Del paternalismo a la participación: Políticas de salud sexual para personas trans

I. INTRODUCCIÓN

Hace algunos años elaboré una investigación sobre la atención en salud sexual VIH-SIDA a personas trans y recibí todo tipo de comentarios. Me dijeron que las travestis eran gays vestidos de mujer. Que no era un tema relevante para las políticas públicas en salud. Que mejor cambie de tema, algo menos controversial. Que era una población con muy pocas posibilidades de salir adelante.

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Impactos de la patologización: deshumanización de la sexualidad en la agenda por la igualdad de las personas TLGB

“Esta pretensión de que nuestro legisladores y jueces discriminan a los homosexuales en el convencimiento de estar aplicando los descubrimientos de una ciencia psiquiátrica moderna y liberal a la confección de una política de bienestar nacional, convierte todo este asunto en un desatino aún más monstruoso”.

Thomas S. Szasz

Nunca antes en el país, se le había dado tanta atención pública a la política educativa como en estos últimos meses. Durante años, la población en general, así como diversas organizaciones, han demandado al Ministerio de Educación la implementación de mejoras en el sistema educativo, y dentro de estas, no solo se plantean aspectos como la comprensión lectora o destrezas en ciencias numéricas, sino en aspectos relacionados a los valores. El gran debate se da cuando se pretende dar contenido a estos valores, cuando sí, se comprende o no, que deben traducirse en el derecho a la igualdad y no discriminación.

Lo endémica y grave que es la situación de la violencia en todas sus formas en nuestro país, y en especial la violencia de género que se ejerce contra las mujeres y personas TLGB[1] a lo largo de todo su ciclo de vida, ha puesto a la escuela en el centro de las inversiones estratégicas que los Estados deben realizar para su erradicación. La transformación de las escuelas en espacios seguros, en lugares donde niñas, niños y adolescentes aprenden y se fortalecen para que sus proyectos de vida se tornen una realidad, es un tema impostergable; si de desarrollo y lucha contra la pobreza se habla, y en ello hay bastante consenso.

La reforma educativa que se ha venido anhelando y reclamando durante muchos años  trae en el año 2016 la aprobación de un nuevo el Currículo Nacional de la Educación Básica, que incorpora, entre muchos de sus enfoques, el enfoque de género; incorporando estándares mínimos en materia de educación. Por ello, plantea el deber de educar sin desigualdades de género, reforzando valores como la igualdad, la empatía y la solidaridad; proponiendo una escuela que permita comprender y atender la importancia de la sexualidad como un aspecto constitutivo del desarrollo humano.

Esta propuesta educativa permitiría, en el mediano plazo, contar con nuevas generaciones que reconocen iguales entre sí a las personas, avanzando contra la discriminación; lo cual lleva a respetar lo diverso que es la humanidad acogiendo esta diversidad como parte fundamental para pleno desarrollo humano. Ello supone, sin duda, dejar atrás el uso de la violencia y de la imposición de una sola manera de entender, reconocer y configurar lo humano; poniendo el gran desafío de erradicar mitos y estereotipos del deber ser en muchos aspectos de la vida, y en uno central: lo sexual.

Creímos por un momento que éramos una sociedad que evolucionaba, que esta modernidad y auge económico nos estaba haciendo un país distinto, donde el racismo, el sexismo, la xenofobia, y la homofobia, existían, pero ya no eran frecuentes y que casi, casi, eran cosas del pasado. Sin embargo, el debate público sobre el contenido educativo nos ha permitido observar que apenas, como se dice, se comienza a escarbar; afloran peligrosas expresiones de odio y desprecio por la existencia de determinadas personas, que llevan a plantear incluso su desaparición.

Hemos constatado, que la igualdad está lejos de ser una realidad cotidiana para quienes habitamos este país, que algunos avances han sido producto de procesos largos y costosos. En estos procesos las mujeres, las personas TLGBI, las personas afrodescendientes, la personas con discapacidad, las personas indígenas, entre otras, han ganado a mucho pulso y trabajo, el reconocimiento de algunos derechos; a veces solo de manera nominal, en papel, pero que la igualdad real es aún un pendiente, teniendo un enorme costo para nuestra sociedad.

Esta lucha por la igualdad está permeada, por supuesto, por el reconocimiento de privilegios no solo para algunas clases sociales, sino también, para algunas maneras de existir y vivir la sexualidad; para algunas maneras de ser una “buena mujer”; para algunas maneras de ser un “buen hombre” dentro de lo bueno, sano, normal y adecuado; está para la heterosexualidad con fines reproductivos, la feminidad que ensalza la maternidad y lo doméstico como único referente para las mujeres,  y la masculinidad como negación de lo femenino, como muestra de una sexualidad casi irrefrenable y una violencia que permite encauzar estos roles. Siendo todo aquello lo que salga de este patrón de normalidad, peligroso, tanto así que incluso atenta contra la democracia en nuestro país.

La censura del Ministro de Educación Saavedra, en diciembre del año 2016, por haber aprobado esta política pública educativa, es una muestra de cómo se asocia esta propuesta de negación de la ciudadanía e igualdad para mujeres y personas TLGB en nuestro país con la estabilidad de un gobierno, de una democracia.

Las dinámicas interpersonales y de socialización que se dan en la escuela son sin duda un reflejo de aquello que sucede en los diferentes espacios sociales, por ello es que es tan importante traer a luz el acoso o bullying homofóbico, como realidad cotidiana en nuestro sistema educativo. Hoy en día las escuelas vienen siendo parte de este sistema que réplica y refuerza esta violencia.

Cuba y Osores[2], al realizar un análisis de los resultados de la Encuesta de Convivencia Escolar (2013)[3], relieva que el 4.7% de quienes sufrieron violencia escolar fue de tipo homofóbica,  que el 77% de víctimas de violencia homofóbica son hombres. Señala que el identificarse como hombre es la variable que más se relaciona con esta violencia; donde más del 80% de los afectados por violencia homofóbica han sido insultados por sus compañeros, el 60% ha sido golpeado por algún compañero y más de la mitad ha sido objeto de burlas de insultos por medios electrónicos.

En los casos en que los agresores son adultos en la escuela, 32% fue objeto de violencia homofóbica con insultos, y un 28% con burlas. Un hallazgo escalofriante, es que el ser víctima de violación por parte de un compañero del colegio es el doble de probable cuando se es afectado por violencia homofóbica que cuando se es afecta por violencia escolar en general.

Así, salirse de aquello que un hombre debe aparentar y ser enmarcado en los estereotipos de la masculinidad debe ser castigado, la violencia en ellos también cobra un significado de control y sobre todo de adoctrinamiento, sobre el “deber ser hombre”, en desprecio de lo femenino.

Pero estas no son las únicas evidencias, PROMSEX[4] en colaboración con otras organizaciones de América Latina, realizó un estudio durante el año 2016 para conocer y analizar el clima escolar desde la mirada de estudiantes TLGB. 321 estudiantes LGTB entre los 14 y 17 años de 20 regiones del país, brindaron información valiosa sobre su cotidiano en las escuelas. El 72% de estudiantes señaló haber sufrido acoso verbal debido a su orientación sexual, 58% la sufrió por su expresión de género. El 33% sufrió acoso físico debido a su orientación sexual y el 26% debido a su expresión de género. 7 de cada 10 estudiantes se sintieron inseguros en el colegio debido a su orientación sexual, 3 de cada 10 faltaron al colegio entre 1 y 5 veces en el último mes debido a la sensación de inseguridad. El 59% de estudiantes escuchó siempre o con frecuencia comentarios homofóbicos en su colegio.

Frente a ello, el 43% de estudiantes señaló que el profesorado nunca intervino cuando fue testigo de comentarios homofóbicos, y lo peor es que un 30% señaló que los comentarios homofóbicos provinieron del profesorado. Por ello, no es de extrañar que 57% de estudiantes, nunca informó de los casos de acoso al personal de la escuela y el 68% nunca informó a su familia.

Un estudio sobre el bullying homofóbico en colegios de Perú, Chile y Guatemala, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el Perú[5] el año 2013, reporta que el 44% de personas encuestadas en Lima Metropolitana (de un total de 900) fueron víctimas de bullying alguna vez cuando estuvieron en el colegio. De esta cifra, las personas homosexuales lo sufrieron con mayor frecuencia (67,7%), debido a su orientación de género.

Sin duda, hace falta documentar y tener información más profunda sobre este tipo de violencia; sin embargo, se puede señalar que, tanto desde iniciativas estatales, como desde organizaciones de la sociedad civil, se ha logrado contar con evidencia que no puede ni debe ser soslayada, y es frente a ello que el nuevo currículo como política pública cobra tanto sentido, pues es el Estado quien tiene la obligación de responder para erradicar esta violencia discriminadora en las escuelas contra las niñas, niños y adolescentes TLGB.

Las escuelas, en este sentido, se convierten en espacios donde los roles y estereotipos de género van marcando lo que se considera una vivencia y desarrollo “sano” de la sexualidad, el lugar donde se van moldeando las relaciones de género y donde también, al igual que en casa, se castiga aquello que no entra en lo que es considerado “normal”, sin importar si con ello se causa sufrimiento, y se trunca el desarrollo afectivo y cognitivo de quienes no sienten o piensan como esta norma social.

