Primera Constitución de la Historia: La Carta Magna del rey Juan Sin Tierra
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El rey Juan Sin Tierra de Inglaterra firmó la Carta Magna el 15 de junio de 1215. Se trataba de una cédula que concedía diversos derechos a los nobles ingleses, sus barones y a su pueblo. Por primera vez, un rey se comprometió a cumplir la ley, a “respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer la muerte, prisión ni confiscación de los bienes de los nobles, mientras aquellos no hubiesen sido juzgados por sus iguales”[1]. Caso contrario, los barones podían acusar al rey ante el monarca.

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Rolando Palma Quiroz

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Rolando Palma Quiroz es un historiador, cultor de la afroperuanidad, líder comunitario y promotor de la postulación de la tradición del Hatajo de Negritos y las Pallitas a la UNESCO para ser considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
En Junio del 2015, junto a Funcionarios del Estado, autoridades de Ica y gestores culturales se logró la postulación oficial de las danzas tradicionales de carácter religioso Hatajo de Negritos y Pallitas confirmado por el Ministerio de Cultura la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad establecida por la Unesco.
El pasado viernes 17 de junio del 2016, el Ministerio de la Cultura reconoció a Rolando Palma como “Personalidad Meritoria de la Cultura” junto a Rosa Dorival Cordova y Sonia Aguilar Meneses en el marco del Mes de la Cultura Afroperuana por su trayectoria en el cultivo, promoción y preservación de las expresiones culturales afroperuanas.

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http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2016/06/17/1393804-1.html

William L. Patterson y la Petición Histórica a las Naciones Unidas para el alivio del crimen de gobierno de Estados Unidos contra el pueblo afroamericano

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Fue un líder afroamericano luchador por los derechos civiles de la población negra, su madre nació esclava en una plantación de Virginia en 1850, luego pasaría a ser liberada y se mudaría a California, lugar donde nació William. Estudio leyes en la universidad de California, San Francisco. Fue en este lugar donde comenzó a interesarte por las publicaciones marxistas publicadas en “La crisis” la revista de NAACP, interés que un tiempo después lo llevo a unió al NAACP (National Association for the Advancement of Colored People). Esta asociación fundada en 1909 por un grupo de activistas estadounidenses para luchar contra la discriminación sufrida por las minorías afroamericanas.
Tuvo una estadía en Londres en donde escribió en el London Daily Times, periódico del partido obrero, sobre los problemas que afectan a la población afroamericana, tras esto regresa a Estados Unidos donde inicia una lucha más agresiva por una justicia racial e igualdad de derechos. Después de su regreso abre un despacho de abogados, la firma Dyett, Hall & Patterson, especializada en derechos civiles de minorías. Esta época fue muy dura para los afroamericanos debido a la violencia de la policía americana, la negativa del estado a un trato igualitario y el racismo de la sociedad americana.
Patterson escribió en 1951 The Historic Petition to the United Nations for Relief From a Crime of The United States Government Against the Negro People, parte de su estudio We Charge Genocide presentado ante la asamblea general de las Naciones Unidas, en donde documenta cientos de asesinatos y torturas contra afroamericanos.
En la década del 60 fue abogado de miembros del Black Panther Party, además de ser el líder del congreso de derechos civiles.

Derecho de los Indígenas ante la Jurisdicción Ordinaria: La obligación del Estado de adoptar medidas alternativas al encarcelamiento

A finales del año pasado, participé, en representación del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), en el II Seminario Internacional de Justicia Intercultural “Ejercicios de Derechos de Pueblos Indígenas en los Mecanismos de Coordinación” organizado por la Corte Superior de Justicia de San Martín. En ese evento, el Dr. Aldo Atarama, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, comentó sobre una reciente decisión de una Sala de Loreto que aplicó por primera vez el artículo 10 del Convenio N° 169 de la OIT para un caso penal que involucraba a un indígena imputado.

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La Compensación por daños en el Código de Ur-nammu

El rey sumerio Ur-Nammu instauró durante su reinado de los años  2100 y 2050 a. C un código de leyes denominado el Código de Ur-Nammu, escrito en sumerio,  fue el primero en regular la indemnización en dinero en caso de daños reemplazando así los castigos físicos, pena antes utilizada por la mayoría de civilizaciones para el pago por las ofensas y los perjuicios producidos por delitos. También fue denominado Código Shulgi por creerse que en realidad fue elaborado en el reinado de Shulgi, el hijo de Ur-Nammu. Corresponde al periodo del renacimiento sumerio, iniciado por Ur-Nammu tras una rebelión que trajo consigo la instauración de la tercera dinastía sumeria llenando de un nuevo esplendor a la antigua Mesopotamia.
Su importancia reside no solo en la materia que de modo innovador reguló sino también en que se constituyó como una base para el Código de Hammurabi elaborado 300 añcodigoos después. Estableció una serie de compensaciones económicas para cada daño en específico. De este modo, este cuerpo normativo se convirtió en el primero en regular la indemnización o compensación económica actualmente regulada por los ordenamientos jurídicos contemporáneos con sus variaciones. Asimismo, presenta dos rasgos importantes: distingue a las personas entre esclavos o libres y establece crímenes con penas capitales no susceptibles para la compensación económica por daños, sin embargo establece la posibilidad de una indemnización frente a ciertos delitos menores. Los historiadores señalan que la finalidad de dicha medida legislativa era aunar los criterios legales de todo su territorio, y garantizar el buen funcionamiento de la economía.

