El control de convencionalidad y los estándares de la Corte IDH: fundamentos y críticas sobre la fuerza vinculante de los estándares interamericanos

  1. Introducción

A partir del caso Almonacid Arellano vs. Chile (2006) se incorporó el control de convencionalidad en el lenguaje y la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH)[2]. Este control, a partir de un análisis de compatibilidad entre una norma de derecho interno (constitución, ley y/o reglamento) y una norma de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), permite a los jueces interamericanos y nacionales preferir la norma convencional frente a la norma nacional.

Una de las múltiples consecuencias que tiene esta herramienta en la práctica de los jueces nacionales es la incorporación de los estándares interamericanos (contenidas en las opiniones consultivas y sentencias sobre casos contenciosos de la Corte IDH) en su práctica de control de constitucionalidad interno, con lo cual los estándares se integran al denominado bloque de constitucionalidad (las normas formal y materialmente constitucionales que permiten analizar la constitucionalidad de normas de rango legal y reglamentario).

Esta incorporación abre un debate interesante en torno a si dichos estándares tienen fuerza vinculante, y si lo tuvieran, en qué grado vinculan a los jueces nacionales. Esto es, si por el solo hecho de haber sido emitidos por la Corte IDH un juez nacional está vinculado y, por ende, debe obligatoriamente aplicarlo en las controversias que resuelve. De ahí que resulte de interés reseñar los fundamentos a favor y las críticas que se han venido formulando en torno al tema.

  1. Argumentos a favor de la fuerza vinculante de los estándares de la Corte IDH

Desde la perspectiva que apuntala la fuerza vinculante de los estándares interamericanos tenemos diversas líneas de argumentación:

  • Desde la posición institucional de la Corte IDH: Esta ha señalado que, a partir de las competencias establecidas en la CADH a su favor (artículo 62.3)[3], es la intérprete autorizada de la CADH y por ende sus interpretaciones forman parte de dicho instrumento, por lo que su aplicación debe efectuarse según las interpretaciones que ha ido fijando en las sentencias sobre casos contenciosos y opiniones consultivas que ha emitido.
  • Desde el Derecho Internacional: El cumplimiento de las disposiciones de la CADH debe efectuarse según los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica respetar su finalidad tutelar, para lo cual debe tenerse en cuenta las interpretaciones que sobre esas disposiciones ha emitido la Corte IDH.
  • Desde el deber de adecuación que se desprende de la CADH: Esta ha establecido que todos los Estados que la han ratificado deben adecuar su derecho interno a sus disposiciones para garantizar el respeto a los derechos y libertades reconocidos por ella (artículo 2 de la CADH[4]). Para lograrlo los Estados deben seguir los estándares de la Corte IDH que, en tanto interpretaciones de la misma, establecen su significado haciendo más factible su comprensión para las autoridades estatales.
  • Desde la práctica judicial interna: Los diferentes tribunales constitucionales o cortes supremas de los Estados que han reconocido la competencia de la Corte IDH reconocen también, en mayor o menor medida y con diferente grado de intensidad, la fuerza vinculante de los estándares interamericanos.
  1. Argumentos de crítica sobre la fuerza vinculante de los estándares de la Corte IDH

El debate en torno a la fuerza vinculante de los estándares interamericanos no ha sido pacífico, pues también se ha desarrollado una línea de crítica a las posiciones favorables a la fuerza vinculante de los estándares interamericanos, al respecto tenemos:

