Siempre serán maíz

Memorias y reflexiones sobre la búsqueda de verdad y justicia de las madres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en el caso de Los Cabitos 83: El mega proceso penal contra miembros del Ejército por desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas de personas que fueron secuestradas en el Cuartel Domingo Ayarza, más conocido como Los Cabitos 51, durante el año de 1983.

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Mamá Angélica afuera de la Sala Penal Nacional /
Créditos: Isabel López Meza

¿A qué huele la sangre del pueblo? La cantante Martina Portocarrero dice que huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, pero también a pólvora y dinamita. Así huele la sangre de las madres ayacuchanas que, un día de 1983, perdieron el rastro de sus hijos/as, esposo o hermano/a, luego de que militares encapuchados se los llevaran, por la fuerza, al cuartel Domingo Ayarza, más conocido como “Los Cabitos 51”. Gran parte de los secuestrados eran jóvenes, maestros y artesanos, a quienes los militares acusaron de terroristas o amigos de terroristas y eran llevados al cuartel sin una «orden judicial, sin participación del Ministerio Público ni otra autorización que evidenciara un procedimiento regular de detención»[1].

Arquímedes Ascarza Mendoza, Olga Gutiérrez Quispe, Edgar Timoteo Noriega Ascue, Alejandro Noa Yupanqui, Jaime Gamarra Gutiérrez, Zósimo Tenorio Prado, Gregorio Prisciliano Canchari, Ayala, Juan Darío Cuya Layme, Juan Huayhua Pariona, Marcelino Vargas Vilcamiche, Alejandro Huaña Huaña, Adrián Yupanqui Pilmihuamán, Bibiano Huayhua Pariona, Antonio, Palomino Ochoa, Isidoro Bedoya Gutiérrez, Cesar Arturo Lozano Cuba, Julio Constantino, Laurente Cisneros, Raúl Palomino Ventura, Simón Fidel Mendoza Auqui, Domingo Leonardo Mendoza Auqui, Luis Henry Medina Quispe, Juan Ranulfo Castro Rojas, Manuel, Nalvarte Loayza, Jesús Teodosio Borda Chipana, Feliciano Coronel Romero, Jorge Edilberto Cervantes Navarro, Luis Flores Galindo, Mario Godoy García, Santiago Huicho Coras, Nemesio Lozano Alvarado, Cesáreo Cueto Gastelú, Walter Rómulo Cueto Huamancusi, Candelaria Rodríguez Gomez, Gregoria Rodríguez Gomez.

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), detuvieron, torturaron, desaparecieron y ejecutaron extrajudicialmente a, por lo menos, a 136 personas.

34 años después, varias de estas mujeres ―que fundaron la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú-ANFASEP―, han fallecido sin llegar a encontrarlos. Y, hoy, las que quedan siguen en búsqueda de la verdad, pero también de la justicia; y es que el tiempo envejeció sus cuerpos, mas no sus memorias, su coraje, su esperanza.

Camino a Lima

El lunes 14 de agosto de 2017, 10 mamás de ANFASEP se embarcaron en un bus rumbo a Lima para asistir a la lectura de sentencia múltiple por torturas, secuestros, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecución extrajudicial, ocurridas en el cuartel militar Los Cabitos en el año 1983. La lectura de sentencia estaba programada para el miércoles 16 de agosto a las 11 de la mañana, y ellas habían decidido llegar un día antes porque harían una vigilia en la puerta de la Sala Penal Nacional, lugar donde los jueces leerían la sentencia.

