Venezuela y la OEA: Cuestiones de legitimidad y mecanismos de solución

A la fecha, la convulsión social que vive Venezuela ha dejado un saldo aproximado de 50 muertos y más de 700 heridos, sin contar a las personas que se encuentran detenidas y encarceladas, que superan las 100. Todo esto lo detalla el balance elaborado por el Ministerio Público de Venezuela, cuya Fiscal General, Luisa Ortega, ha condenado el abuso de poder de los militares, atribuyendo toda la responsabilidad al actual Gobierno[1]. Sin embargo, los efectos de estos eventos no se limitan a las fronteras venezolanas, sino que repercuten en el ámbito internacional, destacándose en particular, los últimos sucesos que han tenido lugar en la Organización de los Estados Americanos (OEA). De esta forma, el miércoles 31 de mayo, se llevó a cabo la Vigésima Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, cuyo objeto fue encontrar una solución diplomática a la presente crisis democrática.

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A propósito de Venezuela en el Mercosur: ¿cómo incide directamente a los países miembros y, específicamente al Perú?

Venezuela después de treinta y tres años como miembro de la Comunidad Andina (CAN)[1], en el 2006 abandona el bloque de integración del que formaba parte desde el año 1973 para incorporarse en calidad de Miembro Pleno al Mercado Común del Sur (MERCOSUR)[2]. Algunos autores sostienen[3] que Venezuela se distanció de la CAN y se acercó al MERCOSUR[4], porque lo calificaba como un modelo neoliberal de integración centrado en el comercio, donde lo económico cobró mayor preponderancia sobre lo político. Sumado a ello, también pudiera haber influenciado la decisión de Venezuela el carácter flexible y las limitaciones de la normativa e institucionalidad del MERCOSUR, que no generan mayores barreras a la capacidad de acción soberana de los gobiernos. En este contexto, el caso de la CAN adquiere particular relevancia, por la capacidad de acción de la Secretaria General frente a los gobiernos, la autonomía de las instituciones comunitarias, y la existencia de mecanismos (Tribunal Andino de Justicia) a través de los cuales, incluso los particulares, pueden demandar a sus respectivos gobiernos.

El ingreso de Venezuela al MERCOSUR marcó un cambio de rumbo y la política cobró un papel relevante en dicho esquema de integración. Si bien es cierto el MERCOSUR se concibió como un espacio de integración constituida sobre la base de instituciones intergubernamentales, cuyo objetivo económico fundamental es la creación de una unión aduanera para fomentar el comercio intrarregional, lo cierto es que ha cedido lugar a objetivos políticos e ideológicos, factor más desestabilizador en este momento del proceso integracionista. Esto generó muchas consecuencias negativas, tales como la constante inestabilidad entre los Estados Parte[5], falta de confianza de los demás países y otros bloques de integración[6], y lo que es más grave, no permite que el propio MERCOSUR pueda avanzar y crear condiciones favorables para la profundización de la agenda institucional de integración.

Hoy en día, el MERCOSUR necesita más economía y menos política. Más economía significa, entre otras cosas, eliminar las trabas al comercio intrarregional, invertir en infraestructura, educación, investigación y desarrollo, para hacer más eficientes las industrias locales, y promover las cadenas de valor regionales. Menos política significa no utilizar el acuerdo de integración con fines ideológicos.

A la situación reciente del MERCOSUR en este difícil marco, se suma el inminente vencimiento del plazo para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR (PAV) que hasta hora es solo parcial[7] tanto en el marco del PAV[8], como de las decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC), Resoluciones del Grupo Mercado Común (GMC) y directivas de la Comisión de Comercio Mercosur (CCM)[9] (normativa de organismos de decisión); además también, debemos añadir la anomalía que se produjo en el 2016 respecto del traspaso de la Presidencia Pro-Tempore (PPT), que de acuerdo con el orden de rotación semestral establecido, dicho país debía ejercer la Presidencia en la segunda mitad de 2016. Asimismo, siguiendo en el mismo correlato fáctico, debemos destacar la reciente ruptura del orden democrático por parte de Venezuela que ha ido deteriorándose a pasos agigantados, a tal punto que el 01 de abril de 2017 mediante declaración conjunta[10], los países fundadores lograron una caracterización de la situación política venezolana como de ruptura del orden democrático, exhortándole al gobierno de Venezuela restablecer la división de poderes, garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Bajo este difícil contexto, se puede observar que el ingreso de Venezuela como Miembro Pleno del MERCOSUR ha sido muy accidentado, generando diferencias marcadas entre la orientación del bloque y algunas políticas económicas internas de los demás países del MERCOSUR, que vienen atravesando un periodo de fragilidad y turbulencia macroeconómica, influenciado además por dificultades políticas no solamente en Venezuela sino también en Brasil, que de alguna manera repercutieron considerablemente la caída de los flujos comerciales intrazona y la inversión extranjera directa (IED) que según datos disponibles en el Informe MERCOSUR N° 21(Julio 2015 – Julio 2016) elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las exportaciones intra-MERCOSUR para el 2015 representaron el 21.1%; no obstante, en el primer semestre 2016 disminuyó considerablemente, llegando a representar el 12.3%. Mientras las importaciones intrazona para el año 2016 cayeron súbitamente representando 15,8% respecto del año 2015 que llegó a representar el 22,3%. Asimismo, la IED desde y hacia al MERCOSUR, incluyendo inversiones intrazona, durante el 2015 descendió a US$ 89.798 millones, representando un 14,3 % en comparación con el año anterior (16,8%). La mayor parte de las contracciones del comercio intra-MERCOSUR y la caída de las IED se explica no solo por la débil demanda global o el enfriamiento de las economías, sino también por las turbulencias políticas dentro del bloque; de modo que los beneficios no se generan del todo en la operatividad del mercado, el libre comercio, la participación del sector privado en la economía y el fortalecimiento de la competitividad.

