Alfonso García Robles
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Alfonso García Robles es un jurista mexicano, nacido en el estado de Michoacán en el año 1911.  Cursó estudios de derecho en la Universidad Nacional de México. Especialista en derecho internacional, reconocido por la Universidad de Paris en el año 1936, unos años más tarde se le otorgó el diploma de la Academia de Derecho Internacional de la Haya.
Al regresar a su país, luego de culminar sus estudios en Europa, es declarado diplomático en México, para luego ser embajador en Estocolmo.  En 1941 ocupa el cargo de subdirector de Asuntos Políticos del Servicio Diplomático. Uno de los logros más importantes de su carrera fue participar en las comisiones internacionales destinadas a sentar las bases de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
García Robles supervisaba los asuntos políticos y la solución de conflictos frente de la organización. Representó a la ONU en la conferencia de Bogotá, donde conoce y contrae matrimonio con Juana María Szyszlo, funcionaria peruana de la ONU. Uno de los principales promotores para la desnuclearización de América Latina, que concluyó con la firma del tratado de Tlatelolco, Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina (1967).

Límites a la discrecionalidad ejercida por la administración tributaria en la fiscalización por IPNJ

La facultad de fiscalización[2] y la facultad discrecional otorgan a la administración tributaria un mecanismo de control estricto de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, obedeciendo a la misión de la administración tributaria de recaudación para la satisfacción de las necesidades públicas; sin embargo, el margen de actuación de la administración tributaria con respecto a la discrecionalidad es muy amplio (en particular en los procesos de fiscalización). En vista de ello, el objeto de este artículo es señalar qué límites se han establecido a la actuación de la administración tributaria en los procesos de fiscalización, tomando de la relación género-especie a la fiscalización por ingresos patrimoniales no justificados.

Ingresos patrimoniales no justificados

El concepto de ingresos patrimoniales no justificados (en adelante, “IPNJ”) se construye desde la siguiente premisa: “se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario, constituyen renta neta no declarada por este”[3]. En consecuencia, el incremento patrimonial no justificado será el aumento en el valor del patrimonio del contribuyente, sin que este pueda acreditar fehacientemente su causa, o la fuente que lo originó, todo esto en base a las presunciones establecidas en el artículo 91 del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta y su reglamento. La administración tributaria ha establecido los siguientes métodos para determinar el incremento patrimonial[4]:

· Método de Balance más consumo: Consiste en adicionar los consumos a las variaciones patrimoniales del ejercicio. Para el análisis de las variaciones, se entiende como patrimonio inicial el determinado al 1 de enero del ejercicio señalado por la administración y se entiende como patrimonio final el determinado por la administración al 31 de diciembre del mismo ejercicio. Para efectos del consumo, se entenderá dicho término como todas aquellas erogaciones de dinero efectuadas durante el ejercicio, destinadas a gastos personales, tales como: alimentación, vivienda, vestido, educación, transporte, energía, recreación, entre otros, y/o a la adquisición de bienes que al final del ejercicio no se reflejan en su patrimonio, sea por extinción, enajenación o donación entre otros. También, se consideran consumos a los retiros de las cuentas de entidades del sistema financiero de fondos depositados durante el ejercicio.

INCREMENTO PATRIMONIAL = VARIACION PATRIMONIAL + CONSUMOS

· Método de Adquisiciones y desembolsos: Consiste en sumar las adquisiciones de bienes a título oneroso o gratuito, los depósitos en las cuentas de entidades del sistema financiero, los gastos y, en general, todos los desembolsos efectuados durante el ejercicio. Asimismo, se dedujeran las adquisiciones y los depósitos provenientes de préstamos que cumplan los requisitos a que se refiere el artículo 60- A. Tratándose de bienes y depósitos en cuentas, no es necesario distinguir si estos se reflejan en el patrimonio al final del ejercicio. Como desembolsos se computarán, incluso, las disposiciones de dinero para pagos de consumos realizados a través de tarjetas de crédito, cuotas de préstamos, pago de tributos, entre otros. No se computarán los desembolsos realizados para la adquisición de bienes considerados como “signos de riqueza”, señalados en el primer párrafo del artículo 60 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

