El emperador Gaozu de Tang y el Código Tang

El Código Tang tomó sus raíces en el código de la dinastía Zhou del Norte, que se basó en los códigos anteriores de Cao-Wei y Jin Occidental. Con el objetivo de suavizar las leyes anteriores y reducir los castigos físicos, como las mutilaciones, y apaciguar las tensiones sociales en los territorios Tang recién pacificados, el Código Tang fue creado en 624 a petición del emperador Gaozu de Tang. El Código Tang fue promulgado en 652 con 502 artículos en 12 secciones. Después de nuevas revisiones en los años 627 y 637 bajo el emperador Taizong, el Código Tang fue completado por comentarios en el año 653, bajo el gobierno de Gaozong.

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Eleanor Roosevelt y la Declaración Universal de los Derechos Humanos
 
Tras largos periodos de constantes violaciones a los derechos humanos producto de guerras interminables y masacres humanas, el reconocimiento universal y la declaración de los derechos humanos significó un gran paso para su respaldo. El comité encargado para el bosquejo fue presidido por Eleanor  Roosevelt junto con miembros de 18 países; redactada por John Peters Humphrey y posterior revisión por René Cassin, de tal forma, la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad París, contando con el respaldo unánime de hasta 56 miembros de la ONU, salvo Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética, pues se abstuvieron.

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Los servicios ecosistémicos forestales de almacenamiento de carbono (REDD +) en el Perú

Los servicios ambientales o ecosistémicos no son otra cosa que los beneficios que proporcionan a los seres humanos las funciones de los ecosistemas y demás componentes del ambiente, sea porque le proveen de bienes y condiciones necesarios para el desarrollo de su vida o porque impiden eventos que la ponen en riesgo o disminuyen su calidad[1].

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Comentarios a la Ley regula el uso Medicinal y Terapéutico del Cannabis y sus derivados

«La ilegalidad del cannabis es escandalosa, es un impedimento para la plena utilización de una droga que ayuda a producir la serenidad, el conocimiento, la sensibilidad y el compañerismo que tanto se necesitan en este mundo cada vez más loco y peligroso».[CARL SAGAN][2]

Hace unos días, con fecha 19 de octubre de 2017, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó por mayoría (64 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones) el uso medicinal del cannabis.

En las siguientes líneas, ofreceremos nuestra opinión jurídica sobre algunos aspectos legales de la Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados; específicamente, la finalidad de la ley, las autoridades competentes, los registros, el derecho de acceso a la información, el protocolo de tratamiento médico, el procedimiento administrativo sancionador y la modificación del artículo 296-A.

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Si Perú va al mundial, ¿Qué oportunidades se abren para los emprendedores?

El presente artículo parte de una premisa: que Perú está cerca de ir a un Mundial. Si bien nos preocupa (y apena) a todos la suspensión de Paolo Guerrero, el líder indiscutido de este proceso, somos optimistas y creemos que tendremos un resultado positivo en el repechaje frente a Nueva Zelanda. A partir de ello, evalúa las oportunidades de negocio que se abren para los emprendedores. Además, el artículo motiva al lector a identificar oportunidades de hacer dinero.

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La posesión precaria en el Pleno Jurisdiccional Distrital Civil de Huánuco: ¿más de lo mismo?

Era usual que en los procesos de desalojo el demandado se defendiera presentando un título que en apariencia le otorgaba el derecho a poseer (un arrendamiento, una compraventa o una donación), cuando en realidad se trataba de un documento adulterado que contenía un acto nulo. Cuando el demandante hacía notar ello, el demandado se defendía señalando que dicha cuestión (la nulidad del título) debía ser vista en un proceso de conocimiento y no dentro del desalojo. Frecuentemente, los jueces admitían este argumento y desestimaban la demanda, obligando al demandante a iniciar un proceso de nulidad de acto jurídico o una reivindicación en donde se pudiera discutir la validez del título posesorio del demandado.

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Vestigios de una tarea pendiente: la protección de portadores de las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial en el Perú

Cuando oigo la interrogante de por qué es el Patrimonio Cultural jurídicamente importante, se me ocurre una respuesta simple: porque representa en esencia un medio de garantía de derechos fundamentales. Asimismo, si de importancia hablamos, podemos afirmar que el Patrimonio Cultural Inmaterial ha tomado mayor importancia en la discusión a nivel internacional recién a inicios del siglo XXI con la promulgación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esto se debe principalmente a la globalización y a la época de conectividad por la cual estamos atravesando.

La pregunta que surge ahora es cuáles son los derechos fundamentales que se garantizan con la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial. Si hablamos del particular caso peruano, tenemos los que se mencionan a continuación:

  1. Derecho a participar de actividades culturales[1]: Por medio de la participación en actividades del Patrimonio Cultural, se garantiza el derecho a la participación en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la sociedad.
  2. Derecho de acceso a la cultura[2]: Por medio de la participación de actividades relativas al Patrimonio Cultural, las personas ejercen su derecho fundamental a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto (propiedad intelectual). Asimismo, el Estado es un garante del acceso a la cultura, y por lo cual es el principal responsable de fomentar su desarrollo y difusión.
  3. Derecho a la identidad étnica y cultural[3]: La identidad étnica puede entenderse como aquella individualización que generan determinadas prácticas culturales y costumbres de una sociedad. Todos nos hemos identificado alguna vez con alguna costumbre intangible de nuestro país: la música, la comida, el idioma, el deporte, etc. Esa identidad es reconocida y debe ser protegida por el Estado, y demuestra la existencia de una pluralidad étnica y cultural en nuestro país.
  4. Libre desarrollo de la personalidad[4]: Mediante la participación en actividades culturales relativas al Patrimonio Cultural Inmaterial, se hace posible ejercer nuestra autonomía para decidir en los asuntos que sólo le atañen a cada uno como individualidad racional. La práctica de actividades culturales nos conecta con nuestra autoconcepción y nos reafirma en nuestras propias decisiones.

