Las protestas en Venezuela en la jurisprudencia de la Corte IDH

En los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido cientos de denuncias[1] de prácticas criminalizadoras en contra de defensores de derechos humanos provenientes de casi todos los países de la región. Según Global Witness, al menos 185 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el 2015 en el mundo, y de estas 122 fueron asesinadas en América Latina.

La protesta social es una expresión de disidencia política, una vía para manifestar un descontento en el ámbito público, normalmente ante la ineficacia de las vías institucionales. En las últimas décadas, diversos grupos sociales como sindicatos, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, comunidad LGBTI vienen expresando sus reclamos a través de protestas sociales frente a las prolongadas crisis políticas, sociales, económicas y ambientales.

Estas protestas suelen ser criticadas por el Estado y reprimidas bajo la justificación del restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho. En Venezuela, como en otros países de la región, vienen ocurriendo hechos graves de violaciones a los derechos humanos sobre los que el Estado tiene responsabilidad internacional. Nuestro propósito en este artículo es examinar de qué manera la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (Corte IDH) ha tratado casos similares en el pasado e identificar los estándares aplicados en el uso de la fuerza estatal y en la garantía del derecho a la protesta. Confiamos en que esta mirada histórica pueda ayudar a analizar la crisis actual desde un enfoque de derechos humanos.

  1. El caso del Caracazo vs. Venezuela (1999)

El caso involucra hechos ocurridos durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989 – 1993). La Corte IDH examina la violación de derechos humanos producida en el marco de manifestaciones sociales por la crisis económica que atravesaba Venezuela.

En 1989 se vivía un tiempo de escasez, especulación y acaparamiento de productos de primera necesidad, como consecuencia de reformas económicas neoliberales impulsadas por Pérez. Este “paquete económico” incluía el retiro de subsidios a diversos productos, lo que trajo un súbito aumento de precios, entre ellos el de la gasolina. Esto último obligó a los transportistas a aumentar considerablemente sus tarifas. Así, las primeras protestas que iniciaron en Guarenas (a 15kms de Caracas) se convirtieron en quema de unidades de transporte y continuaron con saqueos de supermercados y pequeños abastos donde se podían encontrar los productos que escaseaban como leche, azúcar, harina, entre otros. [2]

El gobierno reaccionó implementando el plan “Ávila”, ordenando a la Guardia Nacional y al Ejército controlar la revuelta mediante el uso de armas de fuego y una brutal represión. El presidente decretó el stado de emergencia suspendiendo durante casi 10 días las garantías constitucionales, como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el libre tránsito, entre otras. El gobierno envió a las calles a soldados equipados con fusiles y tanquetas, quienes dispararon contra la población e incluso algunas casas de las zonas más pobres de la ciudad, produciendo una enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos: no menos de 276 muertos y una cifra hasta ahora indeterminada de desaparecidos. Sobre ese día, el propio Hugo Chávez declararía: “Vi los soldados salir, los soldados logísticos que no son entrenados. Esos son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos. Hasta a los mecánicos los sacaron y les dieron un fusil, un casco y bastante munición. Lo que venía era un desastre, y así fue.” [3]

La Corte declaró al Estado venezolano responsable de violaciones de derechos humanos y ordenó investigar los hechos del caso, identificar a los autores materiales e intelectuales, sancionarlos administrativa y penalmente, y publicar los resultados de dicha investigación; exhumar e identificar los restos mortales de algunas de las víctimas e indemnizar por daños materiales e inmateriales a los deudos de las víctimas.

En la sentencia, la Corte IDH estableció un estándar para el uso de la fuerza en el marco de protestas, señalando que “debe el Estado garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada”[4].

Para evitar que vuelvan a ocurrir hechos semejantes ordenó tomar medidas preventivas como:

“Formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (…)”

“Ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se produzcan excesos (…)”

 “Garantizar que, de ser necesario, emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada (…)” [5]

Periódicamente la Corte IDH viene realizando procedimientos de cumplimiento de sentencia en los cuales ha evaluado al Estado venezolano. El más reciente se realizó el 2009, durante el gobierno del Presidente Hugo Chávez. Hasta ese momento solo se había cumplido con el pago de las indemnizaciones. Una portavoz de COFAVIC[6] declaró ese mismo año que la impunidad seguía vigente y que los cuerpos de La Peste[7] no han sido identificados ni entregados a sus familias.[8][9]  Tampoco se había adoptado medidas para la capacitación de las fuerzas armadas y el ajuste de sus planes operativos.

  1. Perozo y otros vs. Venezuela (2009)

Durante la presidencia de Hugo Chávez, en abril del 2002, se produce un paro de trabajadores que recibió el apoyo de grupos opositores al chavismo. Aprovechando la crisis política y con financiamiento de Estados Unidos (según han probado los Wikileaks), la oposición da un golpe de estado. El general golpista Lucas Rincón afirmó en televisión nacional que Chávez ha presentado su renuncia, lo que abrió la posibilidad para que Pedro Carmona, representante máximo de la Federación de las Cámaras de Comercio e Industria, se auto-proclame presidente de Venezuela, con el respaldo de los medios de comunicación más importantes. Pocos días después, sectores chavistas de las fuerzas armadas y de la población civil salieron a las calles a manifestar su apoyo al presidente Chávez quien, desde la prisión militar en la isla La Orchila, volvió al Palacio de Miraflores el 13 de abril y retomó la presidencia. [10]

Al cabo de un tiempo, se produjeron denuncias de agresiones y amenazas contra algunos medios de comunicación, periodistas y sus equipos. En julio del 2002, fue arrojada una granada al estacionamiento del edificio del medio Globovisión; unos días después, una bomba de gas lacrimógeno.[11]  La CIDH recibió varias denuncias respecto a amenazas y actos de hostigamiento contra periodistas y solicitó la adopción de medidas cautelares de protección a diversos comunicadores sociales y medios como El Nacional, El Universal, RCTV, Así es la Noticia, y La Razón.