En General:

IPNJ= INCREMENTO PATRIMONIAL – RENTAS PERCIBIDAS

Por otro lado, la administración tributaria tendrá potestad para solicitar documentos que sustenten y/o justifiquen el aumento patrimonial detectado en los contribuyentes, acorde a los parámetros ya establecidos[5]. De acuerdo al artículo 52 del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta y al artículo 60 del reglamento, los documentos que no justifican ingresos son los siguientes:

  1. Donaciones recibidas o liberalidades que no consten en escritura pública o en otro documento fehaciente.
  2. Utilidades derivadas de actividades ilícitas.
  3. El ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente sustentado.
  4. Los ingresos percibidos que estuvieran a disposición del deudor tributario, pero que no los hubiera dispuesto ni cobrado, así como los saldos disponibles en cuentas de entidades del sistema financiero nacional o del extranjero que no hayan sido retirados.
  5. Otros ingresos, entre ellos, los provenientes de préstamos que no reúnan las condiciones que señale el reglamento.

Límites de la fiscalización por IPNJ

Sobre el consumo referido por la norma, se ha percibido que la administración tributaria ha estado ejerciendo ampliamente su discrecionalidad y solicitando información que cree que es relevante; sin embargo, en muchas ocasiones esto ha generado un conflicto entre la discrecionalidad conferida a la administración tributaria y la esfera jurídica del contribuyente, pues se afirma que se vulneran derechos fundamentales.

Entonces, para ese supuesto, resulta relevante detectar si se ha establecido ciertas pautas o límites a la información que pueda requerir la administración tributaria en sus procesos de fiscalización por IPNJ. El ejercicio de la potestad tributaria está limitado en un ámbito constitucional, es así que la Constitución refiere lo siguiente:

“Artículo 74°.- (…) El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona (…)”[6]

El “respeto a los derechos fundamentales” refiere a que la vía de imposición del ejercicio del poder tributario por parte de la administración no puede vulnerar los derechos de las personas como los siguientes:

  • Derecho a la intimidad personal (secreto bancario y reserva tributaria, reserva profesional).
  • Derecho a la inviolabilidad del domicilio (descerraje).
  • Derecho a la libertad de residencia y de tránsito (tributos que afectan el libre tránsito).
  • Derecho a la libertad de asociación.
  • Derecho de defensa (exigencia de pago de derechos para interposición de recursos).
  • Derecho a la libertad contractual.
  • Derecho a la libertad de empresa.
  • Derecho de propiedad.

Lo mencionado no quita la relevancia de todo el bloque constitucionalmente protegido por los primeros artículos de la carta magna (artículos 1, 2 y 3). Todo lo expuesto son líneas generales que debe tomar en cuenta la administración tributaria, respondiendo al principio de eficacia vertical de los derechos fundamentales, donde los poderes públicos quedan sujetos eficazmente y no solo declarativamente por la Constitución a respetar y proteger los derechos fundamentales[7].

Respecto a determinar si hay pautas o límites que se establecen a la discrecionalidad de la administración tributaria en requerir información en la fiscalización por IPNJ, cabe señalar que no hay normativa expresa que delimite el actuar de la administración tributaria al momento de requerir información pertinente para dicha fiscalización. Sin embargo, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional[8], donde la materia de sentencia fue si se estaba afectando el derecho a la intimidad de la recurrente con la solicitud de la administración de presentar información sobre viajes al exterior del país, dando detalles donde se cuestiona su relevancia (como con quién viajo, qué relación mantenía con esta persona, etc.), se establecen los primeros límites a esta potestad de la administración. Entonces, la jurisprudencia así como la doctrina se han preocupado por enmarcar dicha actuación acorde a los parámetros constitucionales (a través de sentencias y derecho comparado) y han establecido lo siguiente:

