Medidas normativas para contrarrestar riesgos en el uso de la tarjeta de crédito

De acuerdo a los reportes estadísticos de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), nuestro país cuenta con 8,091,375 de tarjetahabientes[1]. Por su parte, los reportes estadísticos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), revelan que el 43.28% de los reclamos que se presentan a nivel nacional recaen sobre servicios bancarios y financieros[2], siendo la tarjeta de crédito el producto más reclamado.

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Santiago Nino y los derechos fundamentales en Latinoamérica

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Carlos Santiago Nino es, probablemente, el filósofo del derecho latinoamericano más conocido y respetado alrededor del mundo. Nació en Buenos Aires en 1943, curso leyes en la universidad de Buenos Aires, tras esto llevo a cabo un doctorado en la Universidad de Oxford en 1977.

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Figura legal romana: el jurisconsulto “Paulus” y la Acción Pauliana

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La Acción Pauliana fue concebida en Roma, en época anterior a Cicerón, es decir, muy cerca al fin de la República. Surge paralelamente al desarrollo del Derecho Pretorio como respuesta a la iniquidad e ineficacia del “Ius Civile Quiritarium”, derecho en extremo formalista.

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Dracón de Tesalia y el Código Draconiano

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Dracón fue un legislador Ateniense durante el siglo VII a.C.;  autor del famoso código, el cual lleva su propio nombre, “Código de Dracón”.
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Mujeres penalistas: mitad víctimas, mitad cómplices

Simone de Beauvoir escoge una frase enigmática de su compañero el filósofo J. P Sartre para iniciar uno de los capítulos de El segundo sexo (1949): “Mitad víctimas, mitad cómplices, como todo el mundo”. A partir de esta frase, y en el marco del Mes de la Mujer[1], en las siguientes líneas reflexionamos sobre la situación de las mujeres que se dedican al ejercicio profesional del derecho, particularmente, al área penal.

Siendo Derecho la carrera profesional con mayor cantidad de alumnos matriculados (64 282 alumnos durante el año 2010)[2], “la tendencia relativa al sexo de los estudiantes de Derecho es un dato que no debe pasar desapercibido”[3]. La data más reciente sobre la distribución de postulantes a las facultades de Derecho de las Universidades, al año 2000, nos indica que la relación entre postulantes varones y mujeres es de 52% a 48%, respectivamente[4].A partir de dicha estadística llegaríamos a la conclusión de que, en pleno siglo XXI, hay relativa equidad entre el número de estudiantes mujeres y estudiantes varones en las facultades de Derecho del país.

Sin embargo, el panorama cambia cuando observamos la representatividad de las mujeres en el Derecho Penal. Ya sea en el litigio, la docencia, los eventos académicos u otras áreas del ejercicio profesional, la cifra es bastante inferior al número de hombres penalistas. Esto nos lleva a preguntarnos con preocupación por qué esta especialidad jurídica no es atractiva para un mayor número de abogadas, y si su no elección significa algo más que simple inclinación o preferencia académica.

Entonces, ¿cómo es el ejercicio profesional del Derecho Penal?

El ejercicio profesional del Derecho Penal es el conjunto de actividades que desarrolla el abogado aplicando sus conocimientos especializados en materia penal y procesal penal. Está orientado al uso estratégico de un sistema jurídico que prohíbe –como ultima ratio– aquellas conductas que menoscaben ilegítimamente la libertad de un tercero, protegiendo así la libertad que las personas requerimos para nuestro desarrollo[5].

Pero ejercer el Derecho Penal, es decir, ser penalista, no solo implica un manejo solvente a nivel teórico y práctico de las categorías jurídico-penales, sino que también –y sobre todo- involucra características típicamente relacionadas al género masculino, en tanto que son los hombres los que han acaparado la especialidad. Ello tiene su correlato en que “no sorprende que los rasgos asociados con las mujeres no sean muy valorados por el derecho”[6].. Así, hablamos de un Derecho penal “masculino” porque se privilegian –e incentivan- rasgos asociados a este género. Por ejemplo, el nuevo sistema procesal penal exige que quien litigue esté sujeto a constantes desplazamientos y diligencias dada la oralidad del proceso, ritmo diseñado por y para hombres, que a una mujer gestante o madre se le haría más difícil de manejar. Otro ejemplo es el carácter que tradicionalmente se asocia al género femenino –pasivo, sentimental, susceptible, etc.-, el cual no tendría tanto éxito como el carácter típicamente masculino al momento de enfrentar casos que implican un complejo dilema moral y emocional para quien los juzga, persigue o defiende. Por otro lado, si hacemos el pequeño ejercicio de preguntarle a las penalistas cuántas veces se han sentido acosadas o simplemente incómodas por el trato que le dan sus pares hombres en razón de su sexo, consideramos que las respuestas nos alarmarían.

