La economía azul y su vinculación con la moda sostenible

En anteriores oportunidades, he escrito sobre la economía verde, la misma que promueve la lucha contra la contaminación, basándose en el respeto de las normas medioambientales, la concientización de la responsabilidad social en las comunidades así como la creación de empresas “Green” o verdes, conocidas como empresas de triple impacto que tienen como pilares desarrollar aspectos sociales, ambientales y económicos, lo cual coincide con la iniciativa de muchos fashion retailers quienes en la actualidad consideran como una opción de negocio el desarrollo de una marca “Green”, difundiendo así el movimiento de moda sostenible en todo el mundo.

Por eso, siguiendo esa línea, en este artículo desarrollaremos el concepto de la Economía Azul, la cual a diferencia de la Economía Verde, tiene por finalidad utilizar y aprovechar al máximo los recursos naturales disponibles, inclusive sus residuos.

El concepto económico de la Economía Azul nació en su libro de Gunter Pauli, “La Economía Azul. 10 años. 100 Innovaciones. 100 millones de Empleos”, en el cual plantea una alternativa de producción basada en los recursos naturales propios de nuestro planeta, incluyendo la utilización de los desechos en aras de las necesidades de la sociedad y la economía debido a los emprendimientos rentables y medioambientales.

Bajo este concepto, se ha ido desarrollando una corriente denominada “La Moda Azul”, como una contramedida de la industria de la moda, textil y fashion retail en general, la cual es una de las industrias más contaminantes del mundo. En ese sentido, se plantea utilizar materias primas y subproductos marinos para desarrollar negocios que apoyen a comunidades pesqueras, reduciendo el desperdicio y ofreciendo alternativas empresariales que sean sostenibles, como por ejemplo la utilización de la piel del pescado como cuero para el diseño de zapatos, carteras y prendas de vestir, dándole un segundo uso ya que se usaría el pescado no solo para la alimentación sino también para una industria indumentaria que proveche su piel.

En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), se encuentra promoviendo su producción, a través de la iniciativa denominada “Crecimiento Azul”, la cual promueve la protección de ecosistemas en beneficio de comunidades que dependen de la pesca y sus industrias relacionadas, tanto así que el 27 de noviembre de 2018, con motivo de la Conferencia sobre Economía Azul Sostenible que se organizó en Nairobi, seleccionaron como proveedor oficial de cuero de pescado de Kenia, a la empresa Victoria Foods.

Por otro lado, en Islandia se encuentra la empresa Atlantic Leather, que es propietaria de la única curtiembre de pescado de Europa, la cual procesa pieles de pescados tales como el salmón, bacalao, entre otros y las vende a marcas de lujo, como por ejemplo a Jimmy Choo, Dior y Ferragamo, siendo esta materia prima muy demandada en la actualidad.

Y si piensa que esto sucede en otros continentes, les comento que en el Perú ya existen varias marcas de moda que utilizan la piel de pescado como materia prima para hacer sus productos tales como Qaya Cuero de Pescado Peruano (https://www.facebook.com/QAYA-Cuero-De-Pescado-Peruano-668213430005986/) o Fish Art Perú (https://www.facebook.com/FishArtPeru/), e inclusive en la Feria “Manos Creativas” realizada el año pasado, 12 artesanas del distrito chiclayano de Santa Rosa, vendieron sandalias, monederos y billeteras utilizando pieles de pescado tales como bonito, corvina y tollo.

Ojalá pronto nuestras autoridades, puedan incentivar el desarrollo de este tipo de emprendimientos que no solo generaría más ingresos a los peruanos sino también promoverían un mejor manejo de nuestros recursos naturales evitando la contaminación de nuestro planeta.

 ¿Y a Usted querido lector, se le ocurre alguna otra forma en la que se debería promover la economía azul en nuestro país?

Dos caras de una misma moneda: Reflexiones en torno al contrato de arrendamiento y el proceso de desalojo a propósito de la Ley N° 30933

1. Introducción

Hace un mes se publicó la Ley N° 30933, dispositivo legislativo denominado en el coloquialmente “Desalojo notarial”, herramienta que ha sido otorgada por parte del Estado a favor de los particulares a fin de buscar la celeridad a los procesos de desalojo, en especial a los contratos de arrendamientos que se suscriben en el marco de este procedimiento.  No es ajeno para nadie que la causa de su promulgación de este dispositivo legislativo es eliminar la excesiva carga procesal que se presenta en los juzgados y acelerar el proceso de desalojo a nivel judicial con el auxilio del notario.

Aunque en el Perú ya nos tienen acostumbrados a estas innovaciones legislativas, es cierto que este no es la primera vez que se trata de impulsar y agilizar el proceso de desalojo en el marco de un contrato de arrendamiento, recordemos que la ley N° 30201, norma que buscaba la declaración del allanamiento a la pretensión de un futuro proceso de desalojo por parte del arrendatario y de esta manera, recuperar el bien en muy poco tiempo a favor del arrendador. Si bien ha sido útil su introducción y su práctica, el problema aún es muy grande.