Límites de la discrecionalidad en el proceso de fiscalización por IPNJ:

  • Razonabilidad
  • Proporcionalidad
  • Relevancia tributaria
  • Deber de motivación

Razonabilidad[9]: Fundamento 3 EXP. N.° 00333-2010-PA/TC: “(…) la discrecionalidad con la que se ejerce la facultad de fiscalización no puede ser ejercida de manera irrazonable desconociendo principios y valores constitucionales, ni al margen del respeto de los derechos fundamentales de los contribuyentes (…) [00081-2008-PA/TC, Fund. 7]. En tal sentido, se debe analizar (…) si la actuación de la administración tributaria es razonable y proporcional”. Entonces, en relación a la razonabilidad, este principio implica una adecuada relación lógico- axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado[10]. Para efectos prácticos, se pide que la administración tenga criterio de relación de la información relevante con los ingresos que se desean justificar. Así, por ejemplo, en el caso de consumos por gastos de recreación, bastará que el contribuyente acredite objetivamente dónde realizó tal gasto, motive por qué consumió dicho producto, pues esto obedece al interés subjetivo (derecho a la intimidad) que pueda tener.

Proporcionalidad[11]: Fundamento 3 EXP. N.° 00333-2010-PA/TC: “(…) En tal sentido, se debe analizar (…) si la actuación de la administración tributaria es razonable y proporcional”. Se debe entender proporcionalidad como la exigencia de la existencia indubitable de conexión directa, indirecta y relacionar entre causa y efecto; vale decir, que la consecuencia jurídica establecida sea unívocamente previsible y justificable a partir del hecho ocasionante del acto estatal.[12] La referencia de la proporcionalidad está muy ligada al concepto de razonabilidad, del ejemplo anterior. Solicitar dicha información no aportaría datos relevantes para lo que la administración intenta determinar (en nuestro caso, un desbalance patrimonial del contribuyente).

Deber de motivación[13]: Fundamento 14 EXP. N°04168-2006-PA/TC: “(…) En efecto, si bien la Administración goza de las atribuciones fiscalizadoras anotadas, ello no implica que no tenga que motivar adecuadamente sus requerimientos (…). Se pone en manifiesto entonces que la administración no ha cumplido con sustentar adecuadamente tal requerimiento, por lo que, al no contarse con fundamentación pertinente, tal solicitud deviene en arbitraria, afectándose con ello, si, el derecho a la intimidad”. El Tribunal Constitucional ha sido claro en este punto, tratándose de una facultad tan amplia como la discrecionalidad, resulta importante que siempre esté sometida a la debida motivación (principio que parte también de las decisiones judiciales), es un límite impuesto a la discrecionalidad administrativa.

Relevancia Tributaria[14]: Fundamento 11 EXP. N°04168-2006-PA/TC: “(…) En este caso, no obstante, se cuestiona la intervención de la Administración en ámbitos que supuestamente no tendrían relevancia tributaria”. Fundamento 14 EXP. N°04168-2006-PA/TC: “(…) En efecto, si bien la Administración goza de las atribuciones fiscalizadoras anotadas, ello no implica que no tenga que motivar adecuadamente sus requerimientos, más aún cuando la información requerida no determina por sí misma una finalidad de relevancia tributaria evidente”. El término de relevancia tributaria es un poco amplio, obedece a cada caso en concreto y responderá a la necesidad de la administración tributaria de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente fiscalizado, esto es, que además de las fuentes de información que pueda recurrir la administración para determinar base presunta, la información que requiera del contribuyente debe apuntar a solo probar o justificar que su aumento patrimonial tiene un sustento económico posible y no antijurídico. En el caso materia de sentencia, no resultaba relevante solicitar los datos de la persona con quien viajó, mientras dicha persona no era económicamente dependiente del contribuyente.