Estamos en una gran encrucijada, como sostiene Thomas Szas[6], “nos hemos dejado llevar por el temor a la homosexualidad, de la misma manera e intensidad que en la antigüedad se le temía a las brujas y herejes, conviviendo así, en una misma idea de que la homosexualidad es tanto enfermedad como crimen, no se le considera plenamente humano, se le niega el reconocimiento como ser humano en su identidad y yo auténticos puesto que no es heterosexual, socavando así las creencias y valores del grupo dominante”.

El rol que la medicina y con ella la psiquiatría, y más adelante la psicología, ha jugado en convertir expresiones de la sexualidad e identidades en enfermedades mentales, data de muchos años, casi tantos como la creación de estas profesiones. Se construyó la homosexualidad y la transexualidad como una enfermedad, como un diagnóstico médico, plausible de terapias de reconversión, no solo para el entendimiento de estas profesiones de la salud mental, sino también constituyéndose peligrosamente en sentido común, lo cual incluso ha alcanzado para deshumanizar a estas personas social y legalmente.

Esto, los convierte en “enfermos mentales”,  les alcanza el estigma y discriminación también de cual son víctimas las personas con problemas de salud mental; personas de las cuales se considera que deben ser apartados o eliminados de la sociedad porque la contaminan, la dañan, que son peligrosas, personas que deben ser curadas. Desnaturalizar la heterosexualidad y con ello su superioridad frente a otras formas de amar y ejercer la sexualidad, irrumpe en siglos de haber vuelto delincuentes, peligrosas y enfermas a personas TLGB.

Aprovechando la construcción de la homosexualidad y transexualidad como patologías es que una propuesta política transformada en campaña irrumpe en el escenario público, cuestionando el rol de la educación en el Perú en relación a desmontar estereotipos de género.  La campaña de odio #ConMisHijosNoTeMetas “hace match” con tantas personas en nuestro país, de todos los niveles sociales y económicos, en quienes se ha logrado instalar en el sentido común un sistema que jerarquiza las sexualidades y valora las mismas como positivas o negativas en función de la heterosexualidad como mandato. Nunca antes un discurso discriminador, cargado de prejuicio, ha tenido tantos titulares y cobertura mediática, nunca antes una campaña pública, proveniente de políticos religiosos ha puesto en jaque al sistema educativo peruano.

Si bien hoy, a nivel mundial, se cuenta con cambios positivos desde las profesiones de la salud mental que han llevado, por lo menos en lo académico, a despatologizar la homosexualidad o a avanzar en un debate cada vez más serio sobre la transexualidad y su no asociación directa con la disforia de género como categoría clínica. Queda una enorme deuda social que deberá ser revertida con la participación activa en un debate público sobre ello, que lleve a no utilizar estas categorías patologizantes para sostener el recorte o la negación de las obligaciones que tiene el Estado de proteger, garantizar y reconocer derechos plenos a las personas TLGB en nuestro país.

La escuela debe marcar contenidos y rutas para ir generando cambios tan necesarios a gran escala social y cultural. Por ello, es que la reforma educativa es tan importante y tan amenazadora a la vez, por lo que hablar de igualdad de género y de violencia de género es tan combatido por quienes durante siglos han impuesto sus políticas de la sexualidad basadas en el miedo, dolor, enfermedad y culpa como son las iglesias, en especial la católica, en alianza hoy con sectores evangélicos.

Nada más importante para lograr el desarrollo y una democracia plena que las generaciones de hoy y del futuro cuestionen lo natural con que se presentan expresiones como la homofobia, el racismo y el machismo, que van muy juntos como aliados. Nada más importante que tengamos niños y niñas que cuestionen la violencia en sus casas, la de sus maestros, y que poco a poco vayan reconociendo al otro y otra como igual. Esa es una inversión y una decisión política democrática y laica que no se debe paralizar por un grupo de políticos conservadores revestidos con verdades reveladas, que desde los templos reviven miedos y odios que como sociedad debemos enterrar.


(*) Fuente de imagen: CIDHLGBTIViolencia

[1] Se usa TLGB, que incluye a las personas trans, lesbianas, gays y bisexuales.

[2] Cuba, L y Osores, T. Violencia homofóbica y construcción de la masculinidad en la escuela: una exploración cuantitativa. Disponible en:  http://www.siep.org.pe/wp-content/uploads/Mesa-23.21.pdf

[3] Con una muestra de 47,114 estudiantes del 5to de Secundaria.

[4] Promsex. Estudio sobre clima escolar en el Perú 2016. Disponible en: https://issuu.com/promsex/docs/iaeperuwebglesen

[5] Cáceres, C y Salazar, X, et al. Era como ir todos los días al matadero… El bullying homofóbico en instituciones educativas públicas de Chile, Guatemala y Perú. Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano. Universidad Peruana Cayetano Heredia, PNUD. 2013. Disponible en: http://www.pe.undp.org/content/dam/peru/docs/ODMs/pe.PNUD_UNESCO_BULLYING_Chile_Guatemala_Peru.pdf

[6] Szasz, T. La Fabricación de la Locura. Barcelona: Kairos. 2006.pp. 250 -251.

Abrir los ojos: Daniel y Zuleimy

La apatía peruana frente a los crímenes de odio

Desde fines del año pasado y en lo que va de este, se ha desarrollado en el Perú una discusión bastante compleja en torno a temas que durante mucho tiempo eran impensables para nuestra sociedad como son los derechos LGBTI. Evidentemente, esto no es reciente, ya que la primera vez que se presentó el proyecto de “Unión Civil no matrimonial para personas del mismo sexo” en el año 2013, pudimos ser testigos de numerosos debates en espacios académicos, políticos, periodísticos y cotidianos. De hecho, esto nos permitió conocer cuál era el sentido común no exento de temores y prejuicios que la población peruana tenía respecto a este tema. No obstante, fue un logro importante haber entrado a la agenda pública en medio de tantas deudas pendientes y vitales que tenemos en el Perú, que quedan olvidadas y postergadas por la coyuntura y el escándalo mediático.

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¿Y POR QUÉ NO UNA “TI” QUE REFLEJE TU VERDADERA IDENTIDAD? La reforma trans y el supuesto atentado contra la “identidad católica” de la PUCP

ILEANA ROJAS ROMERO - Ilustración para artículo en Parthenon

“Las personas ‘trans’ no tienen un problema, es la sociedad la que sufre ‘transfobia’“*

 

La “Reforma Trans” de la PUCP y la controversia en torno a la “TI”

Ser una persona trans[1] no se elige, pero sí se elige discriminar a las personas trans. En principio, las universidades, cuna de profesionales que son el futuro de nuestro país, deben ser las primeras en promover y garantizar de manera prioritaria la igualdad y no discriminación de sus estudiantes y, en general, de los miembros de la comunidad universitaria. Las universidades, sean públicas o privadas, ofrecen un servicio público, que es justamente la educación. Esta educación debe impartirse sin ningún tipo de discriminación negativa para sus usuarios[2], y permitir que estos puedan gozar su derecho a la educación de manera adecuada y sin ningún tipo de obstáculo en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Desde hace casi dos años, un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha venido trabajando en una Propuesta de Política para el Respeto de la Identidad de Género en la PUCP, más conocida como la “Reforma Trans”. La propuesta inicial contenía una serie de medidas comprendidas en los siguientes puntos: la adopción de una tarjeta de identificación (TI) que refleje la identidad de las personas trans; la sensibilización de la comunidad universitaria; el acceso e idoneidad de los servicios; la respuesta ante situaciones de discriminación entre estudiantes, docentes y personal no docente que trabaja en la PUCP; la formación curricular.

Esta propuesta fue sometida a votación en el Consejo Universitario el 31 de mayo de 2017 y fue aprobada por mayoría. No obstante, con fecha 07 de junio, en sesión extraordinaria del Consejo, se discutió en torno al primer punto del proyecto original. Sin embargo, debido a que hasta el momento se desconoce el contenido de las actas de ambas sesiones (ya que no son públicas), no se puede saber con certeza si dicho punto será sometido a reconsideración o simplemente se ha descartado por completo.

Lo que sí es cierto es que la no publicación de las actas no sólo ha generado confusión e incertidumbre en torno a este punto crucial en el proyecto de reforma. La omisión de la publicación de las actas también podría reflejar una actuación de mala fe de la PUCP, debido a su falta de transparencia; o, en todo caso, podría reflejar una lamentable indiferencia con relación a este tema, a pesar de ser supuestamente una universidad conocida por su respeto a la pluralidad y defensa de los derechos fundamentales.

En efecto, pese a haber transcurrido casi veinte (20) días hasta la fecha en que se escribe el presente artículo, aún las actas no son conocidas si quiera por los principales interesados en tener una respuesta cierta, concreta y final en torno a la posibilidad o no de que las personas trans puedan acceder a una TI que refleje su identidad de género.

