Una Aproximación al bullying: Una práctica de trasgresión de derechos en los niños y adolescentes

La violencia de niños contra niños nos acompaña históricamente, y la forma como han sido interpretados los episodios de violencia temprana de los niños ha originado su calificación como seres crueles, que constituyen un peligro para la sociedad en el presente y en el futuro. En la actualidad, se requiere de una mirada más técnica y especializada para adoptar medidas preventivas, y dar tratamiento a la víctima y al agresor cuando lo requiera; en la medida de que esta agresividad prematura puede implicar un factor de riesgo para conductas más severas de vulneración de bienes jurídicos en el futuro.

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Comentarios al Convenio Específico Interinstitucional SERNANP – CONIDA

  1. Introducción

Los comentarios al presente convenio se enmarcan en la perspectiva de enfatizar, por una parte, la permanente interrelación que debe darse entre los organismos públicos para garantizar una gestión sinérgica entre los diversos entes públicos, indistintamente del ámbito o sector al que nos queramos referir -y en particular respecto a la gestión pública ambiental de las Áreas Naturales Protegidas el SERNANP[1], en este caso en relación con la CONIDA[2]. De la otra, estimar la relevancia que tiene el SINIA[3] en el marco de dicho convenio.

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El derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad en el Perú: Avances y desafíos a la luz de la normativa vigente

Alrededor del mundo, las personas con discapacidad enfrentan una serie de barreras para ejercer sus derechos. Uno de ellos, es el derecho al acceso a justicia que permite a la vez el ejercicio de otros derechos y, en ese sentido, constituye un derecho sumamente importante para todas las personas y en especial para las personas con discapacidad que sufren una serie de vulneraciones de derechos. Se puede definir como el acceso efectivo de las personas “a los sistemas, procedimientos, información y lugares utilizados por la administración de justicia”[1]. Este derecho ha sido reconocido en numerosos instrumentos internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en el caso de las personas con discapacidad, en el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante la Convención) el cual señala:

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Cómo determinar correctamente el contenido constitucionalmente protegido de un derecho

Demostrar que una pretensión está vinculada al contenido constitucionalmente protegido de un derecho es de vital importancia para que una demanda de amparo sea declarada procedente. A lo largo de los años, luego de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, los juzgados y las salas del Poder Judicial se han amparado muchas veces en que las pretensiones incluidas en las demandas no están vinculadas al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado para declarar diversas demandas de amparo como improcedentes. Sin embargo, en estos mismos casos, una vez planteado el recurso de agravio constitucional, el Tribunal Constitucional ha ordenado que se admita la demanda, llegando inclusive a llamar la atención a los juzgados y a las salas por no haber declarado la demanda como procedente y así haber negado el acceso a la justicia constitucional.

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La situación del Pueblo saharaui cuarenta años después: un conflicto inconcluso

El Sahara Occidental es, al día de hoy, el único territorio no autónomo de África, pese a los más de cuarenta años de reivindicaciones del Pueblo saharaui. Ante esta situación, cabe preguntarse ¿por qué? ¿Quién impide que alcancen su autonomía? ¿Tienen sus reivindicaciones amparo legal? Para entender mejor esta situación, debemos remontarnos, brevemente, a la historia.

En el reparto del territorio africano entre las potencias europeas, que se dio entre los años 1884-1885 en la Conferencia de Berlín, España se hizo con el territorio hoy denominado Sahara Occidental, pasando a estar bajo su dominio como colonia y, por ende, siendo considerado un territorio no autónomo. En 1958 dicho territorio pasó a ser provincia española, situación que se mantuvo hasta 1975, año en el cual se producen grandes cambios con importantes repercusiones para este pueblo. El Sahara Occidental limita con Marruecos, Mauritania y Argelia. Es un territorio rico en recursos naturales. En 1963, España descubrió el mayor yacimiento de fosfato, además cuenta reservas de gas y caladeros pesqueros, entre otros.