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Lugar donde se daría lectura a la sentencia Los Cabitos 83. /
Créditos: Isabel López Meza

«Cuando mi esposo desapareció, yo tenía 20 años, ahora tengo 53 años. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Muchas mamás han fallecido sin encontrar justicia. Y hoy día es nuestra esperanza. A la Sala Penal, nosotros exigimos que se haga sentencia condenatoria para todas estas personas. Tantos años nos ha hecho llorar. Hasta cuándo vamos a esperar. Nosotros así llorando vamos a caminar. Inclusive, sus restos de nuestros seres queridos no sabemos dónde están, qué han hecho, si quiera eso que nos digan y que sea sanción condenatoria. Eso esperamos y pedimos». (Adelina García)

El proceso penal del caso Los Cabitos 83 se había iniciado el año 2005 y denunciaba a Arnaldo Briceño Zevallos, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Humberto Orbegozo Talavera, Jefe del Cuartel Cabitos; Carlos Millones D’Estafano, Roberto Saldaña Vásquez y Julio Carbajal D’Angelo, miembros del Estado Mayor; Edgar Paz Avendaño, exjefe del destacamento de inteligencia y Arturo Moreno Alcántara, miembro del destacamento de inteligencia.  A ellos, se les acusó por graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y torturas de personas que habían sido secuestradas cuartel Los Cabitos en 1983. El juicio oral empezó en el año 2011. Sin embargo, en el transcurso, fallecieron varios testigos, familiares y 2 acusados. ¿Cuánto tiempo más tardaría el Estado en resolver un caso que, en palabras de la Fiscal Luz Ibañez, representaba la otra cara del mega proceso seguido contra el líder terrorista Abimael Guzmán y toda la cúpula senderista, en el año 2006?

En este proceso penal, la Fiscalía consideró a 53 víctimas: 34 en condición de desaparecidos, 15 por tortura, 3 mujeres por violencia sexual y 1 una ejecución extrajudicial. El caso cuenta con la asesoría de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

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Abogada Gloria Cano, de APRODEH, y Fiscal Luz Ibáñez. /
Créditos: Isabel López Meza

Para las 9 de la mañana del día miércoles 16 de agosto, las mamás Adelina, Juana, Felicitas, Narciza, Gregoria, Ventura, Sergia, Felicitas y Gloria ya habían vuelto a instalar un mural de fotos y pancartas afuera de la Sala Penal Nacional. Las más mayores estaban sentadas sobre cajas de cartón y hablaban en quechua, mientras miraban el mural: «¿Dónde están los restos de nuestros seres queridos?», «Sentencia condenatoria para caso Cabitos 83», decían algunas pancartas. A la derecha, había impresiones de fotos carnet de personas y más pancartas. Debajo, en un altar hecho con cajas de cartón, había un ramo de flores amarillas. Mamá Juanita, presidenta de ANFASEP, se arrodillaba para encender las velas. Faltaban dos horas para ingresar a la Sala.

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Mamá Juanita /
Créditos: Isabel López Meza

Mamá Angélica, fundadora de ANFASEP, llegó a las 11 de la mañana. Ella, con 87 años, todavía sujetaba en sus manos la foto de su hijo y una cruz que decía «Verdad y justicia».

«Justicia. Tanto desaparecido… ¡A mi hijo! Que no es mi hijo nada más. Tantos. ¡Dónde están! ¿Por qué callan estas cosas? Nosotros no nos callamos. Cuando yo muero, callaría, pero en esta vida no se puede callar, ni las señoras ni yo». (Mamá Angélica Mendoza)

Mamá Angélica sigue sin saber dónde está su hijo Arquímedes que, el 2 de julio de 1983, fue sacado de su casa por los militares.

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Mamitas de ANFASEP y sus familiares
esperan inicio de lectura de sentencia en Sala Penal Nacional. /
Créditos: Isabel López Meza

Cerca del mediodía, las mamás de ANFASEP ingresaron a Sala Penal Nacional para la lectura de sentencia. Los acusados no estaban, pero sí sus abogados. Los jueces ingresaron e informaron que se suspendería la lectura de sentencia hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. ¿La razón? No habían terminado de ponerse de acuerdo sobre varios puntos de la sentencia. Las mamás, varias de las cuales solo hablaban quechua, no entendían lo que pasaba: los jueces ya no estaban en la Sala y los encargados de Seguridad les hacían señas para que se fueran. En el patio, su defensa les explicó lo que había ocurrido. Varias mamás empezaron a llorar:

«Una vez más, no podemos ser discriminados. Nosotras, nuestras cosas dejando hemos venido. Nos ha dicho para las 11 de la mañana. Todas las mamás que hemos venido de allá, no es fácil. Acá pagamos nuestro alojamiento, pagamos nuestra comida, desayuno, almuerzo. Cómo es posible discriminación todavía hasta ahora vamos a sufrir. Las personas quechua hablantes vamos a estar discriminados. Hasta cuándo vamos a ser así. Por eso, mi indignación por las autoridades. Como si nada, ellos dicen ‘vamos a postergar para mañana a las 6 de la tarde’. No es así tampoco. De nosotros nuestros buses salen a las 10 de la noche. Ya tenemos pasaje también. Vamos a quedarnos. Más fuerza nos da. Aunque sea dormimos pero no vamos a dejar con su gusto de ello». (Adelina García)

Quedarse un día más en Lima significaba dejar a sus chacras solas por más tiempo, y ahora tendrían que pedirles a sus familiares que, por favor, cuidaran su chacra dos días más. Quedarse también era más horas de angustia. Después de 11 años de espera, ellas habían creído que, por fin, había llegado el día en que el Estado peruano sancionaría a los responsables de las desapariciones de sus familiares. ¿Por qué jugar con las expectativas de familiares que llevan 34 años en la búsqueda de justicia? Si los jueces ya sabían que la sentencia no estaba terminada, ¿no habría sido correcto avisarles con anticipación a las agraviadas, considerando que venían desde Ayacucho y tenían entre 50 y 88 años?

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Mamitas de ANFASEP luego de que se enteraran que
se suspendió la lectura de sentencia. /
Créditos: Isabel López Meza

Sumado a ello, estaban los gastos: alojamiento, alimentación y pasajes ¿Acaso el Estado les iba a cubrir su estadía por dos días? No. La decisión de la Sala, además de no haber sido comunicada a tiempo, no consideraba el hecho de que la lectura de sentencia podría extenderse hasta la madrugada ¿Qué persona anciana puede permanecer despierta 24 horas seguidas? Además de ello, ¿qué medios masivos se comprometerían en cubrir toda la lectura de sentencia? La historia volvía a repetirse: En el año 2016, el Juez Brousset, quien también era presidente de la Sala, había programado la lectura de sentencia del caso Accomarca para la noche.

«Esta justicia que tarda ya no es justicia. Una esperanza más para mí está un poco lejos. Pero mañana, yo pido a Dios que sea una sentencia condenatoria para estas personas». (Adelina García)

Las mamás cambiaron sus pasajes de bus. Y el jueves volvieron a la Sala Penal. Esta vez, desde las 3 de la tarde. La lectura de sentencia empezó con dos horas de retraso: a las 8 de la noche. Los 4 acusados no llegaron. 3 de sus 4 defensores click here legales, sí. El abogado César Nakasaki no acudió.

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Afuera de la Sala Penal Nacional,
jueves 16 de agosto de 2017 /
Créditos: Isabel López Meza

Ni bien ingresaron los jueces a la Sala, las mamás se sacaron los sombreros y así permanecieron hasta las 3 y 20 de la madrugada, hora en la que terminó la lectura de sentencia.

Avances y contradicciones

La sentencia reconoció que en Ayacucho, en 1983, se desarrolló una política antisubversiva que violentó derechos humanos: detenciones, torturas, desapariciones y la construcción de un horno en el cuartel “Los Cabitos” para quemar los cuerpos de las víctimas. Ello, relacionado con la  existencia de un destacamento de inteligencia dirigido por Edgar Paz Avendaño. Los jueces condenaron a los coroneles Édgar Paz Avendaño, de 79 años, y a Humberto Orbegozo Talavera, de 75, a 23 años de prisión y 30 años, respectivamente. También, ordenaron una reparación civil de 200 mil soles para los familiares de los desaparecidos y 150 mil soles para las personas que fueron detenidas y torturadas en el Cuartel “Los Cabitos” en 1983.