La necesidad de la adopción de una TI que refleje la identidad de las personas trans

¿Por qué una “Reforma Trans” en la PUCP? Más específicamente, ¿por qué resulta necesaria la adopción de una tarjeta de identificación (TI) que refleje la identidad de las personas trans? Es necesaria para garantizar el derecho fundamental a la identidad de las personas trans dentro de la PUCP. De hecho, la situación de discriminación es propia no solamente de la PUCP, sino más bien es una situación generalizada en nuestro país y en el mundo entero. La existencia de personas trans es una realidad y también lo es su situación de discriminación en la PUCP, la cual los coloca como grupo en situación de vulnerabilidad que requiere de especial protección.

Esta discriminación se ve reflejada, por ejemplo, en la negación de su identidad. Esta negación se ha venido dando con el hecho de que, hasta el momento, las personas trans se han visto imposibilitadas de que en su TI aparezca el nombre que se corresponda con su identidad de género. Así, la situación de no concordancia entre la verdadera identidad de la persona trans con la identidad reflejada en su TI, ha originado que las mismas tengan que atravesar constantemente situaciones muy incómodas y denigrantes, siendo algunas de estas las siguientes:

  • están sometidos a cuestionamientos acerca de la discordancia entre su apariencia física y la de su fotografía o su nombre en el TI;
  • tienen que dar explicaciones acerca de su condición de trans, al haberse identificado dicha discordancia;
  • se les niega el ofrecimiento de los servicios universitarios debido a la discordancia identificada o se les genera una espera innecesaria para “aclarar” la situación;
  • están expuestos a burlas y agresiones, como consecuencia de la discordancia referida, haciéndolos quedar en ridículo frente a otras personas que podrían a su vez generar una situación adicional de discriminación a la ya generada por la discordancia señalada;
  • entre otras.

Estas situaciones generan en las personas trans una vulneración de sus derechos a la identidad personal, al libre desarrollo de su personalidad y a su dignidad humana, en relación con su derecho a la igualdad y no discriminación. En efecto, la estigmatización que se produce como consecuencia de una TI que no refleja la identidad de género de las personas trans ocasiona que las mismas se sientan permanentemente intimidadas, avergonzadas, incómodas, amenazadas, cuestionadas, menospreciadas y limitadas con relación a los demás miembros de la comunidad universitaria (personas no trans) que sí gozan plenamente de su derecho a tener un TI que refleje su identidad de género.

Justamente, con la “Reforma Trans” –y, sobre todo, con el primer punto del proyecto original– se pretendía lograr, entre otras medidas, hacer frente a estas situaciones de vulneración de derechos de las personas trans. Sin embargo, con el cuestionamiento del primer punto por parte del Consejo Universitario en la sesión extraordinaria del 07 de junio de 2017, probablemente se haya puesto en peligro la propuesta de adopción de una TI que refleje la identidad de género de las personas trans y, con ello, los derechos señalados en el anterior párrafo.

La adopción de una TI que refleje la identidad de las personas trans como un derecho exigible a la PUCP

Pero la adopción de una TI que refleje la identidad de género las personas trans no sólo es una necesidad, sino también un derecho exigible a la PUCP. Efectivamente, es un derecho y no un privilegio, puesto que las personas trans se encuentran en situación de vulnerabilidad en comparación con los demás miembros de la comunidad universitaria de la PUCP.

Esta especial situación de vulnerabilidad requiere que se adopten medidas especiales de protección de sus derechos (affirmative actions o discriminación positiva), con la finalidad de buscar un equilibrio en las condiciones de las personas trans con relación al resto de la comunidad universitaria. Esta protección especial expresada en la igualdad de género constituye un mandato del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación. Más precisamente, la protección especial se ve reflejada en medidas como la adopción de una TI que refleje la identidad de género las personas trans. En suma, este derecho sí tiene sustento jurídico.

Para esto, debe entenderse que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “en el ámbito de sus decisiones íntimas y personales y como parte esencial de su proyecto de vida, las personas pueden estar en un proceso de desarrollo constante y fluctuante, construyéndose a sí mismas en relación con una determinada (…) identidad de género”[3]. Es decir, la identidad de género es un elemento dinámico de la persona humana. Por ello, no debe confundirse el género, aspecto psicológico y social de los seres humanos, y en constante construcción; con el sexo, aspecto biológico, que es con lo que nacen los seres humanos.

Al ser el género un elemento dinámico, es posible que las personas que hayan nacido con un sexo determinado, en el transcurso de su vida descubran que su identidad de género no se corresponde con su sexo asignado al nacer. En esos casos, surge la necesidad en esas personas trans de que los documentos que la identifiquen sean cambiados, ajustándose a su real identidad de género. Dicha identidad de género, es un elemento dinámico, es decir, en constante construcción y es posible que dicha identidad no se encuentre alineada con el sexo biológico o cromosómico.

Por lo tanto, la identidad de las personas es un aspecto complejo, puesto que no sólo comprende a la identidad del sexo cromosómico, sino también a la identidad de género:

“Social y doctrinalmente se ha establecido una diferenciación entre el sexo y el género y actualmente existe una tendencia a marcar esta distinción también en el lenguaje legislativo. Sin embargo, a nivel internacional y con cierta uniformidad en el ámbito doméstico, las categorías sexo y género han sido históricamente utilizadas en forma intercambiable. Por lo tanto, en el caso de algunos tratados internacionales y demás cuerpos normativos que al momento de su redacción no contemplaban la categoría “género”, se interpreta que la categoría “sexo” comprende también la categoría “género”, con el fin de asegurar el objeto útil de la protección jurídica integral”[4](Resaltado agregado)

Asimismo, la protección del derecho a la identidad no sólo comprende la faceta interna (para sí), sino también la externa (para otros, para el mundo). La misma lógica de la CIDH también la mantiene el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de nuestra Constitución Política, cuando define el derecho fundamental a la identidad de modo amplio:

“El derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo cómo es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia genética, características corporales, etc) y aquellos otros que se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.)”[5](Resaltado agregado)

Esta interpretación del derecho a la identidad también se refleja en la siguiente afirmación del Tribunal Constitucional:

“(…) este Tribunal advierte que existe una fuerte tendencia de reconocer que existe un derecho a la identidad de género, el cual forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad personal. Este hace referencia al conjunto de vivencias que denotan una expresión propia del ser humano, y que, por ello, le permiten distinguirla de otras personas. La forma en la que ella decide no seguir los patrones convencionales que, dentro de las prácticas sociales, permiten identificar a una persona como “hombre” o “mujer”, es, ineludiblemente, un aspecto esencial de la manera en que ha decidido desarrollar su vida, y que, en ese sentido, merece tutela constitucional al formar parte de su identidad (…)”[6](Resaltado agregado)

Los derechos en juego en torno a la controversia de la TI

De este modo, la dinamicidad del género, sumada a la exigencia jurídica de adopción de medidas de protección especial, hacen necesario la adopción de una TI que refleje la identidad de género de las personas trans. En efecto, como se señaló al principio, las universidades ofrecen el servicio público de la educación, se traten estas de universidades públicas o privadas. La PUCP, a pesar de ser una universidad privada, ofrece un servicio público[7]. Este servicio público debe ofrecerse sin discriminación alguna y, el hecho de que la PUCP tenga una “identidad católica”, no constituye justificación válida para que esta discriminación se siga perpetuando.

Según algunos opositores a la “Reforma Trans”, supuestamente esta “identidad católica” respondería a la libertad de religión de la PUCP y, en ese sentido, la aprobación de dicha reforma podría constituir una violación de dicha libertad. Pero, ¿realmente esto es así? En realidad, no. El ejercicio de los derechos no es absoluto y el de la libertad religiosa no es la excepción. Para llegar a esta conclusión resulta necesario fijarnos en el contenido esencial y en los límites de la libertad religiosa.

Con relación a su contenido esencial[8], este vendría a ser la libertad de tener, adoptar, conservar y/o cambiar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de profesar, divulgar o manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, sea mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

Sin embargo, esta libertad está sujeta a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden público, la moral y salud públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Con relación a las limitaciones prescritas por la ley, tenemos a la Ley Nº 29635, Ley de Libertad Religiosa, en cuyo artículo 1º se dispone que este derecho “tiene como único límite tanto la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales”.

De este modo, la adopción de una TI que refleje la identidad de género las personas trans no afecta de ninguna manera a la libertad religiosa, puesto que el límite de su ejercicio es la protección de derechos fundamentales, como el derecho a la identidad de género, en relación con el derecho a la igualdad y no discriminación. El hecho de que la PUCP sea una universidad católica no quiere decir que tenga carta libre para desconocer o impedir el ejercicio de derechos fundamentales, sobre todo de un grupo social en situación de vulnerabilidad, como es el grupo de las personas trans.

Además, resulta extraño que desde la otra orilla se cuestione esta medida y, a la vez, se permita la existencia en la Facultad de Derecho del curso de Género, cuyo syllabus justamente comprende la enseñanza de temas de género, entre los cuales se encuentran los derechos de las personas trans, y la necesidad de la protección y garantía de su identidad de género. Al respecto, debe recordarse también que, de acuerdo con el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG), el enfoque de género debe ser transversal, lo cual implica que este enfoque también debe encontrarse presente en la educación universitaria.