“(…) el pueblo saharaui, a pesar de su oposición, permanece bajo la administración de Marruecos (…)”

Marruecos, que se había independizado en 1956, limitaba con el Sahara y aspiraba a pasar a tener el dominio de este territorio,  por lo cual inició intentando reivindicarlo como suyo, no cesando en sus aspiraciones no obstante a que en octubre de 1975 la Corte Internacional de Justicia señaló en su dictamen consultivo que no existe ninguna relación entre el Sáhara y el reino de Marruecos y Mauritania.

Es así que en noviembre de 1975, cuando Franco se encontraba prácticamente en el lecho de muerte, el Rey Hassán II de Marruecos, con el fin de forzar la salida del ejército español del territorio saharaui , organiza la marcha de miles de civiles hacia dicho territorio para ocuparlo, la que se denominó como “Marcha Verde”. Consecuencia de ella, días más tarde, España decide entregar la administración del territorio saharaui a Marruecos y Mauritania a través del “Acuerdo de Madrid”. La historia ha demostrado que dichas acciones constituyeron un grave error de España que ha traído consecuencias nefastas para el pueblo saharaui.

Naciones Unidas no ha reconocido como válido dicho acuerdo. En teoría, España sigue siendo la potencia administradora. En este contexto, el Frente Polisario inicia su lucha con el apoyo de Argelia contra Marruecos y Mauritania, y en 1976 proclama la República Árabe Saharaui Democrática que al día de hoy ha sido reconocida por más de ochenta países y por la organización internacional Unión Africana.

Ante la invasión de su territorio por Marruecos por el Norte y Mauritania por el Sur, y debido a la presión que éstos ejercían, muchos saharauis se vieron obligados a abandonar sus tierras y sus familias, no pudiendo explotar sus recursos naturales, debiendo huir al desierto de Argelia donde hoy viven en campos de refugiados. Otros decidieron quedarse en los territorios ocupados.

Desde entonces, el pueblo saharaui, a pesar de su oposición, permanece bajo la administración de Marruecos, debido a que Mauritania desistió de sus pretensiones y se retiró del territorio saharaui en 1979. A partir de entonces, el territorio fue ocupado por Marruecos, quien proclama su soberanía sobre la totalidad del Sahara Occidental. Actualmente, Marruecos ocupa aproximadamente el 80% del territorio saharaui. El restante 20% es ocupado por el frente Polisario.

En 1981, Marruecos construyó un muro defensivo de más de 2000 kilómetros separando el Sahara en dos. Dentro de dicho muro se incluyen los territorios en los que se encuentran los yacimientos y caladeros pesqueros. En 1991, tras quince años de lucha, bajo el auspicio de la ONU , firma un Plan de Paz que incluye el cese al fuego y la celebración de un referéndum para que el Pueblo decida sobre su futuro. Con este objetivo se crea la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).

Han transcurrido más de veinticinco años desde entonces y al día de hoy no se ha celebrado el tan ansiado referéndum por la oposición y las condiciones que impone Marruecos. El Plan exige un censo, pero Marruecos quiere un censo a su medida, que incluya una determinada cantidad de personas que no sean necesariamente sarahuis. De esta forma, es notable que no acepta el censo electoral propuesto, se niega a la independencia y se opone al logro de la autonomía para el territorio, mientras que el Frente Polisario insiste en su derecho a la autodeterminación.

Por otro lado, el Frente Polisario tiene de su lado al Derecho Internacional, que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos como un derecho que se le reconoce a un pueblo a decidir libremente su condición política, que persiga libremente su desarrollo económico, social y cultural. Dicho derecho implica, entonces, reconocerle a un territorio no autónomo el derecho a la libertad de decidir voluntariamente sobre su futuro, ya sea asociándose libremente con la Potencia administradora u otro Estado independiente, integrándose con la potencia administradora u otro, siempre respetando la plena igualdad entre ambas partes o la independencia.