Conclusión

De acuerdo a lo desarrollado por el Tribunal Constitucional y diversos juristas, la falta de límites expresos y claros a la discrecionalidad en la fiscalización ha sido un generador de hechos conflictivos con los contribuyentes. Sin embargo, enmarcar los límites desde el ámbito constitucional ha ayudado a que se establezca parámetros generales para dicha actuación, que serán siempre analizados acorde al caso concreto que se presente.


[1] Ingresos Patrimoniales No Justificados.

[2] Art 62° del TUO del Código Tributario- D.S. N°133-2013-EF: “La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional […] El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control de cumplimiento de obligaciones tributarias …”

[3] Art 52° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta – D.S. N°179-2004-EF.

[4] Art 92° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta – D.S. N°179-2004-EF. Y Art 60 y 60.A° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta – D.S. N°122-94-EF.

[5] Ibídem.

[6] Constitución Política del Perú. En Lima, 1993 – Congreso de la República del Perú.

[7] LANDA ARROYO, César. Los principios tributarios en la Constitución de 1993. Una perspectiva constitucional. Homenaje a Armando Zolezzi Moller. Palestra: Lima. 2006

[8] EXP. N°04168-2006-PA/TC

[9] Fundamento 3 EXP. N.° 00333-2010-PA/TC

[10] DE LA VEGA RENGIFO, Beatriz. La Discrecionalidad de la Administración Tributaria y el Procedimiento de Fiscalización. En Revista 56 – abril 2013 “XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario”. Lima. Pag.35

[11] Fundamento 3 EXP. N.° 00333-2010-PA/TC

[12] DE LA VEGA RENGIFO, Beatriz. La Discrecionalidad de la Administración Tributaria y el Procedimiento de Fiscalización. En Revista 56 – abril 2013 “XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario”. Lima. Pag.35

[13] Fundamento 14 EXP. N°04168-2006-PA/TC

[14] Fundamento 11 EXP. N°04168-2006-PA/TC y Fundamento 14 EXP. N°04168-2006-PA/TC

A 30 años de la estatización de la banca en el Perú: ¿por qué se produjo y cuáles fueron sus verdaderos efectos?

El 28 de julio del presente año, se cumplirán treinta (30) años desde el fallido intento gubernamental por estatizar la banca. En ese sentido, el objetivo del presente artículo es sintetizar y analizar lo acontecido a partir del 28 de julio del año 1987, fecha histórica en la que el gobierno peruano, encabezado por el presidente Alan García Pérez, de treinta y ocho (38) años de edad por aquel entonces, tomó la polémica decisión de estatizar la Banca.

INTRODUCCIÓN

Según la Real Academia Española, estatizar es “convertir algo privado en estatal”[1]. A través de una estatización, pues, los gobiernos asumen el control de las entidades privadas, regularmente con el objeto de hacer valer una determinada práctica social (por ejemplo, promover la posesión pública de los medios de producción que impulsa el socialismo[2]). Así, las estatizaciones pueden producirse en cualquier actividad económica. Por ejemplo, en 1975 el gobierno venezolano decretó la estatización de la Industria Petrolera Nacional (IPN)[3], luego de lo cual se sucedieron otras en diferentes sectores del mercado.

Ahora bien, cuando hablamos específicamente de estatización de la Banca, esta consiste en que “los Estados  asuman directamente la operación de todos los bancos”[4]. El caso peruano tuvo un antecedente inmediato: el mexicano. En setiembre de 1982, en medio de una profunda crisis económica, el gobierno mexicano decretó la nacionalización de la banca privada y el establecimiento de un control generalizado de cambios.[5] Los efectos de esa medida en el país del norte fueron caóticos, pues todo el ahorro interno fue a dar a manos del Estado, limitando las posibilidades de apalancamiento en la empresa privada. Asimismo, cuando en 1991, bajo una nueva concepción ideológica, se inició la reprivatización de la banca, el mercado arrastraba taras como la asignación de créditos sin una evaluación crediticia objetiva (mayormente prevaleció el amiguismo y el nepotismo), así como la pérdida de la competitividad (los ahorros pagaron mínimos históricos)[6].