En todo caso, si se considera que de cierta manera se estarían contraviniendo los valores católicos al adoptar dicha medida, debe recordarse que la PUCP ofrece un servicio público, que es la educación. Este servicio público, independientemente de qué institución lo ofrezca, debe procurar siempre el pleno respeto y garantía de los derechos fundamentales. La “identidad católica” alegada y el modelo educativo universitario católico no pueden ser excusa para la vulneración de derechos. Distinto es, por ejemplo, que se pretenda atentar contra los símbolos de la religión católica, que se impida la celebración de misas, entre otros de similar magnitud.

Por ello, un test de proporcionalidad podría contribuir mucho para demostrar la constitucionalidad de aprobarse una medida como la adopción de una TI que refleje la identidad de las personas trans. Ello debido a que, en el presente caso, el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas trans prima por sobre la libertad religiosa de la PUCP. Esto no quiere decir que la PUCP no deba gozar de libertad religiosa alguna; sino que esta libertad, en el caso expuesto, tiene el límite de no generar situaciones de discriminación. De lo contrario, dichas personas continuarán en una situación de total desprotección de sus derechos fundamentales a la identidad y a la dignidad.

Por otro lado, con relación al argumento de que la TI es un documento público que debe estar en concordancia con el documento nacional de identidad (DNI), sostenemos que esto no es correcto. La TI es un documento privado de uso interno, es decir, dentro de la PUCP. El documento que sí es de uso público es el carné universitario.

Inclusive, si se tratase del carné universitario, el cual es emitido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), sí es posible jurídicamente adoptar la medida referida (una TI que refleje la identidad de las personas trans), puesto que basta con hacer mención del DNI para que dicho carné se encuentre vinculado. Sólo es cuestión de voluntad política, ya que sí existe sustento jurídico nacional e internacional. Recordemos que el reconocimiento de la igualdad de género así como la identidad de las personas trans es un mandato del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación.

Por una “Reforma Trans” más completa en la PUCP

Resultan provechosas las experiencias de universidades latinoamericanas que han aprobado medidas de reconocimiento de la identidad de género de personas trans. Esto implica que estudiantes, así como personal docente y no docente, puedan ser llamados y reconocidos por el nombre que elijan, para realizar gestiones académicas dentro de la Universidad, y no por el que figura en su DNI, que puede no corresponderse con su identidad de género.

Así, tenemos la experiencia pionera de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)[9], que en octubre de 2011 aprobó esta medida; la Universidad de Costa Rica (UCR)[10], que hizo lo mismo en mayo de 2016, siendo la particularidad de esta universidad tener como meta que la identidad con que las personas trans se identifiquen también conste en sus títulos de graduación; y, por último, la Universidad de Chile (UC)[11], que en mayo de 2017 aprobó el Decreto “María Rita”, que permite a personas trans ser tratadas por su nombre social.

Teniendo en cuenta que en estas universidades la aprobación de una reforma trans implicó necesariamente la aprobación de la medida de adopción de una TI que refleje la identidad de las personas trans, una “Reforma Trans” en la PUCP no sería completa si es que no se aprueba esta medida, puesto que es una de las medidas más importantes que propone esta reforma. De hecho, es en esta medida que se encuentra la esencia de la reforma, que demanda que las personas trans puedan hacer efectivo su derecho fundamental a la identidad, en relación con su derecho a la igualdad y no discriminación.

No se puede exigir a una determinada religión que incluya en sus creencias o prácticas la aceptación de personas trans como parte de su comunidad. Pero sí se puede exigir a una institución educativa (inclusive que profesa determinada religión) que respete y garantice los derechos de estas personas, porque ofrece un servicio público y debe hacerlo sin vulneración alguna de los derechos fundamentales cuya implementación se demanda. En particular, el derecho a la igualdad y no discriminación constituye un mandato de obligatorio cumplimiento para todos y todas las peruanas, sin excepción.

Es cierto que todo cambio social toma tiempo para aceptarse y asentarse; pero tampoco debe esperarse mucho para que un cambio social sea aprobado e implementado en un contexto en el que están en juego los derechos fundamentales de un grupo en situación de vulnerabilidad. La adopción de una TI que refleje la identidad de las personas trans no puede esperar más, puesto que la vulneración de sus derechos no puede perpetuarse ni un día más. No se trata de esperar que la medida sea aceptada socialmente; en realidad, se trata de que la medida sea jurídicamente exigible y esta exigencia es factible desde la época en que se comenzaron a reconocer los derechos a la identidad y a la dignidad, en relación con el de igualdad y no discriminación.

No esperemos más para la adopción de una TI que refleje la identidad de las personas trans. No sigamos permitiendo que se siga prolongando la vulneración de sus derechos fundamentales. No más indiferencia para las personas trans en la PUCP.


 (*) Fuente de imagen: ilustración  realizada por Isa Vázquez, del libro Trans*exualidades, de Lucas Platero.

[1] Se ha sostenido erróneamente que las personas trans sufren de un trastorno, patología o enfermedad mental. Sin embargo, la próxima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el próximo Manual Estadístico de Diagnósticos de Trastornos Mentales (DSM-6) están en camino a superar la tipificación de las personas trans como enfermas o trastornadas.

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en su sentencia del Exp. N° 06040-2015-PA/TC del 21 de octubre de 2016, señaló en su fundamento 6 que el transexualismo “no debe entenderse como una patología o enfermedad”.

[2] De acuerdo con nuestra Constitución Política, los motivos prohibidos de discriminación no son taxativos. Muestra de ello es que se menciona de “otra índole”, lo cual puede abarcar la “identidad de género”, de acuerdo al razonamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. En efecto, este Comité considera que la identidad de género constituye un motivo prohibido de discriminación, lo cual se deduce de la interpretación del término “otra condición” del artículo 2°, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ver: Observación General N° 20 (E/C.I2/GC/20, 2 de julio de 2009). Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-INF_166-12_esp.pdf (última visita: 16 de junio de 2017).

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe “Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género: Algunos términos y estándares relevantes”. Párr. 8. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-INF_166-12_esp.pdf (última visita: 16 de junio de 2017)

[4] Ibíd. Párr. 15.

[5] Sentencia del Tribunal Constitucional, del Exp. Nº 2273-2005-PHC/TC. Fundamento 21.

[6] Sentencia del Tribunal Constitucional, del Exp. N° 06040-2015-PA/TC. Fundamento 14.

[7] Ley N° 28044, Ley General de Educación. Artículo 4°.

[8] Fuentes del contenido esencial y de los límites a la libertad de conciencia y religión:

  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 18º.
  • Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 12º.
  • Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 2º, numeral 3.
  • Sentencia del Tribunal Constitucional, del Nº 0256-2003-HT/TC (fundamento 17), N° 06111-2009-AA/TC (fundamento 18) y N° 05680-2009-AA/TC (fundamento 18).
  • RODRÍGUEZ BLANCO, Miguel. “El contenido del derecho fundamental de libertad religiosa. Comentario a la STC 5680-2009-PA/TC”. En: El Derecho Fundamental de Libertad Religiosa: Jurisprudencia y Doctrina Constitucional. Lima: Tribunal Constitucional y Centro de Estudios Constitucionales, 2014. Página 61.

[9] DIARIO LA VOZ. Noticia: “UNC: pionera en reconocer la identidad de género”. Publicación de la Redacción LAVOZ, del 19 de octubre de 2011. La voz del interior: Córdoba. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/unc-pionera-reconocer-identidad-genero (última visita: 13 de junio de 2017)

[10] DIARIO LA NACIÓN. Noticia: “Personas ‘trans’ ya pueden tramitar reconocimiento de género en carnés de la UCR”. Publicación de Sofía Chinchilla, del 17 de mayo de 2016. Grupo Nación: San José. Disponible en: http://www.nacion.com/nacional/UCR-transgenero-carnet_0_1561243955.html (última visita: 13 de junio de 2017)

[11] DIARIO EL DESCONCIERTO. NOTICIA: “U. de Chile aprueba el ‘Decreto Mara Rita’ que permite a personas trans ser tratadas por su nombre social”. Publicación de Monserrat Lorca, del 17 de mayo de 2017. El desconcierto: Santiago de Chile. Disponible en: http://www.eldesconcierto.cl/2017/05/17/u-de-chile-aprueba-el-decreto-mara-rita-que-permite-a-personas-trans-ser-tratadas-por-su-nombre-social/ (última visita: 13 de junio de 2017)

Venezuela y la OEA: Cuestiones de legitimidad y mecanismos de solución

A la fecha, la convulsión social que vive Venezuela ha dejado un saldo aproximado de 50 muertos y más de 700 heridos, sin contar a las personas que se encuentran detenidas y encarceladas, que superan las 100. Todo esto lo detalla el balance elaborado por el Ministerio Público de Venezuela, cuya Fiscal General, Luisa Ortega, ha condenado el abuso de poder de los militares, atribuyendo toda la responsabilidad al actual Gobierno[1]. Sin embargo, los efectos de estos eventos no se limitan a las fronteras venezolanas, sino que repercuten en el ámbito internacional, destacándose en particular, los últimos sucesos que han tenido lugar en la Organización de los Estados Americanos (OEA). De esta forma, el miércoles 31 de mayo, se llevó a cabo la Vigésima Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, cuyo objeto fue encontrar una solución diplomática a la presente crisis democrática.

