Dracón de Tesalia y el Código Draconiano

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Dracón fue un legislador Ateniense durante el siglo VII a.C.;  autor del famoso código, el cual lleva su propio nombre, “Código de Dracón”.
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La tiranía de los jueces: implicancias de una sentencia arbitraria

En Venezuela, el día 30 de marzo del presente año, el Tribunal Supremo de Justicia de la República bolivariana de Venezuela, debido a la no acatación de una sentencia de las cortes, mediante las sentencias 155 y 156 se adjudicaba las funciones de la Asamblea Nacional al considerar que el desacato imputado al órgano de Estado estimaba la aplicación de tal medida, dejándola sin competencias. Se argumentó que la decisión se tomaba en aras de garantizar el “Estado de derecho”; sin embargo, en la práctica se realizó una usurpación de funciones.

El presente trabajo analizará la consecuencia de la sentencia desde el punto de vista de la teoría constitucional y política, para tal efecto se tomará el concepto del llamado “gobierno de los jueces” y se revisará el modelo de balance de poderes y los principios que tal ingeniería constitucional incorpora, seguidamente se analizará el caso venezolano y finalmente se incluirán unas conclusiones.

1 Check and Balance

Karl Loewenstein, es autor de un libro clásico de la teoría constitucional titulado Teoría de la Constitución. En tal texto, y basándose en una revisión histórica, jurídica y política de la evolución constitucional, actualizó una teoría para el control de la distribución del poder político en el sistema democrático contemporáneo. Se entiende por Check and Balance, o modelo de frenos y contrapesos, a una forma de división de los poderes clásicos del Estado, que mediante la distribución de funciones y reglas de procedimiento permite que los poderes del Estado tengan un control que equilibre la distribución de funciones, de esta manera existe un ejercicio mutuo de controles entre los poderes. Por esta vía, se prevé una protección al sistema democrático y, por ende, al ciudadano.

Este modelo pone un especial énfasis en la representación ciudadana, en palabras de Karl Loewenstein: “(…) cualquiera haya sido el origen de la técnica de representación, fue en todo caso la condición previa e indispensable para distribuir el poder político entre diferentes detentadores del poder […] fue esta técnica la que hizo posible la institución del parlamento como un detentador de poder” (1970: 60). En tal sentido, la idea de distribución del poder está esencialmente unida a la teoría y práctica de la representación, pues mediante la creación del parlamento representado por el pueblo se logró crear un mecanismo que permita controlar el abuso de las funciones de parte del ejecutivo.

Desde las teorías constitucionales clásicas, el modelo de control se basa en dos principios esenciales:

a) Principio de separación de poderes

Este principio es el más sagrado de la teoría y práctica constitucionales, tiene como principal función ser un instrumento fundamental para la consecución de los objetivos del constitucionalismo, pues asegura la organización y limitación racionalizada del Estado (Solozabal 1981: 215).

b) Principio de equilibrio de poderes (balance of powers)

Las constituciones democráticas han ofrecido una alternativa ante los gobiernos unipersonales: el freno del poder por el poder mismo, esto quiere decir que la única forma de evitar los excesos de poder tendrá su origen en las propias esferas gubernamentales. Este equilibrio no es natural y más bien ha sido y seguirá siendo una conquista de la sociedad (Delgado 2010: 205).

Se puede entender que los principios constitucionales de separación y equilibrio buscan el resguardo del orden democrático mediante las técnicas de control en un ambiente de independencia equilibrada de funciones, en aplicación del modelo Check and Balance.

2 Gobierno de los jueces

Edouard Lambert en 1921 publicaba un libro titulado El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social; en el texto determinaba los puntos a debatir acerca del peligro de llevar un control constitucional de las leyes. En los primeros años, el control judicial era entendido como “la compatibilidad de las actividades del legislador, democráticamente legitimado, con el control de los tribunales que determinan la interpretación de las normas” (Torres 2010: 375).Desde esa época, se han creado diversos procedimientos de control legislativo que han matizado el debate sin poder dar una única respuesta al problema, de esta manera se le ha limitado a un tema casuístico. En la actualidad, el debate acerca de los alcances en los que la función judicial puede enmarcarse ha adoptado nuevas esferas de controversia.

