Protección Interdisciplinaria a los Derechos del niño, niña y adolescente

Protección Interdisciplinaria a los Derechos del niño, niña y adolescente

Los Derechos del niño, niña y adolescente han sido visibilizados por diversos instrumentos jurídicos, entre los de mayor importancia y antigüedad, se encuentran la Declaración de los Derechos del niño de 1959 y la Convención sobre los derechos del niño de 1989 (en adelante la Convención), siendo esta última la primera norma internacional con carácter obligatorio para los Estados.

En el artículo 3 de la Convención, se señala que uno de sus principios fundamentales para la defensa de los derechos del niño, niña y adolescente es el interés superior del niño[1]. Señalo este principio, pues será necesario tenerlo en cuenta cuando el Estado decida realizar modificaciones a la regulación nacional relacionadas a los derechos del menor, como lo ha señalado el Comité de Derechos del Niño[2] de Naciones Unidas, en la observación núm. 14 del 2013, repetidas en la observación 30 (2016) a principios de este año.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Estado Peruano se encuentra obligado por dicha Convención, a finales del 2015, en vías de adecuar sus normas internas a la norma internacional, promulgó la Ley N°30403 “Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes” (en adelante “Ley”), la cual modifica el Código Civil y el Código de Niños, Niñas y Adolescentes respecto a la corrección que los padres podían realizar, pues se estipulaba que tenían el derecho de corregir moderadamente a sus hijos. Por lo que al dotar de contenido al concepto de castigo físico y castigo humillante, el Estado peruano realiza un gran avance en defensa de los derechos del menor. Asimismo, añade el Derecho al buen trato.

Pese a ello, cabe preguntarse si la promulgación de la presente Ley ha tenido en cuenta el principio de interés superior del niño; a primera vista se puede decir que sí, pues a través de la Ley existe una mayor protección al menor, ya que permite una mejor comprensión de lo que engloba un maltrato físico o psicológico por parte de los padres. Es más, en caso de existir un castigo físico, ello puede ser sancionado, siempre y cuando se encuentre inmerso en el tipo penal de lesiones leves o graves.

No obstante, qué sucede si no tipifica como lesiones y se considera solamente como una falta. Ya de por si, cabe acotar que ante los maltratos hacia la mujer, existe una problemática por los días que se necesitan para que se considere el tipo penal de lesión leve o grave. ¿Ello no sería contradictorio con el principio del interés superior del niño, que busca una mayor protección del menor? Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, ¿Debería existir una tipificación especial en los casos de maltrato al menor? Creemos que sí.

Incluso, si tenemos en cuenta el castigo humillante, el cual se relaciona con tratos ofensivos, denigrantes, entre otros ¿Cómo se sancionará si se vulnera dicha prohibición?, conociendo la realidad peruana, harían falta cárceles. Por ello creo que la Ley no tiene un afán punitivo, pero también afirmo que el Estado debe valerse de otras políticas para la búsqueda de alternativas que le brinden a los padres herramientas de crianza, que otorgue una mayor protección al menor, sin que las situaciones a las que se enfrentan los menores los dejen en un estado de vulneración.

Ante ello, desde la sociedad civil y las instituciones no gubernamentales se está trabajando en alternativas que busquen educar a los padres para que ejerzan su rol adecuadamente. Una de ellas es la Disciplina Positiva, la cual se basa en la Teoría de Psicología Individual de Alfred Adler y su desarrollo práctico por Rudolf Dreikurs. Es pues un enfoque para la crianza, que se fundamenta en 4 pilares: identificación de objetivos a largo plazo, provisión de calidez y estructura, entender cómo piensan y sienten los niños y las niñas, y la resolución de problemas[3].

Este enfoque “se basa en los derechos de la niñez en desarrollo saludable, protección de la violencia y la participación en su aprendizaje”[4]. Por lo que proporciona mecanismos de aprendizaje no solo a los padres, sino también al menor.

El Estado peruano, mediante la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2015, publicado en mayo click here de 2016,  logró evidenciar que las madres creen que algunas veces es necesario el castigo físico para educar a sus hijos e hijas (20, 1%). Teniendo un mayor porcentaje los departamentos de Apurímac y Ucayali (55,4% y 49,9%, correspondientemente)[5]. Lo que nos hace conscientes que no solamente es necesario una norma prohibitiva, o modificaciones a los tipos penales, sino la instauración de políticas públicas con un enfoque diferente al sancionador.


[1]  Expediente N.º 0298-96-AA/TC, S-993, se señala lo siguiente:

 (…) Que, dentro del orden de prelaciones y jerarquías existente al interior de una Constitución, es decididamente un hecho incontrovertible, que mayor importancia reviste para un Estado y su colectividad, el proteger a la infancia y más aún, si se encuentra en situación de abandono, que promover la seguridad como valor aislado, pues independientemente de que tal dispositivo reposa directamente sus fundamentos en el artículo 1° de la Norma Fundamental y es, por consiguiente, rigurosamente tributario del principio “Dignidad de la Persona”, a la larga, del cumplimiento de un dispositivo, depende, en los hechos, la eficacia y vigencia del otro. No es posible, que un Estado proclame la Seguridad Ciudadana como valor preciado de hoy cuando alimenta las condiciones de su propia alteración a futuro. Si una colectividad permite, de espaldas a su propia realidad, que la desprotección a la niñez se solvente con actitudes de indiferencia crónica, lo único que engendra son las condiciones, para que la seguridad que hoy proclama como bandera, no vaya más allá de su propia existencia, como si el futuro de sus descendientes, paradójicamente la seguridad de ellos, no le interesara en lo absoluto.

[2] Observación general núm. 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, el Comité recomienda al Estado parte que:

  1. a) Intensifique sus esfuerzos para lograr que se dé prioridad a ese derecho, se integre debidamente y se interprete y aplique sistemáticamente en todas las actuaciones y decisiones legislativas, administrativas y judiciales y en todas las políticas, los programas y los proyectos que sean pertinentes y que tengan repercusiones en los niños

[3] DURRANT, Joan. Disciplina positiva en la crianza cotidiana. Tercera edición. Suecia: Save the Children. 2013.

[4] Ibídem.

[5] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2015. Consulta: 7 de noviembre de 2016. Enlace: <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1356/index.html>

 

Escrito por Katherine Sánchez Colonia

Estudiante de último ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asistente del Curso de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. Integrante del Grupo de investigación sobre Ética y Responsabilidad Profesional de la PUCP. Integrante de Secretaría Técnica de Abogados al Banquillo. Labora en Paz y Esperanza Perú, organización no gubernamental, en el área de incidencia, viendo temas de niñez.

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