quienes se consideren agraviados podrían promover otros procesos penales contra el presunto autor de un delito o falta. Lo cual resultaría perjudicial para el mismo imputado.

2) El presidente de la República, al otorgar el derecho de gracia al imputado, obstaculiza la labor de los funcionarios y servidores del sector judicial.

3) La Comisión de Gracias Presidenciales y el Presidente de la República evitan que se conozca la verdad procesal respecto a un conflicto de intereses.

4) El Poder Ejecutivo impide que los agraviados, víctimas y el propio Estado puedan solicitar el pago de una indemnización y reparación civil.

5) Se propicia la impunidad.

En cuanto al quinto punto, es indiferente que el delito haya sido cometido por un ciudadano de a pie que por un ex mandatario.

6) El Poder Legislativo frena la potestad del Poder Ejecutivo en determinados supuestos: delitos contra la libertad sexual de menores de edad, secuestro y extorsión.

7) El derecho de gracia, en algunos casos, ha generado una intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que sus decisiones son jurídicamente válidas, de conformidad al control de convencionalidad [12].

Por todas estas razones, afirmamos que el derecho de gracia debe ser expectorado de nuestro ordenamiento jurídico nacional, porque, como hemos visto, son más los inconvenientes que ocasiona en lugar de las utilidades.

Ante ello, proponemos lo siguiente:

I. Que, se deroguen los dispositivos legales sobre la materia. No hace falta modificación alguna del texto constitucional; puesto que, el derecho de gracia no ha sido contemplado expresamente en la Constitución Política del Perú de 1993.

II. Que, se verifique rigurosamente el control de los plazos de las investigaciones y procesos penales.

III. Que, se castigue debidamente a los funcionarios y servidores (policías, fiscales y jueces) que irresponsable click here y dolosamente dilaten los expedientes penales. Las sanciones podrán ser: amonestaciones, suspensiones, despidos e inhabilitaciones.

Finalmente, a modo de reflexión, aseveramos que una paralización política de la persecución penal estatal motivada por intereses políticos no solamente impide que se cumpla la función punitiva de la pena, la cual se centra en el castigo y la satisfacción para el agraviado; sino también, impide que se cumpla las otras funciones, preventiva y resocializadora, las cuales tienen como ejes al individuo y a la sociedad.


Notas:

[1] «El hombre hallará la paz por sí mismo, hasta que su círculo de compasión abarque a todos los seres vivos».

[2] Médico, filósofo, teólogo protestante y músico franco – alemán, de origen alsaciano.

Misionero en África.

Premio Nobel de la Paz en 1952.

[3] TORRES MÁRQUEZ, Juan Carlos. “Las fallas endógenas de la vacancia presidencial por incapacidad moral dentro del ordenamiento constitucional peruano”.

En:  http://www.parthenon.pe/partisano-civico/las-fallas-endogenas-de-la-vacancia-presidencial-por-incapacidad-moral-dentro-del-ordenamiento-constitucional-peruano/

[4] Al respecto, en fecha 29 de enero de 1992, el Grupo Colina secuestró y asesinó a seis personas: John Calderón Ríos, Toribio Ortiz Aponte, Felandro Castillo Manrique, César Rodríguez Esquivel, Pedro Agüero y Pedro Arias Velásquez.

Tras 26 años de ocurridos los hechos, la Sala Penal Nacional decidió incluir a Alberto Fujimori en el proceso.

Y, según las declaraciones de Santiago Martin Rivas y de Vladimiro Montesinos, aquella acción militar fue avalada por el propio Alberto Fujimori.

AMÉRICA NOTICIAS. “¿Qué es el caso Pativilca y por qué está implicado Alberto Fujimori?”.

En: https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/que-caso-pativilca-y-que-esta-implicado-alberto-fujimori-n308304

[5] “Artículo 1º.-

Conceder el INDULTO Y DERECHO DE GRACIA POR RAZONES HUMANITARIAS al interno del Establecimiento Penitenciario Barbadillo, ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, respecto de las condenas y procesos penales que a la fecha se encuentran vigentes”.