Los jueces Constitucionales son los encargados de controlar e interpretar la adecuada aplicación de las normas legales, en caso de que estas presenten una incompatibilidad con la Constitución, aplican esta última. Ellos cuentan con su propio ámbito de competencia: la impartición de la justicia, no gobiernan. Sin embargo, en muchas situaciones es posible que la protección de algún derecho, la aplicación de alguna norma o la búsqueda de la justicia mediante las sentencias, vaya en contravía de las políticas públicas del ejecutivo o Legislativo. En estos casos, se impone el Estado Social de Derecho (Lopez 2005: 3).

En este sentido, el cuestionamiento con el que se abre el debate ya no se limita solo al control judicial, o judicial review, sino que adquiere un componente más amplio con respecto a la aplicación y finalidades de la función judicial.

3. El caso Venezolano, la sentencia 156.

En términos generales y desde un punto de vista político, el gobierno venezolano es clasificado como un autoritarismo competitivo. Este tipo de gobierno es entendido como un régimen en el cual coexisten leyes democráticas y métodos autocráticos para el mantenimiento del poder, y en el cual las instituciones democráticas formales son ampliamente vistas como medios principales para obtener y ejercer la autoridad política (Levitsky y Way 2004:161). En tal sentido, existen acusaciones de cooptación del poder judicial de parte del régimen bolivariano, se señala que los jueces que han manifestado el fallo son partidarios del partido de gobierno y que tal filiación ha influido en la toma de decisión de la sentencia en cuestión (Martín).

Desde el punto de vista constitucional, el acto en cuestión se puede calificar como un atentado político y jurídico desde el Poder Judicial al Poder Legislativo. Esta acción ha traído a la memoria el llamado “fujimorazo”; según el analista internacional Miguel Ángel Rodríguez Mackay no hay algún tipo de diferencia entre ambos tipos de fenómenos (Correo), en tal ocasión  fue el Poder Ejecutivo quien junto con la fuerza militar realizaron un autogolpe de Estado, teniendo como consecuencia la disolución del Poder Legislativo.

Si bien el Poder Judicial ha determinado una falta con respecto al Poder Legislativo, esto no lo faculta para asumir sus funciones. El principio judicial de proporcionalidad de las penas estima que la sentencia debe de contener un equilibrio con respecto al acto en discusión. El determinar la transferencia de funciones de la Asamblea General al Poder Judicial violenta el principio judicial siendo excesiva en sus alcances. En este sentido, se puede intuir una arbitrariedad en la resolución judicial que conlleva consecuencias políticas. En palabras de Garzón Valdez: “la autonomía del poder judicial nunca puede ser excesiva, de la misma manera que la adhesión a los principios constitucionales, que determinan el alcance de las cortes, autonomía no significa arbitrariedad” (2006: 30). El fallo judicial es excesivo en sus medidas, pues las consecuencias de tales actos sobrepasan en demasía el desacato imputado, este acto es una oportunidad para reflexionar acerca del alcance de la función judicial en el aspecto de las sentencias.

No es razonable interpretar que un órgano pueda asumir las funciones de otro de manera total. Los principios constitucionales de separación y de equilibrio de poderes regulan las diferentes ramas del poder público, siendo la finalidad de la entrega de tales funciones la obstaculización en los excesos de poder o hacia las inclinaciones negativas de un poder soberano en contra de otro. Por lo que la medida terminaba siendo una violación visible al sistema democrático.

La transferencia de los actos parlamentarios representaba una violación al pacto social. Primero, el orden democrático actual separa las funciones del Estado entre sus diferentes instituciones, de esta forma se propone evitar la concentración del poder en un solo órgano, y así establecer controles y garantías. Segundo, las leyes son creadas por representantes electos por los ciudadanos, los parlamentarios al momento de ser electos adquieren legitimidad para la creación de leyes, los jueces no tienen la legitimidad popular para asumir las funciones parlamentarias de creación de leyes, ya que ellos no pasan por el proceso de elección popular. Tercero, el asumir las funciones legislativas conlleva un gran costo a la sociedad, porque ésta ya no estaría representada en las funciones que el legislativo contiene. La democracia se ve altamente quebrantada al momento de que se concentran las funciones legislativas en otro órgano.