Asimismo, la protección del Patrimonio Cultural asegura valores constitucionales como la diversidad[5], en la medida que el Patrimonio Cultural Inmaterial es un medio para que todas las personas desarrollen libremente y sin impedimentos sus ideas y costumbres. Al reconocer el Estado una manifestación de Patrimonio Cultural Inmaterial, reconoce a su vez la existencia de ciudadanos que la portan y practican, por lo cual se hace responsable directo de garantizar sus derechos.

Dicho todo lo anterior, es necesario apagarnos la sonrisa y observar que, a pesar que hay garantías constitucionales que amparan al Patrimonio Cultural Inmaterial y a quienes ejecutan sus manifestaciones, aún no podemos decir que la batalla ha sido ganada. Por hablar de números, en Perú solo el 1.58% de actividades que contribuyen al PBI son actividades culturales. Por otra parte, solo el 4.3% de empleos en nuestro país tiene una base cultural, y una gran cantidad de estos tienen una condición deficiente e inestable, lo cual nos coloca en un lamentable panorama de precariedad para el empleo cultural.

Y si hablamos de aspectos puramente normativos, es indispensable mencionar que nuestro país no cuenta con una regulación de la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Nuestra ley de Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento tienen a penas una escueta definición del Patrimonio Cultural Inmaterial y, por si esto fuera suficiente, la mayoría de la reglamentación se encarga de tratar el Patrimonio Cultural Material, y realiza un incisivo realce en el Patrimonio Arqueológico. Esta situación, además de ponernos en una clara posición de incertidumbre normativa, nos demuestra una vez más que para la Administración Pública, la “cultura” solo es la historia, mas no el presente, hecho que nos merecería una discusión más profunda, pero para no excedernos, seguiremos.

Ahora bien, si hablamos de Patrimonio Cultural Inmaterial es necesario hablar de los “portadores”. Este término es una jerga para antropólogos, sociólogos, comunicadores y gestores culturales, pero curiosamente no es conocida por nuestras normas, por lo que menos aún por nuestros legisladores y por los operadores del derecho en general. Un portador de las manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial se define entonces  como aquella persona que “porta” o “ejecuta” una determinada manifestación. Es básicamente aquel individuo mediante el cual se manifiesta el Patrimonio Cultural Inmaterial, es por ello que se hace imprescindible para su existencia. Por poner algunos ejemplos: para un idioma, el portador es el hablante; para una danza, el portador es el bailarín, el coreógrafo y quien fabrica su traje; para un estilo de música, el portador es quien elabora el o los instrumentos, quien  ejecuta la melodía y quien la compone. No es posible hablar de una manifestación de Patrimonio Cultural Inmaterial si no hablamos de sus portadores.

La pregunta que sigue a continuación es ¿quién protege a estos portadores? Un constitucionalista dirá optimista “la Constitución”, un civilista dirá segurísimo “el régimen jurídico privado”. Lo cierto es que al día de hoy, no hay ningún régimen normativo que habilite políticas públicas de protección a los portadores de manifestaciones culturales, más allá que lo dispuesto por nuestra Constitución.

Para poner sobre la mesa un ejemplo que contextualice esta problemática, comentaré una situación cuasi personal. La Festividad de la Virgen de la Candelaria tiene como locación la ciudad de Puno en el mes de febrero y es por muchas razones uno de los carnavales más grandes en el sur andino peruano. Congrega a más de 100,000 danzarines, músicos, bordadores y turistas en solo dos semanas y en el 2014 ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Cada nuevo año que pasa, es posible observar que la cantidad de portadores de esta manifestación se multiplica. Deseo hacer especial énfasis en aquellos portadores de esta manifestación que no residen en la ciudad de Puno y que, año a año, ahorran sin retribución a cambio su dinero para poder viajar y ser parte de la festividad. En ese sentido, es claro observar que tanto los hospedajes como los medios de transporte para llegar al destino colapsan en estas épocas. Como debería ser lógico, a la par de este aumento de demanda por las fiestas, la oferta de servicios tendría que crecer, no obstante, esto no sucede así.

Hasta hace unos años, en el aeropuerto Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca –el único en el departamento de Puno- era posible encontrar de tres a cuatro empresas que ofrecían la ruta directa Lima – Juliaca. No obstante, al día de hoy solo existen dos aerolíneas y los precios en las fechas de fiesta están más caros que un vuelo Lima – Santiago de Chile. ¿En qué afecta esta situación a un portador? Un danzarín portador de esta manifestación de Patrimonio Cultural Inmaterial -reconocida por el Estado y la UNESCO- está totalmente desprotegido y a la merced de precios altísimos, que dificultan cumplir con su objetivo de participar en esta festividad, lo cual afecta también derechos culturales en la medida que se dificulta el acceso a estas actividades. Y, lo que es peor, no hay a quien acudir.

Es necesario que el Estado no solo se preocupe por las manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial reconociéndolas, difundiéndolas y estudiándolas, sino que se encargue de proteger a quienes están detrás de la existencia de éstas. Recordemos que el Patrimonio Cultural Inmaterial es defendible en la medida que mediante esta acción se protegen derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. Es por esta razón que aún hay mucho por hacer.


(*) Fuente de Imagen: Orlando Gonzales Gamarra

[1] Artículo 2°, numeral 13 de la Constitución Peruana.

[2] Artículo 2°, numeral 8 de la Constitución Peruana.

[3] Artículo 2° numeral 19 de la Constitución Peruana.

[4] Artículo 2° numeral 1 de la Constitución Peruana.

[5] Artículo 17.- Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria (…)El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.

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