Asimismo, reconoce al pueblo también el derecho de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Deja claro que no se le puede privar de sus propios medios de subsistencia. La sujeción de un pueblo a una subyugación, dominación y explotación extranjera es una clara denegación de los derechos humanos y es contraria a la Carta de la ONU y demás instrumentos internacionales que reconocen taxativamente este derecho.

Siendo ello así, cabe preguntarse ¿por qué un Estado incumple dichas normas a pesar de ser parte de ellas? ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en este conflicto? ¿Es acaso la solución mirar hacia otro lado y no ser consciente del sufrimiento del pueblo saharaui? ¿Son los intereses económicos, políticos y/o militares los que siempre deben primar por encima de los derechos humanos? ¿La Comunidad Internacional condena la acción de Marruecos? ¿Es suficiente la permanencia de la MINURSO o se deben adoptar otras medidas sancionatorias contra aquellos que incumplen el derecho internacional?

Ante la aparente indiferencia por parte de la comunidad internacional frente a esta situación, en los últimos meses se produjeron dos acciones que merecen la pena destacar por cuanto contribuyen a la causa de este pueblo. En diciembre del 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló un acuerdo comercial con Marruecos firmado en el 2012 por extender sus ventajas a productos provenientes del Sahara Occidental. Reprochó a los Estados miembros que al firmar el acuerdo no tuvieran en cuenta “que la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental no está reconocida ni por la UE ni por sus EEMM ni, de manera más general, por la ONU”. Señaló que debían de asegurarse de que no existían indicios de una explotación de recursos naturales del Sahara Occidental bajo control marroquí susceptible de ir en detrimento de sus habitantes y de atentar contra sus derechos fundamentales.

En marzo del 2016, por primera vez el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, visita los campos de refugiados saharauis en Argelia controlado por el Frente Polisario y recordó la crisis humanitaria de los refugiados. Esta visita hizo que Marruecos tome represalias anunciando una reducción del componente civil de la MINURSO y el cese de inmediato de sus contribuciones voluntarias a la misma.

Sin duda lo que el pueblo saharaui necesita son acciones como estas. Es necesario que se visibilice el problema y se pongan como prioridad los Derechos Humanos ante los intereses particulares de los Estados. Se requiere un compromiso real y coherente de los Estados, las Organizaciones Internacionales, de las grandes empresas transnacionales que vayan en la línea para que Marruecos cumpla con sus obligaciones internacionales y deje a este Pueblo, desde su libertad, decidir si quiere independizarse o integrarse con éste.

Desde luego, la reivindicación del Pueblo Saharaui es un claro ejemplo de una lucha pacífica desde 1991 y una apuesta por el cumplimiento de las leyes internacionales. No les defraudemos.

El caso Lava Jato y su vínculo con altos funcionarios peruanos

Breve resumen del caso

Lava Jato es el nombre de una operación policial que se encuentra a cargo de la Policía Federal de Brasil, la cual inició en 2013 con el descubrimiento de una posible red de lavado de activos. Este hecho condujo a que en marzo del 2014 se detuviera a Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras. Petrobras es la empresa más grande de Brasil y la más grande empresa estatal de Latinoamérica. Esta empresa licitaba obras a empresas brasileras de construcción e ingeniería, en virtud de un programa impulsado por el entonces presidente Inàcio Lula Da Silva, a fin de estimular el empleo.

Las investigaciones hasta la fecha han arrojado que Petrobras, a través de sus funcionarios, habría solicitado sobornos a cambio de favorecer la contratación de ciertas empresas. Este dinero habría sido repartido entre funcionarios públicos, políticos y empresarios; dinero que luego habría sido blanqueado y transferido a cuentas en el extranjero. Entre los involucrados e investigados se encuentra el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva.odebrechtperu

Un aspecto importante es que varias de las obras o proyectos habrían sido realizados en otros países de América Latina, entre los cuales estaría Perú. Y es que las empresas que se habrían “repartido” las obras, han tenido contratos con el Estado peruano. Una de ellas es la ya conocida empresa Odebrecht.