4. Conclusiones

Ronald Dworkin decía que los casos difíciles conllevan una revisión profunda de lo que son las instituciones jurídicas relacionadas al problema en discusión. El caso revisado sirve como punto de reflexión con respecto a los principios que enmarcan un sistema democrático, pues tanto los principios de división e independencia de poderes se han visto cuestionados en el presente caso.

Todos los vicios de un gobierno parten del quebrantamiento a sus normas constitucionales; de esta forma la tiranía y la represión tienen su origen en regímenes extralimitados, acostumbrados a dictar medidas sin respeto a la división de poderes (Delgado 2010: 206). La violación o desentendimiento que la sentencia contenía del modelo de pesos y contrapesos conlleva un alto costo democrático y social debido a la desproporcionalidad y arbitrariedad que el fallo manifiesta.

El desarrollo de la sociedad ha llevado al nacimiento de nuevas formas de problemáticas que conllevan la adjudicación de las funciones de poder. La discusión acerca del gobierno de los jueces adquiere hoy un nuevo matiz con respecto a los alcances que la función judicial reviste. El caso de Venezuela ha abierto las esferas de debate con respecto a la arbitrariedad que tal función puede llegar a contemplar ya no solo mediante una revisión constitucional, sino que ahora se puede agregar al debate sobre el gobierno de los jueces el alcance de los fallos que la función judicial contempla.

La sentencia emitida se enmarca en un contexto de cuestionamiento acerca del régimen democrático venezolano, esto lleva preguntar si la decisión tomada por los jueces reviste las garantías de independencia o solo es una forma de mantenimiento del poder de parte del gobierno. Se puede concluir que el derecho constitucional en un Estado de democracia socialista, para este caso, sería un Estado de autoritarismo competitivo, tiene un valor secundario, pues se toma como un simple instrumento para realizar la revolución socialista o para permanecer con el control del poder (Biscaretti di Ruffia 1984: 223-224).

El constitucionalismo latinoamericano es aun muy débil, las cortes son fácilmente corrompibles además de que no hay existe un respeto arraigado por las funciones de los poderes del Estado. Esta es la llamada tragedia latinoamericana, la falta de seriedad para tomar a la democracia y a los derechos en serio.


 BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo

1987                                      Derecho Constitucional. Madrid: Tecnos.

CORREO

2017                                      “No hay ninguna diferencia entre el autogolpe de Fujimori y de Maduro, dice Rodríguez Mackay”. Correo. Lima, 31 de marzo del 2017.

DELGADO, Fortino

2010                                      El equilibrio de poderes. Revisado: 2 de abril de 2017.

< https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/93/10.pdf >

GARZÓN VALDEZ, Ernesto

2006                                      Tolerancia, dignidad y democracia. Lima: Fondo editorial UIGV.

LAMBERT, Edouard

1921 (2010)                        El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social. Madrid: Tecnos.

LEVITSKY, Steven y Lucan WAY

2004                                      Elecciones sin democracia. En: Estudios Políticos, número 24, enero-junio pp. 159-176.

< biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/iep/24/8%20autoritarismo%20competitivo.pdf >

LOEWENSTEIN, Karl

1970                                      Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel. Revisado: 2 de abril de 2017.

<es.scribd.com/document/125363690/01-KARL-LOEWENSTEIN-Teoria-de-la-constitucion >

LÓPEZ DAZA, Germán

2005                                      ¿Un Gobierno de los Jueces? Revisado: 2 de abril de 2017.

< http://revistapielagus.com/articulos/02.-la-jurisdiccion-const.pdf >

MARTÍN, Sabrina

2017                                      “Conozca a los jueces chavistas que perpetraron el golpe de Estado en Venezuela”. Revisado: 2 de abril del 2017

<https://es.panampost.com/sabrina-martin/2017/03/31/jueces-chavistas-golpe-de-estado-en-venezuela/ >

SOLOZABAL, Juan

1981                                      Sobre el principio de la separación de poderes. En: Revista de Estudios políticos, número 24, noviembre. Pp 214- 233. Revisado: 2 de abril de 2017.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/26674.pdf >

TORRES MURO, Ignacio

2010                                      Uso y abuso de la justicia constitucional. En: Revista española de derecho constitucional, Año nº 30, Nº 90,  pp. 369-378. Revisado: 2 de abril de 2017.

