“Criminal Compliance en el Perú” Fundamentos para su validez como requisito de procedibilidad antes de la formalización de investigación preparatoria a partir de la Ley N° 30424 y sus modificatorias”

Prelogómenos al Criminal Compliance

Como era de conocimiento en el Perú, nuestro país venía alistándose para lograr su adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo cual exigía un grado de adecuación a estándares mínimos político-criminales y normativos a instrumentos internacionales para afrontar tópicos del Derecho penal empresarial.

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Comentarios sobre la ley n° 30424, “ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”, el decreto legislativo nº 1352, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y “el proyecto de reglamento de la ley nº 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”

INTRODUCCIÓN

La ley Nº 30424 “ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”, modificada por el Decreto Legislativo Nº 30424, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, entró en vigencia el primero de enero del año en curso, en razón a ello, realizaremos una serie de comentarios sobre algunos aspectos dogmáticos y prácticos, en lo que medianamente nos sea posible.

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La pérdida de dominio como el proceso autónomo idóneo para dilucidar la titularidad del patrimonio criminal

Introducción

Cuando se escucha hablar de delitos que generan ganancias ilegales o ilícitas en agravio del Estado[1] a menudo nos surge la pregunta ¿qué sucede con ese patrimonio criminal?, y la respuesta puntual a esta interrogante viene siendo: Ius puniendi, quien reclama su propiedad por medio de un proceso denominado perdida de dominio, en la cual se declara la titularidad de los bienes a su favor mediante sentencia emitida por autoridad jurisdiccional.

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El delito colusión: un delito de encuentro apropósito del caso Odebretch y las consorciadas

Introducción

Por estas fechas el país es testigo de una serie de acontecimientos nunca antes vistos. El caso Odebretch nos ha mostrado el Perú más corrupto de los últimos tiempos. A estas alturas, nos hemos dado cuenta de que Odebretch tuvo “cómplices” para poder solventar el soborno de 20 millones que se concedió a Alejandro Toledo. Por ahora, cuatro han sido sujetos de prisión preventiva vinculadas a tres empresas que para efectos de este artículo llamaremos “socios de Odebretch”[1]. Concretamente, el delito que se les ha imputado a Odebretch y sus socios es Colusión. Dogmáticamente hablando, el delito de colusión es un delito de encuentro porque requiere la participación de un sujeto para su concreción. En este artículo, intentaremos dilucidar esta figura, además de relacionarla con el caso de los socios de Odebretch, el cual ha hecho ver a la sociedad que existen también criminales de cuello blanco.

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Desechar en vida

Qué duda cabe que los últimos hechos delictivos, que dan cuenta de violaciones sexuales a menores de edad, generan el mayor repudio social y el deseo de que los agresores reciban la mayor condena posible. Se ha llegado, incluso, a reavivar el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, condena que se encuentra proscrita en el ordenamiento jurídico peruano para este delito. Su incorporación al catálogo de sanciones penales conllevaría a la denuncia de diversos tratados y al detrimento de nuestra imagen internacional como garantes de la Democracia y los Derechos Humanos en América Latina.

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La determinación del uso de suelo en cada tipo de zonificación: Límite a la intervención estatal

Comentarios a la Resolución No. 0723-2017/SDC-INDECOPI

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resolvió la denuncia interpuesta por Inversiones Viramar contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Miraflores, sobre barreras burocráticas, mediante la cual se pronuncia sobre un tema poco tratado, la delimitación de qué usos se encuentran permitidos en una zona geográfica – índice de usos.

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Todo lo que debes tener en cuenta si un familiar fallece

  1. Introducción

“La muerte es más dura asumirla que padecerla”, solía repetir el escritor francés François-René de Chateaubriand. Y tiene razón. Asumir la muerte de un ser querido, por ejemplo, tiene un doble cariz: emotivo y práctico. A la par del dolor que sentimos, debemos organizar un velorio y un entierro, y, por otro lado, pensar en cómo mitigar la afectación patrimonial que ese suceso puede tener.

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Una aproximación a la criminalidad desde la economía

Nuestro punto de partida para analizar la criminalidad es la economía, la cual estudia las acciones que llevan adelante los sujetos para asignar medios (escasos) a determinados fines. Estos sujetos se caracterizan por ser racionales, es decir, sus acciones se basan en un análisis costo beneficio, por lo que, sus decisiones, al margen de lograr o no los fines propuestos, están encaminadas a optimizar su posición y satisfacer su interés.[1] Así, por ejemplo, un sujeto, durante el transcurso de su vida, tendrá que tomar decisiones tan simples como elegir entre comer una manzana o una pera o algunas más complejas, como decidir si cumplir o no la ley.

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A puerta cerrada: la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal nº 358

«Ser honesto no puede hacerte conseguir un montón de amigos, pero siempre te hace obtener los correctos».

[JOHN LENNON] [1].

Hace algunos días atrás, durante la sesión de concejo de la Municipalidad Distrital de La Molina, de fecha 01 de febrero de 2018, el alcalde del distrito La Molina, el señor Juan Carlos Zurek Pardo – Figueroa, arrebató violenta y flagrantemente el celular a su dueño, quien en ese mismo momento se encontraba grabando aquella sesión de Concejo con su smartphone, para así impedir que este último continuara registrando un acto público [2].

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Opinión Consultiva OC-24/17: los desafíos para el Perú

En respuesta a las interrogantes planteadas por Costa Rica, el pasado 9 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la Opinión Consultiva OC-24/17 sobre las obligaciones que los Estados tienen respecto al reconocimiento jurídico (i) del nombre y género de las personas trans* y (ii) de las uniones entre personas del mismo sexo.

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