El penoso regreso del Servicio Militar obligatorio

Cuando miles de personas pobres votaron por el Presidente Humala en el año 2011, no imaginaban que, dos años después, sus hijos les podrían ser arrebatados para el servicio militar.   A mediados de marzo, el Vicealmirante José Cueto, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, anunció que para mayo se preveía la realización de un sorteo donde se determinará que unos treinta mil jóvenes entre 18 y 25 años de edad se incorporen obligatoriamente a los cuarteles. 

Como se sabe, desde 1998 el servicio militar era voluntario en el Perú, por una decisión del régimen de Fujimori, ante las graves violaciones a los derechos humanos contra los reclutas, algunos de los cuales, terminaron en el suicido de las víctimas.

Sin embargo, debe precisarse que, hasta entonces, el servicio militar obligatorio solamente era obligatorio para los pobres.   Las familias de clase media y alta evitaban que sus hijos hicieran el servicio militar mediante corruptelas, relaciones con funcionarios o pago de dinero.  Eran los pobres quienes terminaban enrolados y, además, en muchos lugares del país, los militares realizaban levas o redadas, capturando jóvenes a la salida de una fiesta o del cine (en aquel entonces había muchos cines populares).   En las zonas rurales, los militares se comportaban de manera mucho más brutal, incursionando en los caseríos, sin distinguir a muchachos de dieciséis o diecisiete años.  A veces, los padres que tenían algunos recursos lograban llegar al cuartel con algo de dinero para liberar a sus hijos.   En otras ocasiones, los organismos de derechos humanos o algún párroco podían interceder por algún joven.   En los últimos años de la leva, a la labor de lograr la liberación de los secuestrados se sumaron también los comisionados de la flamante Defensoría del Pueblo.

En aquellos años, el más frecuente destino de los jóvenes reclutas eran las zonas de emergencia, donde muchos corrían el riesgo de morir o quedar gravemente heridos.   “No podías hacer nada, cuando salías del helicóptero ya estabas en Ayacucho”, recuerda un joven que fue secuestrado en Piura y no volvió a ver a su familia por varios años. Muchos reclutas fueron obligados a cometer graves violaciones a los derechos humanos por sus superiores. En 1995, durante el conflicto con el Ecuador, también fueron llevados a combatir reclutas como parte de la tropa.  Algunos de quienes fallecieron en ese enfrentamiento son los llamados “héroes del Cenepa”, muy pronto olvidados por los demás peruanos.

Sin embargo, aún quienes no participaban en combate sufrían todo tipo de maltratos físicos y psicológicos, que empezaban con los violentos “rituales de iniciación”.   Eran frecuentes los suicidios de los reclutas desesperados o la fuga de los cuarteles.

Ante este panorama es comprensible que desde 1999 haya descendido ostensiblemente el número de reclutas. Además,  los abusos que podían sufrir en los cuarteles no cesaron con el establecimiento del servicio militar voluntario. Precisamente, sólo en 1999, fallecieron 16 reclutas en diferentes circunstancias, muchas veces nunca esclarecidas[i]. Los abusos han continuado aún durante gobiernos democráticos: un caso emblemático ocurrió durante el gobierno de Toledo, en el año 2002, con el joven Rolando Quispe Berrocal torturado en un cuartel de Ayacucho por tres sargentos al punto que le introdujeron un foco por el recto.    Luego del crimen, los militares apoyaron abiertamente a los torturadores: Rolando Quispe, fue amenazado de muerte en el propio hospital donde se recuperaba y fue condenado por el Juzgado Militar Permanente de Ayacucho por el delito de falsedad a 30 días de reclusión, con el argumento que se había causado las lesiones a sí mismo. En este proceso surrealista, ni siquiera se le permitió declarar.