La Sala, por 2 votos a favor y 1 en contra, absolvió al coronel Roberto Saldaña Vásquez, jefe del Estado Mayor Administrativo, por falta de pruebas. Los jueces reservaron la sentencia contra el general Carlos Briceño Zeballos, de 90 años, y el coronel Carlos Millones D’estefano, de 86 años, por demencia senil y temas de salud mental. Con estas condenas, no se sancionó a los militares de rango mayor, sino a los 2 oficiales que se ubicaban en el centro de la organización.

La sentencia también excluyó el delito de secuestro agravado y se refirió al delito de «abuso de autoridad agravada» y «detenciones arbitrarias». Sin embargo, en su Informe Final, la CVR consideró que las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas del Orden en «Los Cabitos» y «La Casa Rosada» (centro de operaciones del destacamento de inteligencia) eran de «secuestro y tortura», «secuestro y desaparición», y «secuestro, desaparición y asesinato».  Así, también para la fiscalía se trataba del delito de secuestro agravado, debido a la permanencia de la víctima en el cuartel durante más de 30 días y, a veces de manera permanente; los daños a la integridad física y la muerte durante el secuestro.

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Secuestrado y desaparecido  el 8 de noviembre de 1983 /
Créditos: Isabel López Meza

Mamá Rosita lloraba. Su esposo no había sido considerado como víctima desaparecida por insuficiencia de pruebas. Según la sentencia, las denuncias fiscales, como la que ella había realizado en 1983, no eran prueba suficiente. Mamá Rosita, la mujer que aprendió a criar sola a sus 7 hijos y pasó 34 años en búsqueda de justicia, no lo podía creer. ¿Qué era, entonces, su esposo para la justicia peruana? ¿Acaso no era cierto que, desde que fue llevado al cuartel, su esposa e hijos no volvieron a saber nada de él? El esposo de mamá Rosita fue uno de los 10 casos ―de un total de 34― que el tribunal no consideró como desaparecidos.

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Flores que las mamitas de ANFASEP llevaron para recordar a sus desaparecidos. /
Créditos: Isabel López Meza

Casos de violencia sexual también fueron desestimados por la misma razón: insuficiencia de pruebas. ¿Qué clase de pruebas querían los jueces? ¿Fotografías, videos o escritos donde se dijera explícitamente que tal persona había sido detenida y estaba siendo torturada en el cuartel?

La Fiscal Luz Ibañez dijo que presentará recurso de nulidad contra varios puntos de la sentencia: exclusión del delito de secuestro agravado, desacuerdo por la reserva de condena a 2 acusados, absolución de 1 acusado y el que se diera por no probado la desaparición de algunas víctimas por «insuficiencia de pruebas».

La noche estaba fría y lloviznaba. Las mamás de ANFASEP cubrieron sus sombreros con bolsas de plástico. Mientras enrollaban las fotos y las pancartas, conversaban sobre la sentencia. Se sentían preocupadas. Entendían que este dictamen, con todas las limitaciones, era el primer resultado jurídico que sancionaba a altos mandos por los crímenes cometidos en el cuartel “Los Cabitos”, pero también era muestra de la impunidad de nuestro país. Lo que más indignaba era el hecho de que los jueces, por mayoría, absolvieran a un acusado y se reservaran la lectura de sentencia de dos acusados porque estaban ancianos ¿Acaso los jueces consideraron agilizar el proceso penal cuando supieron que varios de los familiares de las víctimas y testigos habían muerto porque ya eran mayores?