Hasta el momento, se sospecha que en este escándalo de corrupción se encuentran vinculadas altas autoridades de los regímenes presidenciales de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. A continuación, se expondrán brevemente los indicios que, según la información recabada por los medios de comunicación, llevarían a sustentar dicha vinculación con aquellos gobiernos.

Vinculación con el gobierno de Alejandro Toledo

En 2006, durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo se aprobó la Ley N° 28670 que declaró de necesidad pública e interés nacional la implementación de un Comité de Alto Nivel para la negociación de concesiones. Dicha norma indica en su artículo 3 que “los impedimentos para ser postores contenidos en las bases administrativas de los procesos de promoción de la inversión privada a que se refiere el Decreto Legislativo N° 674 (…), son inaplicables e inexigibles”.

La aprobación de esta norma se dio en un lapso de tiempo bastante corto e inusual, razón por la cual se considera como indicio de supuestos favorecimientos a las empresas Odebrecht, Queiroz Galvao S.A. y Graña y Montero, las cuales estaban impedidas de participar en el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú- Brasil. Otros hechos tomados como indicios de posibles favorecimientos serían, por un lado, el que Odebrecht S.A.haya realizado donaciones a la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, en la cual Alejandro Toledo preside en Consejo Directivo. Por otro lado, se ha tomado en cuenta que Odebrecht contrató con el Estado peruano durante el gobierno de Toledo por la suma de 250 millones de soles, aproximadamente.[1]

Vinculación con Alan García

En relación al expresidente Alan García, se sospecha de su posible involucramiento en el caso Lava Jato debido a que fue mencionado en conversaciones que tuvo el exministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Miguel Jorge, con ejecutivos de Odebrecht y el entonces presidente Lula Da Silva. Según dichos mensajes, Luda Da Silva habría llevado a cabo lobby a fin de que Odebrecht gane varias licitaciones en Perú.[2] Según la Policía Federal de Brasil, la mencionada empresa habría pretendido aprovechar la visita del expresidente brasilero para que este utilice sus influencias a fin de pactar con el gobierno peruano bajo el mando de Alan García, en ese momento.[3] Cabe anotar que, durante el segundo gobierno de Alan García, Odebrecht “se adjudicó contratos por obras que ascienden a más de 3 mil 400 millones de soles”.[4]

Vinculación con Ollanta Humala

En cuanto a la vinculación con el régimen presidencial de Ollanta Humala, el informe de la Policía Federal de Brasil señala la existencia de un correo electrónico interceptado a Fernando Migliaccio da Silva, ex-ejecutivo de Odebrecht, en el cual figurarían las iniciales “OH”, las cuales, según la hipótesis manejada por las autoridades brasileras, corresponderían a Ollanta Humala. Dichas iniciales se encontrarían junto a una referencia al monto de tres millones de dólares, razón por la cual las autoridades de Brasil sospechan que el Presidente Humala habría recibido un soborno por dicha suma de dinero.[5] Esta información ha sido contrastada con la agenda del celular de Marcelo Odebrecht, en la cual también se encontraban las iniciales y se indican reuniones en Lima con “OH”. De hecho, en dicha agenda aparecen referencias a reuniones que se habrían llevado a cabo en junio de 2011, cuando Humala era candidato; y en mayo de 2013 y octubre de 2014, entre Humala, la primera dama Nadine Heredia y altos funcionarios de Odebrecht, cuando aquel ya era jefe de Estado.[6]

Es importante mencionar que Migliaccio es sindicado como el administrador de diversas empresas off shore en paraísos fiscales que habrían sido empleadas, según las autoridades de Brasil, para el lavado de activos y para el pago irregular a funcionarios públicos brasileros y de otros países.[7]

Un dato adicional a tener en cuenta es que, durante el gobierno de Ollanta Humala, la empresa Odebrecht habría pactado concesiones con el gobierno peruano por la suma ascendiente a 20 mil 424 millones 960 mil 122 soles.[8]

Posibles delitos cometidos

Pues bien, una vez repasados los indicios que llevan a sospechar de irregularidades o favorecimientos por parte de los tres últimos gobiernos en relación con la empresa brasilera Odebrecht, se analizarán los posibles delitos que los altos funcionarios peruanos habrían cometido en virtud de dichos elementos indiciarios.

