Relaciones jurídicas entre el abogado – Cliente y los efectos hacia terceros

Introducción

El presente trabajo tiene por objeto responder a la siguiente pregunta: ¿a quién sirve el abogado en el ejercicio de su profesión? Así, si bien es cierto, se evidencia la celebración de un contrato entre el patrocinado y el abogado – negocio que implica la activación de los deberes de protección de buena fe señalados en el artículo 1362° del Código Civil- estos principios son susceptibles de extenderse a los terceros que se encuentran fuera de la relación jurídica de los contratantes. De esta manera, el abogado no solo realiza el principio de beneficencia en favor de su cliente; por el contrario, el desarrollo de su actividad se desenvuelve en el ámbito de la colectividad, de lo que se desprende la función social del profesional.

De esta manera, el problema principal es determinar la manera en que el abogado debe desempeñar sus funciones. En ese sentido, no solo debe ceñirse al contrato celebrado, sino mirar fuera de ese negocio, extendiendo – en la medida de lo posible – los efectos beneficiosos hacia los terceros. Asimismo, dos problemas con relevancia ético-jurídicos que trataremos son los concernientes al principio de la buena fe contractual y el de beneficencia; haciendo referencia también, al Código de ética del abogado.

Problemas ético jurídicos principales y secundarios

2.1 Aspectos jurídicos: temas concernientes a los contratos

El contrato según el Artículo 1351° del Código Civil es entendido como: “el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial”. En ese sentido, hay un poder que las partes tienen para determinar libremente el contenido del contrato de acuerdo a límites de la ley” (Schlesinger 2002:25); autorreglamentando sus intereses según las estipulaciones que deseen, las cuales quedarán determinadas al momento de la celebración del contrato.

Es importante mencionar que, durante las negociaciones, en el momento de la celebración, y después de la ejecución del contrato, rige el principio de la buena fe entre las partes. Así, el Artículo 1362° del Código Civil peruano menciona: “los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes”. Esto guarda relación con los deberes de protección entre las partes según la cual hay un amplio sistema de deberes de comportamiento en tres vertientes: deberes que tienden a asegurar la transferencia patrimonial objeto de la obligación; deberes adicionales de comportamiento que resulten necesarios para asegurar la finalidad de la relación obligatoria; y, los deberes de protección tendientes a proteger el interés en la integridad jurídica y patrimonial de los involucrados en la relación obligatoria. Asimismo, los deberes de protección comprenden los deberes de información y deberes de asistencia y de cuidado, los cuales surgen antes de la celebración del contrato y después de su ejecución (Rodríguez 2011: 305-319).

En base a lo señalado, se entiende que el negocio jurídico es aquel celebrado entre las partes, en el cual rige el principio de “relatividad” como indica el Artículo 1363° del CC peruano: “los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos”. Así, desde una lectura literal del artículo referido al contrato y al principio de relatividad, los negocios jurídicos celebrados solo tendrán efectos entre las partes y se basarán en el principio de buena fe no alcanzando tales beneficios a terceros, los cuales no forman parte del contrato.

2.2 Deberes de protección aún frente a terceros

Es importante señalar el siguiente extracto para sustentar los deberes de protección frente a terceros:

Los deberes de protección pueden extenderse aun frente a terceros. Por su exposición al riesgo de causarles un daño en razón del vínculo jurídico o como consecuencia de actividad de otros originados en la ejecución del contrato, es posible que se dé la extensión. Los deberes de protección – en cuanto son independientes de la prestación -surgen antes de la celebración y después de su ejecución (…) El deber general de protección busca compensar el mayor riesgo en el que se encuentran los bienes jurídicos de las partes que participan en la relación obligatoria. Estos deberes protectores se basan en los deberes de información y los deberes de cuidado y asistencia que no solo rigen entre las partes, sino también respecto de los terceros ajenos a la relación privada[1].