La lucha de las mamás de ANFASEP sigue. La sentencia, que es la primera del caso, solo se ha mencionado por tortura, desaparición y «abuso de autoridad/detención». Hay víctimas excluidas, hay prófugos sentenciados, acusados absueltos y delitos omitidos. Falta formalizar las denuncias por Cabitos 84 y 85.  Las mamás no saben cuándo ni cuántas de ellas regresarán a Lima para asistir a una audiencia o escuchar otra sentencia, quizás, «más justa». Sin embargo, saben que desde, Ayacucho exigirán verdad y justicia, como siempre lo han hecho.

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Mamá Adelina García /
Créditos: Isabel López Meza

Omisiones y silencio

Hace 34 años, en Lima, sus voces fueron silenciadas o, simplemente, no llegaron. Para Lima, la gran capital, los años 80, significó el retorno de la democracia. Para Ayacucho, fue el inicio de la lucha armada del grupo terrorista Sendero Luminoso. La solución del gobierno de Belaunde fue la militarización de Ayacucho en 1982. La CVR registró 7795 muertes y desapariciones ocurridas durante el gobierno de Belaunde como resultado de ese proceso de violencia. De estas, el 48% fueron responsabilidad de Sendero Luminoso, mientras que el 45% fueron atribuibles a las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Y es en ese contexto, donde las madres de ANFASEP denunciaron las desapariciones de sus familiares en el cuartel “Los Cabitos”.

Con la sentencia, quedó probado que los Cabitos fue uno de los mayores centros de detención y tortura de personas jóvenes (10-25 años) que, en gran parte, eran civiles y no «terroristas». Las mamás siempre lo dijeron, lo gritaron, y pocos las escucharon. El viernes 17 de agosto, la Sala, en parte, reconoció lo que ellas decían desde hace 34 años. Sin embargo, nuevamente, se están quedando solas.

Nuestro país sangra y ellas necesitan que nuevas generaciones caminemos a su lado. Los días que estuvieron en Lima, las mamitas se alegraron cuando vieron que algunos jóvenes se les acercaron, conversaron con ellas, fueron a la lectura de la sentencia, compartieron comida, les dejaron mensajes de otros amigos y les abrazaron.

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Mensajes que les dejaron jóvenes a las mamitas de ANFASEP /
Créditos: Isabel López Meza

Las memorias de las madres ayacuchanas son nuestro maíz y nosotros, los jóvenes, somos el «nido que abriga la esperanza», el vientre del que brotan nuevos hijos. Caminemos con ellas, organicémonos para acompañarlas y agradezcamos a la vida porque ellas son el pancito de la ternura que nuestro país necesita para ser más humano:

«Aunque el tirano, te muerda, siempre serán maíz, maíz. Aunque te arranquen los ojos, siempre serás maíz, maíz». (Martina Portocarrero)

Así como ellas, seamos siempre maíz, maíz.

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(*) Fuente imagen de portada: Isabel López Meza

[1] Informe Final de la CVR

Links de interés:

  1. Palabras de Mamá Adelina, ANFASEP, sobre reprogramación de lectura de sentencia Los Cabitos.
  2. Declaraciones de Gloria Cano sobre reprogramación de lectura de sentencia múltiple Los Cabitos.
  3. Mamá Angélica en Sala Penal Nacional.
  4. Mamás de ANFASEP en Sala Penal Nacional.
  5. Lectura de Sentencia Los Cabitos 83 (agosto 2017).
  6. Informe de la CVR sobre caso Los Cabitos.

Escrito por Isabel López Meza

Isabel López Meza

Periodista de investigación en temas de derechos humanos, pueblos indígenas, trabajos de la memoria, exclusión social y pobreza. Cuenta con más de tres años de experiencia en el área de Comunicación del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), una institución sin fines de lucro que impulsa transformaciones sociales y jurídicas en el pluralismo jurídico, los derechos de los pueblos indígenas y el acceso a la justicia. Actualmente, realiza una investigación sobre empresas extractivas y pueblos indígenas. Cree en un Dios que baila, libera y no se cansa de amar.

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