Referencias:
https://www.ecured.cu/C%C3%B3digo_de_Ur-Nammu
http://slideplayer.es/slide/126755/

El derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad en el Perú: Avances y desafíos a la luz de la normativa vigente

Alrededor del mundo, las personas con discapacidad enfrentan una serie de barreras para ejercer sus derechos. Uno de ellos, es el derecho al acceso a justicia que permite a la vez el ejercicio de otros derechos y, en ese sentido, constituye un derecho sumamente importante para todas las personas y en especial para las personas con discapacidad que sufren una serie de vulneraciones de derechos. Se puede definir como el acceso efectivo de las personas “a los sistemas, procedimientos, información y lugares utilizados por la administración de justicia”[1]. Este derecho ha sido reconocido en numerosos instrumentos internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en el caso de las personas con discapacidad, en el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante la Convención) el cual señala:

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El Fujimorismo y los Derechos Indígenas: El inconstitucional “Proyecto de Ley de Letona”

Hace un par de semanas, la congresista María Úrsula Letona Pereyra, de la Bancada Fujimorista, presentó un proyecto de ley (Proyecto de Ley N° 213-2016-CR) para modificar el artículo 2 de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígena u Originarios, reconocido en el Convenio N° 169 de la OIT (Ley N° 29785). Posteriormente, ante las fundadas críticas de parte de diversas organizaciones indígenas y de la sociedad civil, la congresista Letona decidió retirar el mencionado proyecto.

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¿Cerrando la brecha de implementación del Convenio N° 169 de la OIT? Las medidas “consultadas” en los proyectos mineros en el Perú

El derecho de consulta está consagrado expresamente en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú el 2 de febrero de 1994, y en vigor desde el 2 de febrero de 1995, por lo que por lo menos desde esta fecha está vigente sin duda alguna el derecho de consulta previa. Así lo ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional en la Sentencia EXP. N° 00025-2009-PI/TC, en la que reconfirmó que el derecho a la consulta en el Perú estaba vigente y es exigible desde la entrada en vigor del Convenio N° 169 de la OIT en el Perú. Expresamente, la TCP indicó lo siguiente:

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La situación del Pueblo saharaui cuarenta años después: un conflicto inconcluso

El Sahara Occidental es, al día de hoy, el único territorio no autónomo de África, pese a los más de cuarenta años de reivindicaciones del Pueblo saharaui. Ante esta situación, cabe preguntarse ¿por qué? ¿Quién impide que alcancen su autonomía? ¿Tienen sus reivindicaciones amparo legal? Para entender mejor esta situación, debemos remontarnos, brevemente, a la historia.

En el reparto del territorio africano entre las potencias europeas, que se dio entre los años 1884-1885 en la Conferencia de Berlín, España se hizo con el territorio hoy denominado Sahara Occidental, pasando a estar bajo su dominio como colonia y, por ende, siendo considerado un territorio no autónomo. En 1958 dicho territorio pasó a ser provincia española, situación que se mantuvo hasta 1975, año en el cual se producen grandes cambios con importantes repercusiones para este pueblo. El Sahara Occidental limita con Marruecos, Mauritania y Argelia. Es un territorio rico en recursos naturales. En 1963, España descubrió el mayor yacimiento de fosfato, además cuenta reservas de gas y caladeros pesqueros, entre otros.

“(…) el pueblo saharaui, a pesar de su oposición, permanece bajo la administración de Marruecos (…)”

Marruecos, que se había independizado en 1956, limitaba con el Sahara y aspiraba a pasar a tener el dominio de este territorio,  por lo cual inició intentando reivindicarlo como suyo, no cesando en sus aspiraciones no obstante a que en octubre de 1975 la Corte Internacional de Justicia señaló en su dictamen consultivo que no existe ninguna relación entre el Sáhara y el reino de Marruecos y Mauritania.

Es así que en noviembre de 1975, cuando Franco se encontraba prácticamente en el lecho de muerte, el Rey Hassán II de Marruecos, con el fin de forzar la salida del ejército español del territorio saharaui , organiza la marcha de miles de civiles hacia dicho territorio para ocuparlo, la que se denominó como “Marcha Verde”. Consecuencia de ella, días más tarde, España decide entregar la administración del territorio saharaui a Marruecos y Mauritania a través del “Acuerdo de Madrid”. La historia ha demostrado que dichas acciones constituyeron un grave error de España que ha traído consecuencias nefastas para el pueblo saharaui.

Naciones Unidas no ha reconocido como válido dicho acuerdo. En teoría, España sigue siendo la potencia administradora. En este contexto, el Frente Polisario inicia su lucha con el apoyo de Argelia contra Marruecos y Mauritania, y en 1976 proclama la República Árabe Saharaui Democrática que al día de hoy ha sido reconocida por más de ochenta países y por la organización internacional Unión Africana.