< https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3394916 >

 

El Derecho de la Moda y El Fashion Revolution Day

Muchas veces se piensa que cuando se habla de moda es que es un mundo superficial o banal; sin embargo, de un tiempo a la fecha ha surgido un nuevo movimiento denominado “Moda Sostenible” que consiste en que los compradores tomen conciencia de cómo se fabrican los productos que compran, por ejemplo cuando adquirimos una linda billetera o un lindo sastre nos deberíamos fijar en el detrás de cámaras, es decir, pensar en cómo se hizo la billetera o cómo se confeccionó el sastre que compramos y es que en verdad deberíamos considerar como ha sido elaborado, si dañamos al medio ambiente, si las personas que han trabajado para fabricarlos lo han hecho con las condiciones mínimas de trabajo. Y es que el consumismo a la fecha hace que compremos los productos en general, sin ni siquiera darnos cuenta e imaginarnos todo el trabajo y cuántas horas invertidas se han necesitado para obtener el resultado final.

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Mujeres penalistas: mitad víctimas, mitad cómplices

Simone de Beauvoir escoge una frase enigmática de su compañero el filósofo J. P Sartre para iniciar uno de los capítulos de El segundo sexo (1949): “Mitad víctimas, mitad cómplices, como todo el mundo”. A partir de esta frase, y en el marco del Mes de la Mujer[1], en las siguientes líneas reflexionamos sobre la situación de las mujeres que se dedican al ejercicio profesional del derecho, particularmente, al área penal.

Siendo Derecho la carrera profesional con mayor cantidad de alumnos matriculados (64 282 alumnos durante el año 2010)[2], “la tendencia relativa al sexo de los estudiantes de Derecho es un dato que no debe pasar desapercibido”[3]. La data más reciente sobre la distribución de postulantes a las facultades de Derecho de las Universidades, al año 2000, nos indica que la relación entre postulantes varones y mujeres es de 52% a 48%, respectivamente[4].A partir de dicha estadística llegaríamos a la conclusión de que, en pleno siglo XXI, hay relativa equidad entre el número de estudiantes mujeres y estudiantes varones en las facultades de Derecho del país.

Sin embargo, el panorama cambia cuando observamos la representatividad de las mujeres en el Derecho Penal. Ya sea en el litigio, la docencia, los eventos académicos u otras áreas del ejercicio profesional, la cifra es bastante inferior al número de hombres penalistas. Esto nos lleva a preguntarnos con preocupación por qué esta especialidad jurídica no es atractiva para un mayor número de abogadas, y si su no elección significa algo más que simple inclinación o preferencia académica.

Entonces, ¿cómo es el ejercicio profesional del Derecho Penal?

El ejercicio profesional del Derecho Penal es el conjunto de actividades que desarrolla el abogado aplicando sus conocimientos especializados en materia penal y procesal penal. Está orientado al uso estratégico de un sistema jurídico que prohíbe –como ultima ratio– aquellas conductas que menoscaben ilegítimamente la libertad de un tercero, protegiendo así la libertad que las personas requerimos para nuestro desarrollo[5].

Pero ejercer el Derecho Penal, es decir, ser penalista, no solo implica un manejo solvente a nivel teórico y práctico de las categorías jurídico-penales, sino que también –y sobre todo- involucra características típicamente relacionadas al género masculino, en tanto que son los hombres los que han acaparado la especialidad. Ello tiene su correlato en que “no sorprende que los rasgos asociados con las mujeres no sean muy valorados por el derecho”[6].. Así, hablamos de un Derecho penal “masculino” porque se privilegian –e incentivan- rasgos asociados a este género. Por ejemplo, el nuevo sistema procesal penal exige que quien litigue esté sujeto a constantes desplazamientos y diligencias dada la oralidad del proceso, ritmo diseñado por y para hombres, que a una mujer gestante o madre se le haría más difícil de manejar. Otro ejemplo es el carácter que tradicionalmente se asocia al género femenino –pasivo, sentimental, susceptible, etc.-, el cual no tendría tanto éxito como el carácter típicamente masculino al momento de enfrentar casos que implican un complejo dilema moral y emocional para quien los juzga, persigue o defiende. Por otro lado, si hacemos el pequeño ejercicio de preguntarle a las penalistas cuántas veces se han sentido acosadas o simplemente incómodas por el trato que le dan sus pares hombres en razón de su sexo, consideramos que las respuestas nos alarmarían.