  • Delito de cohecho

En relación a los supuestos sobornos o pagos irregulares que las empresas de Brasil habrían otorgado a funcionarios peruanos, estos hechos encajarían en el delito de cohecho, tipificado en el artículo 393° del Código Penal peruano. Este es un delito especial que consiste en la compra-venta de la función pública. La característica en común entre todos los delitos de cohecho (activo y pasivo) es la bilateralidad pues siempre intervienen dos partes: el funcionario que acepta o pide el pago a cambio de la venta de su función pública; y el individuo que compra la función o recibe la oferta por parte del funcionario.[9]

El bien jurídico específicamente protegido en el delito de cohecho pasivo propio es la imparcialidad, la cual es fundamental para hablar de un adecuado funcionamiento de la administración pública –la cual es el bien jurídico genérico en los delitos de corrupción-. En virtud del principio de imparcialidad, todo funcionario público debe actuar con objetividad y neutralidad, tomando decisiones guiado por el interés general y no por intereses privados.[10]Es así que desde el momento en que un funcionario simplemente solicita un pago o ventaja indebida, el delito ya se encuentra consumado.

En este orden de ideas, el pedir o aceptar dinero u otra ventaja a cambio de, por ejemplo, asegurar una concesión o pactar un contrato público con una empresa privada encajaría en el supuesto del delito de cohecho pasivo propio, por el cual se sanciona al “funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas”.

De los hechos del presente caso se entendería que los pagos indebidos se habrían realizado a cambio de que los funcionarios peruanos otorgaran las concesiones o contrataran con empresas de Brasil como Odebrecht, favoreciéndola de manera ilegítima. Un favorecimiento indebido supondría un acto reñido con el deber de imparcialidad de los funcionarios públicos y, por lo tanto, sería una vulneración de las obligaciones funcionariales; es decir, se habría recibido dinero a cambio de transgredir el principio de imparcialidad y la normativa sobre contrataciones públicas.  El aceptar o solicitar dinero a cambio de dicha transgresión de las obligaciones propias del cargo público, como podría haber ocurrido en este caso, permitiría sostener la tesis de la posible comisión del delito de cohecho pasivo propio.

  • Delito de colusión

Por otra parte, con respecto a los indicios de posibles favorecimientos por parte de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humana para la empresa brasilera Odebrecht en la contratación para obras y el pacto de concesiones, dichos elementos probatorios podrían llevar a sustentar la posible comisión del delito de colusión.

Este delito se encuentra tipificado en el artículo 384° del Código Penal peruano, por el cual se sanciona a aquel “funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado”.

El bien jurídico que se protege de manera específica en este tipo penal es “la asignación eficiente de recursos públicos en las operaciones contractuales que el Estado lleva a cabo, o en cualquier tipo de operaciones a cargo de este”.[11]

En relación a los hechos del caso, es importante esclarecer qué debe entenderse por aquel funcionario o servidor que interviene “por razón de su cargo” coludiéndose con un privado. Al respecto, una mirada restrictiva considera que el sujeto activo solo será el funcionario que tenga entre sus competencias el suscribir el contrato representando al Estado. Sin embargo, una interpretación más adecuada es aquella que, siendo más extensiva, postula que el autor del delito de colusión será aquel funcionario o servidor que tenga la posibilidad incidir sobre el proceso de contratación por medio de opiniones, informes, etc. No se requiere que el funcionario sea parte del comité de selección o que sea quien tenga que suscribir personalmente el contrato.[12] En virtud de esta teoría, un presidente de la república bien podría ser autor de un delito de colusión.