Pero las mujeres penalistas no solo son víctimas de este sistema jurídico penal, sino también cómplices del mismo. Cómplices, porque callan ante las injusticias del patriarcado en esta área del Derecho, donde los tipos penales simplemente no están construidos de cara a paliar los graves problemas que sufren las propias mujeres y las identidades sexuales contrahegemónicas, como el aborto, las violaciones, el maltrato intrafamiliar, los feminicidios y los atentados de odio contra la población LGTBI; y donde el razonamiento de los magistrados carece de metodología feminista.

Sobre esto último, Yván Montoya aborda un caso emblemático de ausencia de manejo de métodos feministas en el campo penal, como lo es el caso de las masivas esterilizaciones involuntarias de mujeres en el Perú durante el régimen de Alberto Fujimori, llevadas a cabo especialmente en los años 1995 a 1998.  La actuación fiscal en este caso se basó en la “minimización de la gravedad de los hechos probados y la negación de la calificación de los mismos como lesiones dolosas”, “la negación de la calificación de graves violaciones a los derechos y de crimen de lesa humanidad”, así como “la afirmación del consentimiento sobre la base de elementos que lo vician”[7]; mostrando nula perspectiva de género, en perjuicio de las mujeres afectadas.

Frente a esto, consideramos urgente y necesario que las penalistas sean feministas, es decir, que se comprometan activamente desde el ejercicio profesional con “una de las aspiraciones más altas y generales del derecho”[8], como lo es la igualdad.


[1]  RESOLUCION MINISTERIAL Nº 114-2007-MIMDES: Declaran el mes de marzo de cada año como el Mes de la Mujer. En: http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/dia_internacional_mujer/pdf/rm_114_2007_mimdes.pdf

[2] Gráfico Nº 23 Perú: Carreras Profesionales con mayor cantidad de Alumnos Matriculados. 2010. En: http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/doc/ESTADISTICA_UNIVERSITARIAS.pdf

[3] GONZÁLES MATILLA, Gorki. La enseñanza del Derecho o los molinos de viento. Cambios, resistencias y continuidades. Lima: Palestra. 2008. p. 74.

[4] Ídem. p.75.

[5] MEINI, Iván. Lecciones de Derecho Penal – Parte General. Teoría jurídica del delito, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2004. p.21.

 

[6] OLSEN, Francis. “El sexo del Derecho”. En: RUIZ, Alicia E. C, Identidad femenina y discurso jurídico. Buenos Aires: Editorial Biblos. p. 27.

[7] MONTOYA VIVANCO, Yván. “Derecho penal y métodos feministas. A propósito de la actuación del Ministerio Público frente a las masivas esterilizaciones involuntarias de mujeres en el Perú”. En: FERNÁNDEZ, Marisol y Félix, MORALES (Coord.), Métodos feministas en el Derecho. Aproximaciones críticas a la jurisprudencia peruana, Lima: Palestra. 2011. pp. 158 – 179.

[8] FISS, Owen. “¿Qué es el feminismo?”. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Alicante, Nro. 14, p. 335.

 

El Papa Inocencio IV y la persona jurídica

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Sinibaldo dei Fieschi (1185-1254), profesor de derecho canónico en la ciudad de Bolonia, fue elegido Papa bajo el nombre de Inocencio IV el 25 de junio de 1243 luego de la muerte de Celestino IV. La relevancia de Inocencio para el derecho, sin embargo, no es solo debido a su posición frente a Federico II y su posesión de los Estados Papales alrededor de Roma, sino por el estatus político que tomó a partir de eso y el uso de una figura en particular para sus fines.
En un momento de conflicto que instó a Inocencio IV a mostrar la supremacía del poder eclesiástico, la doctrina de la época aun no establecía que los grupos de individuos  bajo un mismo emblema  podían ser excomulgados. La excomunión era aun una figura temida mas era imposible de realizarse con tantos adversarios en mente. A los colectivos no se les podia excomulgar de la misma forma que a una persona natural y mucho menos ser encontrados culpables de delito alguno. En el momento, la imposibilidad de dicha acción se regía debido a que estos colectivos no poseían un cuerpo ni una voluntad que los asemejara a las personas naturales.
Otros estudiosos de la época sostenían que las comunidades no podían ser castigadas ni excomulgadas porque no poseían un alma ni un cuerpo como tal.  Como consecuencia la personalidad de las personas jurídicas entra en cuestión con el Papa Inocencio IV, tal vez sin imaginar la futura repercusión y uso de la figura, como método de presión ante sus adversarios políticos y militares.
5 Juristas latinoamericanas que lucharon por la igualdad

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A través de los años, las mujeres han ido escalando en la conquista de sus derechos, esto no ha sido nada fácil, es una lucha constante hasta el día de hoy. En el presente artículo, recordamos a mujeres juristas latinoamericanas que, además de luchar por la igualdad, desafiaron los prejuicios sociales de su época y marcaron hitos en la profesionalización de la mujer.

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