  • Desde una perspectiva argumentativa: Apelar a la posición institucional de la Corte DH para sustentar la fuerza vinculante de sus estándares es apelar a su propia autoridad, en tanto sus estándares serán vinculantes por cuanto han sido establecidos por ella, lo que implica incurrir en una falacia argumentativa: petición de principio, dar por sentado aquello que se quiere sustentar (son vinculantes porque la Corte IDH dice que lo son).
  • Desde el Derecho Internacional: Un principio basilar del derecho internacional es el consentimiento de los Estados, a partir del cual, solo resultan vinculantes aquellas obligaciones expresamente establecidas en el tratado internacional, y desde el texto de la CADH no se desprende que los estándares de la Corte IDH sean vinculantes para todos los Estados, la CADH solo ha establecido que el fallo de una sentencia es vinculante para el Estado condenado (artículo 68.1 de la CADH[5]).
  • Desde la práctica judicial interna: El que algunos tribunales constitucionales y cortes empleen los estándares de la Corte IDH no implica que sean vinculantes, sino que corresponde a las propias cortes nacionales determinar las fuentes de derecho que utilizarán para resolver las controversias que conocen.
  • Desde la teoría de la democracia.- La Corte IDH no puede establecer como vinculante sus estándares en la medida que ella adolece de legitimidad democrática para ello, dado que no ha sido elegida para establecer estándares vinculantes, sino para garantizar los derechos humanos en la región a través de sentencias sobre casos de graves violaciones a los derechos humanos, y su interpretación contenida en opiniones consultivas que no tienen más efecto que el servir de referente sobre la interpretación de la CADH, puesto que los Estados pueden tener otras interpretaciones (incluso más protectores que los de la Corte IDH).

 

  1. A modo de conclusión: una posible ruta de investigación

Como puede advertirse del resumen efectuado, el tema descrito genera distintas líneas de argumentación, tanto a favor como críticas, que ameritarían un mayor desarrollo y análisis, lo podría ser abordado en futuras entregas.

Desde una perspectiva teórica, las diversas aristas que deberían ser abordadas, para un mejor tratamiento del tema, serían:

  • Desde click here la Filosofía del Derecho: ¿los jueces interamericanos pueden crear derecho?, ¿bajo qué condiciones?, ¿con qué alcances?;
  • Tomando la Teoría del Derecho: ¿las sentencias de los jueces y cortes internacionales son fuente de derecho? ¿a título de qué serían fuente de derecho?
  • A partir del Derecho Constitucional: ¿el concepto de Constitución que tenemos resulta adecuado para comprender la interrelación entre derecho internacional y derecho interno?;
  • Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: ¿cómo se conjugan los principios de subsidiariedad y pro homine en la ordenación de fuentes y de ordenamientos en la resolución de casos vinculados con el respeto y garantía de los derechos humanos?; y
  • A partir de la perspectiva del Derecho Internacional Público: ¿los jueces internacionales crean derecho?, ¿cuál es el alcance y los grados de vinculación de las sentencias de tribunales internacionales?

Estas cuestiones de carácter teórico-conceptual, deberían ser complementadas con la observación de lo que sucede en la práctica, esto es, observar y analizar cómo los jueces nacionales de los distintos niveles, especialmente, los tribunales constitucionales y cortes supremas, incorporan los distintos estándares interamericanos en su práctica judicial.

 


Fuente de imagen: https://www.google.com/search?q=corte+idh&tbm=isch&tbs=rimg:CWvlSrE_1pqc-Ijhv110B5U87576ZZ6SkSb41oW2M7b_1JEvMbqMU84qaI_1CNBrUYEfVPKx1qxT1L07YqHNU2u1rWhkioSCW_1XXQHlTzvnEbvD-Hp_1Nzv0KhIJvplnpKRJvjURqLwRxfcU6SwqEgmhbYztv8kS8xFTyOKeRO0-

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Bibliografía:

[1] El presente trabajo retoma, de forma resumida, lo desarrollado en el capítulo 2 de la tesis del autor titulada: “La fuerza vinculante de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: alcances y límites” (2018), por lo que remito a dicho trabajo para desarrollos más detallados de los argumentos aquí reseñados, así como para revisar las fuentes respectivas. El trabajo citado puede ubicarse en el repositorio de la PUCP en la siguiente dirección electrónica: <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/13393>.

[2] En el muy citado párrafo 124 de la sentencia del caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte IDH señalo lo siguiente:

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

[3] CADH. Artículo 62 numeral 3.- La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.

[4] CADH. Artículo 2.- Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

[5] CADH. Artículo 68.1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.

 

Escrito por Juan Carlos Diaz Colchado

Magíster en Derecho Constitucional y en Investigación Jurídica por la PUCP. Profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales (GIDCYDEF-PUCP).

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