Pero las mujeres penalistas no solo son víctimas de este sistema jurídico penal, sino también cómplices del mismo. Cómplices, porque callan ante las injusticias del patriarcado en esta área del Derecho, donde los tipos penales simplemente no están construidos de cara a paliar los graves problemas que sufren las propias mujeres y las identidades sexuales contrahegemónicas, como el aborto, las violaciones, el maltrato intrafamiliar, los feminicidios y los atentados de odio contra la población LGTBI; y donde el razonamiento de los magistrados carece de metodología feminista.

Sobre esto último, Yván Montoya aborda un caso emblemático de ausencia de manejo de métodos feministas en el campo penal, como lo es el caso de las masivas esterilizaciones involuntarias de mujeres en el Perú durante el régimen de Alberto Fujimori, llevadas a cabo especialmente en los años 1995 a 1998.  La actuación fiscal en este caso se basó en la “minimización de la gravedad de los hechos probados y la negación de la calificación de los mismos como lesiones dolosas”, “la negación de la calificación de graves violaciones a los derechos y de crimen de lesa humanidad”, así como “la afirmación del consentimiento sobre la base de elementos que lo vician”[7]; mostrando nula perspectiva de género, en perjuicio de las mujeres afectadas.

Frente a esto, consideramos urgente y necesario que las penalistas sean feministas, es decir, que se comprometan activamente desde el ejercicio profesional con “una de las aspiraciones más altas y generales del derecho”[8], como lo es la igualdad.


[1]  RESOLUCION MINISTERIAL Nº 114-2007-MIMDES: Declaran el mes de marzo de cada año como el Mes de la Mujer. En: http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/dia_internacional_mujer/pdf/rm_114_2007_mimdes.pdf

[2] Gráfico Nº 23 Perú: Carreras Profesionales con mayor cantidad de Alumnos Matriculados. 2010. En: http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/doc/ESTADISTICA_UNIVERSITARIAS.pdf

[3] GONZÁLES MATILLA, Gorki. La enseñanza del Derecho o los molinos de viento. Cambios, resistencias y continuidades. Lima: Palestra. 2008. p. 74.

[4] Ídem. p.75.

[5] MEINI, Iván. Lecciones de Derecho Penal – Parte General. Teoría jurídica del delito, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2004. p.21.

 

[6] OLSEN, Francis. “El sexo del Derecho”. En: RUIZ, Alicia E. C, Identidad femenina y discurso jurídico. Buenos Aires: Editorial Biblos. p. 27.

[7] MONTOYA VIVANCO, Yván. “Derecho penal y métodos feministas. A propósito de la actuación del Ministerio Público frente a las masivas esterilizaciones involuntarias de mujeres en el Perú”. En: FERNÁNDEZ, Marisol y Félix, MORALES (Coord.), Métodos feministas en el Derecho. Aproximaciones críticas a la jurisprudencia peruana, Lima: Palestra. 2011. pp. 158 – 179.

[8] FISS, Owen. “¿Qué es el feminismo?”. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Alicante, Nro. 14, p. 335.