Puesto que cuando se habla de desalojo también se habla de arrendamiento, y viceversa, es así que el proceso desalojo es implícito al arrendamiento, y cuando ocurre una transformación implica un cambio en la concepción del arrendamiento, muestra de aquello es el proceso de desalojo ha sufrido diversos cambios producto de la labor del legislador, de igual forma por parte de nuestra judicatura. que ensayan en cada momento una interpretación distinta en torno al proceso desalojo. Es nuestro interés demostrar en estas líneas realizar una reflexión en torno a esas innovaciones legislativas o jurisprudenciales que han devenido en un cambio de concepción de lo que se entendía por el arrendamiento y el proceso desalojo.

2. El contrato de arrendamiento según el código civil peruano.

Uno de los contratos con mayor uso en el Perú, es el contrato de arrendamiento, contrato que tiene como efecto la creación de la obligación por parte del arrendador de ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. Hay que agregar que este contrato no solo se encuentra acogido solamente en el Código Civil si no que es recogida en otros cuerpos legislativos especiales, como por ejemplo el arrendamiento financiero.

Asimismo, entre las características más importantes, destacan que es un contrato nominado, típico, consensual, de duración determinada o indeterminada, de prestaciones recíprocas, necesariamente a título oneroso, conmutativo, y obligacional.[1] [2]

3. El proceso de desalojo en el contrato de arrendamiento

Si bien el proceso de desalojo no es propio del arrendamiento, la práctica ha hecho que el proceso sea consustancial al arrendamiento, es el procedimiento recurrente cuando se presenta patologías al momento de la devolución o entrega del bien, puesto que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, salvo las excepciones contempladas en la ley.

El proceso de desalojo es un proceso de carácter sumarísimo, proceso plenario rápido como lo ha señalado nuestra Corte Suprema[3], regulado específicamente entre los artículos 585 al 596 del Código Procesal Civil (en adelante CPC), asimismo, definida como la acción posesoria judicial, que tiene por objeto recuperar la posesión de un inmueble que es detentado por una persona obligada a devolverlo.

Dentro de nuestro ordenamiento legal, es posible encontrar cinco modalidades de procesos desalojo creados por el legislador o el juez en el tema del arrendamiento, las mismas que quedan al arbitrio al arrendador la mejor manera de recuperar la posesión del bien detentado ilegítimamente. Entre ellos tenemos a los siguientes:

3.1. El proceso de desalojo por vencimiento del plazo del contrato

El arrendamiento, per se, es un contrato temporal, es decir el tiempo es consustancial a la relación contractual, en ese sentido, los contratos de arrendamiento son de duración determinada o indeterminada.

Serán de duración determinada cuando en el contrato se ha convenido un plazo fijo para la duración de la relación contractual, ya sea este por un mes, dos meses, un año, o cualquiera otro que determine el ejercicio de dicha voluntad. En este supuesto, la relación contractual que une a las partes concluirá al vencimiento del plazo correspondiente. Sin embargo, el arrendamiento también puede ser de duración indeterminada. En este caso no existe un plazo determinado para la vigencia de la relación obligacional, ya sea porque simplemente las partes no lo acordaron o porque expresamente lo han pactado de esa manera.

Siendo el arrendamiento de duración indeterminada, cualquiera de los contratantes podrá resolverlo dando aviso judicial o extrajudicial a la otra parte, conforme se desprende el artículo 1703 del Código Civil.[4] Debemos advertir. que cuando se presente el caso de un aviso extrajudicial, conforme al artículo 1365 del Código civil, deberá entenderse que el contrato se ha resuelto una vez cumplidos los treinta días siguientes a la fecha de notificación de la carta notarial.[5]

Ahora bien, para dar inicio a este proceso es necesario la existencia de un contrato que cuente con plazo determinado o indeterminado, y que a la fecha de inicio del proceso de desalojo debe encontrarse vencido para la procedencia del mismo.

Advertimos, que el tema por vencimiento del contrato de arrendamiento no es pacífico en la doctrina, en vista de que se han arribando a posiciones distintas en los alcances e interpretación del vencimiento del mismo.[6]  Por una parte, se menciona que el contrato continua con sus mismas estipulaciones hasta que se requiera la devolución del bien, sin que ello implique la conversión a un contrato de duración indeterminada[7], por otra parte, se indica que el contrato finaliza con el plazo estipulado sin embargo existe un periodo de hecho posterior a la conclusión del contrato, el cual es regulado por el artículo 1700, es decir por imperio legal[8], por otro lado, existe una posición, la cual señala la conversión del contrato a uno de duración indeterminada por ende la conclusión sería cuando se ponga en conocimiento la terminación del contrato y la exigencia de devolución[9] ;y para finalizar, de forma tajante podría sostenerse la posición que el contrato ha finalizado y no existe ningún contrato vigente puesto que no existe manifestación de voluntad tacita.

3.2. El proceso de desalojo por falta de pago de los arriendos.

Este proceso lo encontramos previsto en el artículo 585° del CPC, que señala que el proceso de desalojo se puede iniciar por la falta de pago de los arriendos, asimismo, en el segundo párrafo se indica que se puede acumular la pretensión de pago de arriendos cuando el desalojo se fundamenta en dicha causal, de esta manera, se exigiría al arrendatario la restitución del bien acompañado de las rentas que se dejaron de percibir.

Esto guarda vinculación con lo establecido en el numeral 1 del artículo 1697° del Código Civil, el mismo que establece que el contrato de arrendamiento se podrá resolverse si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior y se vence otro mes y además quince días.

