Una nota sobre el debido proceso parlamentario desde la Opinión Consultiva 2-2014 de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República

1.- Relaciones Congreso-Poder Judicial-Tribunal Constitucional

Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, que el Congreso de la República elabore un informe técnico, a modo de opinión consultiva, sobre los alcances en el uso de sus atribuciones a la luz de los derechos fundamentales que puedan verse afectados, refleja la importancia de una comisión parlamentaria como la de Constitución y Reglamento así como el grado de influencia de la denominada constitucionalización del Derecho y de la Política.

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Fashion Law o Derecho de la Moda: una nueva especialización

La moda siempre ha sido, es y será parte de nuestra historia y de la evolución del ser humano, es una forma de expresión, de lo que se siente, una parte de nosotros que sirve para revelar nuestra personalidad y estado de ánimo. Así lo entendieron desde la época de Egipto, Grecia y Roma, pasando por los vestidos medioevales o de la revolución francesa hasta llegar a la diseñadora Coco Chanel, quien revolucionó el mundo de la moda con sus diferentes conceptos, tales como el uso del sastre y del Little Black Dress (LBD), pasando a la época contemporánea con la utilización de los pantalones palazos de los años 70’s o las hombreras de los 80’s, por citar algunos ejemplos.

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Una lectura crítica a la enseñanza del Derecho en el Perú

Es lamentable que en el Perú la principal aptitud necesaria para que un estudiante tenga éxito en sus estudios de Derecho es la memoria. Bajo esa perspectiva no hace falta ser creativo o crítico para sacar altas notas, pues sólo basta dedicar algunas horas a un esfuerzo casi mecánico de memorización de códigos y leyes para asegurar un 20 de calificación. Esa idea de que es buen abogado quien sabe de memoria la letra de los códigos y leyes debe ser desterrada de la docencia universitaria.

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Los Juzgados Constitucionales: Las cenicientas del Poder Judicial

Domingo García Belaunde nos decía que en el Perú la “especialidad” del juez constitucional no es gracias a los estudios que éste tiene sobre temas de Derecho Constitucional, sino simplemente por el epígrafe de su despacho. He ratificado por enésima vez lo expresado por el maestro, por ejemplo, ayer acudí a un importante Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima a efectos de averiguar las razones del porqué un proceso de amparo se encuentra en trámite hace más de 5 años, y el juez encargado de dicho despacho justificó su lentitud con argumentos –estrictamente formales y legalistas– típicos del Estado Legal de Derecho.

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La criminalización de la protesta social bajo tres lentes

Interesado por el rol del derecho y del sistema de justicia penal en la criminalización de la protesta social, decido escribir estas líneas luego de estar presente en el juicio oral del proceso penal por disturbios en contra de dirigentes de Espinar el pasado jueves 20 de agosto. La idea de trabajar con tres tipos de miradas diferenciadas responde a la intuición de que cada uno arroja información útil para la comprensión del fenómeno. Mientras los contextos globales o nacionales muestran patrones de actuación del Estado, así como estadísticas sobre muertes, heridos y/o desaparecidos, rodeados de una retórica derecho-humanista propia de los organismos de sociedad civil, las miradas micro pueden develar poco a poco los efectos de la violencia simbólica del derecho en las personas. Me eximo de terminar este escrito con conclusiones pues todavía me encuentro en una etapa preliminar de mi observación y porque espero que cada “Lente” sea capaz de mostrar su utilidad por sí mismo.

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Los inicios del constitucionalismo peruano: la Constitución de Cádiz y su impacto

Tras la convocatoria a las Cortes Generales y Extraordinarias en 1808, y la posterior elaboración, proclamación y jura de la Constitución de Cádiz de 1812 asistimos, por primera vez, a la “práctica” de encontrarnos inmersos en un singular proceso constituyente, y luego hallarnos regidos bajo un texto constitucional, que afectó de diversas maneras la vida política y social de lo que hoy es el territorio peruano. Este impacto, sin embargo, no fue ni pacífico ni lineal, pese a la brevedad del interregno.

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Criminalización de la protesta y el consenso represivo

En el Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en las Américas (2011)[1], la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio cuenta pormenorizada de cientos de casos de asesinatos, ejecuciones, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, hostigamiento, actividades de inteligencia, uso abusivo de la fuerza policial y apertura de procesos penales contra disidentes políticos en más de veinte países americanos. Algunos grupos minoritarios son las principales víctimas de lo que sería una confluencia entre Estado, medios de comunicación y empresarios (formales, informales e ilegales), para criminalizar protestas sociales persiguiendo a líderes sindicales, campesinos e indígenas, así como a defensores del medio ambiente, de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexo, y a defensores de trabajadores migrantes.

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