Cuando la Corte Superior de Ayacucho abrió proceso a los tres sargentos por delito de tortura, el Juzgado Militar intentó sustraerlos a la competencia del tribunal, señalando que ya estaba procesándolos por abuso de autoridad. Pese a las presiones de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial declaró que ellos eran competentes y los sargentos fueron condenados a seis años de prisión[ii].   Sin embargo, el espíritu de cuerpo de la Justicia Militar y muchos oficiales hacia los agresores demostraron cuán discutible es considerar que las Fuerzas Armadas “forman en valores” a los jóvenes.   En estos tiempos, además, el riesgo para muchos reclutas es ser enviados al VRAEM y morir en una emboscada o un enfrentamiento, como sucedió con varios jóvenes en los últimos años.

Lejanos están los días en que el servicio militar era la principal forma de ascenso social para los campesinos: cuando en el año 2011, el Presidente Humala declaró que el servicio militar podía permitir que muchos reclutas aprendieran a leer y escribir, seguramente pensaba en los tiempos en que se incorporó al Ejército[iii].   Actualmente, la “propina” que se le da a los reclutas es mucho menos que los ingresos que podrían obtener en otra actividad.     Por ello, los jóvenes que se presentan al servicio militar voluntario son solamente aquellos que no tienen otras alternativas y resulta positivo que cada vez sean menos.

La disminución de reclutas ha sido más visible en el Ejército, dado que la Fuerza Aérea y la Marina siempre tuvieron menos vacantes.    De esta manera,  en la misma Lima, varios cuarteles del Ejército han desaparecido.  Es un proceso que muestra importantes cambios sociales y culturales que vive nuestro país,  pero a las Fuerzas Armadas les preocupa porque sienten que disminuye su poder dentro de la sociedad.  Quizás creen que, a la larga, podría cuestionarse su propia existencia.

En ese contexto, el pasado 11 de diciembre, las Fuerzas Armadas lograron que fuera publicado el Decreto Legislativo 1146.   En él se indicaba que los militares podrían convocar un sorteo, cuando no encontraran las vacantes que consideren necesarias.   Quedan exceptuados quienes tengan una discapacidad grave y permanente, los que puedan acreditar ser responsables del sostenimiento de su hogar, los universitarios, los residentes en el extranjero, los presos y los que estén prestando algún servicio voluntario a su comunidad (artículo 50).

De los demás, podrán liberarse del servicio quienes paguen la suma de media UIT, que este año equivale a 1,850 soles (artículo 78, inciso 9).   Las Fuerzas Armadas han anunciado que esperan celebrar pronto un convenio con RENIEC para contar con la base de datos de jóvenes entre 18 y 25 años y realizar en mayo el temido sorteo.

Cuatro meses después de su promulgación, puede sorprender que no se hayan producido grandes protestas cuando fue publicado el Decreto Legislativo 1146.  La verdad es que hubo algunas voces de preocupación, pero quedaron opacadas porque simultáneamente fue publicado el Decreto Legislativo 1150 que modificaba el régimen disciplinario de la Policía Nacional y señalaba una serie de infracciones ligadas a la vida privada de los policías, entre ellas conductas homosexuales que causen escándalo.   Los artículos polémicos fueron modificados, pero el despliegue mediático fue tan fuerte que pasaron a segundo plano los aspectos cuestionables de los demás Decretos Legislativos.   Algunos defensores de los derechos humanos creyeron que estaban ante una cortina de humo para evitar que click here la ciudadanía reparara en el regreso al SMO.

En las últimas semanas, se ha escuchado a muchas personas insistir en que el SMO ayudará a los jóvenes ociosos o descarriados a enmendarse.   Quienes creen que es necesario “poner en vereda” a estos jóvenes pueden tener marcados criterios autoritarios.   Son quienes perciben que la sociedad está en una fuerte crisis porque ya no se permiten los castigos físicos y se censura el trato severo.   No reparan en que las Fuerzas Armadas no son un espacio de ayuda psicológica ni están preparadas para superar las carencias afectivas o emocionales de los jóvenes enrolados compulsivamente.   Resulta aún más ingenuo considerar que el servicio militar obligatorio debería servir para los delincuentes, puesto que esto implicaría convertir a las Fuerzas Armadas en un campo de entrenamiento para criminales.