La norma es expresa en el sentido que el proceso de desalojo puede darse por la falta de pago y por el vencimiento del plazo, aunque se quiera negar su existencia o en el peor de los casos, se termine por señalar que estas causales se encuentra dentro del proceso por desalojo por ocupación precaria.[10]

En resumen, el desalojo se inicia cuando el contrato es resuelto por la falta del pago de la renta por los dos meses y quince días, puesto que hace la relación contractual no puede continuar por la falta de correspondencia entre las prestaciones.

3.3. El proceso de desalojo por ocupación precaria.

El IV Pleno Casatorio Civil, Casación 2195-2011-Ucayali, se hace referencia a seis supuestos de posesión precaria pero solamente uno de ellos está referido al tema del arrendamiento materia de análisis, el mismo que establece en el punto 5.2 lo siguiente:

(….) Será caso de título de posesión fenecido, cuando se presente el supuesto previsto por el artículo 1704 del Código Civil, puesto que con el requerimiento de la devolución del inmueble se pone de manifiesto la voluntad del arrendador de poner fin al contrato. No constituirá un caso de título fenecido el supuesto contemplado por el artículo 1700 del Código Civil, dado que el solo vencimiento del contrato de arrendamiento no resuelve el contrato, sino que, por imperio de la Ley, se asume la continuación del mismo hasta que el arrendador le requiera la devolución del bien. Dada esta condición, recién se puede asumir que el poseedor ha pasado a constituirse en poseedor precario por fenecimiento de su título (…)

Entonces, el arrendatario se convertirá en poseedor precario cuando el contrato de arrendamiento se encuentre resuelto y además que se le requiera el bien, si bien la afirmación arribada es discutible, puesto que el proceso desalojo por ocupación precaria terminaría por absorber a los dos procesos de desalojo anteriores, dejando el desalojo por vencimiento del contrato o por falta de pago dentro del mismo, e implícitamente le obliga al arrendador que tenga que resolver el contrato mediante la carta notarial y solicite la devolución del inmueble para accionar el mencionado proceso.

Abordar el tema de desalojo por ocupación precaria, importa arribar a un análisis con muy diferentes aristas, y con muy diversas posiciones al respecto, todas ellas muy razonadas y fundamentadas, por lo que hacer reflexión terminaría por extender las líneas del presente escrito.[11]

3.4. El proceso de desalojo por cláusula de allanamiento futuro.

Celebrado en Chiclayo, el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil del año 2017 (en adelante PLNPC 2017), y con la intervención de los jueces, ha quedado claro que introducir una la cláusula de allanamiento futuro en los contratos de arrendamiento constituye la mejor forma para poder tener un mejor resultado y recuperar con mayor celeridad el inmueble arrendado.

En este tipo de proceso se requiere que los contratos de arrendamiento cumplan con ciertos requisitos, que se haya estipulado la denominada “Cláusula de allanamiento a futuro” y que las firmas de los contratantes en el contrato se encuentren legalizadas ante notario público a fin de acceder a un proceso especial de desalojo.

El solo hecho de cumplir con tales requisitos, facultan al arrendador a recuperar el inmueble a través de un proceso célere, regulado por el artículo 594 del Código Procesal Civil, el mismo que fue modificado mediante la Ley 30201. Hay que señalar que dicha norma tiene una aplicación específica para los supuestos de desalojos por vencimiento de contrato y por falta de pago, estipulándose una cláusula de allanamiento futuro por parte del arrendatario de cara a un proceso de desalojo que se presentara por parte de arrendador.

El ejercicio de los plazos se encuentra establecidos en este tipo de procesos de la siguiente manera, el demandado, luego de notificada la demanda por parte del arrendador, tendrá seis días para acreditar la vigencia del contrato o la cancelación de las rentas adeudadas, únicas formas para no ser desalojado en el proceso, si el arrendatario no acredita ninguno de los dos hechos, el juez ordenará el lanzamiento en 15 días hábiles.

Asimismo, hay que tomar en cuenta lo mencionado en PLNPC 2017 al señalar que “El Acta de Conciliación Extrajudicial no es exigible en el proceso de desalojo regulado en el artículo 594 del Código Procesal Civil, en tanto se trata de un proceso especial y rápido. Asimismo, tampoco proceden las excepciones y defensas previas planteadas por la parte demandada, por lo que el juez debe declarar de plano su improcedencia”.

En consecuencia, sin la exigencia de la conciliación previa y con la restricción respecto a la formulación de excepciones y defensas previas, resulta obvio que esta es una mejor vía para poder obtener un desalojo más rápido que el resto de los procesos antes mencionado, por lo que consideramos que la mejor estrategia por parte de los arrendadores será introducir en los contratos de arrendamiento la cláusula bajo análisis.

3.5. Desalojo conforme a lo regulado por el Régimen de Promoción del Arrendamiento para Vivienda (Decreto Legislativo N° 1177)

Mediante el Decreto Legislativo N° 1177, se establece el Régimen de Promoción del Arrendamiento para Vivienda, dispositivo legislativo que crea el panorama de un nuevo tipo de proceso de desalojo de los inmuebles arrendados, bajo esta regulación se constituye un escenario ideal para viabilizar los procesos de desalojo en general. Se regula el proceso de desalojo a través de la vía de un proceso único de ejecución. Asimismo, para su procedencia es necesario cumplir con algunos requisitos que establece la ley, por ejemplo, bancarizar los pagos de los arriendos, la firma de un formulario o la elevación de una escritura pública y la elección de un tipo de arrendamiento.

