Venezuela y la OEA: Cuestiones de legitimidad y mecanismos de solución

A la fecha, la convulsión social que vive Venezuela ha dejado un saldo aproximado de 50 muertos y más de 700 heridos, sin contar a las personas que se encuentran detenidas y encarceladas, que superan las 100. Todo esto lo detalla el balance elaborado por el Ministerio Público de Venezuela, cuya Fiscal General, Luisa Ortega, ha condenado el abuso de poder de los militares, atribuyendo toda la responsabilidad al actual Gobierno[1]. Sin embargo, los efectos de estos eventos no se limitan a las fronteras venezolanas, sino que repercuten en el ámbito internacional, destacándose en particular, los últimos sucesos que han tenido lugar en la Organización de los Estados Americanos (OEA). De esta forma, el miércoles 31 de mayo, se llevó a cabo la Vigésima Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, cuyo objeto fue encontrar una solución diplomática a la presente crisis democrática.

Cabe mencionar que esta postura de rechazo adoptada por la Organización, tiene como primer antecedente la Resolución de la Asamblea General del 18 de abril de 2002[2], la misma que celebra el restablecimiento del orden constitucional del gobierno de Hugo Chávez, tras el golpe de Estado realizado por grupos sindicales, como la Confederación de Trabajadores de Venezuela, empresarios y medios de comunicación, que pusieron en la presidencia a Pedro Carmona Estanga, el 12 de abril de 2002[3].

Lamentablemente, esta reunión no tuvo el final esperado, lo cual no significa que fue totalmente infructífera, dado que se refuerza el compromiso[4] por parte de la gran mayoría de cancilleres americanos, de obtener un salida negociada a este país que, el 29 de abril del presente año, presentó su solicitud de retiro de la Organización.

En este contexto, cabe evaluar si este organismo internacional, cuenta con la legitimidad necesaria, además de mecanismos suficientes, para obtener el resultado querido. Así, cabría cuestionar el tiempo que necesitó la OEA para expresar su posición de rechazo frente a la situación venezolana. Si se tiene en cuenta que el conflicto inició con la represión ilegal del grupo de oposición, del cual podemos destacar a figuras como Hugo Enrique Capriles o Leopoldo López, este último preso desde el 2014 durante el gobierno de Nicolás Maduro, han transcurrido más de 2 años sin que esta organización emita algún pronunciamiento.

De esta forma, en los hechos, este organismo tácitamente ha consentido la violación de Derechos Humanos y la ruptura de la democracia que ha venido sucediendo durante ese tiempo, hecho que contradice los fines por los que se crea, entre los cuales se encuentran el afianzamiento de la paz y la seguridad del Continente y la promoción y consolidación de la democracia representativa[5]. Esta omisión se agrava más si se considera que entre los actores se incluye a la propia población, distinta al grupo de oposición, por lo que se configura, ya no el modelo clásico en el que se enfrenta el partido oficialista y el de oposición, sino que existe un conflicto directo entre el gobierno y la sociedad, la misma que reclama la protección de su integridad y su legitimidad como poder constituyente.

Otra observación se centra en la Resolución del Consejo Permanente de la OEA del pasado 3 de abril, en la que se reconoce como una violación del orden constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de arrogarse facultades legislativas que le corresponde constitucionalmente a la Asamblea Nacional, la misma que presenta algunos vicios de validez. Se debe de precisar que fueron 21 países de los 35 miembros, quienes participaron de dicha sesión, de los cuales solo 17[6] votaron a favor y 4 se abstuvieron, no estando acorde con lo dispuesto en el Estatuto de dicho órgano, que establece como margen mínimo de aprobación, el voto mayoritario de sus miembros[7], debiendo de haber entonces, 18 votos a favor para adoptar una decisión válida. De este modo, aun cuando esta declaración haya sido necesaria, debió ser más representativa y cumplir con lo dispuesto en las normas internas de la institución, no lesionando la confianza depositada en ella, en especial del país afectado por la decisión.

En esa línea, la designación del representante de Honduras, Leónidas Rosa Bautista, a la presidencia interina del Consejo Permanente, cuando ella era válidamente ejercida por el representante de Bolivia, excede los términos del invocado artículo 37 del Reglamento del Consejo, hecho que ha generado rechazo y desconfianza, no solo de Venezuela, sino de la República Plurinacional de Bolivia, cuya posición se resume en lo siguiente: “se está dando un golpe de Estado al seno de la OEA”[8].

En consecuencia, aun cuando, en el caso de las FARC se ha reconocido una labor destacable a esta organización, a partir del envío de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) y del respaldo depositado en los acuerdos adoptados, las conductas cuestionadas ocasionan una pérdida de su legitimidad que evita que se encuentre con las mismas posibilidades que en el caso colombiano para arribar a una solución pacífica, añadido a las posiciones encontradas de Estados miembros[9] que apoyan los cuestionamientos realizados por la canciller venezolana.

Por otro lado, la Carta Democrática Interamericana regula como principal mecanismo de acción la realización de visitas, consultas y negociaciones diplomáticas con el Estado miembro que adolece de estas falencias antidemocráticas. Además, se sitúa en dos escenarios: uno preventivo, antes que se configure la ruptura o alteración del orden democrático o constitucional del Estado; y, uno represivo, cuando dicho escenario está consumado.