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A propósito de Venezuela en el Mercosur: ¿cómo incide directamente a los países miembros y, específicamente al Perú?

Venezuela después de treinta y tres años como miembro de la Comunidad Andina (CAN)[1], en el 2006 abandona el bloque de integración del que formaba parte desde el año 1973 para incorporarse en calidad de Miembro Pleno al Mercado Común del Sur (MERCOSUR)[2]. Algunos autores sostienen[3] que Venezuela se distanció de la CAN y se acercó al MERCOSUR[4], porque lo calificaba como un modelo neoliberal de integración centrado en el comercio, donde lo económico cobró mayor preponderancia sobre lo político. Sumado a ello, también pudiera haber influenciado la decisión de Venezuela el carácter flexible y las limitaciones de la normativa e institucionalidad del MERCOSUR, que no generan mayores barreras a la capacidad de acción soberana de los gobiernos. En este contexto, el caso de la CAN adquiere particular relevancia, por la capacidad de acción de la Secretaria General frente a los gobiernos, la autonomía de las instituciones comunitarias, y la existencia de mecanismos (Tribunal Andino de Justicia) a través de los cuales, incluso los particulares, pueden demandar a sus respectivos gobiernos.

El ingreso de Venezuela al MERCOSUR marcó un cambio de rumbo y la política cobró un papel relevante en dicho esquema de integración. Si bien es cierto el MERCOSUR se concibió como un espacio de integración constituida sobre la base de instituciones intergubernamentales, cuyo objetivo económico fundamental es la creación de una unión aduanera para fomentar el comercio intrarregional, lo cierto es que ha cedido lugar a objetivos políticos e ideológicos, factor más desestabilizador en este momento del proceso integracionista. Esto generó muchas consecuencias negativas, tales como la constante inestabilidad entre los Estados Parte[5], falta de confianza de los demás países y otros bloques de integración[6], y lo que es más grave, no permite que el propio MERCOSUR pueda avanzar y crear condiciones favorables para la profundización de la agenda institucional de integración.

Hoy en día, el MERCOSUR necesita más economía y menos política. Más economía significa, entre otras cosas, eliminar las trabas al comercio intrarregional, invertir en infraestructura, educación, investigación y desarrollo, para hacer más eficientes las industrias locales, y promover las cadenas de valor regionales. Menos política significa no utilizar el acuerdo de integración con fines ideológicos.

A la situación reciente del MERCOSUR en este difícil marco, se suma el inminente vencimiento del plazo para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR (PAV) que hasta hora es solo parcial[7] tanto en el marco del PAV[8], como de las decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC), Resoluciones del Grupo Mercado Común (GMC) y directivas de la Comisión de Comercio Mercosur (CCM)[9] (normativa de organismos de decisión); además también, debemos añadir la anomalía que se produjo en el 2016 respecto del traspaso de la Presidencia Pro-Tempore (PPT), que de acuerdo con el orden de rotación semestral establecido, dicho país debía ejercer la Presidencia en la segunda mitad de 2016. Asimismo, siguiendo en el mismo correlato fáctico, debemos destacar la reciente ruptura del orden democrático por parte de Venezuela que ha ido deteriorándose a pasos agigantados, a tal punto que el 01 de abril de 2017 mediante declaración conjunta[10], los países fundadores lograron una caracterización de la situación política venezolana como de ruptura del orden democrático, exhortándole al gobierno de Venezuela restablecer la división de poderes, garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Bajo este difícil contexto, se puede observar que el ingreso de Venezuela como Miembro Pleno del MERCOSUR ha sido muy accidentado, generando diferencias marcadas entre la orientación del bloque y algunas políticas económicas internas de los demás países del MERCOSUR, que vienen atravesando un periodo de fragilidad y turbulencia macroeconómica, influenciado además por dificultades políticas no solamente en Venezuela sino también en Brasil, que de alguna manera repercutieron considerablemente la caída de los flujos comerciales intrazona y la inversión extranjera directa (IED) que según datos disponibles en el Informe MERCOSUR N° 21(Julio 2015 – Julio 2016) elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las exportaciones intra-MERCOSUR para el 2015 representaron el 21.1%; no obstante, en el primer semestre 2016 disminuyó considerablemente, llegando a representar el 12.3%. Mientras las importaciones intrazona para el año 2016 cayeron súbitamente representando 15,8% respecto del año 2015 que llegó a representar el 22,3%. Asimismo, la IED desde y hacia al MERCOSUR, incluyendo inversiones intrazona, durante el 2015 descendió a US$ 89.798 millones, representando un 14,3 % en comparación con el año anterior (16,8%). La mayor parte de las contracciones del comercio intra-MERCOSUR y la caída de las IED se explica no solo por la débil demanda global o el enfriamiento de las economías, sino también por las turbulencias políticas dentro del bloque; de modo que los beneficios no se generan del todo en la operatividad del mercado, el libre comercio, la participación del sector privado en la economía y el fortalecimiento de la competitividad.

Sobre la base de lo antes expuesto, nos deja lugar a profundas reflexiones sobre la situación actual de dicho bloque de integración y que sin duda alguna influye directamente no solo a los Estados Miembros sino también a los Estados Asociados como el Perú, que siguiendo algunos datos macroeconómicos contenidos en el Documento ALADI/SEC/di 2684.3 de fecha 10 de marzo de 2017, publicado por la Secretaria General de la ALADI sobre el Comercio Exterior Global, en el periodo de enero – diciembre 2016, las exportaciones peruanas a Venezuela cayeron en -52, 9% respecto al año 2015; mientras las importaciones cayeron en -63, 2% respecto al mismo año. Esta caída en el intercambio comercial se explica en gran parte, entre otros factores, a las dificultades de orden macroeconómico y políticos que viene atravesando Venezuela, circunstancia que llevo a las tendencias negativas en la coyuntura económica.

Finalmente, es importante mencionar, que los temas sociales han ganado protagonismo en la agenda interna del MERCOSUR que incluyen entre otras los temas de movilidad y migraciones. Es así que, en el año 2002, suscribieron el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) que entró en vigor desde el año 2009, facilitando la residencia de los nacionales de estos países en el territorio de los otro; sin embargo, Venezuela, a pesar ser Estado Parte del MERCOSUR, no ha firmado el acuerdo; no obstante, ante la crisis política y económica que se vive en Venezuela, algunos países como el Perú y Uruguay, por citar algunos, han decidido otorgar a estos extranjeros un permiso temporal de permanencia en el marco de sus legislaciones nacionales, con los cuales podrán estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud y tributar.


(*) Fuente de imagen: Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

[1] Actualmente los países que conforman la CAN: Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.

[2] De acuerdo con la Decisión CMC N° 27/12, Venezuela tendría el status de miembro pleno del MERCOSUR, con todos los derechos y obligaciones, treinta días después de depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de Adhesión de Venezuela (PAV). Por lo tanto, Venezuela se convirtió en Estado Parte a partir del 12 de agosto de 2012.

[3] De acuerdo a lo señalado Martínez, “la CAN había sido concebida bajo esquemas neoliberales para beneficiar a las elites y las empresas transnacionales (…)”. MARTINEZ Alberto, “De la Comunidad Andina al Mercado Común del Sur: nueva estrategia de integración de Venezuela. Venezuela, 2014, Universidad Simón Bolívar, pág. 205. Asimismo, destaca en este punto lo señalado por Arellano, “las razones que motivaron la solicitud de transformación de miembro asociado a miembro pleno del MERCOSUR por parte de Venezuela son, en esencia, de naturaleza políticas-ideológicas (…)” ARELLANO, Félix “La entrada de Venezuela al MERCOSUR: implicaciones políticas y económicas” Caracas, 2013. Instituto Latinoamericana de Investigaciones Sociales, pág. 9.

[4] Actualmente los países que conforman el MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela

[5] A manera de ejemplo podemos mencionar las dificultades y tenciones que se produjo en el 2016 respecto al traspaso de la Presidencia Pre Tempore de Venezuela, disponible en el siguiente link: http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/textos/informe/integrar101.pdf. Asimismo, a manera de ilustración, podemos destacar también la lentitud y las dificultades del bloque en los avances de negociación con la Unión Europea (UE), puede consultarse el Informe MERCOSUR N° 20 elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, disponible en el siguiente link: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7280>.

[6] Según el Informe MERCOSUR N° 21 (julio 2015 –julio 2016) del BID los movimientos relativos al posicionamiento del MERCOSUR respecto al resto del mundo fueron incipientes.