Otro punto a destacar es que los Formularios Únicos de Arrendamiento, formularios creado mediante la ley, y que permiten acceder a los beneficios, tienen mérito ejecutivo siempre que estén suscritos ante un notario y estar registrados. Creemos que esta modalidad debe extenderse también a todos los contratos de arrendamiento que acrediten de manera fehaciente la relación contractual.

La ley estable que la competencia es del Juez de Paz Letrado de la jurisdicción donde se ubique el inmueble arrendado, ahora bien, una vez iniciado el proceso, se otorga un plazo de 5 días para contestar la demanda por parte del arrendatario, admitiendo como medios probatorios únicamente aquellos que no requieren actuación, admitiendo excepciones y defensas previas, debiendo el demandado acreditar la vigencia del contrato de arrendamiento o la cancelación de las rentas convenidas. El juez debe sentenciar en un plazo máximo de tres días. Convirtiendo en el proceso de desalojo es un proceso expeditivo y con la recuperación del inmueble en días.

3.6. Procedimiento especial de desalojo con intervención notarial (Ley 30933)

Hace unos meses se publicó la Ley N° 30933, norma que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial, este dispositivo legislativo busca incorporar la competencia de los notarios en el proceso de desalojo, para acceder a este proceso especial, las partes deben incluir una cláusula de allanamiento en el contrato de arrendamiento en la cual se manifieste de manera indubitable su voluntad para someter al conocimiento de notario la constatación de alguna de las causales de desalojo previstas en el artículo 6 de la mencionada ley, y la ejecución del desalojo por parte del Juez de Paz Letrado.

Como se ha mencionado en la exposición de motivos, esta norma buscar superar el difícil problema de la restitución de los inmuebles, “aun cuando existe el marco legal citado en el que se regula la ejecución del desalojo en aplicación de la cláusula del allanamiento anticipado previsto en el Código Procesal Civil o en el Proceso Único de Ejecución de Desalojo regulado en el Decreto Legislativo Nº 1177, no se ha logrado una solución efectiva que permita a los propietarios la restitución de los bienes inmuebles arrendados en el corto o mediano plazo, ante el incumplimiento de los compromisos contractuales asumidos por las partes o el vencimiento del plazo contractual”.[12]

Ahora bien, para el inicio del procedimiento, es necesario que se haya cumplido las siguientes formalidades señaladas en el artículo 6 de la Ley N° 30933, el pedido escrito de solicitud de restitución acompañado del contrato de arrendamiento y la carta cursada de aviso de requerimiento de restitución del inmueble por motivo de vencimiento del plazo o falta de los pagos de los arriendos.

Una vez realizado los actos anteriores, conforme el artículo 8 el notario recibe solicitud de desalojo constatando el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, y posteriormente notifica al arrendatario el proceso desalojo en que se encuentra incurso, estableciendo un plazo de 5 días a fin de acreditar que no se encuentra en ninguno de los supuestos de vencimiento del contrato o la falta de pago de los arriendos. Es posible que también dentro del proceso se puede oponer el arrendatario cuando se incumplen con algunas formalidades o requisitos de procedibilidad.

Posteriormente, se extiende un acta no contenciosa dejando constancia del vencimiento del contrato o de la resolución del mismo por falta de pago, con la declaración de la procedencia del desalojo. El acta extendida por el notario constituye título ejecutivo especial para proceder sin más trámite al lanzamiento del inmueble. Asimismo, se remite la copia legalizada del expediente al juez de paz letrado del distrito en el cual se ubica el bien inmueble arrendado, a efectos de que proceda conforme a lo establecido en el artículo 9, para realizar el trámite judicial de lanzamiento.

Claramente se observa un proceso de desalojo más rápido en donde la discusión sobre los requisitos de un proceso desalojo son verificados por un notario, por consiguiente, la labor del juez será más ligera al momento de iniciar el proceso de desalojo en mérito al título ejecutivo. Aunque parezca que el notario asumiría jurisdicción para resolver la controversia, y estaría dejando a juez como una mesa de partes donde solo actuaría conforme lo ha resuelto el notario. Somos de la opinión que el notario solamente constata los supuestos y asume la obligación de dar fe a los documentos y al procedimiento, es el juez quien entra a valorar y es el único a resolver los procesos contenciosos.

4. Conclusiones

No es nuestra intención mostrar las principales críticas que se han presentado en torno al “desalojo notarial”[13] u clase de proceso de desalojo, sino demostrar la vinculación del arrendamiento con los procesos desalojos creados a nivel legislativo o jurisprudencial, puesto que una institución no solo debe observarse a nivel sustancial sino también a nivel procesal, de ahí, que en ese ámbito se puede observar con mayor claridad las patologías y defectos que comúnmente se presenta en los contratos de arrendamiento.

Por nuestra parte, creemos que cualquier posición arribada líneas arriba debe comprender la interpretación sistemática de los artículos del código civil, así como también la celeridad en el procedimiento de los justiciables, de esta forma impediría que algunos sujetos de mala sigan pagando para mantener un contrato vigente del cual el arrendador ha perdido interés obligando a soportar en su propiedad la posesión de quien ya no es invitado.