Al parecer, la experiencia mexicana, casi coetánea con la peruana[7], no fue tomada en cuenta por el gobierno peruano cuando en el año 1987 decidió privatizar la Banca, conforme veremos en el siguiente acápite.

  • ESTATIZACIÓN DE LA BANCA PERUANA

 El 28 de julio de 1987, en el Congreso de la República peruano, el presidente de turno, Alan García Pérez, propuso al poder legislativo la estatización de la Banca, entre exaltados vítores de los representantes del partido aprista peruano.

Para entender las razones que sustentaron la estatización de la Banca, conviene, en primer lugar, recordar el contexto en que se produjo la decisión. Al respecto, en el año 1987 el manejo económico del país mostraba preocupantes falencias: descontrol de la tasa de inflación[8], así como tensas relaciones con el empresariado peruano[9].

En segundo lugar, se debe tomar en cuenta la versión oficial dada por García en su mensaje a la nación:

“La igualdad es un valor moral, es la superación de las grandes diferencias, es la cancelación de los mecanismos que permiten el atesoramiento y la concentración de poder en grandes grupos económicos, cuyo poder excesivo es incompatible con el proceso de liberación social. Uno de esos mecanismos, el más importante, es el sistema financiero todavía, en gran porcentaje, en manos privadas. El sistema financiero hoy en el Perú es el más poderoso instrumento de concentración de fuerza económica y por ende, de influencia política, y el mayor obstáculo a la democratización de la producción y la acumulación del excedente. Por eso, en este instante, propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Propongo reservar la actividad crediticia, financiera y de seguros al Estado como un primer paso para la democratización real de nuestra economía” (el subrayado es nuestro)[10].

Posteriormente, en un mensaje televisado, Alan García señaló lo siguiente: “En eso (la estatización de la Banca) no hay ningún retroceso, vamos a nacionalizar la banca, vamos a hacer la justicia social”[11].

En tercer lugar, hay que evaluar que habrían existido motivaciones distintas a la oficial. Sobre el particular, VÁSQUEZ HUAMÁN señala que “la clave de la motivación del Gobierno para la estatización fue el comportamiento de la inversión privada. La percepción personal del presidente de que el proceso de concertación no estaba funcionando como se esperaba, coincidió con una investigación gubernamental que confirmaba una disminución de la inversión privada”[12]. Es decir, la estatización habría sido concebida como un castigo para agentes económicos que no reinvertían sus ganancias en el país.

En lo que existe consenso es que la medida gubernamental pretendía recuperar la popularidad de un gobierno en crisis a consecuencia del pésimo manejo económico.

Como era previsible, la polémica decisión motivó que los depositantes se apersonen masivamente a las entidades del sistema financiero con el objeto de retirar su dinero. Asimismo, motivó que los sectores más conservadores del país reaccionen de una forma inesperada saliendo a las calles a reclamar ante el accionar gubernamental. Entre los manifestantes había intelectuales como Mario Vargas Llosa, quien encontraría en su rol de activista la plataforma que lo llevaría a tentar, sumamente empoderado, la presidencia de la República peruana en el año 1990.

En el plano legal, el gobierno no esperó a la dación de la Ley para iniciar la intervención. En efecto, con fecha 29 de julio de 1987 fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 158-87-EF, por medio del cual se decretó la intervención gubernamental en 10 empresa bancarias, 6 financieras y 17 compañías de seguros, ello motivó la interposición de acciones de amparo que fueron acogidas por el Poder Judicial. Para BERNALES, “la reacción ante este incidente es importante, porque la resistencia política contra la anunciada ley y la batalla judicial, influyeron decisivamente en el debate parlamentario”[13].

