El lugar de una niña #8M #NiñasNoMadres

En Tucúman, Argentina, una niña de 11 años fue violada por la pareja de su abuela, quedando embarazada. A pesar de solicitar la interrupción legal del embarazo, práctica permitida y ofrecida por el Estado frente a casos específicos, el Sistema Provincial de Salud le negó el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y ha sido obligada a continuar con el embarazo, llegando a ser sometida a una cesárea. El movimiento conservador (o mal llamado “pro vida”) fue el principal promotor de la continuidad de la vida por nacer, a costa de la vida e integridad de una niña. Nuestra realidad no es muy lejana: hace dos días una niña de 13 años murió en Ica debido a que no pudo acceder a un aborto y fue sometida a una cesárea[1]. Tenía 13 años y la obligaron a dar a luz. Hoy hemos conocido el caso de otra niña de 13 años que lleva a cuestas un embarazo de 21 semanas, a la cual el sistema de salud peruano también le está negando la interrupción del embarazo que ella y su madre han pedido[2]. Somos testigos, a través de estas realidades, de una cadena de violencia que somete a las mujeres a un dolor constante ya que no solo son víctimas de violencia sexual siendo niñas, sino también son vulneradas por el propio Estado que debería protegerlas.

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El nuevo concepto del devengo y los contratos de obra

Como se recuerda, en setiembre de 2018, mediante delegación de facultades al Ejecutivo, se dieron diversos cambios en razón de la Reforma Tributaria, siendo una de las principales modificaciones la introducida mediante Decreto Legislativo N° 1425, respecto del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), el cual incorpora el nuevo concepto de devengo.

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¿Más allá de un canal de denuncias? El procedimiento de denuncia como uno de los requisitos indispensables mínimos exigidos el modelo de prevención, contemplado por la Ley N°30424, Ley sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas

La Ley N°30424, Ley sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, modificada por el Decreto Legislativo 1352, Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, señala en su artículo 17, lo siguiente:

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Cooperación judicial internacional: la soberanía penal como último bastión del Estado-nación

La superación de las barreras de los territorios nacionales por parte de la criminalidad moderna (criminalidad organizada, terrorismo internacional, cibercrímenes, corrupción, delitos desde los aparatos del Estado, etc.) es un hecho constatable empíricamente que se contradice con un Derecho Penal anclado en cánones propios del surgimiento de los Estados nacionales del siglo XVIII, en los que la legitimidad de los mismos se explicaba para dar seguridad a los propios ciudadanos frente a los “enemigos externos” y, por tanto, cada Estado poseía la soberanía para decidir qué castigar, cómo castigar y a quién castigar. La territorialidad de la ley penal y el monopolio del ius puniendi se explicaban así como corolario de un sistema de pensamiento en el que cada Estado “mira hacia adentro”, organizando y gestionando su propio territorio, con miras a que el otro Estado haga lo suyo. Asimismo, los Estados se presentaban como fortalezas cerradas, protegidas por el principio de no injerencia.

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Algunas reflexiones acerca de la deducibilidad del gasto por concepto de Responsabilidad Social Empresarial

Introducción

Si bien es cierto que las empresas tienen como finalidad principal la generación de ingresos; actualmente, es común escuchar que estas realizan actividades no solo para cumplir con dicho objetivo sino también para contribuir con el desarrollo de su entorno, por ejemplo, protegiendo el medio ambiente o promoviendo mayores niveles de bienestar a las comunidades aledañas a su centro de operaciones.

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Comentarios sobre la ley n° 30424, “ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”, el decreto legislativo nº 1352, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y “el proyecto de reglamento de la ley nº 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”

INTRODUCCIÓN

La ley Nº 30424 “ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”, modificada por el Decreto Legislativo Nº 30424, que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, entró en vigencia el primero de enero del año en curso, en razón a ello, realizaremos una serie de comentarios sobre algunos aspectos dogmáticos y prácticos, en lo que medianamente nos sea posible.

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