Fuente de la imagen: https://andina.pe/agencia/noticia-propietarios-podran-desalojar-inquilinos-morosos-dos-meses-atraso-745238.aspx

Referencias

[1] BIGIO CHREM, Jack. “El contrato de arrendamiento”. En Revista: Themis-Revista de Derecho 30, Lima, 1994, p.197-2005.

[2] ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max. “Exegesis del código civil peruano de 1984”, Gaceta Jurídica Editores, Tomo II, Lima, 1996, pág. 412 y ss.

[3] IX Pleno Casatorio Civil, Casación N° 4442-2015-Moquegua.

[4] Artículo 1703º.- Fin del arrendamiento de duración indeterminada

Se pone fin a un arrendamiento de duración indeterminada dando aviso judicial o extrajudicial al otro contratante.

[5] Artículo 1365º.- Fin de contratos continuados

En los contratos de ejecución continuada que no tengan plazo convencional o legal determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo remitido por la vía notarial con una anticipación no menor de treinta días. Transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[6] FALLA JARA, Alejandro, El vencimiento del plazo y la continuación en el uso del bien en el contrato de arrendamiento. En: Themis-Revista de Derecho 14, 1989, p.89-93

[7] CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando, Conclusión del contrato de arrendamiento de duración determinada. En: Themis-Revista de Derecho 11, 1988, p.81-82

[8] SORIA AGUILAR, Alfredo, El vencimiento del plazo en el contrato de arrendamiento y la continuación en el uso del bien arrendado, En Revista de Análisis Especializada de Jurisprudencia. Tomo 40, octubre 2011, pp. 47-57

[9] ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 1996, p.142

[10] PASCO ARAUCO, Alan. “No existe causal de desalojo por “falta de pago de renta””. En https://legis.pe/no-existe-causal-desalojo-falta-pago-renta-alan-pasco/.

[11] Para mayor análisis, revisar LAMA MORE, Héctor, La posesión precaria y la posesión ilegítima, En: Diálogo con la jurisprudencia, Actualidad, Análisis y crítica jurisprudencial, N° 34, 2001. GONZALES BARRON, Gunter. “Nuevamente sobre el precario (réplica a un reciente artículo)”, En: Revista de Derecho Foro Jurídico, Nº 7, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2007. TORRES VASQUEZ, Aníbal, “¿En qué consiste la posesión precaria?”, En: Actualidad Jurídica, Tomo 137, 2005, AVEDAÑO VALDEZ, Jorge, La posesión ilegítima o precaria. En: Themis, N°4, 1986, p.59-63. MEJORADA CHAUCA, Martín, “Precario y ¡qué!”, En: Actualidad Jurídica, N° 151, 2006.

[12] CÁRDENAS MANRIQUE, Christian. “Comentarios a la ley que regula el procedimiento no contencioso de desalojo con intervención del notario”. En: https://legis.pe/comentarios-ley-regula-procedimiento-no-contencioso-desalojo-intervencion-notario/

[13] NINAMANCCO CÓRDOVA, Fort. El desalojo “express” ilusorio. A propósito del reciente proyecto de ley sobre el desalojo notarial. En: https://legis.pe/desalojo-express-desalojo-notarial/ . GONZALES LOLI, Jorge Luis. Ni notarial ni “express”: simple desalojo con lanzamiento anticipado basado en título ejecutivo notarial. En: https://legis.pe/simple-desalojo-lanzamiento-anticipado-titulo-ejecutivo-notarial/.

Motores de búsqueda y los desafíos que plantean al derecho de autor 

I. Los motores de búsqueda 

En una estructura descentralizada como el Internet donde el contenido e información se encuentran diseminados a través de la red, los motores de búsqueda juegan un rol fundamental en garantizar el acceso eficiente a este contenido y permitir el funcionamiento de una sociedad hiperconectada[1], pues la importancia de los motores de búsqueda en el acceso a la información y conocimiento es fundamental. 

Leer Más
Gustave Moynier

Resultado de imagen para Gustave Moynier

Gustave Moynier fue un jurista suizo co-fundador y presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien estudió derecho en París y recibió su doctorado en 1850. Debido a su persuasión calvinista , se interesó por el trabajo caritativo y los problemas sociales de la sociedad.
Entre sus más emblemáticos aportes al Derecho Internacional Humanitario tenemos la institución de un tribunal penal permanente, aunque al principio no estaba convencido de ello los acontecimientos como la guerra en Bresach le dieron a conocer que casi todos los procesos por infracciones contra el derecho humanitario corrían a cargo de tribunales ad hoc constituidos por uno de los beligerantes, generalmente el vencedor. Sin embargo, habrían de pasar casi cuatro siglos hasta que alguien considerara seriamente la idea de un tribunal penal internacional permanente.
Asimismo, cabe resaltar que Moynier fue nominado para el Premio Nobel de la Paz en 1901, 1902, 1903 y 1905 por Richard Kleen.