[7] Según el PAV Venezuela se obligaba a cumplir una serie compromisos establecidos en el mismo en un plazo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigencia del Protocolo, es decir antes del 12 de agosto de 2016. Dichos compromisos se referían a la liberación del comercio de bienes con los demás Estados Partes del Mercosur; la adopción y puesta en vigor del Arancel Externo Común; la incorporación del acervo normativo del bloque a la legislación nacional y la definir la situación de Venezuela respecto de los acuerdos del MERCOSUR con terceros países.

[8] En el marco de los acuerdos firmados al amparo del Tratado de Asunción y acuerdos internacionales: existe un total de 133 acuerdos, de los cuales Venezuela ratifico 15, es decir, que el nivel de incumplimiento asciende a 88%.

[9] Durante la Presidencia Pro Tempore uruguaya (primer semestre 2016), el Grupo de Trabajo sobre la adhesión de Venezuela determinó la situación del grado de incorporación de la normativa adoptada por los organismos de Decisión del Mercosur, arrojando como dato: de las 1600 normas que debía haber internalizado, incorporó 939, generando un nivel de incumplimiento de 41%. Ver el Informe MERCOSUR N° 21 Páginas 92-93.

[10] Dicha Declaración puede consultarse en el siguiente link oficial de la cancillería de Argentina: http://www.cancilleria.gov.ar/userfiles/01-04-17%20DECLARACION%20DE%20LOS%20ESTADOS%20PARTES%20DEL%20MERCOSUR%20SOBRE%20VENEZUELA.pdf

Bibliografía:

1. ARELLANO, Félix. La entrada de la Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR): implicancias políticas y económicas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Caracas, 2013.

2. MARTÍNEZ, Alberto. De la Comunidad Andina al Mercado Común del Sur: nueva estrategia de integración de Venezuela. Universidad Simón Bolívar, Venezuela, 2013.     

3. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID. Informe MERCOSUR N° 21/BID-  INTAL,  segundo semestre 2015 y el primer semestre 2016.

4. MERCOSUR. Página institucional: http://www.mercosur.int/

5. SECRETARIA GENERAL DE LA ALADI. Documento ALADI/SEC/di 2684.3, “Comercio Exterior Global”, Enero-Diciembre 2016.

6. INSTITUTO DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. Boletín Informe Integrar N° 101 disponible en: http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/sitio/index.php/site-administrator/boletin

Medidas normativas para contrarrestar riesgos en el uso de la tarjeta de crédito

De acuerdo a los reportes estadísticos de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), nuestro país cuenta con 8,091,375 de tarjetahabientes[1]. Por su parte, los reportes estadísticos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), revelan que el 43.28% de los reclamos que se presentan a nivel nacional recaen sobre servicios bancarios y financieros[2], siendo la tarjeta de crédito el producto más reclamado.

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Obras por terrenos – los proyectos de ley del Ejecutivo y del Legislativo

A raíz del fenómeno del Niño Costero se produjeron una serie de desastres naturales que han perjudicado en gran medida a la población de la costa del país, principalmente, a las que están o estaban ubicadas en las zonas adyacentes a los ríos. Según el reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil existen 16 fallecidos, 18 desaparecidos, 196,140 personas damnificadas y 1´096,684 afectadas. En el ámbito material, 24,623 viviendas colapsadas, 22375 viviendas inhabitables, 247,874 viviendas afectadas, 819 establecimientos de salud afectados, 19 colapsados y 2,391 instituciones educativas afectadas. En el ámbito vial, se encuentran afectadas más de tres mil kilómetros de la red vial nacional y 410 puentes destruidos. En la agricultura, tenemos 27,000 hectáreas de cultivo perdidas y 70 mil afectadas.

Como se podrá apreciar, los daños que se han generado son de gran cantidad, lo cual obliga al Estado a apoyarse en el sector privado para poder efectuar las labores de reconstrucción, puesto que no podrá solventar todos los gastos que se demandan de manera directa, además de que estaría sujeto a todo un procedimiento de contratación pública, el cual- como sabemos- puede demorar varios años. En este sentido, el Estado, mediante la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley No. 30556, que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, y que dispone la creación de una autoridad para la reconstrucción con cambios, creó el mecanismo de inversión de “obras por terrenos” para generar que el sector privado colabore en toda la reconstrucción y en las tareas de prevención de riesgos en forma eficiente, eficaz y en el menor tiempo posible.

Debe considerarse que a la fecha existen opciones para la participación del sector privado como las asociaciones públicas privadas, proyectos en activos, aprovechamiento de tierras eriazas para la pequeña agricultura y la ampliación de la frontera agrícola y las obras por impuestos. Sin embargo, para el caso de la reconstrucción se ha pensado y creado el de “obras por terrenos”; es decir, ofrecerle un producto especial y extraordinario al sector privado para que realice las obras de prevención y mitigación, obteniendo a cambio terrenos del Estado para que puedan realizar las actividades comerciales a las que se dedican.

PROYECTOS DE LEY SOBRE OBRAS POR TERRENOS

A la fecha existen dos proyectos de ley que pretenden regular las “Obras por Terrenos”, por lo que pasaremos a explicar, brevemente, las principales características de cada uno de ellos, sin perjuicio del resumen general consignado al final de este documento:

1. Proyecto de Ley No. 1411/2016-CR – Banca de Fuerza Popular

El Poder Legislativo representado por la Bancada de Fuerza Popular presentó el 18 de mayo del 2017, el Proyecto de Ley No. 1411/2016-CR (en adelante, “Pro PL”), denominado “Ley de obras por terrenos, en el marco de los proyectos de inversión privada aplicados en el encauzamiento y escalonamiento de ríos”, con el objeto de establecer el marco legal que regula las condiciones y modalidades de retribución o compensación de la intervención de la inversión privada en el encauzamiento y escalonamiento de ríos que genere tierras aprovechables.

Este proyecto tiene como principales características  las siguientes:

  • Solo está dirigido para obras de encauzamiento y escalonamiento.
  • Solo se entregarán en compensación y/o retribución las tierras aprovechables generadas por las obras.
  • Los proyectos de inversión son los que se establecen en el Plan Integral que aprueba el Consejo de Ministros a propuesta de la Autoridad de Reconstrucción.
  • Los procesos de selección estarán a cargo de Pro-Inversión.
  • Los Gobiernos Regionales y Locales son los que firmarán los contratos.
  • La empresa privada se compromete a transferir las obras a los respectivos gobiernos y estos a entregar la compensación o retribución respectiva.
  • Las tierras aprovechables podrán ser utilizadas para el desarrollo de diversas actividades económicas que disponga la empresa, excepto las vinculadas al desarrollo inmobiliario.
  • La supervisión estará a cargo de una entidad privada nombrada por la Autoridad de Reconstrucción.

2. Proyecto de Ley No. 1431/2016-PE – Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo presentó, el 19 de mayo del 2017, el Proyecto de Ley No. 1431/2016-PE (en delante, “Pro PE”), denominado “Ley que aprueba la inversión privada en el manejo integral de cuencas”, mediante el cual declara de interés nacional y necesidad pública, el desarrollo de inversiones en infraestructura, equipamiento, sistemas orientados a la gestión integral de cuencas para la prevención o mitigación de riesgos de desastre en los ríos en zonas de riesgo alto y muy alto, señalando de forma general las inversiones que pueden realizarse en medidas estructurales y no estructurales como: reservorios, obras conservacionistas, diques longitudinales, espigones, corrección de cauce, medidas en quebradas, muros de contención, presas de regulación, encauzamiento y escalonamiento, limpieza y descolmatación de drenes u otras que reduzcan, sustancialmente, el riesgo sobre poblaciones, terrenos de cultivo o infraestructura pública y privada, en general.

Asimismo, dispone que el objeto de esta ley es el de regular el régimen especial para promover la inversión privada en el manejo integral de cuencas para la prevención o la mitigación de riesgos de desastres en los ríos, bajo la modalidad de compensación y/o retribución en terrenos de libre disponibilidad del Estado.

Este proyecto tiene como principales características las siguientes:

  • Está dirigido para la realización de cualquier tipo de obras como: diques, muros de contención, descolmatación, limpieza, encauzamiento y escalonamiento, etc.
  • No solo podrá darse en compensación de tierras aprovechables generadas por las obras, sino cualquier otro terreno del Estado.
  • La Autoridad de Reconstrucción estará a cargo de los proyectos y selección, a su vencimiento, lo será el Ministerio de Agricultura y Riego.
  • Las empresas privadas podrán proponer las obras que quieran ejecutar.
  • Las tierras aprovechables podrán ser utilizadas para actividades agrícolas, pecuarias, industriales, habilitaciones urbanas u otros.
  • La empresa garantizará el cumplimiento de los compromisos.
  • Interviene la Autoridad Nacional del Agua, con la opinión en la viabilidad técnica de los proyectos de inversión y otros.
  • El uso de este mecanismo no limita el uso de obras por impuestos u otro.
  • No se consideran dentro de los alcances de los proyectos a las tierras en zonas de amortiguamiento, en área naturales, patrimonio arqueológico, equipamiento urbano, inventario de tierras asignadas a fondos de vivienda, tierras de cauces, riberas, de Comunidades Campesinas y otras.

3. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS

De la revisión de ambos proyectos podemos extraer siete grandes temas principales a analizar:

a. Tipo de obra a ejecutar

El Pro PL dispone que solo se podrán ejecutar obras de encauzamiento y escalonamiento, en tanto el Pro PE establece que pueden ejecutarse en medidas estructurales y no estructurales como: reservorios, obras conservacionistas, diques longitudinales, espigones, corrección de cauce, medidas en quebradas, muros de contención, presas de regulación, encauzamiento y escalonamiento, limpieza y descolmatación de drenes u otras que reduzcan, sustancialmente, el riesgo sobre poblaciones, terrenos de cultivo o infraestructura pública y privada, en general.

La Novena Disposición Complementaria Final de la Ley No. 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las inversiones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios, creó el mecanismo de inversión de obras por terrenos disponiendo que:

Obras por terrenos: Dispónese que la inversión privada en el encauzamiento y escalonamiento de ríos que genere tierras aprovechables, puede ser reconocida de acuerdo a las condiciones y modalidades de retribución o compensación para el inversionista, conforme se determine mediante Ley expresa. Las modalidades de compensación que regulará dicha Ley expresa, incluirán, entre otras, la suscripción de contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo y superficie.

Pues bien, esta norma solo permite la inversión (obras) para el encauzamiento y escalonamiento de ríos y no para todas las otras obras que se mencionan en el Pro PE. No obstante, debe considerarse que a la fecha, las obras que se requieren para la reconstrucción no solo se limitan a las antes indicadas, sino que se requiere de muchas otras para dicho fin. Por ello, consideramos que, en principio, no puede limitarse o restringirse el uso de este mecanismo a obras que son necesarias, pero que son a la vez muy básicas, puesto que se requiere de otras que permitirán y/o ayudarán a la necesaria reconstrucción. Nótese que la errada técnica legislativa en la falta de descripción de las obras que pueden ejecutarse no puede generar este tipo de limitaciones.

Debe considerarse, además, que en este tipo de casos no es posible una interpretación literal de la norma, sino que debe verse el contexto y el fin de la misma, por ende, es necesario interpretarla de forma sistemática y teleológica, a fin de permitirse que se realicen otras obras que ayuden o permitan la reconstrucción y sobre todo, la prevención de riesgos. Véase que no se está integrando obras ajenas o que no sean necesarias para la reconstrucción o prevención de desastres.

b. Terrenos objeto de compensación y/o retribución

En el Pro PL se establece que los terrenos objeto de compensación y/o retribución solo serán los generados como aprovechables luego del encauzamiento y escalonamiento de los ríos; en cambio, en el Pro PE se establece que podrán ser estos y cualquier otro que no se encuentre ocupados por terceros, no estén inscritos en propiedad a favor de terceros, que no estén comprendidos en procesos judiciales, que no estén afectados por otros derechos reales, inscrito o no inscritos, o con las áreas, territorios o aquellos que no están comprendidos en el proyecto.

Como puede observarse, el Pro PL limita la entrega de terrenos, conforme a una interpretación literal de la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley No. 30556; en cambio, el Pro PE extiende los alcances a otros terrenos siempre que sean de libre disponibilidad (limitando su alcance).

De acuerdo con ello, en términos generales nos remitimos a lo expresado en líneas anteriores en la forma cómo debe interpretarse y no limitarse la entrega de terrenos. Téngase en cuenta que dicha disposición complementaria no es una norma prohibitiva, en el sentido que no prohíbe que no se puedan entregar otros tipos de terrenos.

Debe considerarse que para que el inversionista privado quiera invertir en este tipo de mecanismo, no puede limitarse la entrega a las tierras que se generen luego del encauzamiento y escalonamiento de ríos, puesto que con ello se restringe al mínimo la cantidad y tipo de inversionista, estando dirigido solo a un determinado sector. Por el contrario, si este mecanismo permite la compensación y/o retribución de las obras con terrenos de libre disponibilidad del Estado, lo hace más atractivo y amplía la cantidad y tipo de inversionistas que tendrán la voluntad de invertir en este mecanismo.

Nótese que este mecanismo debe ser atractivo para que sea “adquirido” por los inversionistas, con lo cual, se podrá generar una reconstrucción de forma eficaz y eficiente. Asimismo, debe considerarse que la entrega de terrenos de libre disponibilidad del Estado, podrá permitir la habilitación de las mismas y la construcción de viviendas, lo cual también es necesario para la reconstrucción.

En efecto, se necesitan terrenos habilitados o que puedan ser habilitados, para construir viviendas, por lo que debe generarse la continuidad de la línea de obras que permita su relación con la reconstrucción de las zonas afectadas y el apoyo y solución a los damnificados.

c. Intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Un tema en el que ambos proyectos coinciden de forma general es en el de designar al ANA como la entidad que deberá emitir opinión favorable para la viabilidad del proyecto de inversión. Si bien en el Pro PE se determina en qué supuestos específicos se requerirá de su opinión, también lo es que en el Pro PL, se establece que la evaluación del proyecto incluye la opinión de dicha entidad.

d. Garantía de las obras

Un tema de gran importancia en estos tiempos es asegurar que las empresas privadas ejecuten las obras de forma eficaz y eficiente, vale decir, cumpliendo los compromisos pactados. Por ello, en el Pro PE se establece que las empresas deberán garantizar el cumplimiento de los compromisos de inversión, lo cual puede entenderse como la exigencia de una garantía de cumplimiento. Esta garantía permitirá resguardar los intereses del Estado, puesto que en caso la empresa no cumpliera, se podría ejecutar la misma y el Estado no se verá perjudicado.

e. Entidad a cargo

En ambos proyectos, se establecen a entidades distintas a cargo del proceso de selección de las empresas para la aplicación de este mecanismo de inversión. Para el Pro PL, quien deberá estar a cargo es ProInversión; mientras que para el Pro PE, deberá ser la propia Autoridad de Reconstrucción, en los casos de proyectos de titularidad del Gobierno Nacional; y, para los casos de proyectos regionales o locales, los propios gobiernos regionales o locales.

Al respecto, discrepamos con ambas propuestas. En el caso de ProInversión, consideramos que si se pretende agilizar todo el procedimiento de selección y con ello la ejecución inmediata de la reconstrucción, lo más conveniente es que sea la propia Autoridad de Reconstrucción quien tenga a su cargo el proceso de selección. El trasladarlo a ProInversión, la cual, si bien, tiene toda la experiencia en esta clase de mecanismos de inversión, también lo es que podría generar dilaciones indebidas y retraso en el proceso de selección. Adviértase que una gran cantidad obras serán en provincia.

Ahora bien, limitar a que solo la Autoridad de Reconstrucción tenga a su cargo el proceso de selección cuando el proyecto sea de titularidad del Gobierno Nacional no es lo más conveniente. En efecto, es de público conocimiento que los gobiernos regionales y locales no son las mejores entidades en la ejecución de proyectos, solo basta ver su nivel de gasto en la ejecución de su propuesto anual, aunado a todo el tema de corrupción que se pudiera generar.

En este sentido, consideramos que sería recomendable que sea una sola entidad la que esté a cargo de todo el proceso de selección, la cual debería ser la propia Autoridad de Reconstrucción, quien deberá tener o saber los proyectos que deben priorizarse y ejecutarse de forma inmediata. Ahora bien, la Autoridad podría estar asesorada o guiada por ProInversión, pero siempre teniendo el control de los procesos.

Del mismo modo, la Autoridad de Reconstrucción debería estar a cargo de todos los procesos de selección, sean nacionales, regionales o locales, lo cual permitiría controlar y administrar de una mejor forma los procesos de selección y la ejecución de las propias obras. Esto no limita que pueda recibir el apoyo y/o recomendaciones de los gobiernos regionales y locales o delegar en ellos la supervisión de la ejecución de las obras.

Téngase en cuenta que en el Pro PL se menciona el nombramiento de una entidad privada que supervise la ejecución de las obras, lo cual es correcto y necesario para la transparencia del proceso y de las propias obras sin perjuicio de la supervisión que realice la Contraloría.

f. Uso de otros mecanismos de inversión

Debe considerarse que en el caso del Pro PE no se limita que las obras para la reconstrucción sean solo por obras por terrenos, por el contrario, se permite que se puedan utilizar otros mecanismos, por ejemplo, las obras por impuestos. Si bien, en el caso del Pro PL no se menciona este tema, también lo es que consideramos que al no consignarse su prohibición es factible su aplicación.

g. Procedimiento

En el Pro PL no se establece cual será el procedimiento a seguirse para la selección de la empresa privada que ejecutará la obra, dejándose al reglamento su regulación. Por su parte, en el Pro PE sí se mencionan algunos puntos sobre el tipo de procedimiento que se implementará, lo cual permite ir pronosticando cuál y cómo será el sentido del mismo.

