Los Juzgados Constitucionales: Las cenicientas del Poder Judicial

Domingo García Belaunde nos decía que en el Perú la “especialidad” del juez constitucional no es gracias a los estudios que éste tiene sobre temas de Derecho Constitucional, sino simplemente por el epígrafe de su despacho. He ratificado por enésima vez lo expresado por el maestro, por ejemplo, ayer acudí a un importante Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima a efectos de averiguar las razones del porqué un proceso de amparo se encuentra en trámite hace más de 5 años, y el juez encargado de dicho despacho justificó su lentitud con argumentos –estrictamente formales y legalistas– típicos del Estado Legal de Derecho.

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La criminalización de la protesta social bajo tres lentes

Interesado por el rol del derecho y del sistema de justicia penal en la criminalización de la protesta social, decido escribir estas líneas luego de estar presente en el juicio oral del proceso penal por disturbios en contra de dirigentes de Espinar el pasado jueves 20 de agosto. La idea de trabajar con tres tipos de miradas diferenciadas responde a la intuición de que cada uno arroja información útil para la comprensión del fenómeno. Mientras los contextos globales o nacionales muestran patrones de actuación del Estado, así como estadísticas sobre muertes, heridos y/o desaparecidos, rodeados de una retórica derecho-humanista propia de los organismos de sociedad civil, las miradas micro pueden develar poco a poco los efectos de la violencia simbólica del derecho en las personas. Me eximo de terminar este escrito con conclusiones pues todavía me encuentro en una etapa preliminar de mi observación y porque espero que cada “Lente” sea capaz de mostrar su utilidad por sí mismo.

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Los inicios del constitucionalismo peruano: la Constitución de Cádiz y su impacto

Tras la convocatoria a las Cortes Generales y Extraordinarias en 1808, y la posterior elaboración, proclamación y jura de la Constitución de Cádiz de 1812 asistimos, por primera vez, a la “práctica” de encontrarnos inmersos en un singular proceso constituyente, y luego hallarnos regidos bajo un texto constitucional, que afectó de diversas maneras la vida política y social de lo que hoy es el territorio peruano. Este impacto, sin embargo, no fue ni pacífico ni lineal, pese a la brevedad del interregno.

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Criminalización de la protesta y el consenso represivo

En el Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en las Américas (2011)[1], la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio cuenta pormenorizada de cientos de casos de asesinatos, ejecuciones, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, hostigamiento, actividades de inteligencia, uso abusivo de la fuerza policial y apertura de procesos penales contra disidentes políticos en más de veinte países americanos. Algunos grupos minoritarios son las principales víctimas de lo que sería una confluencia entre Estado, medios de comunicación y empresarios (formales, informales e ilegales), para criminalizar protestas sociales persiguiendo a líderes sindicales, campesinos e indígenas, así como a defensores del medio ambiente, de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexo, y a defensores de trabajadores migrantes.

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La disolución del Congreso: ¿mecanismo antidemocrático?

El 30 de marzo del 2015, el Congreso de la República censuró a Ana Jara, entonces Presidenta del Consejo de Ministros. Esta decisión fue tomada en virtud de las facultades de control político otorgadas por la Constitución al Congreso[1]. Después de llevar a cabo la censura, el Presidente Ollanta Humala decidió nombrar como Presidente del Consejo de Ministros a Pedro Cateriano el 2 de abril del presente año. Esta decisión levantó polémica en tanto Cateriano, en su labor como Ministro de Defensa, se mostró confrontacional con la oposición. En vista de lo antes mencionado, comenzó a comentarse la posibilidad que el Congreso niegue la confianza al nuevo Gabinete encabezado por Cateriano. En consecuencia, y debido a la cercanía que tenía su nombramiento con la fecha en que Alberto Fujimori disolvió el Congreso en 1992, se alzaron voces alertando del posible atentado a la democracia que implicaría que Humala disuelva el Congreso, en caso se negase la confianza a Cateriano y su Gabinete.

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Sobre el valor de la democracia, a propósito de los 23 años del golpe de Estado

No va a ser este texto un recuento de las formas de autoritarismo de la década de gobierno de Alberto Fujimori, ni tampoco una defensa del régimen político “recuperado” desde el 2001. Por el contrario, me propongo desarrollar conceptos y valoraciones alrededor de la idea de democracia en el Perú de hoy,  para luego hacer un modesto intento de reinvención de su legitimidad frente la crisis que padece en la actualidad. Las ideas que comparto ahora vienen siendo una inquietud desde hace algunas semanas producto de mi interés no erudito por la teoría política de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe[1], los cuales me han obligado a confrontar concepciones previas de democracia (De John Rawls y Jürgen Habermas)[2] aprehendidas principalmente durante mi formación en la Facultad de Derecho. Tengo la esperanza de que ésta sea una breve y buena síntesis y, sobre todo, que motive a los lectores a pensar sobre nuestro país; pensar para poder construirlo mejor.

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Reforma constitucional sobre denominación y no reelección inmediata en Gobiernos Regionales y Locales

1) Introducción

En 1996, la Universidad de San Agustín de Arequipa publicó una compilación de artículos e investigaciones jurídicas del maestro Domingo García Belaunde con el título de “La Constitución en el péndulo”. Al denominarla así –cito al autor en su prólogo- se busca hacer “(…) referencia a lo que es una constitución en sí misma, en su mejor significado político y jurídico, y como instrumento de vida civilizada (…)”;[1] pero al compás, en el caso peruano, de particulares aspectos históricos y problemáticos, en un continuo ajetreo de la vida constitucional. “En cierto modo, estar en el péndulo –escribe García Belaunde- es la sensación que siempre he sentido en países como el nuestro, sin tradición constitucional y sin cultura cívica”.

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Sancionar el Transfuguismo: Las leyes no son suficientes

Para Raúl Porras Barrenechea el primer tránsfuga de la historia habría sido Felipillo, acompañante traductor de Francisco Pizarro en sus expediciones al Perú, de ahí que no sorprenda que éste sea un “país de tránsfugas”. En opinión más realista, el profesor de Harvard Steven Levistky señala que el trasfuguismo no es sino un mecanismo de supervivencia de los políticos en medio de una democracia sin partidos o con partidos débiles. Séase pesimista o no, lo cierto es que el transfuguismo político tiene consecuencias negativas en el sistema democrático, como el falseamiento de la representación política, el debilitamiento del sistema de partidos, el perjuicio a la gobernabilidad y el favorecimiento de la corrupción[1].

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