Fuente de la imagen: https://colnect.com/en/stamps/stamp/298732-Gustave_Moynier-125th_Anniversary_of_Red_Cross-Guinea-Bissau
Referencias:
https://spartacus-educational.com/EUmoynier.htm

Llegó el Netflix de la Moda: El alquiler mensual de prendas y accesorios

Desde hace años existe en Perú la opción de alquilar vestidos en caso de chicas y ternos en caso de chicos, por ejemplo, para fiestas de promoción. Asimismo, algunas personas que se van a casar suelen elegir alquilar en vez de comprar un vestido de novia o un smoking porque prefieren ahorrar, teniendo la opción incluso de alquiler en estreno.

Leer Más

Hitos en la interpretación de los alcances del derecho de compensación

En el mes de julio de 2018, a través de la Casación N° 11823-2015-Lima[1] , la Corte Suprema de Justicia de la República dispuso la inembargabilidad de las remuneraciones depositadas en una cuenta de ahorros sueldo. El sustento empleado fue lo señalado por el inciso 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil,
hasta el monto de 5 URP [2] [3] .
Pese a carecer de carácter vinculante para el resto de las instituciones del sistema financiero, la referida casación constituye un hito que se suma a una lista de interpretaciones y precisiones de los alcances del derecho de compensación. En ese sentido, el objetivo del presente artículo es repasar esos hitos interpretativos, pero además entender la lógica del derecho de compensación, así como los criterios que subyacen a su aplicación.

Leer Más

La expropiación “incierta”

  1. Breve introducción: contexto del conflicto

En los últimos seis meses se están cociendo muchas habas en nuestro país, incluso más de lo que normalmente ya estamos “acostumbrados”. Son muchos los lugares y los sectores del país donde se cuecen habas de la forma más dramática. Uno de ellos es en Las Bambas (Apurímac), En efecto, hemos sido testigos de cómo los pobladores de esta zona del interior del país se han alzado en protesta contra la ineptitud del gobierno para solucionar los problemas (que se arrastran desde el 2014) relacionados a la propiedad.

En las presentes líneas, examinaré la problemática de Las Bambas desde una perspectiva jurídica. Asimismo, abordaré algunos puntos que deben tenerse en cuenta para culminar con este conflicto, el cual no solo está causando pérdidas económicas, sino también sufrimiento y malestar en las comunidades campesinas. En ese sentido, repasemos, en primer lugar, el contexto en el que ha explotado esta bomba de tiempo.

En el 2011, se realizó un Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EIA) respecto al proyecto de Las Bambas, el cual fue elaborado por “Xstrata”, Compañía Suiza que terminó siendo dueña de dicho proyecto. En el EIA, se establecía la construcción de un mineroducto desde Las Bambas hasta la mina de cobre Tintaya, también de propiedad de Xstrata, ubicado en Espinar (Cusco). De esta manera, tenemos que los componentes del proyecto en Tintaya iban a ser la planta de molibdeno, de filtros y almacenes. Asimismo, según el EIA, esta área resultaba estratégica por la conexión con Las Bambas ya que el mineral se iba a trasladar hasta el puerto de Matarani (Arequipa) a través del referido mineroducto.

En ese mismo año, Xstrata reubicó a toda la comunidad de Fuerabamba en Apurímac; acción realizada debido a que debajo del territorio de esta comunidad también había yacimientos de cobre.

Posteriormente, en el año 2014, el proyecto Las Bambas pasa a manos de la empresa estatal china MMG, a un valor de 5 mil millones de dólares. Sin embargo, como MMG era solo dueña de Las Bambas, desechó el EIA original y lo modificó entre el 2014 y el 2015 con la autorización del Ministerio de Energía y Minas cometiéndose un grave error: no se consultó a las 38 comunidades de la zona. Aquí comienza el traspié del Estado.

Como consecuencia, el proyecto de mineroducto quedó anulado y MMG determinó que el mineral se trasladaría en camiones desde el fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba, atravesando más de 400 kilómetros hacia la costa de Arequipa, siendo la manzana de la discordia los 12 kilómetros que atraviesan la parte cusqueña del fundo Yavi Yavi, ruta que ha sido reclasificada por el Estado en el 2018 como vía nacional (dominio público).

El caso es que, y aquí radica el meollo del asunto, el Estado aún no ha cumplido con pagar a estos pobladores la compensación por el uso de sus tierras, así, como muchas veces lo han recalcado los propios pobladores, descartando de ese modo estar en contra de la actividad minera. En efecto, su reclamo es porque hasta ahora no se les haya compensado el perjuicio que han experimentado al ver que las tierras de su propiedad han sido “expropiadas” a favor de la minera.

Advertido el quid del asunto, veamos a continuación qué es lo que debe tenerse en cuenta para que el Estado proceda a compensar a estas comunidades campesinas por el uso de sus tierras, respecto de lo cual, sinceramente, no tenemos la seguridad de que así serán debido a los antecedentes del Ejecutivo. 

  1. Un breve repaso sobre la expropiación 

En su artículo 70°, nuestra Constitución Política reconoce expresamente que el derecho de propiedad es un derecho inviolable, el cual debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la Ley.

Estos límites derivan de la función social que cumple la propiedad, la cual presenta una doble dimensión, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De esta manera, por un lado, la propiedad es un derecho subjetivo o individual y, por el otro, es una institución objetiva. Vista la propiedad como derecho individual, corresponde al Estado garantizarla, en la medida que es un derecho fundamental que se encuentra vinculado con la libertad personal, pues a través de él se traduce la libertad económica que tiene todo particular.