En ese contexto, es posible la interpretación amplia del principio de relatividad y los deberes de protección del art 1362°CC hacia los terceros ajenos a la relación jurídica privada de las partes celebrantes. Así, los deberes de diligencia, de confidencialidad, de información, del respeto a la dignidad de la persona (principios que se desprenden de la fuente mayor:”buena fe”) no solo deben circunscribirse entre la normativa autorregulada entre las partes que han celebrado el negocio; por el contrario, tales actos de previsión deben extenderse a terceros ajenos a dicha relación ante la posibilidad de un eventual perjuicio que pueda afectarlos.

III. Sobre la profesión de abogacía y la función social en el desarrollo de sus actividades

3.1 Definición del ejercicio del derecho por medio de un operador

La profesión del abogado puede definirse de la siguiente manera:

La profesión consiste en la actividad personal puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana. La profesión como campo de conductas específicas está sujeta al imperativo absoluto de moralidad y a los imperativos derivados de este. Su aplicación a las conductas propias de la profesión constituye la ética profesional[2].

De igual manera, es importante tener en cuenta la función social de la profesión, definida según lo siguiente:

Es la actividad intelectual dirigida a conseguir lo que es justo y oportuno en la convivencia social (…). El Principio de solidaridad abarca a esta unidad integral a la que llamamos persona, incorpora la presencia socio-cultural de los “otros” sin los que dejaría de ser humano, no solo por su origen, sobrevivencia y vida ordinaria, sino también porque son un referente permanente de su concepción del mundo, de sus conocimientos y de sus decisiones. (El subrayado es nuestro)[3].

Siguiendo la línea de este autor, el desarrollo de las actividades profesionales no debe configurarse solo en las relaciones entre los privados contratantes, sino que deben abarcar el contexto social como márgenes de la celebración de los contratos privados. Es decir, debido a que el ser humano es un ser coexistencial (el cual vive siempre en relación con los demás), los profesionales del derecho no se deben desentender de los otros; sino que deben actuar en base a los principios de respeto de los derechos inherentes al resto de los seres humanos.

Así también, se debe resaltar que los imperativos categóricos están constituidos por los principios que se presuponen en toda relación contractual. En ese sentido, es necesario siempre reflexionar según lo dicho por Kant y tratar a los seres humanos siempre como fines y no solo como medios para la consecución de finalidades o intereses propios.

De esta manera, si bien es cierto en las relaciones contractuales entre el abogado – cliente se evidencian los servicios profesionales como medio para la satisfacción de las pretensiones del patrocinado, este no puede desvirtuarse por ninguna de las partes. Dicho de otro modo, las personas no deben ser vistas como medios (en el sentido de instrumentos) sin vislumbrar sus derechos fundamentales; de igual manera, los contratantes no pueden actuar perjudicando a los terceros ajenos al negocio jurídico en aras de click here cumplir sus deseos.

En consecuencia, se debe considerar la idea de que el profesional actúa y desarrolla sus actividades siempre en un contexto social, en el que se relaciona con otros sujetos que merecen respeto. Así también, los principios que constituyen imperativos categóricos no solo priman entre las partes que celebran el negocio jurídico (basado en el principio de relatividad de los contratos) sino que es necesario que se extiendan hacia los terceros ajenos a esa relación privada.

3.2 El principio de beneficencia en las relaciones privadas y hacia los terceros

El bien que se alcanza o proporciona ejerciendo correctamente una determinada profesión constituye el primer criterio para decir qué actuación profesional es buena, quién es buen profesional, tanto en lo que se refiere a su competencia profesional como a su ética. Así, el principio de beneficencia es el entendimiento de actuar en beneficio de los destinatarios de los servicios profesionales, “hacer bien las cosas para hacer bien a las personas”[4].

En relación a lo anterior, se podría entender que el desarrollo profesional se circunscribe al contrato celebrado entre el abogado y su cliente. Es decir, que el principio de beneficencia implica el actuar correcto para que la consecuencia desencadene en provechosa para el patrocinado que espera ver satisfechas sus pretensiones. Sin embargo, “cada profesión tendrá que plantearse o dejarse plantear la cuestión acerca de su mejor o peor contribución no solo a los fines específicos propios de su actividad, sino a la vida humana en su conjunto (El subrayado es nuestro)[5].