Sobre la base de lo antes expuesto, nos deja lugar a profundas reflexiones sobre la situación actual de dicho bloque de integración y que sin duda alguna influye directamente no solo a los Estados Miembros sino también a los Estados Asociados como el Perú, que siguiendo algunos datos macroeconómicos contenidos en el Documento ALADI/SEC/di 2684.3 de fecha 10 de marzo de 2017, publicado por la Secretaria General de la ALADI sobre el Comercio Exterior Global, en el periodo de enero – diciembre 2016, las exportaciones peruanas a Venezuela cayeron en -52, 9% respecto al año 2015; mientras las importaciones cayeron en -63, 2% respecto al mismo año. Esta caída en el intercambio comercial se explica en gran parte, entre otros factores, a las dificultades de orden macroeconómico y políticos que viene atravesando Venezuela, circunstancia que llevo a las tendencias negativas en la coyuntura económica.

Finalmente, es importante mencionar, que los temas sociales han ganado protagonismo en la agenda interna del MERCOSUR que incluyen entre otras los temas de movilidad y migraciones. Es así que, en el año 2002, suscribieron el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) que entró en vigor desde el año 2009, facilitando la residencia de los nacionales de estos países en el territorio de los otro; sin embargo, Venezuela, a pesar ser Estado Parte del MERCOSUR, no ha firmado el acuerdo; no obstante, ante la crisis política y económica que se vive en Venezuela, algunos países como el Perú y Uruguay, por citar algunos, han decidido otorgar a estos extranjeros un permiso temporal de permanencia en el marco de sus legislaciones nacionales, con los cuales podrán estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud y tributar.


(*) Fuente de imagen: Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

[1] Actualmente los países que conforman la CAN: Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.

[2] De acuerdo con la Decisión CMC N° 27/12, Venezuela tendría el status de miembro pleno del MERCOSUR, con todos los derechos y obligaciones, treinta días después de depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de Adhesión de Venezuela (PAV). Por lo tanto, Venezuela se convirtió en Estado Parte a partir del 12 de agosto de 2012.

[3] De acuerdo a lo señalado Martínez, “la CAN había sido concebida bajo esquemas neoliberales para beneficiar a las elites y las empresas transnacionales (…)”. MARTINEZ Alberto, “De la Comunidad Andina al Mercado Común del Sur: nueva estrategia de integración de Venezuela. Venezuela, 2014, Universidad Simón Bolívar, pág. 205. Asimismo, destaca en este punto lo señalado por Arellano, “las razones que motivaron la solicitud de transformación de miembro asociado a miembro pleno del MERCOSUR por parte de Venezuela son, en esencia, de naturaleza políticas-ideológicas (…)” ARELLANO, Félix “La entrada de Venezuela al MERCOSUR: implicaciones políticas y económicas” Caracas, 2013. Instituto Latinoamericana de Investigaciones Sociales, pág. 9.

[4] Actualmente los países que conforman el MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela

[5] A manera de ejemplo podemos mencionar las dificultades y tenciones que se produjo en el 2016 respecto al traspaso de la Presidencia Pre Tempore de Venezuela, disponible en el siguiente link: http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/textos/informe/integrar101.pdf. Asimismo, a manera de ilustración, podemos destacar también la lentitud y las dificultades del bloque en los avances de negociación con la Unión Europea (UE), puede consultarse el Informe MERCOSUR N° 20 elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, disponible en el siguiente link: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7280>.

[6] Según el Informe MERCOSUR N° 21 (julio 2015 –julio 2016) del BID los movimientos relativos al posicionamiento del MERCOSUR respecto al resto del mundo fueron incipientes.