Como institución objetiva, la propiedad desempeña una función social que es propia de su contenido esencial y que, por lo tanto, le es connatural. Dicha función social es la que, en palabras del Tribunal Constitucional, precisamente “determina que, además del compromiso del Estado de proteger la propiedad privada y las actuaciones legítimas que de ella se deriven, pueda exigir también un conjunto de deberes y obligaciones concernientes a su ejercicio, en atención a los intereses colectivos de la Nación”.[1]

Así, pues, el Estado no solo reconoce la cualidad plena de la propiedad en el sentido que habilita a su titular ejercer autónomamente un conjunto de prerrogativas, sino también reserva la potestad de regular dicho ejercicio y goce mediante límites establecidos por Ley armonizando el ejercicio de los derechos del propietario con el interés colectivo social. En consecuencia, desde un enfoque constitucional el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, pues tiene limitaciones en función al interés general y al bien común. Sin embargo, estas limitaciones, en tanto representan restricciones al goce y al ejercicio de un derecho fundamental, no son abiertas[2].

Una de estas restricciones constituye la expropiación, la cual no es sino la privación del derecho de propiedad del inmueble de un sujeto privado en aras de la ejecución de obras de infraestructura o por otras razones de necesidad pública o seguridad nacional.

Según Sarmiento Méndez, la expropiación forzosa es un instrumento positivo puesto a disposición del poder público para el cumplimiento de sus fines de ordenación y conformación de la sociedad atendiendo a imperativos crecientes de justicia social[3].

En nuestro ordenamiento jurídico, además del marco constitucional que prevé la Carta Magna en su artículo 70°, la expropiación se encuentra regulada en el Decreto Legislativo N° 1192 – Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura (en adelante, el DL 1192). Es dentro de este régimen jurídico sobre el que deberá actuar el Estado para solucionar el conflicto de Las Bambas. Veamos a continuación cómo se deben de dar estos pasos.

  1. El camino legal que deberá recorrerse 

En la introducción del presente trabajo hemos señalado que el conflicto encuentra su antecedente cuando el Estado dispone y autoriza que los minerales sean trasladados a través de una ruta que atraviesa el fundo Yavi Yavi, propiedad de los pobladores de Fuerabamba. Sin embargo, en lugar de iniciar los procedimientos de adquisición o, en su defecto, de expropiación de estos terrenos, el Estado simplemente dispuso convertirlos vía nacional (dominio público).

Tan cierto es que no se ha seguido el procedimiento de expropiación de estos predios que -recientemente- en varios medios de comunicación el Ministro de Transportes y Comunicaciones ha señalado que el Estado tiene la voluntad de pagar aproximadamente S/ 300 millones de soles a las comunidades por el uso de las referidas tierras[4]. Que no se haya pagado esta compensación, requisito esencial de todo procedimiento expropiatorio como veremos más adelante, no es sino una señal de que el propio Estado ha trasgredido el ordenamiento jurídico.

De esta manera, dado que en la actualidad no se ha iniciado ni mucho menos se encuentra en trámite un procedimiento propiamente de expropiación forzosa, creemos que, en el plano de los hechos, nos encontramos frente a lo que se denomina como expropiación indirecta[5]. No obstante, este punto no lo abordaremos en el presente trabajo, pues escapa a las ambiciones del mismo.

Ahora bien, en un acto de buena fe, creamos en la palabra del Ministro de Transportes y Comunicaciones y supongamos que su declaración es cierta en el sentido de que el Estado pagará a las comunidades la compensación por el uso de sus tierras. Veamos cuál es el procedimiento de expropiación que se debería seguir.

En base a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 24° del DL 1192, tenemos que el Estado debe cumplir con los siguientes requisitos, a efectos de expropiar válidamente las tierras de las 38 comunidades: (i) emisión de una Ley autoritativa de expropiación, (ii) que se declare de seguridad nacional o necesidad pública la privación de la propiedad; y, (iii) pago previo en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya daños y perjuicios.

En relación al primer requisito, resulta necesario que el Congreso emita una norma con rango de Ley mediante la cual habilite a algún Ministerio (podría ser el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Ministerio de Energía y Minas) o al propio Gobierno Regional de Apurímac, a efectos de que prive a las comunidades campesinas e indígenas de la propiedad de sus tierras (dentro de ellas, el fundo Yavi Yavi). Todo ello sobre la base de la existencia de una causa real y apremiante de seguridad nacional o necesidad pública, dado que la expropiación compromete seriamente la titularidad de la propiedad del bien.

En cuanto al segundo requisito, debemos destacar que el DL 1192 ha acertado al eliminar la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles que se requieren para la ejecución de obras de “gran envergadura”, como estaba regulada en la Ley N°30025, debido a que la actual Constitución Política, en su artículo 70° solo reconoce la expropiación basada en causas de seguridad nacional o necesidad pública y no para aspectos vinculados con obras de gran envergadura. Consideramos que este aspecto termina siendo cuestionable, en la medida que no se debería privar al particular en su derecho de propiedad por la ejecución de obras de gran envergadura, si es en beneficio de un grupo en particular; por el contrario, reiteramos, la expropiación encuentra su fundamento en el beneficio en favor de la colectividad.