Un tema que no ha sido regulado por ninguno de los dos proyectos, es el momento en que debe entregarse los terrenos. En principio, se entiende que la compensación y/o retribución se dará cuando se hubieran culminado las obras. Sin embargo, consideramos que debe analizarse la posibilidad de entregar parte de los terrenos en tanto se vayan ejecutando las obras, una especie de entrega al cumplimiento de cada una de las etapas en que se ejecuten las obras, lo cual podrá hacer más atractivo este mecanismo y además generará que el inversionista cuente con los terrenos para realizar sus actividades comerciales. Para este supuesto, si consideramos que debería establecerse garantías para el cumplimiento final de toda la obra, pudiendo ser levantada o disminuida al cumplimiento de las etapas en que se ejecuten las mismas.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Vistos los dos proyectos de ley, consideramos que en ambos existen mecanismos correctos tanto para la implementación, como para la supervisión de este tipo de mecanismos, por lo que esperamos que al momento en que sean revisados y debatidos en las respectivas comisiones y en el pleno del Congreso, pueda recogerse lo mejor de cada uno teniendo como base fundamental la reconstrucción de forma eficaz y eficiente en beneficio de la población que ha sufrido todos los desastres causados por el fenómeno del Niño Costero.

ANEXOS

Resumen general de cada uno de los proyectos de ley

Proyecto de Ley No. 1411/2016-CR – Banca de Fuerza Popular

Objeto Establecer el marco legal que regula las condiciones y modalidades de retribución o compensación de la intervención de la inversión privada en el encauzamiento y escalonamiento de ríos que genere tierras aprovechables.
Proyectos de inversión Los contenidos en el Plan Integral aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta de la Autoridad de la Reconstrucción, los cuales serán propuestos al sector privado para su financiamiento y desarrollo, estableciendo la compensación o retribución respectiva.
Selección de empresa privada A cargo de ProInversión (incluye la evaluación con la opinión del ANA, declaratoria de viabilidad, el registro y publicación en la web. Todo en un plazo de 45 días).
Contratos de inversión pública regional y local –       Los Gobiernos Regionales y Locales firmarán los contratos de inversión.

–       La empresa privada se compromete a transferir al Gobierno Regional o Local las obras ejecutadas.

–       Los gobiernos se comprometen a entregar el reconocimiento, la compensación o retribución convenida.

Limitaciones en la compensación o retribución en el destino de las tierras aprovechables –       Las tierras aprovechables podrán ser habilitadas para el desarrollo de diversas actividades económicas que disponga la empresa, excepto las vinculadas al desarrollo inmobiliario, y otras restricciones establecidas en la legislación vigente.

–       El contrato debe respetar el mantenimiento de una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios, conforme a la Ley de Recursos Hídricos.

Supervisión –       Por entidad privada (avance y calidad de la obra).

–       La contrata la Autoridad de Reconstrucción.

–       Con cargo al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales.

–       El Gobierno Regional o Local emitirá su conformidad sobre el avance y calidad de los proyectos.

–       La Contraloría se ajusta al numeral 7.4 del artículo 7 de la Ley 30556[1].

 

Proyecto de Ley No. 1431/2016-PE – Poder Ejecutivo

Declaración de interés nacional y necesidad pública –       Declárese de interés nacional y necesidad pública, el desarrollo de inversiones en infraestructura, equipamiento, sistemas orientados a la gestión integral de cuencas para la prevención o mitigación de riesgos de desastre en los ríos en zonas de riesgo alto y muy alto.

–       De manera enunciativa se podrán hacer inversiones en medidas estructurales y no estructurales como: reservorios, obras conservacionistas, diques longitudinales, espigones, corrección de cauce, medidas en quebradas, muros de contención, presas de regulación, encauzamiento y escalonamiento, limpieza y descolmatación de drenes u otras que reduzcan, sustancialmente, el riesgo sobre poblaciones, terrenos de cultivo o infraestructura pública y privada, en general.

Objeto Regular el régimen especial para promover la inversión privada en el manejo integral de cuencas para la prevención o la mitigación de riesgos de desastres en los ríos, bajo la modalidad de compensación y/o retribución en terrenos de libre disponibilidad del Estado.
Mecanismos de promoción –       Inversión privada a través de la transferencia en propiedad de tierras de libre disponibilidad aprovechables para actividades agrícolas, pecuarias, industriales, habilitaciones urbanas, turismo u otros usos de interés de quien solicite acogerse a este mecanismo, en compensación por las inversiones realizadas.

–       La inversión será en zonas donde intervenga la Autoridad de Reconstrucción.

–       No demandará uso de fondos públicos ni riesgos, solo la obligación de transferir la propiedad de las tierras a privados.

No se consideran dentro de los alcances de la presente Ley: a.       Las tierras que se encuentran comprendidas dentro de las Áreas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento.

b.       Las tierras que constituyan Patrimonio Arqueológico de la Nación.

c.        Las tierras sobre las cuales exista título de propiedad o posesión privada, comunal o pueblos indígenas.

d.       Las tierras que se encuentran dentro de los planos aprobados para fines de equipamiento urbano.

e.        Las incluidas en el inventario de tierras que hayan sido asignadas con fines de vivienda con fondos públicos, de conformidad con lo previsto en las normas de la materia.

f.        Terrenos eriazos de propiedad estatal, inscritos o no inscritos en el Registro de Predios que se hayan destinado o estén por asignarse conforme al Decreto Legislativo 994, la segunda disposición complementaria de la Ley 26505, así como cualquier otra norma con rango de Ley.

g.        Las tierras forestales y aquellas con capacidad de uso mayor forestal.

h.       Las tierras ribereñas al mar que se rigen con arreglo a su normatividad.

i.         Los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y vasos de almacenamiento que no cuenten con la autorización expresa del ANA.

j.         Terrenos eriazos de propiedad estatal, inscritos o no inscritos en el Registro de Predios donde se haya ejecutado o se encuentren en proceso de ejecución las acciones de reasentamiento, desplazamiento o reubicación de poblaciones de acuerdo a la normatividad sobre la materia.

k.       Los terrenos que se encuentren comprendidos en proyectos de APP o Proyectos en Activos, a ser desarrollados o que se encuentren en ejecución, así como los terrenos a ser subastados en el marco de dichas modalidades de inversión privada.

l.         Las tierras que formen parte de zonas turísticas priorizadas.

Compromiso del inversionista Garantizar el cumplimiento de los compromisos de inversión.
Intervención de la Autoridad Nacional del Agua (opinión) –       La viabilidad técnica de los proyectos en mitigación de desbordes de ríos.

–       La disponibilidad hídrica para el proyecto agrícola, urbanístico o algún otro uso que el inversionista planee desarrollar y que implique la necesidad de contar con permiso o licencia de uso de agua.

–       La no intangibilidad del terreno por corresponder a cauces o fajas marginales.

–       La viabilidad técnica del terreno por no corresponder a zonas inundables que representen un alto riesgo.

Terrenos de libre disponibilidad factibles de transferencia –       Aquellos terrenos generados o de riesgo mitigado, producto de las inversiones.

–       Aquellos terrenos del Estado que no se encuentren ocupados por terceros poseedores, que no estén inscritos en propiedad a favor de terceros, que no están comprendidas en procesos judiciales, que no están afectadas por otros derechos reales, inscrito o no inscritos, o con las áreas, territorios o aquellos que no están comprendidos en esta ley.

–       Los Gobiernos Regionales declararán zonas de riego alto y muy alto, en el plazo de tres meses. En defecto, será el Ministerio de Vivienda previa evaluación del CENEPRED, INGEMMET y el ANA.

Entidad a cargo –       Autoridad de Reconstrucción para proyectos de titularidad del Gobierno Nacional (Comité Especial de Promoción de Inversión Privada).

–       Los Gobiernos Regionales y Locales cuando sean proyectos de titularidad regional o local.

Procedimiento –       Se aplica el DL 1224 (APP).

–       Se puede introducir modificaciones y/o ampliaciones a la iniciativa, cuando sea conveniente y/o necesario.

–       El valor de compensación y/o retribución, conforme a estudios que se realicen.

–       El valor de terreno, conforme a la legislación de la materia (tasación).

–       La transferencia de propiedad se inscribe por documento público (contrato).

Uso de otros mecanismo No se limita el uso de obras por impuestos o cualquier otro.
Competencia Autoridad de Reconstrucción, a su vencimiento el Ministerio de Agricultura y Riego.


(*) Fuente de imagen: El Comercio

[1] 7.4 Las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías que se ejecuten en el marco de la presente Ley, se someten a procedimientos de control gubernamental, con el fin de garantizar un control eficaz sin afectar el dinamismo de la ejecución. El control se realiza de manera simultánea y está a cargo de la Contraloría General de la República, la cual podrá desarrollar directamente el control gubernamental o a través de empresas auditoras. Para tal efecto, la Contraloría General de la República aprueba un Plan de Acción de Control y podrá dictar las directivas que estime pertinentes. El control se concentra en el cumplimiento de la legalidad, mas no en decisiones técnicas sobre las que tienen discrecionalidad los funcionarios.

El Plan de Acción de Control de las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías que se ejecuten en el marco de la presente Ley, deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República en un plazo que no exceda los quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de “El Plan” aprobado por el Consejo de Ministros y deberá comprender tanto las acciones de control simultáneo como posterior.

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