Finalmente, sobre el delito de colusión, es indispensable dejar anotado que el acuerdo colusorio, justamente por la naturaleza secreta o subrepticia que lo caracteriza, requerirá de diversos indicios para que sea probado judicialmente.[13] En este marco, elementos como las iniciales “OH”, los correos electrónicos que hablan de reuniones entre Lula da Silva en Perú, los altos montos por los cuales se pactaron concesiones y se contrató con Odebrecht, la premura con la que se aprobó una norma que favoreció a empresas brasileras que se encontraban impedidas de contratar con Perú, etc., son indicios que sumados a otros, podrían llevar a sustentar de manera seria la hipótesis acerca de la comisión de delitos de colusión y, muy posiblemente, de sobornos o cohechos con los cuales se podría haber entregado a cambio de dichos favorecimientos o colusiones.

Conclusión

La información que los medios de comunicación de Brasil y Perú vienen brindando sobre el caso Lava Jato deben ser investigados por las autoridades peruanas a fin de determinar si se cometieron o no delitos de corrupción por parte de altos funcionarios peruanos en relación con las empresas brasileras ya mencionadas.

Hasta el momento, los datos con los que se cuenta podrían constituir indicios sobre los cuales se pueden construir hipótesis lógicas sobre la supuesta comisión de delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo y colusión. La naturaleza clandestina de la forma de comisión de estos delitos no permite que estos sean probados fácilmente a través de pruebas directas (por ejemplo, documentos firmados por el funcionario público y el particular en el cual se deje constancia del acuerdo colusorio o del dinero entregado a manera de soborno). Es por ello que el trabajo deberá realizarse sobre todo por medio de pruebas indiciarias que sigan sumando a las ya existentes a fin de llegar a la luz en un caso de alta corrupción y escala internacional como lo es Lava Jato.


[1]Diario Correo. http://diariocorreo.pe/politica/fiscalia-abre-investigacion-a-toledo-y-kuczynski-por-el-caso-odebrecht-659394/  Consultado el 15 de marzo de 2016.

[2] Diario Perú 21. http://peru21.pe/politica/alan-garcia-su-nombre-aparece-mail-investigado-policia-brasil-caso-lava-jato-2228707 Consultado el 16 de marzo de 2016.

[3] Diario Correo. http://diariocorreo.pe/politica/alan-garcia-es-mencionado-en-mas-emails-por-caso-lava-jato-644285/  Consultado el 16 de marzo de 2016.

[4] IDL Reporteros. Los contratos de Odebrecht en Perú. https://idl-reporteros.pe/wp-content/uploads/2016/03/contratos-odebrecht-peru.html  Consultado 22 de marzo de 2016.

[5] Diario La República. http://larepublica.pe/politica/744272-caso-lava-jato-exejecutivo-de-odebrecht-habria-transferido-dinero-peru  Consultado el 17 de marzo de 2016.

[6]IDL Reporteros. Nuevos documentos vinculan a Humala con Odebrecht.  https://idl-reporteros.pe/nuevos-documentos-vinculan-a-humala-con-odebrecht/ Consultado el 17 de marzo de 2016.

[7]Cuarto Poder.  Ibidem.

[8] IDL Reporteros. Los contratos de Odebrecht en Perú. https://idl-reporteros.pe/wp-content/uploads/2016/03/contratos-odebrecht-peru.html  Consultado 22 de marzo de 2016.

[9] MONTOYA VIVANCO, Yván y otros. Manual de capacitación para operadores de justicia en delitos contra la administración pública. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013, p. 79.

[10] MONTOYA VIVANCO, Yván (coord.). Manual de delitos contra la administración pública. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016, p. 97.

[11] GUIMARAY MORI, Erick. La tipificación penal del delito de colusión. Boletín Anticorrupción, N° 7, p. 4. Disponible en: http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/anticorrupcion/boletin/octubre_2011_n07.pdf

[12] MONTOYA VIVANCO, Yván (coord.). Op. Cit, p. 138.

[13] MONTOYA VIVANCO, Yvàn (coord.). Ibidem, p. 139.

