A propiciar una participación política equitativa y eficaz ¿Realmente estamos orientados a cerrar brechas?

Muchas horas y espacios han sido empleados sobre todo en los últimos tiempos para tratar distintos aspectos sobre democracia, igualdad de derechos, empoderamiento, justicia, y nuestros tan ansiados intentos de reformas. Como sabemos, todos estos temas involucran ideas y propuestas divergentes por parte de varios sectores ya sea a favor o en contra, optándose por tratarlos en forma apasionada en sus inicios, para luego de algún tiempo dejarlo en suspenso, ya sea porque se desgastó el debate, por el cambio de prioridades o porque simplemente las autoridades políticas del país no logran enfocarse en las prioridades.

En esta oportunidad, encontrándonos ad portas de la realización de un proceso electoral de alcance regional y municipal, viene bien revisar algunas cifras relacionadas con la participación política de la mujer para determinar si el contexto actual tiene visos de impacto positivo respecto de la aplicación del mecanismo de la cuota de género con relación al último proceso electoral subnacional, en el marco de la exigencia legal introducida a partir del año 1997, por la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

En las elecciones regionales y municipales del año 2014, del total de aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, un 38.84% estuvo representada por mujeres, un 21.81% de candidatas se encontraban en posición de ser elegibles, mientras que, del total de autoridades electas, finalmente sólo un 24.60%, resultaron ser femeninas (Fuente: Base de Datos de Infogob – Observatorio para la Gobernabilidad, del Jurado Nacional de Elecciones).

Estas tres cifras denotan tres aspectos determinantes: la primera, el interés por parte de las mujeres para participar activamente en política; la segunda, la ubicación que obtienen en las listas; y, la tercera el resultado de la voluntad popular de querer ser representada por mujeres.

En contraste, el escenario del proceso electoral en curso denota, aunque ciertas mejorías en cuanto a cifras, que no son aún significativas porque tan solo un 39.54% viene siendo representado por candidatas mujeres mientras que el 25.13% de la oferta política femenina tiene una posición de elegibilidad. Cuando se proclamen los resultados finales, podremos determinar si esta mejoría ha sido extensiva también en el rubro de elección (Fuente: Base de Datos de Infogob – Observatorio para la Gobernabilidad, del Jurado Nacional de Elecciones).

Sin lugar a dudas, la igualdad de oportunidades genera desarrollo no solo para la persona beneficiada o para su entorno sino también para el país, y es por ello que, debe significar una lucha constante avanzar hacia una sociedad realmente paritaria en cuanto al acceso a la política. Son distintos los factores que han relegado esta aspiración como país, muchas veces por aspectos externos y  otras por propia desidia de las distintas autoridades que hemos tenido en turno, y enfatizo que no ha sido una lucha como país a la luz de su real dimensión de los grandes beneficios que esto significaría, sino que solo ha sido una lucha temporal del grupo etario femenino directamente afectado.

En diversas sociedades, como la nuestra, la mujer ha ido ganando poco a poco presencia en distintas facetas sea emprendiendo un negocio u ocupando un cargo directivo en su profesión; sin embargo, a nivel de la política pese a los esfuerzos de las sucesivas disposiciones legales sobre cuotas, no se han alcanzado los resultados esperados; y, esto porque considero que la oportunidad de acceso a la política efectiva debe ir de la mano con la promoción de oportunidades de evolución en la cultura cívico – ciudadana. La deseada igualdad no se logra solamente con la expedición de reglamentaciones que resultan obligatorias solo por el mero cumplimiento de requisitos en un determinado proceso electoral sino con transformación ciudadana real y sostenible en el tiempo, porque tanto quienes aplican las leyes y ejercen su derecho al voto son personas, y que mientras no cambien su forma de pensar, lamentablemente no cambiarán su forma de actuar.

Al respecto, quiero englobar una serie de situaciones que las mujeres gratuitamente adolecen tan solo por mostrar interés en formar parte del grupo principalmente conformado por varones incursionados en política. El más popular de estos tiempos, el acoso político, que es una modalidad de violencia de género, que son víctimas ya sea porque son difamadas en su ámbito personal o profesional, o porque sufren de violencia psicológica con prejuicios machistas de la sociedad, el hostigamiento por parte de sus contrincantes y en algunos casos por parte de los medios de comunicación, la obstaculización sistemática en sus intervenciones o falta de interés de sus propuestas al conformar un concejo municipal e inclusive desde la amenaza hasta la comisión de delitos para ejercer presión en su contra hasta lograr que abdiquen de su intento por mantenerse en la vida política.

Estas actitudes solo son el reflejo de una idiosincrasia adentrada por una sociedad que no cae en cuenta de su realidad limitada e involucionada de la falta de norte que como país debemos aspirar porque solo incurren en el “facilismo” de decir que la mujer tiene habilidades para diversas tareas, pero no para la política.

Pero, ¿por qué las mujeres tenemos que asumir estas prácticas como parte de nuestra realidad? Esta pregunta no conlleva a su negación per se porque obviamente no podemos negar la realidad, sino que debemos propiciar un verdadero cambio de percepción en la ciudadanía porque, considero que nos compete a nosotras dar el primer paso real de cierre de brechas.