Ante la invasión de su territorio por Marruecos por el Norte y Mauritania por el Sur, y debido a la presión que éstos ejercían, muchos saharauis se vieron obligados a abandonar sus tierras y sus familias, no pudiendo explotar sus recursos naturales, debiendo huir al desierto de Argelia donde hoy viven en campos de refugiados. Otros decidieron quedarse en los territorios ocupados.

Desde entonces, el pueblo saharaui, a pesar de su oposición, permanece bajo la administración de Marruecos, debido a que Mauritania desistió de sus pretensiones y se retiró del territorio saharaui en 1979. A partir de entonces, el territorio fue ocupado por Marruecos, quien proclama su soberanía sobre la totalidad del Sahara Occidental. Actualmente, Marruecos ocupa aproximadamente el 80% del territorio saharaui. El restante 20% es ocupado por el frente Polisario.

En 1981, Marruecos construyó un muro defensivo de más de 2000 kilómetros separando el Sahara en dos. Dentro de dicho muro se incluyen los territorios en los que se encuentran los yacimientos y caladeros pesqueros. En 1991, tras quince años de lucha, bajo el auspicio de la ONU , firma un Plan de Paz que incluye el cese al fuego y la celebración de un referéndum para que el Pueblo decida sobre su futuro. Con este objetivo se crea la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).

Han transcurrido más de veinticinco años desde entonces y al día de hoy no se ha celebrado el tan ansiado referéndum por la oposición y las condiciones que impone Marruecos. El Plan exige un censo, pero Marruecos quiere un censo a su medida, que incluya una determinada cantidad de personas que no sean necesariamente sarahuis. De esta forma, es notable que no acepta el censo electoral propuesto, se niega a la independencia y se opone al logro de la autonomía para el territorio, mientras que el Frente Polisario insiste en su derecho a la autodeterminación.

Por otro lado, el Frente Polisario tiene de su lado al Derecho Internacional, que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos como un derecho que se le reconoce a un pueblo a decidir libremente su condición política, que persiga libremente su desarrollo económico, social y cultural. Dicho derecho implica, entonces, reconocerle a un territorio no autónomo el derecho a la libertad de decidir voluntariamente sobre su futuro, ya sea asociándose libremente con la Potencia administradora u otro Estado independiente, integrándose con la potencia administradora u otro, siempre respetando la plena igualdad entre ambas partes o la independencia.

Asimismo, reconoce al pueblo también el derecho de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Deja claro que no se le puede privar de sus propios medios de subsistencia. La sujeción de un pueblo a una subyugación, dominación y explotación extranjera es una clara denegación de los derechos humanos y es contraria a la Carta de la ONU y demás instrumentos internacionales que reconocen taxativamente este derecho.

Siendo ello así, cabe preguntarse ¿por qué un Estado incumple dichas normas a pesar de ser parte de ellas? ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en este conflicto? ¿Es acaso la solución mirar hacia otro lado y no ser consciente del sufrimiento del pueblo saharaui? ¿Son los intereses económicos, políticos y/o militares los que siempre deben primar por encima de los derechos humanos? ¿La Comunidad Internacional condena la acción de Marruecos? ¿Es suficiente la permanencia de la MINURSO o se deben adoptar otras medidas sancionatorias contra aquellos que incumplen el derecho internacional?

Ante la aparente indiferencia por parte de la comunidad internacional frente a esta situación, en los últimos meses se produjeron dos acciones que merecen la pena destacar por cuanto contribuyen a la causa de este pueblo. En diciembre del 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló un acuerdo comercial con Marruecos firmado en el 2012 por extender sus ventajas a productos provenientes del Sahara Occidental. Reprochó a los Estados miembros que al firmar el acuerdo no tuvieran en cuenta “que la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental no está reconocida ni por la UE ni por sus EEMM ni, de manera más general, por la ONU”. Señaló que debían de asegurarse de que no existían indicios de una explotación de recursos naturales del Sahara Occidental bajo control marroquí susceptible de ir en detrimento de sus habitantes y de atentar contra sus derechos fundamentales.

En marzo del 2016, por primera vez el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, visita los campos de refugiados saharauis en Argelia controlado por el Frente Polisario y recordó la crisis humanitaria de los refugiados. Esta visita hizo que Marruecos tome represalias anunciando una reducción del componente civil de la MINURSO y el cese de inmediato de sus contribuciones voluntarias a la misma.

Sin duda lo que el pueblo saharaui necesita son acciones como estas. Es necesario que se visibilice el problema y se pongan como prioridad los Derechos Humanos ante los intereses particulares de los Estados. Se requiere un compromiso real y coherente de los Estados, las Organizaciones Internacionales, de las grandes empresas transnacionales que vayan en la línea para que Marruecos cumpla con sus obligaciones internacionales y deje a este Pueblo, desde su libertad, decidir si quiere independizarse o integrarse con éste.

Desde luego, la reivindicación del Pueblo Saharaui es un claro ejemplo de una lucha pacífica desde 1991 y una apuesta por el cumplimiento de las leyes internacionales. No les defraudemos.

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