Aplicación del derecho penal al desastre ambiental-petrolero de la Amazonía peruana

La empresa petrolera PETROPERÚ ha sido identificada como responsable de recurrentes derrames de petróleo, siendo las más trágicas y actuales las ocurridas el 25 de enero y el 3 de febrero de 2016 por fisuras en el Oleoducto Norperuano en las microrregiones amazónicas de Chiriaco (Provincia de Bagua, Región de Amazonas) y Morona (Provincia Datem del Marañón, Región de Loreto). Ante el desastre evidente, las denuncias se han hecho públicas por dirigentes indígenas, políticos, funcionarios públicos y reporteros, pero poco se ha escrito sobre la necesidad de aplicar el derecho penal. En las siguientes líneas lo intentamos plantear su aplicación a estos casos.

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Fashion Law o Derecho de la Moda: una nueva especialización

La moda siempre ha sido, es y será parte de nuestra historia y de la evolución del ser humano, es una forma de expresión, de lo que se siente, una parte de nosotros que sirve para revelar nuestra personalidad y estado de ánimo. Así lo entendieron desde la época de Egipto, Grecia y Roma, pasando por los vestidos medioevales o de la revolución francesa hasta llegar a la diseñadora Coco Chanel, quien revolucionó el mundo de la moda con sus diferentes conceptos, tales como el uso del sastre y del Little Black Dress (LBD), pasando a la época contemporánea con la utilización de los pantalones palazos de los años 70’s o las hombreras de los 80’s, por citar algunos ejemplos.

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Entre Mamanes y Chamanes: ¿Se puede iniciar un procedimiento de ejecución coactiva antes de que se venza el plazo previsto para la interposición de la demanda contenciosa administrativa?

Esa es una pregunta que en muchas ejecutorias coactivas se discute y,en gran porcentaje de ellas, se decide no iniciar los procesos de ejecución coactiva y esperar los tres meses que tiene el administrado para accionar su defensa, según lo cual estarán actuando conforme al ordenamiento jurídico los ejecutores coactivos. El presente artículo tiene por finalidad analizar sistemáticamente las normas que regulan el procedimiento de ejecución coactiva y dar respuesta a la pregunta que es materia de análisis.

En principio, todos los actos administrativos (menos aquellos expresamente establecidos por ley) son ejecutorios; es decir, su emisión obliga al inmediato cumplimiento aunque otro sujeto discrepe sobre su legalidad1.

Así, en opinión del jurista José Antonio Tirado, si bien todos los actos administrativos son ejecutivos, solo algunos (aquellos que contengan una obligación) podrán ser ejecutorios y, justamente por esta característica, aquellos actos administrativos ejecutorios que no sean cumplidos voluntariamente por el obligado podrán ser objeto de ejecución forzada en aplicación del principio de autotutela, que es la facultad de disponer el cumplimiento de sus actos que han sido previamente resueltos por la propia administración pública sin intervención judicial previa.

Así las cosas, vamos a proceder a delimitar los requisitos que debe tener el acto administrativo para que sea materia de ejecución forzosa. En ese sentido, la Ley de Procedimiento Administrativo General – (en adelante, la LPAG) señala en su artículo 194° las siguientes exigencias a cumplir:

  1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer establecida a favor de la entidad.
  1. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro.
  1. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o provenga de una relación de Derecho Público sostenida con la entidad.
  1. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable.
  1. Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la intervención del Poder Judicial para su ejecución.
  1. En el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 713º inciso 4) del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 28494, una vez que el acto quede firme o se haya agotado la vía administrativa.
  1. En caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas, la legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a las partes involucradas (*).Numeral incluido por D. Leg. Nº 1029 del 24.06.2008

Ahora bien, según lo mencionado anteriormente, cualquier acto no puede ser materia de ejecución forzosa ya que es necesario que cumplan con los requisitos señalados por la LPAG. Para nuestro caso, el medio de ejecución forzosa que se debe aplicar es la ejecución coactiva, que está prevista en el artículo 196°2 de la LPAG.