Sabemos que, en cuanto a la presentación de listas de candidaturas, la presencia femenina sí resulta oportuna para superar el filtro legal exigido en el cumplimiento de las cuotas de mujeres pero pierde protagonismo y relevancia cuando de ubicación de lista se trata, y que precisamente es impuesta por la propia organización política generando la reducción en la posibilidad de su elegibilidad efectiva.

Este primer aspecto podría eventualmente superarse por una alternancia obligatoria, donde se propicie las mismas oportunidades de una mujer y un hombre para ser elegidos, al ser colocados uno seguido del otro en la lista de candidatos hasta completar la nómina, constituyendo así una medida de discriminación positiva para asegurar la presencia de la mujer en la representación.  Adicionalmente a ello, podría elucubrar en tentar la posibilidad de contar con una modalidad de voto preferencial para elecciones subnacionales, pero por el momento, click here solo resulta una idea vaga y aislada.

Pero esto tiene que ir más allá.

No considero que deba asegurarse solo el acceso de la mujer a un cargo político, dicho en otra forma, no considero que sea suficiente, sino que debe apuntarse a que su permanencia sea sostenible y que, sobre todo, exista una real eficacia en cuanto a la generación de valor agregado a la gestión pública.

Es ampliamente conocido que existen casos donde las autoridades femeninas son rezagadas a la hora de tomar decisiones al interior de un concejo municipal. Es por ello que, en primer lugar, las mujeres actualmente activas en política, de oficio, deben buscar espacios para hacerse visibles en forma positiva, mostrar los logros de su gestión en forma periódica, deben demostrar con hechos y resultados que están a la altura de sus cargos, que se esfuerzan por tener una preparación constante y superar sus brechas personales, deben constituirse en lideresas no con discursos aprendidos para determinada coyuntura sino que sean reconocidas como producto de su trabajo ético y permanente. Con esta demostración efectiva, la población y, por ende, el electorado entenderá, que las mujeres estamos preparadas para servir a nuestro país por medio de la política, de una manera honesta y no improvisada, y por lo tanto, para ocupar y/o mantenernos en un cargo político. En este aspecto, la prensa debe constituirse en un aliado para promocionar las buenas prácticas que las mujeres puedan realizar durante su gestión; así también, las instituciones académicas deberían incluir en sus sílabos cursos sobre lecciones aprendidas donde se dé oportunidad a las mujeres exponer sus experiencias durante el ejercicio como funcionarias públicas para que sirvan de ejemplo y referente para generaciones venideras.

En cuanto a las mujeres que tienen aspiración de incursionar en política, esta travesía debe iniciarse con una preparación que debe ser impulsada por parte de las organizaciones políticas que las proponen. Considero que estas organizaciones deben convertirse en verdaderos reclutadores del capital humano con potencial en política a lo largo del país porque precisamente esta diversidad de realidades de sus lugares de origen, enriquecerán el espectro para idear un plan acorde a la necesidad real del país, y, para ello, deben destinar una parte del financiamiento que cuentan para formación exclusiva y conformación de cuadros femeninos generando la competitividad y meritocracia interna entre las mujeres. En sí, los aspirantes a candidatos reclutados de diferentes partes del territorio nacional deben ser adiestrados en asuntos que involucrarán su desempeño como autoridad política para luego ser propuestos los mejores dentro de su promoción. Esto involucra un periodo de tiempo que, de pronto, muchos no estarían dispuestos a transitar.

En suma, considero que las reformas legales son necesarias, porque marcan una primera pauta, en cuanto a obligatoriedad concierne, pero ello eso solo constituye el primer peldaño de una reforma ciudadana integral, que nuestra sociedad espera; y, esto, viene de la mano con la educación desde su primera etapa. Desde pequeños deben promoverse la práctica de los valores democráticos como el respeto, la igualdad, la tolerancia, el pluralismo, y también a la identidad y el amor al prójimo. Estos contenidos deben ser inculcados a lo largo de toda la formación, llegando a cursos sobre ética desde la educación secundaria hasta la universitaria.

Para tal efecto, antes que se apruebe una ley, debe propiciarse un trabajo articulado interinstitucional, donde todas las entidades que tienen directa o indirecta participación en mérito a sus competencias, aporten desde sus enfoques y perspectivas. Aunado a ello, las autoridades mujeres deben formar parte de este equipo de trabajo porque quién mejor que ellas para que expongan sus propias experiencias.

Considero que las políticas deben buscar la mitigación de desigualdades enfocándose primero en atender las necesidades de la sociedad bajo una óptica de conjunto país para ir cerrando brechas transversales, y, a partir de ello crear normas eficientes y eficaces para ese fin.

Si pese a que han transcurrido más de veinte años a partir de la expedición de la ley que por primera vez introdujo las cuotas, y que a la fecha no se ha logrado una igualdad de oportunidades para que las mujeres participen en política, podríamos afirmar que no adolecemos de carencia respecto a normativa electoral, claro está desde mi perspectiva personal.

Escrito por Diana Lisseth Escobar Alarcón

Diana Lisseth Escobar Alarcón

Abogada por la Universidad de San Martín de Porres. Egresada de la maestría de Derecho Procesal por la misma universidad. Más de 10 años de experiencia en el sector público.

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