[7] Según el PAV Venezuela se obligaba a cumplir una serie compromisos establecidos en el mismo en un plazo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigencia del Protocolo, es decir antes del 12 de agosto de 2016. Dichos compromisos se referían a la liberación del comercio de bienes con los demás Estados Partes del Mercosur; la adopción y puesta en vigor del Arancel Externo Común; la incorporación del acervo normativo del bloque a la legislación nacional y la definir la situación de Venezuela respecto de los acuerdos del MERCOSUR con terceros países.

[8] En el marco de los acuerdos firmados al amparo del Tratado de Asunción y acuerdos internacionales: existe un total de 133 acuerdos, de los cuales Venezuela ratifico 15, es decir, que el nivel de incumplimiento asciende a 88%.

[9] Durante la Presidencia Pro Tempore uruguaya (primer semestre 2016), el Grupo de Trabajo sobre la adhesión de Venezuela determinó la situación del grado de incorporación de la normativa adoptada por los organismos de Decisión del Mercosur, arrojando como dato: de las 1600 normas que debía haber internalizado, incorporó 939, generando un nivel de incumplimiento de 41%. Ver el Informe MERCOSUR N° 21 Páginas 92-93.

[10] Dicha Declaración puede consultarse en el siguiente link oficial de la cancillería de Argentina: http://www.cancilleria.gov.ar/userfiles/01-04-17%20DECLARACION%20DE%20LOS%20ESTADOS%20PARTES%20DEL%20MERCOSUR%20SOBRE%20VENEZUELA.pdf

Bibliografía:

1. ARELLANO, Félix. La entrada de la Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR): implicancias políticas y económicas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Caracas, 2013.

2. MARTÍNEZ, Alberto. De la Comunidad Andina al Mercado Común del Sur: nueva estrategia de integración de Venezuela. Universidad Simón Bolívar, Venezuela, 2013.     

3. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID. Informe MERCOSUR N° 21/BID-  INTAL,  segundo semestre 2015 y el primer semestre 2016.

4. MERCOSUR. Página institucional: http://www.mercosur.int/

5. SECRETARIA GENERAL DE LA ALADI. Documento ALADI/SEC/di 2684.3, “Comercio Exterior Global”, Enero-Diciembre 2016.

6. INSTITUTO DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. Boletín Informe Integrar N° 101 disponible en: http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/sitio/index.php/site-administrator/boletin

Medidas normativas para contrarrestar riesgos en el uso de la tarjeta de crédito

De acuerdo a los reportes estadísticos de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), nuestro país cuenta con 8,091,375 de tarjetahabientes[1]. Por su parte, los reportes estadísticos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), revelan que el 43.28% de los reclamos que se presentan a nivel nacional recaen sobre servicios bancarios y financieros[2], siendo la tarjeta de crédito el producto más reclamado.

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Obras por terrenos – los proyectos de ley del Ejecutivo y del Legislativo

A raíz del fenómeno del Niño Costero se produjeron una serie de desastres naturales que han perjudicado en gran medida a la población de la costa del país, principalmente, a las que están o estaban ubicadas en las zonas adyacentes a los ríos. Según el reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil existen 16 fallecidos, 18 desaparecidos, 196,140 personas damnificadas y 1´096,684 afectadas. En el ámbito material, 24,623 viviendas colapsadas, 22375 viviendas inhabitables, 247,874 viviendas afectadas, 819 establecimientos de salud afectados, 19 colapsados y 2,391 instituciones educativas afectadas. En el ámbito vial, se encuentran afectadas más de tres mil kilómetros de la red vial nacional y 410 puentes destruidos. En la agricultura, tenemos 27,000 hectáreas de cultivo perdidas y 70 mil afectadas.

Como se podrá apreciar, los daños que se han generado son de gran cantidad, lo cual obliga al Estado a apoyarse en el sector privado para poder efectuar las labores de reconstrucción, puesto que no podrá solventar todos los gastos que se demandan de manera directa, además de que estaría sujeto a todo un procedimiento de contratación pública, el cual- como sabemos- puede demorar varios años. En este sentido, el Estado, mediante la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley No. 30556, que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, y que dispone la creación de una autoridad para la reconstrucción con cambios, creó el mecanismo de inversión de “obras por terrenos” para generar que el sector privado colabore en toda la reconstrucción y en las tareas de prevención de riesgos en forma eficiente, eficaz y en el menor tiempo posible.

Debe considerarse que a la fecha existen opciones para la participación del sector privado como las asociaciones públicas privadas, proyectos en activos, aprovechamiento de tierras eriazas para la pequeña agricultura y la ampliación de la frontera agrícola y las obras por impuestos. Sin embargo, para el caso de la reconstrucción se ha pensado y creado el de “obras por terrenos”; es decir, ofrecerle un producto especial y extraordinario al sector privado para que realice las obras de prevención y mitigación, obteniendo a cambio terrenos del Estado para que puedan realizar las actividades comerciales a las que se dedican.