En todo caso, esta defensa del SMO no tiene asidero legal, porque la selección prevista por el Decreto Legislativo 1146 no distingue la conducta de los elegidos, solamente su capacidad económica.   Es chocante que, solamente por ser pobres, miles de jóvenes deban dejar a sus familias, su casa, su pareja para incorporarse contra su voluntad a las Fuerzas Armadas.   Es indignante también que deban dejar sus estudios abruptamente quienes estudiaban carreras técnicas.   Resulta un despropósito que además se haya extendido la obligación de realizar el SMO a los jóvenes que tengan hasta 25 años, cuando muchos ya tienen su vida organizada.

La excepción considerada sobre quienes mantienen a su familia evidencia un desconocimiento de la realidad: en los sectores populares muchas familias logran salir adelante con el aporte de todos sus integrantes, no solamente de uno de ellos en particular.  Por eso, los dos años del servicio militar implicarán una fuerte pérdida de ingresos para los jóvenes y sus familias.  Pareciera que se busca truncar las posibilidades de los sectores emergentes y agravar la situación de las familias más pobres.   Lo más sensato  habría sido establecer entre las excepciones al servicio militar obligatorio que la persona esté estudiando una carrera técnica o llevando a cabo una actividad laboral.

En otros países, en que subsiste el SMO, las únicas excepciones admitidas son tener una grave discapacidad y la objeción de consciencia, que manifiestan quienes por razones éticas, religiosas o políticas se rehúsan a portar armas de fuego, pero que deben realizar un servicio civil.  Las personas que están estudiando, simplemente postergan el momento de hacer el SMO hasta terminar sus estudios.

Sin embargo, nosotros creemos que las actividades humanas deben ser voluntarias y forzar a las personas a realizar el servicio militar obedece a un modelo de sociedad totalmente caduco.   El patriotismo y el compromiso con la sociedad se pueden demostrar de muchas maneras, no sólo vistiendo un uniforme.   La decisión de pasar al servicio militar voluntario fue por ello muy positiva y muchos países en Europa y América van en ese camino.

Ahora bien, el debate que ha surgido respecto al servicio militar debería motivar a pensar en una reforma integral del mismo, disponiendo la prohibición total de que los reclutas participen en acciones armadas y también asegurando que todo maltrato a los reclutas esté prohibido, lo cual deberá ser supervisado por la Defensoría del Pueblo y/o los organismos de derechos humanos.   Debe promoverse también que, por lo menos, los reclutas reciban un sueldo mínimo por el tiempo que estén sirviendo a las Fuerzas Armadas.  La reciente entrega de la Beca 18 a mil egresados del servicio militar iría en el camino de hacer más atractivo el servicio militar voluntario, lo cual debería haber sido el mejor mecanismo para enfrentar la disminución de los reclutas.

Esperemos que el gobierno tome en cuenta las expresiones de diversos sectores que, en todas las tiendas políticas han cuestionado la aplicación del Decreto Legislativo 1146 y el SMO se mantenga en lo que ahora es, un lamentable recuerdo.

Afortunadamente, ya no estamos en décadas anteriores donde los campesinos y los pobres eran considerados seres totalmente prescindibles y podían servir como carne de cañón, sin que nadie en Lima se preocupara por ello.

Sobre el autor *

[i]
Revista Ideele, n 123, p. 71, octubre 1999.

[ii]
Ardito, Wilfredo: Importante precedente. Condenan a sargentos torturadores.  Enhttp://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=ES&cod=15233. Puede verse la sentencia acá:http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2005/octubre/27/tortura_personal_militar.pdf

[iii]
Véase las declaraciones de Humala en septiembre del 2011:          http://redaccion.lamula.pe/2011/09/02/ollanta-humala-en-el-ejercito-van-a-aprender-a-leer-y-escribir/esteban2500

*
Abogado y Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Profesor, escritor y activista peruano especializado en Derechos Humanos, Justicia Comunitaria, Derechos de los Pueblos Indígenas. Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex de Gran Bretaña

Escrito por Wilfredo Ardito

Wilfredo Ardito

Abogado y Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor, escritor y activista peruano especializado en Derechos Humanos, Justicia Comunitaria, Derechos de los Pueblos Indígenas. Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex de Gran Bretaña.

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