No obstante, en la primera situación, la organización requiere del consentimiento previo del Estado miembro[10] para que pueda iniciar con las acciones respectivas. Si bien este requisito encuentra justificación en la soberanía estatal y en el principio general de no intervención, hace que sea imposible asumir medidas preventivas cuando el gobierno es el que rompe el orden constitucional, el cual evitará cualquier tipo de intervención extranjera que le dificulte concentrar todo el poder público, como es lo que sucede en Venezuela.

Respecto al segundo escenario, la Carta establece que el Estado miembro se encuentra excluido de participar en todas las sesiones de los órganos de la organización, limitándose su derecho de voz y voto[11]. En el contexto internacional, donde los principios de buena fe y pacta sunt servanda encuentran su mayor expresión, dicha medida debería ser suficiente para motivar al Estado miembro corregir aquellos vicios lesivos de la democracia, lo que no sucede si el Estado está representado por un gobierno antidemocrático, el mismo que puede optar sin ningún reparo por denunciar el acuerdo constitutivo de la organización, lo que click here ha hecho efectivamente el gobierno de Nicolás Maduro.

Finalmente, cuando los dos mecanismos previos no generan resultados, la OEA encomienda al Consejo Permanente que gestione las acciones necesarias para arribar a una solución diplomática[12]. En este punto, debe de señalarse que la solución dependerá exclusivamente de los Estados miembros, encontrándose un escenario de incertidumbre, dado que entrarán en conflicto los intereses particulares de cada uno.

De lo expuesto, se puede concluir que los organismos internacionales adolecen de un defecto: no cuentan con un grado de coerción suficiente para obligar a un Estado a cumplir un mandato, por lo que sus soluciones se deberán dar únicamente vía negociación y entre los representantes de sus miembros.

Por tanto, en un escenario donde ya no se reconoce como legítimas las acciones de la OEA y cuyos mecanismos de acción generan, en lugar de soluciones concretas, incertidumbre, la solución escapa de las manos de esta organización siendo necesario que participen otros organismos internacionales de la región como UNASUR, del cual Venezuela es miembro, o plataformas de integración como el caso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, donde Venezuela participa, que permitan entablar una comunicación más pacífica y con mayor aceptación por parte de este Estado.

Ello, sin perjuicio de la acción solidaria que puedan tomar los países vecinos, que no pueden ignorar esta situación de guerra civil frente a un gobierno totalitario que urge que sea removido del poder, además de reforzar los mecanismos y procedimientos que cuenta la OEA, con la finalidad de fortalecer su representatividad y legitimación para futuros casos similares, donde se pondrá a prueba, nuevamente, su labor como protector del orden democrático.


[1] LA NACION. “La fiscal venezolana acusa al gobierno por las muertes de manifestantes”. La Nación, Caracas, 25 de mayo de 2017. Consulta: 02 de junio de 2017.

<http://www.lanacion.com.ar/2027145-la-fiscal-venezolana-acusa-al-gobierno-por-las-muertes-de-manifestantes>

TELESUR. “Fiscalía venezolana reporta 35 muertes y 717 heridos en protestas violentas”. Telesur, Caracas, 04 de mayo de 2017. Consulta: 03 de junio de 2017.

<http://www.telesurtv.net/news/MP-venezolano-35-muertes-y-717-heridos-en-protestas-violentas-20170504-0067.html>

[2] RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENERAL, AG/RES. 1 (XXIX-E/02). “Apoyo a la Democracia en Venezuela”, del 18 de abril de 2002.

[3] TELESUR. “Golpe de Estado en Venezuela: 11, 12 y 13 de abril de 2002”. Telesur, Caracas, 110abril de 2017. Consulta: 03 de junio de 2017.

<http://www.telesurtv.net/news/Golpe-en-Venezuela-11-12-y-13-de-abril-de-2002-20160410-0048.html>

[4] ALONSO, Nicolás. “La falta de consenso entre cancilleres americanos aplaza una posible salida diplomática para Venezuela”. El País, Washington, 01 de junio de 2017. Consulta: 02 de junio de 2017.

<http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/01/estados_unidos/1496272871_605989.html>

[5] CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Artículo 2, incisos a) y b).

[6] Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Jamaica,  México, Paraguay, Perú, Barbados, Guatemala, Panamá y Uruguay.

[7]ESTATUTO DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA. Artículo17. […]Las decisiones del Consejo Permanente se tomarán por mayoría de votos de sus miembros, […].

[8] PORTAL ALBA. “Chaderton: Lo que ocurrió en la OEA no tiene precedentes”. Portal Alba, Sucre, 05 de abril de 2017. Consulta: 03 de junio de 2017

<http://www.portalalba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12523:chaderton-lo-que-ocurrio-en-la-oea-no-tiene-precedentes&catid=27&Itemid=122>

[9] Bolivia y Nicaragua.

[10] Artículo 18

 Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación […].

[11] Artículo 19

[…]la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

[12] Artículo 20

[…]El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, […].

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

 

Escrito por Yon Cucho

Bachiller de Derecho por la PUCP. Practicante en el Ministerio de Relaciones Exteriores – Asesoría Jurídica del Gabinete de Asesoramiento Especializado del Despacho Ministerial. Interesado en temas de Derecho y Política Internacional, vinculados con conflictos de repercusión de regional o global.

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