No obstante, se ha mantenido como causal de adquisición y expropiación para la realización de obras de infraestructura, lo cual tampoco está regulado en la Constitución Política. En el caso que nos ocupa, la obra de infraestructura consistiría en la ejecución de una carretera o del mineroducto a través del cual se transporte el mineral extraído de Las Bambas.

Respecto al tercer requisito, el Tribunal Constitucional ha resaltado en su jurisprudencia vinculante[6] que la indemnización justipreciada se constituye por dos elementos, esto es, el valor de la tasación comercial del inmueble materia de la expropiación, debidamente actualizado; y, la compensación que el Estado otorga al titular del bien expropiado como consecuencia de los daños y perjuicios causados, producto de dicho procedimiento, los cuales deben ser sustentados de manera fehaciente.

En ese sentido, según Lazo Guevara, “la indemnización justipreciada como consecuencia de la expropiación, no solo debe entenderse como el pago de dos conceptos a favor del sujeto expropiado, sino como una garantía que le permite obtener una indemnización o una reparación justa por la pérdida de su bien inmueble y la restricción que este procedimiento supone a su derecho de propiedad”.[7]

Entonces, en el caso que nos ocupa, el Ministro de Transportes y Comunicaciones ha señalado que el Estado pagará como justiprecio la suma aproximada de S/ 300 millones de soles; al respecto, en el momento oportuno deberá evaluarse si esa suma indicada comprende los dos conceptos antes referidos de la indemnización: el valor de los terrenos y el valor de los daños ocasionados a las comunidades a causa del acto expropiatorio.

Finalmente, consideramos importante advertir lo dispuesto en el artículo 13°, el cual señala que el valor de tasación del inmueble está conformado por el valor comercial que implica el valor del terreno, de la edificación, de las obras complementarias, plantaciones, mejoras o cultivos permanentes existentes, y en el caso de cultivos no permanentes, aquellos que hayan sido sembrados antes de la notificación del bien a expropiarse o adquirirse. El sujeto activo (entidad habilitada del Estado) y el sujeto pasivo (comunidades campesinas) pueden acordar una fecha de entrega del bien o de lo contrario, la valorización debe considerar este aspecto.

En la misma línea, el otro componente considerado en la tasación es el valor del perjuicio económico, el cual incluye la indemnización por el eventual perjuicio; es decir, el daño emergente y lucro cesante acreditados fehacientemente o que cuenten con un informe debidamente sustentado.

  1. Conclusión

 Las Bambas se ha convertido en un serio y agudo dolor de cabeza para el Estado, el cual terminará sepultado por las repercusiones sociales y económicas de esta problemática si es que permanece en la inercia. No solo basta con el diálogo la agenda debe ir más allá: se requiere acciones concretas y rápidas. Nosotros solo hemos abordado algunas directrices jurídicas que deben tenerse en cuenta si-felizmente- el Estado cumple su promesa de expropiar válida y debidamente las tierras de estas comunidades campesinas e indígenas. Expropiación que, por el momento, la consideramos incierta porque aún el panorama está plagado de claroscuros que nos impiden tener las cosas claras, máxime si reparamos en la conducta impredecible y letárgica que ha venido mostrando el Estado estos meses.


Fuente de la imagen (*) :

 [1] Ver sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 0048-2004-TC.

[2] En la sentencia recaída en el Exp. N° 03258-2010-PA/TC, el Tribunal Constitucional que estas restricciones deben cumplir los siguientes requisitos: a) estar establecidas por ley; b) ser necesarias; c) ser proporcionales, y d) hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. En conclusión, el derecho de propiedad solamente puede ser materia de restricciones por las causas y finalidades señaladas en la propia Constitución.

[3] SARMIENTO MÉNDEZ, Xosé Antón. “Expropiación forzosa, previsiones constitucionales y Comunidades autónomas.” En: Anuario de Derecho Parlamentario. N° 27. Madrid, 2013, pág. 99-100. En este sentido García de Enterría ha presentado la institución como un cauce para la más amplia intervención pública en la sociedad. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa. Ed. Facsímil de Ed. Civitas. Madrid, 1984, pág 21-22.

[4] Véase las declaraciones del titular del MTC recogidas en Gestión: https://gestion.pe/peru/politica/bambas-dispuesto-pagar-s-300-millones-comunidades-262933

[5] De forma bastante ilustrativa, en el laudo final del caso Ronald S. Lauder contra República Checa (párrafo 200), el Tribunal UNCITRAL señala que: “la expropiación indirecta es una medida que no incluye una toma manifiesta (de la propiedad), pero que efectivamente neutraliza el disfrute de la propiedad. Es generalmente aceptado que una amplia variedad de medidas son susceptibles a convertirse en una expropiación indirecta, cada caso deber ser, por lo tanto, decidido con base a sus circunstancias (específicas)”. Para un estudio amplío sobre la expropiación indirecta en nuestro ordenamiento nacional, recomendamos revisar: VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Raffo. “Expropiación indirecta. Justificación, regímenes, casos, criterios y usos”. En: Ius Et Veritas. N° 46. Lima, 2013, pág. 228-256.

[6] Sentencia recaída en el Exp. N° 0031-2004-AI.

[7] LAZO GUEVARA, Magali y REYES ROQUE, María. “Régimen legal de adquisición y expropiación de inmuebles”. En: Revista de Derecho Administrativo. N°16. Lima, 2016, pág. 244.

Página 1 de 1512345...10...Última »