PROYECTOS DE LEY SOBRE OBRAS POR TERRENOS

A la fecha existen dos proyectos de ley que pretenden regular las “Obras por Terrenos”, por lo que pasaremos a explicar, brevemente, las principales características de cada uno de ellos, sin perjuicio del resumen general consignado al final de este documento:

1. Proyecto de Ley No. 1411/2016-CR – Banca de Fuerza Popular

El Poder Legislativo representado por la Bancada de Fuerza Popular presentó el 18 de mayo del 2017, el Proyecto de Ley No. 1411/2016-CR (en adelante, “Pro PL”), denominado “Ley de obras por terrenos, en el marco de los proyectos de inversión privada aplicados en el encauzamiento y escalonamiento de ríos”, con el objeto de establecer el marco legal que regula las condiciones y modalidades de retribución o compensación de la intervención de la inversión privada en el encauzamiento y escalonamiento de ríos que genere tierras aprovechables.

Este proyecto tiene como principales características  las siguientes:

  • Solo está dirigido para obras de encauzamiento y escalonamiento.
  • Solo se entregarán en compensación y/o retribución las tierras aprovechables generadas por las obras.
  • Los proyectos de inversión son los que se establecen en el Plan Integral que aprueba el Consejo de Ministros a propuesta de la Autoridad de Reconstrucción.
  • Los procesos de selección estarán a cargo de Pro-Inversión.
  • Los Gobiernos Regionales y Locales son los que firmarán los contratos.
  • La empresa privada se compromete a transferir las obras a los respectivos gobiernos y estos a entregar la compensación o retribución respectiva.
  • Las tierras aprovechables podrán ser utilizadas para el desarrollo de diversas actividades económicas que disponga la empresa, excepto las vinculadas al desarrollo inmobiliario.
  • La supervisión estará a cargo de una entidad privada nombrada por la Autoridad de Reconstrucción.

2. Proyecto de Ley No. 1431/2016-PE – Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo presentó, el 19 de mayo del 2017, el Proyecto de Ley No. 1431/2016-PE (en delante, “Pro PE”), denominado “Ley que aprueba la inversión privada en el manejo integral de cuencas”, mediante el cual declara de interés nacional y necesidad pública, el desarrollo de inversiones en infraestructura, equipamiento, sistemas orientados a la gestión integral de cuencas para la prevención o mitigación de riesgos de desastre en los ríos en zonas de riesgo alto y muy alto, señalando de forma general las inversiones que pueden realizarse en medidas estructurales y no estructurales como: reservorios, obras conservacionistas, diques longitudinales, espigones, corrección de cauce, medidas en quebradas, muros de contención, presas de regulación, encauzamiento y escalonamiento, limpieza y descolmatación de drenes u otras que reduzcan, sustancialmente, el riesgo sobre poblaciones, terrenos de cultivo o infraestructura pública y privada, en general.

Asimismo, dispone que el objeto de esta ley es el de regular el régimen especial para promover la inversión privada en el manejo integral de cuencas para la prevención o la mitigación de riesgos de desastres en los ríos, bajo la modalidad de compensación y/o retribución en terrenos de libre disponibilidad del Estado.

Este proyecto tiene como principales características las siguientes:

  • Está dirigido para la realización de cualquier tipo de obras como: diques, muros de contención, descolmatación, limpieza, encauzamiento y escalonamiento, etc.
  • No solo podrá darse en compensación de tierras aprovechables generadas por las obras, sino cualquier otro terreno del Estado.
  • La Autoridad de Reconstrucción estará a cargo de los proyectos y selección, a su vencimiento, lo será el Ministerio de Agricultura y Riego.
  • Las empresas privadas podrán proponer las obras que quieran ejecutar.
  • Las tierras aprovechables podrán ser utilizadas para actividades agrícolas, pecuarias, industriales, habilitaciones urbanas u otros.
  • La empresa garantizará el cumplimiento de los compromisos.
  • Interviene la Autoridad Nacional del Agua, con la opinión en la viabilidad técnica de los proyectos de inversión y otros.
  • El uso de este mecanismo no limita el uso de obras por impuestos u otro.
  • No se consideran dentro de los alcances de los proyectos a las tierras en zonas de amortiguamiento, en área naturales, patrimonio arqueológico, equipamiento urbano, inventario de tierras asignadas a fondos de vivienda, tierras de cauces, riberas, de Comunidades Campesinas y otras.

3. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

De la revisión de ambos proyectos podemos extraer siete grandes temas principales a analizar:

a. Tipo de obra a ejecutar

El Pro PL dispone que solo se podrán ejecutar obras de encauzamiento y escalonamiento, en tanto el Pro PE establece que pueden ejecutarse en medidas estructurales y no estructurales como: reservorios, obras conservacionistas, diques longitudinales, espigones, corrección de cauce, medidas en quebradas, muros de contención, presas de regulación, encauzamiento y escalonamiento, limpieza y descolmatación de drenes u otras que reduzcan, sustancialmente, el riesgo sobre poblaciones, terrenos de cultivo o infraestructura pública y privada, en general.

La Novena Disposición Complementaria Final de la Ley No. 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las inversiones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios, creó el mecanismo de inversión de obras por terrenos disponiendo que:

Obras por terrenos: Dispónese que la inversión privada en el encauzamiento y escalonamiento de ríos que genere tierras aprovechables, puede ser reconocida de acuerdo a las condiciones y modalidades de retribución o compensación para el inversionista, conforme se determine mediante Ley expresa. Las modalidades de compensación que regulará dicha Ley expresa, incluirán, entre otras, la suscripción de contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo y superficie.

Pues bien, esta norma solo permite la inversión (obras) para el encauzamiento y escalonamiento de ríos y no para todas las otras obras que se mencionan en el Pro PE. No obstante, debe considerarse que a la fecha, las obras que se requieren para la reconstrucción no solo se limitan a las antes indicadas, sino que se requiere de muchas otras para dicho fin. Por ello, consideramos que, en principio, no puede limitarse o restringirse el uso de este mecanismo a obras que son necesarias, pero que son a la vez muy básicas, puesto que se requiere de otras que permitirán y/o ayudarán a la necesaria reconstrucción. Nótese que la errada técnica legislativa en la falta de descripción de las obras que pueden ejecutarse no puede generar este tipo de limitaciones.

Debe considerarse, además, que en este tipo de casos no es posible una interpretación literal de la norma, sino que debe verse el contexto y el fin de la misma, por ende, es necesario interpretarla de forma sistemática y teleológica, a fin de permitirse que se realicen otras obras que ayuden o permitan la reconstrucción y sobre todo, la prevención de riesgos. Véase que no se está integrando obras ajenas o que no sean necesarias para la reconstrucción o prevención de desastres.

b. Terrenos objeto de compensación y/o retribución

En el Pro PL se establece que los terrenos objeto de compensación y/o retribución solo serán los generados como aprovechables luego del encauzamiento y escalonamiento de los ríos; en cambio, en el Pro PE se establece que podrán ser estos y cualquier otro que no se encuentre ocupados por terceros, no estén inscritos en propiedad a favor de terceros, que no estén comprendidos en procesos judiciales, que no estén afectados por otros derechos reales, inscrito o no inscritos, o con las áreas, territorios o aquellos que no están comprendidos en el proyecto.

Como puede observarse, el Pro PL limita la entrega de terrenos, conforme a una interpretación literal de la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley No. 30556; en cambio, el Pro PE extiende los alcances a otros terrenos siempre que sean de libre disponibilidad (limitando su alcance).

De acuerdo con ello, en términos generales nos remitimos a lo expresado en líneas anteriores en la forma cómo debe interpretarse y no limitarse la entrega de terrenos. Téngase en cuenta que dicha disposición complementaria no es una norma prohibitiva, en el sentido que no prohíbe que no se puedan entregar otros tipos de terrenos.

Debe considerarse que para que el inversionista privado quiera invertir en este tipo de mecanismo, no puede limitarse la entrega a las tierras que se generen luego del encauzamiento y escalonamiento de ríos, puesto que con ello se restringe al mínimo la cantidad y tipo de inversionista, estando dirigido solo a un determinado sector. Por el contrario, si este mecanismo permite la compensación y/o retribución de las obras con terrenos de libre disponibilidad del Estado, lo hace más atractivo y amplía la cantidad y tipo de inversionistas que tendrán la voluntad de invertir en este mecanismo.

Nótese que este mecanismo debe ser atractivo para que sea “adquirido” por los inversionistas, con lo cual, se podrá generar una reconstrucción de forma eficaz y eficiente. Asimismo, debe considerarse que la entrega de terrenos de libre disponibilidad del Estado, podrá permitir la habilitación de las mismas y la construcción de viviendas, lo cual también es necesario para la reconstrucción.