Posteriormente, la decisión del gobierno se formalizó mediante la Ley N° 24723, que “Declara de interés social la actividad de servicio público de empresas bancarias, financieras y de seguros”, promulgada el 09.10.1987, cuyo artículo primero señalaba lo siguiente:

“Declárase de interés social la actividad de servicio público de las empresas bancarias, financieras y de seguros, reservándose para el Estado su ejercicio en las condiciones que señala la presente Ley”[14].

Esta norma no era meramente declarativa, pues contenía el procedimiento a seguir para que la estatización de la banca se produjera: los alcances del trámite ante el Poder Judicial exigible para hacer efectiva la expropiación, la determinación del precio de las acciones a expropiarse, la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la administración de las empresas expropiadas, así como la estabilidad laboral que gozarían los trabajadores de estas, y un largo etcétera. Algunos artículos de la referida norma dan cuenta de la ideología “revolucionaria” que de forma clara subyacía a la medida[15].

Sin embargo, la referida norma había sido objeto de revisión por parte del Senado, a partir de lo cual se neutralizaron sus efectos, toda vez que se incorporaron en la Ley los artículos 13°[16] y 14°[17], que, como indica VÁSQUEZ HUAMÁN, permitieron que los grupos económicos evitaran que el gobierno tome el control de las entidades sujetas a la Ley, al “democratizar” la propiedad de las empresas, es decir, transferir la mayor parte del accionariado a sus empleados[18].

En esa línea, en nuestro país, la estatización de la Banca no se logró concretar, de forma tal que genere un efecto nocivo como ocurrió en el caso mexicano. A pesar de encontrarse  vaciada de contenido, con fecha 25 de diciembre de 1990, el gobierno de Alberto Fujimori derogó la referida norma.

No obstante lo señalado, definitivamente la decisión afectó la confianza de los clientes. Tal vez por ello, la Carta Magna vigente, a diferencia de la que la de 1979[19], a la que subyacía un Estado social de derecho[20], establece con tanto énfasis lo siguiente: “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”[21].

REFLEXIONES FINALES

La estatización de la Banca pretendía recuperar la popularidad de un gobierno en crisis a consecuencia del pésimo manejo económico. Afortunadamente, por diversas causas que han sido detalladas, la medida no se logró concretar de forma tal que genere un efecto nocivo como ocurrió en el caso mexicano. Sin perjuicio de lo señalado, la Carta Magna vigente es una suerte de “candado”, para que la historia no se repita.

A Dios gracias.


(*) Fuente de  ilustración: Eduardo Rodríguez “Heduardo”. Extraída de “La historia según Heduardo”. Lima: Empresa Editora Caretas. 1990.

[1] Real Academia Española.

[2] En 1945 el Partido Socialista francés llevó a cabo la estatización de la Banca francesa.

[3] Barriles de Papel No 121. INGRESOS Y EGRESOS DE PDVSA 1999-2013. Ing. Diego J. González Cruz”.

[4] ACOSTA ROMERO, Miguel. Derecho Bancario. Panorama del sistema financiero mexicano. Editorial Porrúa S.A. Página 20.

[5] DEL ÁNGEL MOBARAK, Gustavo A. y MARTINELLI MONTOYA, César. La Expropiación de la Banca en México, Un Ensayo de Economía Política. Centro de Estudios Yglesias. México. 2009.

[6] POLO COSENSA, Marco. Causas y efectos de la estatización de la Banca.

[7] Anteriormente, en 1979, el gobierno nicaragüense había nacionalizado las instituciones privadas del sistema financiero de ese país.

[8] Según datos del BCRP, en julio de 1987 la inflación había alcanzado los 82.24 puntos porcentuales.

[9] Sobre este particular, se recomienda la lectura del artículo “Los medios de García” del historiador Alfonso W. Quiróz.

