La disolución del Congreso: ¿mecanismo antidemocrático?

El 30 de marzo del 2015, el Congreso de la República censuró a Ana Jara, entonces Presidenta del Consejo de Ministros. Esta decisión fue tomada en virtud de las facultades de control político otorgadas por la Constitución al Congreso[1]. Después de llevar a cabo la censura, el Presidente Ollanta Humala decidió nombrar como Presidente del Consejo de Ministros a Pedro Cateriano el 2 de abril del presente año. Esta decisión levantó polémica en tanto Cateriano, en su labor como Ministro de Defensa, se mostró confrontacional con la oposición. En vista de lo antes mencionado, comenzó a comentarse la posibilidad que el Congreso niegue la confianza al nuevo Gabinete encabezado por Cateriano. En consecuencia, y debido a la cercanía que tenía su nombramiento con la fecha en que Alberto Fujimori disolvió el Congreso en 1992, se alzaron voces alertando del posible atentado a la democracia que implicaría que Humala disuelva el Congreso, en caso se negase la confianza a Cateriano y su Gabinete.

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La consulta tributaria particular

La redacción original del artículo 92° del Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF (en adelante Código Tributario), establecía en su inciso i) como uno de los derechos de los deudores tributarios, esto es, las personas obligadas al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyentes[1] o responsables[2], el formular consulta a través de las entidades representativas, de acuerdo con el artículo 93°[3], y obtener la debida orientación respecto de sus obligaciones tributarias.

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Distorsión de la violencia como medio en el delito de usurpación: Análisis a un año de la vigencia de la ley Nº 30076

I. INTRODUCCIÓN

Una vez publicada la Ley N.°30076[1], la cual modificó diversos artículos del Código Penal –en adelante CP−, así como la normativa procesal y de ejecución, la cual constituyó una de las modificaciones más importantes a la legislación sustantiva por la cantidad de dispositivos que fueron abordados, corresponde evaluar los cambios a la regulación a efecto de establecer la correlación estructural y sistemática que debe guardar el ordenamiento penal, como modelo negativo de convivencia. Ello porque el sistema penal desvalora los comportamientos humanos que considera más insoportables en la medida en que atacan los bienes jurídicos más relevantes para el orden de la vida social[2].

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El penoso regreso del Servicio Militar obligatorio

Cuando miles de personas pobres votaron por el Presidente Humala en el año 2011, no imaginaban que, dos años después, sus hijos les podrían ser arrebatados para el servicio militar.   A mediados de marzo, el Vicealmirante José Cueto, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, anunció que para mayo se preveía la realización de un sorteo donde se determinará que unos treinta mil jóvenes entre 18 y 25 años de edad se incorporen obligatoriamente a los cuarteles. 

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Algunas precisiones en torno al asilo de Julian Assange

A propósito del asilo otorgado por el Estado ecuatoriano al pirata informático Julian Assange, se ha producido un interesante debate en torno a una serie de cuestiones jurídicas internacionales vinculadas a esta figura humanitaria, lo que nos motiva a llevar adelante un conjunto de precisiones con la esperanza de aclarar ciertos puntos o levantar afirmaciones no necesariamente bien informadas.

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Derecho Internacional: Categoría de los Grupos Rebeldes en la Guerra Civil Siria

Introducción

El 2011 marcó el inicio, en el Medio Oriente, de la “Primavera Árabe”. En enero de ese mismo año, luego de una serie de manifestaciones desencadenadas por el suicidio del joven Mohamed Bouazizi,  el presidente de Túnez, Ben Ali, se vio obligado a dejar el poder tras 23 años de gobierno. En el mes siguiente, el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, dimitió tras la inminente marcha de manifestantes contrarios a su régimen hacia el Palacio Presidencial. En octubre del mismo año, rebeldes libios acabaron con la vida de Muamar Gadafi y con su Gobierno instaurado desde hacía más de cuarenta años.

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¿Complicidad secundaria en ausencia de autor material? Cuestionamientos en torno a la presunción de inocencia

En los supuestos de participación que en materia penal se desarrollan, la complicidad como medio de colaboración para la realización del hecho delictivo suele comprenderse como ligada directamente a la determinación del autor de un delito debidamente tipificado; es así, según la relevancia de la contribución para la realización del referido delito, que se determinará si existe o no complicidad y a qué tipo responde la misma. Entendiéndose, si fácticamente no existe delito cometido, y por ello, no existe autor; a su vez, no podríamos hablar de un supuesto de participación al no haber ilícito penal.

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El contrato de Compra-Venta y la transferencia de propiedad inmueble como efecto real

1 EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA EN EL DERECHO ROMANO

1.1 EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA.

En Roma se le denominaba contrato de “emptio venditio”, el cual consistía en que “dos personas convienen en que una debe procurar a la otra la libre posesión y el disfrute pleno, completo y pacífico de una cosa determinada, mediante el pago de un precio fijado en dinero”[1]. De esta forma, la compra-venta posee un carácter consensual, de buena fe, en donde una de las partes, llamada vendedor, otorga la posesión específica de una cosa a la otra parte, que es el comprador, a cambio de una cantidad de dinero.

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Transición del Registro Declarativo al Registro Constitutivo

 

I. INTRODUCCIÓN

Cada día vemos casos en los cuales un propietario de un bien enajena la propiedad a más de un adquirente; ello trae consigo un verdadero dolor de cabeza para las personas que de buena fe confiaron en el titular del bien. Este artículo ha querido comenzar con una breve reflexión de lo que pasan y pasaron muchas personas al ser engañadas, encontrándose desprotegidas cuando un comprador posterior a él -también de buena fe- se queda con la propiedad simplemente porque este sí la registró, y todo porque las normas relacionadas al modo de adquirir una propiedad favorecen a quien la adquiere.

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