En efecto, se necesitan terrenos habilitados o que puedan ser habilitados, para construir viviendas, por lo que debe generarse la continuidad de la línea de obras que permita su relación con la reconstrucción de las zonas afectadas y el apoyo y solución a los damnificados.

c. Intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Un tema en el que ambos proyectos coinciden de forma general es en el de designar al ANA como la entidad que deberá emitir opinión favorable para la viabilidad del proyecto de inversión. Si bien en el Pro PE se determina en qué supuestos específicos se requerirá de su opinión, también lo es que en el Pro PL, se establece que la evaluación del proyecto incluye la opinión de dicha entidad.

d. Garantía de las obras

Un tema de gran importancia en estos tiempos es asegurar que las empresas privadas ejecuten las obras de forma eficaz y eficiente, vale decir, cumpliendo los compromisos pactados. Por ello, en el Pro PE se establece que las empresas deberán garantizar el cumplimiento de los compromisos de inversión, lo cual puede entenderse como la exigencia de una garantía de cumplimiento. Esta garantía permitirá resguardar los intereses del Estado, puesto que en caso la empresa no cumpliera, se podría ejecutar la misma y el Estado no se verá perjudicado.

e. Entidad a cargo

En ambos proyectos, se establecen a entidades distintas a cargo del proceso de selección de las empresas para la aplicación de este mecanismo de inversión. Para el Pro PL, quien deberá estar a cargo es ProInversión; mientras que para el Pro PE, deberá ser la propia Autoridad de Reconstrucción, en los casos de proyectos de titularidad del Gobierno Nacional; y, para los casos de proyectos regionales o locales, los propios gobiernos regionales o locales.

Al respecto, discrepamos con ambas propuestas. En el caso de ProInversión, consideramos que si se pretende agilizar todo el procedimiento de selección y con ello la ejecución inmediata de la reconstrucción, lo más conveniente es que sea la propia Autoridad de Reconstrucción quien tenga a su cargo el proceso de selección. El trasladarlo a ProInversión, la cual, si bien, tiene toda la experiencia en esta clase de mecanismos de inversión, también lo es que podría generar dilaciones indebidas y retraso en el proceso de selección. Adviértase que una gran cantidad obras serán en provincia.

Ahora bien, limitar a que solo la Autoridad de Reconstrucción tenga a su cargo el proceso de selección cuando el proyecto sea de titularidad del Gobierno Nacional no es lo más conveniente. En efecto, es de público conocimiento que los gobiernos regionales y locales no son las mejores entidades en la ejecución de proyectos, solo basta ver su nivel de gasto en la ejecución de su propuesto anual, aunado a todo el tema de corrupción que se pudiera generar.

En este sentido, consideramos que sería recomendable que sea una sola entidad la que esté a cargo de todo el proceso de selección, la cual debería ser la propia Autoridad de Reconstrucción, quien deberá tener o saber los proyectos que deben priorizarse y ejecutarse de forma inmediata. Ahora bien, la Autoridad podría estar asesorada o guiada por ProInversión, pero siempre teniendo el control de los procesos.

Del mismo modo, la Autoridad de Reconstrucción debería estar a cargo de todos los procesos de selección, sean nacionales, regionales o locales, lo cual permitiría controlar y administrar de una mejor forma los procesos de selección y la ejecución de las propias obras. Esto no limita que pueda recibir el apoyo y/o recomendaciones de los gobiernos regionales y locales o delegar en ellos la supervisión de la ejecución de las obras.

Téngase en cuenta que en el Pro PL se menciona el nombramiento de una entidad privada que supervise la ejecución de las obras, lo cual es correcto y necesario para la transparencia del proceso y de las propias obras sin perjuicio de la supervisión que realice la Contraloría.

f. Uso de otros mecanismos de inversión

Debe considerarse que en el caso del Pro PE no se limita que las obras para la reconstrucción sean solo por obras por terrenos, por el contrario, se permite que se puedan utilizar otros mecanismos, por ejemplo, las obras por impuestos. Si bien, en el caso del Pro PL no se menciona este tema, también lo es que consideramos que al no consignarse su prohibición es factible su aplicación.

g. Procedimiento

En el Pro PL no se establece cual será el procedimiento a seguirse para la selección de la empresa privada que ejecutará la obra, dejándose al reglamento su regulación. Por su parte, en el Pro PE sí se mencionan algunos puntos sobre el tipo de procedimiento que se implementará, lo cual permite ir pronosticando cuál y cómo será el sentido del mismo.

Un tema que no ha sido regulado por ninguno de los dos proyectos, es el momento en que debe entregarse los terrenos. En principio, se entiende que la compensación y/o retribución se dará cuando se hubieran culminado las obras. Sin embargo, consideramos que debe analizarse la posibilidad de entregar parte de los terrenos en tanto se vayan ejecutando las obras, una especie de entrega al cumplimiento de cada una de las etapas en que se ejecuten las obras, lo cual podrá hacer más atractivo este mecanismo y además generará que el inversionista cuente con los terrenos para realizar sus actividades comerciales. Para este supuesto, si consideramos que debería establecerse garantías para el cumplimiento final de toda la obra, pudiendo ser levantada o disminuida al cumplimiento de las etapas en que se ejecuten las mismas.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Vistos los dos proyectos de ley, consideramos que en ambos existen mecanismos correctos tanto para la implementación, como para la supervisión de este tipo de mecanismos, por lo que esperamos que al momento en que sean revisados y debatidos en las respectivas comisiones y en el pleno del Congreso, pueda recogerse lo mejor de cada uno teniendo como base fundamental la reconstrucción de forma eficaz y eficiente en beneficio de la población que ha sufrido todos los desastres causados por el fenómeno del Niño Costero.