[6] En los sistemas presidenciales, el reconocimiento de los derechos subjetivos (humanos, constitucionales, ciudadanos o individuales, según corresponda) se encuentra en los textos constitucionales y legales. Es una labor exclusiva del Congreso de la República.

De manera similar, dentro de todo proceso judicial, el juez reconoce el derecho subjetivo para alguna de las partes procesales. (Nota del autor).

[7] “Artículo 6°.- Funciones

Son funciones de la Comisión:

a) Conocer, evaluar y calificar las solicitudes de gracias presidenciales.

b) Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Justicia, mediante el correspondiente informe, la concesión de gracias presidenciales”.

[8] “Artículo 7°.- Atribuciones

En ejercicio de sus funciones, la Comisión tiene las siguientes atribuciones:

a) Dispone la actualización o regularización de los documentos presentados por el solicitante de la gracia presidencial.

b) Solicita a las entidades públicas pertinentes y personas jurídicas en general, la información y documentación que se considere necesaria para el mejor examen de las solicitudes de gracias presidenciales.

c) Convoca a instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio en la protección de derechos humanos para conocer sus opiniones sobre temas relacionados con las gracias presidenciales.

d) Entrevista o conferencia a través de cualquier medio auditivo y/o visual con los solicitantes, a fin de corroborar la información proporcionada, así como para obtener mayores elementos de juicio para emitir opinión.

e) Entrevista a cualquier persona o autoridad cuyo testimonio la Comisión considere pertinente en relación con el caso.

f) Solicita a los centros hospitalarios y/u organizaciones médicas la presencia y el informe de un profesional médico en la especialidad que se requiera, para que revise y explique los documentos acompañados a la solicitud, y de ser el caso, asista a la Comisión en las entrevistas que sostenga con los internos solicitantes para la verificación correspondiente.

g) Solicita a los profesionales médicos que elaboraron el informe médico, el protocolo médico y el acta de junta médica penitenciaria su presencia ante la Comisión para que expliquen el contenido de los referidos documentos, lo que deberá quedar registrado mediante medio técnico audiovisual.

h) Eleva sugerencias al Despacho Ministerial con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los fines de la Comisión.

La presente relación es enumerativa y no taxativa”.

[9] “Artículo 2º.- Improcedencia del indulto, conmutación de pena y derecho de gracia

No procede el indulto, ni la conmutación de pena ni el derecho de gracia a los sentenciados por los delitos previstos en los artículos 173º y 173º-A”.

[10] “Artículo 2º.- Improcedencia del indulto, conmutación de pena y derecho de gracia

No procede el indulto, ni la conmutación de pena a los condenados por los delitos de secuestro y extorsión.

Tampoco el derecho de gracia a los procesados por tales delitos”.

[11] “Artículo 83°.- Interrupción de la prescripción de la acción penal

La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia. Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso. Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción”.

[12] Como se recordará, el control de convencionalidad es la aplicación del derecho supranacional al derecho interno de cada país que, dentro del marco de un tratado, se ha sometido a ese orden. Dicha interrelación de ordenamientos se verifica en dos planos: el plano internacional y el plano interno.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. Cuaderno de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 7.

En: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33825.pdf

Escrito por Juan Carlos Torres Márquez

Juan Carlos Torres Márquez

Abogado. Egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha trabajado en la Procuraduría Ad Hoc “Casos Fujimori – Montesinos” (2000 – 2006). Asimismo, participó en el proyecto “Archivamiento de denuncias en el Ministerio Público de los delitos peculado y colusión en los distritos fiscales de Lima, Ancash, Junín y Ayacucho”, a cargo de la Defensoría del Pueblo, Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo, con el apoyo AMBERO de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ PERÚ) (Marzo 2014 – 29/05/2014).
También trabajó en el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH) de la Autoridad Nacional del Agua (2015 – 2016).
Ha escrito y brindado conferencias sobre temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Lucha Anticorrupción, Derecho Comparado y Antropología Jurídica.
A la fecha actual es adjunto de docencia del curso Seminario de Integración en Teoría General del Derecho por la PUCP.

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