[10] GARCÍA PÉREZ, Alan. Mensaje del Presidente Constitucional del Perú. Doctor Alan García Pérez ante el Congreso Nacional. Diario Oficial “El Peruano”. 28/07/1980.

[11] Reportaje de “Prensa Libre” a 20 años de la estatización de la Banca.

[12] VÁSQUEZ HUAMÁN, ENRIQUE. Estrategias del poder: grupos económicos en el Perú. Pág. 73.

[13] BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Ley 24723 y su aplicación. En: THEMIS 13. 1988. Pág. 29.

[14] Ley N° 24723 “Declara de interés social la actividad de servicio público de empresas bancarias, financieras y de seguros”, promulgada el 09.10.1987

[15] Por ejemplo, la norma incluía en su artículo 21° la creación de un fondo permanente destinado a la capacitación y perfeccionamiento (curricular) del personal de las empresas expropiadas. Es decir, subyacen aquellos postulados revolucionarios surgidos de otras latitudes (mexicana, rusa), tales como educar a obreros y a campesinos como un medio para transformar la estructura social del país

[16] Ley N° 24723

Artículo 13°

Con el fin de fomentar el accionariado difundido, el Estado ofrecerá a personas naturales hasta el 30% de las acciones representativas del capital social de los bancos comerciales que operen a nivel nacional; así como de las empresas financieras y compañías de seguros.  Ningún accionista podrá poseer, en cada institución de las antes mencionadas en el presente artículo, un número de acciones cuyo valor supere al de 40 unidades impositivas tributarias. Para este efecto se consideran como un solo accionista a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

[17] Ley N° 24723

Artículo 14°

Los efectos de la presente Ley no les alcanzan a los actuales accionistas de las entidades a que se refiere el artículo 2°, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo precedente, siendo opcional para ellos mantener sus actuales acciones o venderlas al Estado o a otros particulares que reúnan las mismas condiciones. El plazo para la opción es de 90 días. Vencido éste, la compra de dichas acciones es obligatoria para el Estado. Tampoco son objeto de esta Ley las acciones que directa o indirectamente pertenezcan al Estado ni las de propiedad de instituciones de carácter social.

[18] VÁSQUEZ HUAMÁN, ENRIQUE. Estrategias del poder: grupos económicos en el Perú. Pág. 73.

[19] Constitución de 1979

Artículo 125.­La propiedad es inviolable. El Estado la garantiza. A nadie puede privarse de la suya sino por causa de necesidad y utilidad públicas o de interés social, declarada conforme a ley, y previo el pago en dinero de una indemnización que debe pagarse necesariamente en dinero y en forma previa.

[20] Hoy se enmarca en una Economía Social de Mercado.

[21] Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.

BIBLIOGRAFÍA

[1] ACOSTA ROMERO, Miguel. Derecho Bancario. Panorama del sistema financiero mexicano. México: Editorial Porrúa S.A.

[2] Barriles de Papel No 121. INGRESOS Y EGRESOS DE PDVSA 1999-2013. Ing. Diego -J. González Cruz.

[3] BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Ley 24723 y su aplicación. En: THEMIS 13. 1988.

[4] DEL ÁNGEL MOBARAK, Gustavo A. y MARTINELLI MONTOYA, César. La Expropiación de la Banca en México, Un Ensayo de Economía Política. Centro de Estudios Yglesias. México. 2009.

[5] GARCÍA PÉREZ, Alan. Mensaje del Presidente Constitucional del Perú. Doctor Alan García Pérez ante el Congreso Nacional. Diario Oficial “El Peruano”. 28/07/1980.

[6] Ley N° 24723 “Declara de interés social la actividad de servicio público de empresas bancarias, financieras y de seguros”, promulgada el 09.10.1987

[7] Real Academia Española.

[8] Reportaje de “Prensa Libre” a 20 años de la estatización de la Banca.

[9] VÁSQUEZ HUAMÁN, ENRIQUE. Estrategias del poder: grupos económicos en el Perú.

 

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