ANEXOS

Resumen general de cada uno de los proyectos de ley

Proyecto de Ley No. 1411/2016-CR – Banca de Fuerza Popular

Objeto Establecer el marco legal que regula las condiciones y modalidades de retribución o compensación de la intervención de la inversión privada en el encauzamiento y escalonamiento de ríos que genere tierras aprovechables.
Proyectos de inversión Los contenidos en el Plan Integral aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta de la Autoridad de la Reconstrucción, los cuales serán propuestos al sector privado para su financiamiento y desarrollo, estableciendo la compensación o retribución respectiva.
Selección de empresa privada A cargo de ProInversión (incluye la evaluación con la opinión del ANA, declaratoria de viabilidad, el registro y publicación en la web. Todo en un plazo de 45 días).
Contratos de inversión pública regional y local –       Los Gobiernos Regionales y Locales firmarán los contratos de inversión.

–       La empresa privada se compromete a transferir al Gobierno Regional o Local las obras ejecutadas.

–       Los gobiernos se comprometen a entregar el reconocimiento, la compensación o retribución convenida.

Limitaciones en la compensación o retribución en el destino de las tierras aprovechables –       Las tierras aprovechables podrán ser habilitadas para el desarrollo de diversas actividades económicas que disponga la empresa, excepto las vinculadas al desarrollo inmobiliario, y otras restricciones establecidas en la legislación vigente.

–       El contrato debe respetar el mantenimiento de una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios, conforme a la Ley de Recursos Hídricos.

Supervisión –       Por entidad privada (avance y calidad de la obra).

–       La contrata la Autoridad de Reconstrucción.

–       Con cargo al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales.

–       El Gobierno Regional o Local emitirá su conformidad sobre el avance y calidad de los proyectos.

–       La Contraloría se ajusta al numeral 7.4 del artículo 7 de la Ley 30556[1].

 

Proyecto de Ley No. 1431/2016-PE – Poder Ejecutivo

Declaración de interés nacional y necesidad pública –       Declárese de interés nacional y necesidad pública, el desarrollo de inversiones en infraestructura, equipamiento, sistemas orientados a la gestión integral de cuencas para la prevención o mitigación de riesgos de desastre en los ríos en zonas de riesgo alto y muy alto.

–       De manera enunciativa se podrán hacer inversiones en medidas estructurales y no estructurales como: reservorios, obras conservacionistas, diques longitudinales, espigones, corrección de cauce, medidas en quebradas, muros de contención, presas de regulación, encauzamiento y escalonamiento, limpieza y descolmatación de drenes u otras que reduzcan, sustancialmente, el riesgo sobre poblaciones, terrenos de cultivo o infraestructura pública y privada, en general.

Objeto Regular el régimen especial para promover la inversión privada en el manejo integral de cuencas para la prevención o la mitigación de riesgos de desastres en los ríos, bajo la modalidad de compensación y/o retribución en terrenos de libre disponibilidad del Estado.
Mecanismos de promoción –       Inversión privada a través de la transferencia en propiedad de tierras de libre disponibilidad aprovechables para actividades agrícolas, pecuarias, industriales, habilitaciones urbanas, turismo u otros usos de interés de quien solicite acogerse a este mecanismo, en compensación por las inversiones realizadas.

–       La inversión será en zonas donde intervenga la Autoridad de Reconstrucción.

–       No demandará uso de fondos públicos ni riesgos, solo la obligación de transferir la propiedad de las tierras a privados.

No se consideran dentro de los alcances de la presente Ley: a.       Las tierras que se encuentran comprendidas dentro de las Áreas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento.

b.       Las tierras que constituyan Patrimonio Arqueológico de la Nación.

c.        Las tierras sobre las cuales exista título de propiedad o posesión privada, comunal o pueblos indígenas.

d.       Las tierras que se encuentran dentro de los planos aprobados para fines de equipamiento urbano.

e.        Las incluidas en el inventario de tierras que hayan sido asignadas con fines de vivienda con fondos públicos, de conformidad con lo previsto en las normas de la materia.

f.        Terrenos eriazos de propiedad estatal, inscritos o no inscritos en el Registro de Predios que se hayan destinado o estén por asignarse conforme al Decreto Legislativo 994, la segunda disposición complementaria de la Ley 26505, así como cualquier otra norma con rango de Ley.