En un informe del 2003, la CIDH denuncia las reiteradas agresiones y amenazas verbales o físicas contra comunicadores sociales, sobre todo aquellos que cubren eventos como concentraciones políticas y actividades de click here las fuerzas del orden.[12]  También expresó su preocupación por otras transgresiones a la libertad de expresión como las leyes de vilipendio, pues penalizan expresiones consideradas ofensivas dirigidas a funcionarios públicos, al presidente de la república, gobernadores, al congreso y otros órganos gubernamentales, con hasta 30 meses de prisión.[13]

En abril del 2007, ante el desconocimiento del Estado de las recomendaciones brindadas, la CIDH elevó a la Corte IDH una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela[14], que determinó que el Estado es responsable de vulneración del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información, así como del derecho a la integridad personal de los periodistas perjudicados en estas agresiones.[15]

Ordenó realizar investigaciones y abrir procesos penales correspondientes dentro de un plazo razonable, adoptar medidas para que no se produzcan restricciones indebidas al derecho de buscar, recibir y difundir información, además de una indemnización. Luego de la supervisión del cumplimiento de la sentencia, la Corte IDH declaró que el Estado incumplió su obligación de informar  sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las reparaciones ordenadas.[16]

La Corte desarrolla en este caso el estándar del “extremo cuidado” que los estados deben observar al utilizar fuerzas militares como control social:

  1. (…) que el uso legítimo de la fuerza y otros instrumentos de coerción por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado debe ser excepcional y solo utilizarse cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control[110], distinguiendo imperativamente, en tales circunstancias, entre quienes, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave para sí o para terceros y quienes ejercen sus derechos a manifestarse y no presentan esa amenaza[111]. Además, la Corte ha enfatizado en el extremo cuidado que los Estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común [112]. En consonancia con lo anterior, en circunstancias de protesta social y manifestaciones públicas los Estados tienen la obligación de adoptar medidas razonables y apropiadas para permitir que aquellas se desarrollen de forma pacífica, si bien no pueden garantizar esto en términos absolutos y tienen amplia discreción para elegir los medios por utilizar para tales efectos [113][17]. (El resaltado es nuestro)

Cierre

Las protestas sociales ocurridas en Venezuela han llevado en varias ocasiones violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, se vive una crisis política tan grave que se reportan decenas de muertos y cientos de heridos, teniendo como responsables a las fuerzas estatales, para-estatales y a las organizaciones de oposición. Diversos pronunciamientos de intelectuales progresistas de todo el mundo vienen circulando, quienes más allá de respaldar o criticar al gobierno, señalan la necesidad de que el espiral de violencia se detenga y se instauren procesos de diálogo entre todos los actores involucrados. Como hemos visto, el enfoque de derechos humanos y los estándares sobre el uso de la fuerza desarrollados por la Corte IDH evidencian un problema histórico donde las víctimas provienen siempre de la población más vulnerable.


[1] Ver: Informes de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos sobre la situación de defensores y defensoras de los Derechos Humanos del 2006, 2012 y 2015.

[2] “¿Que fue el caracazo?” (2017). http://culturizando.com/la-nota-curiosa-que-fue-el-caracazo/

[3] “El caracazo”. Telesur.  http://www.telesurtv.net/telesuragenda/La-masacre-de-El-Caracazo-20150224-0032.html

[4] Corte IDH. Caso del Caracazo vs. Venezuela. Reparaciones y costas, sentencia del 29 de agosto de 2002, párr. 127.

[5] Corte IDH. 8.    Caso del Caracazo vs. Venezuela. Reparaciones y costas, sentencia del 29 de agosto de 2002, párr. 127.

[6] COFAVIC (Comité de Familiares de las Victimas) surgió de la cooperación de 42 familiares y 3 víctimas directas del caracazo con el objetivo de establecer la verdad de lo ocurrido y obtener sanciones para los responsables. Actualmente es una organización no gubernamental dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos.

[7] Había en el Cementerio General del Sur, en la ciudad de Caracas, un sector donde eran llevados y amontonados los cuerpos de los ciudadanos asesinados en los barrios durante El caracazo, este sector era conocido como La Peste.

[8] Corte IDH. Caso del Caracazo vs. Venezuela. Supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución del 17 de noviembre de 2004, párr. 8 y 11

[9] Corte IDH. Caso del Caracazo vs. Venezuela. Supervisión de cumplimiento de sentencia, resolución del 23 de septiembre de 2009, párr. 10.

[10] Agencia Venezolana de Noticias. “Hace 14 años: El 9 de abril de 2002 la derecha llamo a un paro con sello golpista”. https://www.aporrea.org/ddhh/n288715.html

[11] Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, Párr. 142

[12] CIDH. Informe de país sobre el derecho a libertad de expresión y pensamiento en Venezuela, 2003, párr. 378

[13] CIDH. Informe de país sobre el derecho a libertad de expresión y pensamiento en Venezuela, 2003, párr. 451-453

[14] Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, Párr. 1

[15] Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, Puntos Resolutivos.

[16] Corte IDH. Caso Rios y otros, Perozo y otros y Reverón Trujillo vs. Venezuela. Supervisión de cumplimiento sentencia, resolución del 20 de noviembre de 2015, párr. 3-4

[17] Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, Párr. 166

Escrito por José Saldaña y Rodrigo Aranda

José Saldaña es Abogado por la PUCP, Profesor de la Facultad de Derecho – PUCP, y miembro del Centro de Estudios de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional. Rodrigo Aranda es estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP.

¿Qué opinas del artículo?

comentarios