Certificación ambiental: ¿Vigencia Indeterminada?

Como bien se conoce, a través del artículo VI° del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, se ha regulado el principio de prevención, el cual expresa que la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan.

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El cambio jurisprudencial del Tribunal Andino en relación con la cancelación parcial de marcas

La cancelación parcial de marcas permite evitar barreras de entrada al mercado, y que los titulares de marcas bloqueen registros de marcas para distinguir productos o servicios que no ofrecen o usan y para los cuales no evidencian ningún interés. No tiene ningún sentido, desde el punto de vista económico, proteger marcas mediante el registro si no se impone la obligación de usarlas. De igual manera, no resulta eficiente en términos económicos mantener marcas registradas que no son real y efectivamente usadas. Las marcas no usadas son barreras artificiales para el registro de nuevas marcas, barreras innecesarias en el tráfico económico que suponen un obstáculo para el ingreso de nuevas marcas al mercado, perjudicando de esta manera la libre competencia.

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La posesión del comunero integrante de una Comunidad Campesina o Nativa

La Constitución Política ha reconocido expresamente a las Comunidades Campesinas y Nativas otorgándoles un marco constitucional para su existencia, autonomía, desarrollo y participación; o, inclusión en el Estado de Derecho. Este marco tiene su origen en que somos un país multicultural y poliétnico, puesto que existen pueblos y culturas ancestrales que tienen plena vigencia en la actualidad, lo cual no puede ser desconocido por el Estado.

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El Código de Hammurabi

El origen de los seguros de decesos

El Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos creados en la antigua Mesopotamia. Fue escrito en 1750 a. C. por el rey de Babilonia Hammurabi, donde unifica los códigos existentes en las ciudades del imperio babilónico. Actualmente está conservado en el Museo del Louvre de París.
Su importancia radica en establecer la aplicación de sanciones por parte de un organismo estatal específico, reemplazando la venganza privada y compilando las costumbres de los sumerios. Se basa en la aplicación de la ley del Talión, y es también uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia, pues sugiere que el acusado o el acusador tienen la oportunidad de aportar pruebas.
En el código no se distingue entre derecho civil y penal, es decir, se dan leyes que regulan los asuntos de la vida cotidiana y leyes que castigan los delitos. Se regulan el comercio, el trabajo asalariado los préstamos, los alquileres, las herencias, los divorcios, la propiedad, las penas por delitos de robo, asesinato, etc.

Fuente de la imagen (*): https://www.almudenaseguros.es/blog/wp-content/uploads/2015/03/origen-seguros-decesos.png

¿«#QueSeVayanTodos»?

Las redes sociales, y la tecnología en general, han posibilitado que los políticos de nuestros tiempos estén en mayor riesgo de ser observados y han fomentado la participación y la movilización ciudadanas. Hace ya algún tiempo la utilización de estas herramientas ha sido la constante para convocar a la población a tomar las calles y, en ocasiones, han logrado avances democráticos importantes, como la “marcha de los cuatro suyos”, el “13M” o la “primavera árabe”.

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Desechar en vida

Qué duda cabe que los últimos hechos delictivos, que dan cuenta de violaciones sexuales a menores de edad, generan el mayor repudio social y el deseo de que los agresores reciban la mayor condena posible. Se ha llegado, incluso, a reavivar el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, condena que se encuentra proscrita en el ordenamiento jurídico peruano para este delito. Su incorporación al catálogo de sanciones penales conllevaría a la denuncia de diversos tratados y al detrimento de nuestra imagen internacional como garantes de la Democracia y los Derechos Humanos en América Latina.

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