g.        Las tierras forestales y aquellas con capacidad de uso mayor forestal.

h.       Las tierras ribereñas al mar que se rigen con arreglo a su normatividad.

i.         Los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y vasos de almacenamiento que no cuenten con la autorización expresa del ANA.

j.         Terrenos eriazos de propiedad estatal, inscritos o no inscritos en el Registro de Predios donde se haya ejecutado o se encuentren en proceso de ejecución las acciones de reasentamiento, desplazamiento o reubicación de poblaciones de acuerdo a la normatividad sobre la materia.

k.       Los terrenos que se encuentren comprendidos en proyectos de APP o Proyectos en Activos, a ser desarrollados o que se encuentren en ejecución, así como los terrenos a ser subastados en el marco de dichas modalidades de inversión privada.

l.         Las tierras que formen parte de zonas turísticas priorizadas.

Compromiso del inversionista Garantizar el cumplimiento de los compromisos de inversión.
Intervención de la Autoridad Nacional del Agua (opinión) –       La viabilidad técnica de los proyectos en mitigación de desbordes de ríos.

–       La disponibilidad hídrica para el proyecto agrícola, urbanístico o algún otro uso que el inversionista planee desarrollar y que implique la necesidad de contar con permiso o licencia de uso de agua.

–       La no intangibilidad del terreno por corresponder a cauces o fajas marginales.

–       La viabilidad técnica del terreno por no corresponder a zonas inundables que representen un alto riesgo.

Terrenos de libre disponibilidad factibles de transferencia –       Aquellos terrenos generados o de riesgo mitigado, producto de las inversiones.

–       Aquellos terrenos del Estado que no se encuentren ocupados por terceros poseedores, que no estén inscritos en propiedad a favor de terceros, que no están comprendidas en procesos judiciales, que no están afectadas por otros derechos reales, inscrito o no inscritos, o con las áreas, territorios o aquellos que no están comprendidos en esta ley.

–       Los Gobiernos Regionales declararán zonas de riego alto y muy alto, en el plazo de tres meses. En defecto, será el Ministerio de Vivienda previa evaluación del CENEPRED, INGEMMET y el ANA.

Entidad a cargo –       Autoridad de Reconstrucción para proyectos de titularidad del Gobierno Nacional (Comité Especial de Promoción de Inversión Privada).

–       Los Gobiernos Regionales y Locales cuando sean proyectos de titularidad regional o local.

Procedimiento –       Se aplica el DL 1224 (APP).

–       Se puede introducir modificaciones y/o ampliaciones a la iniciativa, cuando sea conveniente y/o necesario.

–       El valor de compensación y/o retribución, conforme a estudios que se realicen.

–       El valor de terreno, conforme a la legislación de la materia (tasación).

–       La transferencia de propiedad se inscribe por documento público (contrato).

Uso de otros mecanismo No se limita el uso de obras por impuestos o cualquier otro.
Competencia Autoridad de Reconstrucción, a su vencimiento el Ministerio de Agricultura y Riego.


(*) Fuente de imagen: El Comercio

[1] 7.4 Las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías que se ejecuten en el marco de la presente Ley, se someten a procedimientos de control gubernamental, con el fin de garantizar un control eficaz sin afectar el dinamismo de la ejecución. El control se realiza de manera simultánea y está a cargo de la Contraloría General de la República, la cual podrá desarrollar directamente el control gubernamental o a través de empresas auditoras. Para tal efecto, la Contraloría General de la República aprueba un Plan de Acción de Control y podrá dictar las directivas que estime pertinentes. El control se concentra en el cumplimiento de la legalidad, mas no en decisiones técnicas sobre las que tienen discrecionalidad los funcionarios.

El Plan de Acción de Control de las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías que se ejecuten en el marco de la presente Ley, deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República en un plazo que no exceda los quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de “El Plan” aprobado por el Consejo de Ministros y deberá comprender tanto las acciones de control simultáneo como posterior.

Santiago Nino y los derechos fundamentales en Latinoamérica

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Carlos Santiago Nino es, probablemente, el filósofo del derecho latinoamericano más conocido y respetado alrededor del mundo. Nació en Buenos Aires en 1943, curso leyes en la universidad de Buenos Aires, tras esto llevo a cabo un doctorado en la Universidad de Oxford en 1977.

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Figura legal romana: el jurisconsulto “Paulus” y la Acción Pauliana

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La Acción Pauliana fue concebida en Roma, en época anterior a Cicerón, es decir, muy cerca al fin de la República. Surge paralelamente al desarrollo del Derecho Pretorio como respuesta a la iniquidad e ineficacia del “Ius Civile Quiritarium”, derecho en extremo formalista.

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