El inciso a) del citado artículo encuentra su desarrollo a través del TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva – Ley N° 26979(en adelante el TUO), el cual señala que una obligación es exigible coactivamente cuando se presente:

  1. Acto administrativo emitido conforme a ley, debidamente notificado.
  2. Que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la Obligación.

Y estos requisitos son de carácter medular para iniciar el procedimiento de ejecución coactiva porque el artículo 14° del TUO advierte al Ejecutor Coactivo que solo podrá iniciar el procedimiento coactivosi se han cumplido los requisitos del artículo 9° del TUO.3

En consecuencia, los actos administrativos firmes resultan exigibles y no se encuentra condicionados al vencimiento de plazos distintos; por lo que el ejecutor coactivo no se encuentra supeditado al vencimiento del plazo de tres (3) meses previstos para interponer el procedimiento contencioso administrativo.

Esta interpretación es concretizada y ratificada por la Corte Superior de Lima, la cual señala lo siguiente:4

Octavo.- que de conformidad con el numeral 2 del artículo 14 de la referida Ley ‘El Ejecutor Coactivo sólo podrá iniciar el procedimiento de ejecución coactiva cuando haya sido debidamente notificado el acto administrativo que sirve de título de ejecución, y siempre que no se encuentre pendiente de vencimiento el plazo para la interposición del recurso administrativo correspondiente’. Noveno.- que en puridad y de acuerdo a una interpretación sistemática, el inicio del procedimiento coactivo no se encuentra supeditado al vencimiento del plazo establecido en la Ley para la interposición de la revisión o demanda contencioso-administrativa, como erróneamente sostiene el demandante.

Conclusión:

En base a todo lo expuesto, podemos concluir que para el inicio del procedimiento de ejecución coactiva no es requisito que el Ejecutor Coactivo deba esperar el plazo de tres meses para la interposición de la demanda contenciosa administrativa por parte del administrado.


1 Tirado, José Antonio. La Ejecución Forzada de los Actos Administrativos en la Ley N° 27444. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: ARA Editores. 2003. P.355.

2Artículo 196.- Medios de ejecución forzosa

196.1 La ejecución forzosa por la entidad se efectuará respetando siempre el principio de razonabilidad, por los siguientes medios:

  1. a) Ejecución coactiva
  2. b) Ejecución subsidiaria
  3. c) Multa coercitiva
  4. d) Compulsión sobre las personas

196.2 Si fueran varios los medios de ejecución aplicables, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.

196.3 Si fuese necesario ingresar al domicilio o a la propiedad del afectado, deberá seguirse lo previsto por el inciso 9) del Artículo 20 de la Constitución Política del Perú.

3Artículo 14°.- Inicio del Procedimiento

(…)

14.2 El Ejecutor Coactivo sólo podrá iniciar el procedimiento de ejecución coactiva cuando haya sido debidamente notificado el acto administrativo que sirve de título de ejecución y siempre que no se encuentre pendiente de vencimiento el plazo para la interposición del recurso administrativo correspondiente y/o haya sido presentado por el Obligado dentro del mismo.

4Corte Superior de Justicia de Lima. Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo. Resolución N° 13

recaída en el Expediente N° 572-2006, considerandos octavo y noveno.

Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo. Resolución N° Cinco  recaída en el Expediente N° 00621-2013.

Sobre límites y fronteras: ¿Qué está pasando con la crisis bilateral Venezuela – Colombia?

La frontera de 2.200 kilómetros que comparten Colombia y Venezuela es hoy escenario de la situación bilateral más sensible de la región. Hace cerca de un mes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el cierre parcial de la frontera como reacción al enfrentamiento con presuntos contrabandistas en el que resultaron heridos tres militares venezolanos y un civil en la ciudad de San Antonio, en Táchira, Venezuela. Desde entonces, el endurecimiento de la lucha del gobierno venezolano contra el contrabando y paramilitarismo ha desencadenado una crisis fronteriza que parece agravarse injustificablemente en términos geográficos, políticos y, lo que es más preocupante, humanos, mientras que las posibilidades de salidas diplomáticas son por ahora esquivas.

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