 

El Papa Inocencio IV y la persona jurídica

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Sinibaldo dei Fieschi (1185-1254), profesor de derecho canónico en la ciudad de Bolonia, fue elegido Papa bajo el nombre de Inocencio IV el 25 de junio de 1243 luego de la muerte de Celestino IV. La relevancia de Inocencio para el derecho, sin embargo, no es solo debido a su posición frente a Federico II y su posesión de los Estados Papales alrededor de Roma, sino por el estatus político que tomó a partir de eso y el uso de una figura en particular para sus fines.
En un momento de conflicto que instó a Inocencio IV a mostrar la supremacía del poder eclesiástico, la doctrina de la época aun no establecía que los grupos de individuos  bajo un mismo emblema  podían ser excomulgados. La excomunión era aun una figura temida mas era imposible de realizarse con tantos adversarios en mente. A los colectivos no se les podia excomulgar de la misma forma que a una persona natural y mucho menos ser encontrados culpables de delito alguno. En el momento, la imposibilidad de dicha acción se regía debido a que estos colectivos no poseían un cuerpo ni una voluntad que los asemejara a las personas naturales.
Otros estudiosos de la época sostenían que las comunidades no podían ser castigadas ni excomulgadas porque no poseían un alma ni un cuerpo como tal.  Como consecuencia la personalidad de las personas jurídicas entra en cuestión con el Papa Inocencio IV, tal vez sin imaginar la futura repercusión y uso de la figura, como método de presión ante sus adversarios políticos y militares.

La democracia constitucional y el debate en torno al Currículo Nacional de Educación con respecto a la libertad de religión

“La democracia está fundada sobre los individuos, no sobre la masa” ( Zagrebelsky 2010, 104), es el principio democrático el que caracteriza al gobierno de un Estado constitucional de derecho y no el principio de la tiranía de la mayoría en perjuicio de la libertad de todas y cada una de las personas que son titulares de los derechos humanos y fundamentales.

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Comentarios a la Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable

En los últimos días hemos visto como la naturaleza ha generado una gran cantidad de huaicos, los cuales han causado una serie de daños materiales y lamentablemente la muerte de varias personas. Esto nos hace preguntarnos qué tanto podemos prepararnos para dichos acontecimientos y cómo es posible que en zonas en donde siempre suceden los mismos hechos sigan viviendo personas.

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5 Juristas latinoamericanas que lucharon por la igualdad

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A través de los años, las mujeres han ido escalando en la conquista de sus derechos, esto no ha sido nada fácil, es una lucha constante hasta el día de hoy. En el presente artículo, recordamos a mujeres juristas latinoamericanas que, además de luchar por la igualdad, desafiaron los prejuicios sociales de su época y marcaron hitos en la profesionalización de la mujer.

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Clara Campoamor, principal impulsora del sufragio femenino en España

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Clara Campoamor fue una política española, nació el 12 de febrero de 1888 en un barrio humilde de Madrid. En el año 1923 forma parte de la Juventud Universitaria Femenina, donde sus ideas en relación a la igualdad de las mujeres en la sociedad surgen. Un año más tarde, a la edad de treinta y seis años logra licenciarse en Derecho, convirtiéndose en una de las pocas abogadas de España.
En 1928 crea la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, hasta el momento existe una sede en París. Dos años más tarde, colabora con la fundación de la Liga Femenina Española por la Paz y logra ser delegada en España en la Sociedad de Naciones.
Clara logra formar parte del Partido Radical y gana las elecciones para las Cortes Constituyentes de la Segunda República, en el año 1931. En la cámara de diputados solo había tres mujeres: Margarita Nelken, Victoria Kent y Clara Campomar. Las otras dos diputadas se encontraban en contra del sufragio femenino, argumentando que las mujeres se encontraban influenciadas por la iglesia y su voto sería conservar, pero Clara siendo fiel a su pensamiento continua su lucha por lograr la igualdad de las mujeres.
Clara logra implantar su tesis y en el año 1931 es considera como la principal impulsora de la inclusión del derecho a voto femenino, el cual fue redactado en la constitución del mismo año en el artículo 36.
En 1936, durante el golpe militar por el general Franco, Clara viaja a Francia, Argentina y a Lausana, lugar donde fallece en 1972.

FUENTES
ClaraCampoamor. https://www.ciudaddemujeres.com/mujeres/Politica/CampoamorClara.htm
Mujeres Juristas que Marcaron Historia
http://listas.20minutos.es/lista/mujeres-juristas-que-marcaron-la-historia-356007/
Cinco cosas que indignarían a Clara Campoamor, la ‘madre’ del voto femenino
http://www.elmundo.es/yodona/2015/10/02/560cfa91ca4741d02a8b4576.html
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