Por tanto, el obrar bien del abogado no se limita en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales para satisfacer los intereses de su patrocinado. Así, el profesional debe actuar sobre la base de los seres con los que se relaciona; es decir, en la humanidad en su conjunto, buscando resultados provechosos no solo dentro de los márgenes de los contratos celebrados con los clientes específicos, sino con el universo y la cultura que lo caracterizan y que han formado el bagaje de conocimiento y valores que son inherentes a su personalidad.

Artículos pertinentes en el Código de Ética del abogado

Misión del abogado, deberes y prohibiciones fundamentales

Art 3°. – Misión del profesional

La abogacía tiene por fin la defensa de los derechos de las personas y la consolidación del estado de derecho, la justicia y el orden social. La probidad e integridad de la conducta del abogado, cualquiera fuere el ámbito en que se desempeñe, es esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia la vigencia del Estado de derecho y la vida en sociedad (…).

Art 4°. – Respeto al Estado de derecho

El abogado es parte esencial de la defensa del orden democrático a través de su participación en el sistema jurídico del país. Por ello, debe respetar la función de la autoridad y ejercer el derecho con sujeción al principio de lealtad, probidad, honradez y buena fe.

Art. 12°. – Deberes del abogado con el cliente

El abogado presta servicios profesionales a su cliente. Al hacerlo, debe actuar con responsabilidad y diligencia, y está obligado a cumplir con los deberes de información, confidencialidad, buena fe y demás deberes establecidos en el Código.

Art. 70°. – Respeto mutuo

Los abogados deben mantener el debido respeto y consideración con los demás colegas y con la parte contraria.

En consecuencia, se evidencia que el Código de Ética del abogado contiene artículos que exigen el respeto del profesional con el ordenamiento jurídico, con sus colegas e incluso los terceros. Así, se refuerza la idea que en las relaciones contractuales entre el abogado y el cliente no solo debe hacer exigencia de las reglas de la buena fe con el patrocinado, sino que esos deberes de protección se extienden hacia la parte contraria (si se tratase de un juicio), con sus colegas e incluso con los terceros que podrían ser eventuales espectadores del desempeño profesional del abogado.

Conclusiones

(i) El desarrollo profesional del abogado supone lealtad y la activación de los deberes de protección en beneficio de su cliente.

(ii) Según el Código de Ética del abogado, el profesional debe desempeñar sus funciones en base a las reglas de la buena fe, las cuales alcanzan no solo a su cliente, sino que se extienden en beneficio de sus colegas y de la contraparte.

(iii) Las relaciones entre el abogado y el cliente revisten de un carácter contractual en la que se evidencian los elementos propios de un contrato (partes, manifestación de voluntad, objeto, causa y formalidad según sea el caso); sin embargo, el desarrollo profesional no se estanca en lo referido al libro de contratos del Código Civil, sino que debe tener en cuenta los principios y reglas señaladas en el Código de ética del abogado.

(iv) Desde el punto de vista jurídico y ético, se evidencia que la prestación de servicios del abogado hacia a su acreedor no puede limitarse a la libertad contractual ejercida entre las partes. Así, es posible que los efectos del contrato sean oponibles hacia los “terceros no contratantes”; razón por la cual, también será necesario para estos el cumplimiento de los principios en su favor.


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Bibliografía

[1] Rodríguez Olmos. Deberes de protección aún frente a terceros, 2010, pp. 305-319.

[2] Llerena Quevedo, Rogelio Aproximación a la ética profesional del derecho, Lima: 2009, pp. 109 y ss.

[3] Ibíd.

[4] HORTAL, Augusto. ¿Qué son los principios?, 2da edición, pp.90-91.

[5] Ibíd.

Escrito por Andrea Lino Suárez

Andrea Lino Suárez

Abogada por la PUCP, con segunda especialidad en derecho ambiental y de los recursos naturales por la misma casa de estudios.
Se desempeña como especialista legal en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Actualmente cursa la maestría en gerencia social en la PUCP.

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