El Lote petrolero 192 y los derechos del Perú y de las Comunidades Amazónicas II

(Buscando prever un nuevo desastre político)

El gobierno central del Perú, luego de recibir el respaldo de los congresistas de la República, ha confirmado la concesión temporal del Lote petrolero 192 a la empresa canadiense Pacific Stratus Energy a través de un contrato de servicios, aprobado por el Decreto Supremo Nro. 027-2015-EM, luego de un proceso de negociación directa. La región de Loreto, incluyendo a sus Comunidades Amazónicas, y otras partes del país, han decidido radicalizar su protesta buscando que el gobierno central cambie su decisión y permita que la empresa estatal Petroperú asuma tal concesión. ¿Se justifica jurídica y gubernamentalmente la decisión del gobierno central del Perú? ¿Es legítima la protesta de la región de Loreto y de las Comunidades Amazónicas?

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El lote petrolero 192 y los derechos del Perú y de las Comunidades Amazónicas

Buscando prever un nuevo desastre político

El Lote petrolero identificado hoy con el número 192, y que en el pasado fue la unión de los lotes petroleros 1A y 1B (Lote 1AB), ubicado en la Región de Loreto, es motivo de un nuevo conflicto social que amenaza con paralizar la región y otras partes del Perú. ¿Cuál es la historia o causa del conflicto? ¿Qué es lo que corresponde hacer constitucional y gubernamentalmente? Ambas preguntas se procuran absolver en el presente artículo.

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Del caso Bagua al caso Tía María: la incomprensión de derechos y economías locales

Han transcurrido 6 años del desastre político de Bagua, ocurrido en el periodo Marzo-Junio del año 2009, y parece como si aún sus causas y efectos no nos hubiesen enseñado a prevenir otros desastres similares. El reciente caso Tía María, suscitado entre los meses de Marzo y Mayo del presente año, es una muestra de ello.

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Un esbozo de teoría sobre el fundamento y límites de la libertad de expresión

Recientemente Betzabé Marciani[1] publicó un interesante artículo en el que plantea varios problemas para comprender adecuadamente la relación entre libertad de expresión y las creencias religiosas. El tema ha cobrado actualidad a partir de los atentados de enero contra la revista Charlie Hebdo, cuya sede se encontraba en París. Si bien Betzabé ofrece varias líneas de análisis del asunto, y despliega un gran conocimiento sobre la materia, su salida resulta parcialmente insatisfactoria. En concreto, ella señala que adhiere a una opción prudencial más que principista para afrontar estos casos. La complicación de una salida prudencial es que no ofrece criterios claros (un conjunto de propiedades relevantes) a partir de las cuales se pueda analizar un caso. Por su parte, inhibe en cierta medida a la crítica pues el ámbito de las razones para la restricción o promoción de un derecho se oscurece con consideraciones empíricas siempre cambiantes. Pues bien, considero que la aporía frente a la que se encuentra su análisis se debe a que el problema recién se puede comenzar a solucionar un paso más arriba en el nivel de abstracción. En concreto, resulta relevante preguntarse si el debate y fundamentación de la libertad de expresión es autónomo respecto del debate de la libertad en general. Desde mi punto de vista, una adecuada respuesta a este asunto puede traer como consecuencia una mayor claridad al momento de afrontar casos concretos.

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Análisis Costo Beneficio y Análisis de Efectividad de la norma que autoriza el proyecto minero “Tía María”

Buscando prever un mayor desastre político-social

El Análisis Costo Beneficio (ACB) usado comúnmente en la economía clásica para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión, es también aplicable a la norma que autoriza o deniega el inicio y desarrollo del mismo proyecto de inversión. En el caso del proyecto minero “Tía María” de la empresa Southern Perú, ubicado en la provincia de Islay, región de Arequipa, conviene además sumar un concepto más amplio denominado Análisis de Efectividad (ADE) de la norma que, luego de más de 50 días de huelga con características de un desastre político-social, continua autorizando la ejecución del indicado proyecto minero.

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Solidaridad con el pueblo de Nepal tras el terremoto del 25 de abril de 2015

El sábado 25 de abril de 2015, a las 11:57 hora local, se suscitó un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter en el país asiático de Nepal, cuyo epicentro se situó a 80 kilómetros de su capital Katmandú y a solo 15 kilómetros de profundidad, lo que lo hizo devastador. En un inicio se registraron 1,800 muertos, luego se difundió la cifra de 2,500 muertos, y en los últimos días los registros oficiales señalan que el número de muertos supera los 6,800 pero que en los próximos días se superaría los 10,000 muertos. Al lado de ellos, se lleva el registro de más de 14,000 heridos y un número indeterminado de desaparecidos (Webs al 2 de mayo de 2015).

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Sobre el esquivo concepto de validez

La noción de validez parece uno de los conceptos fundamentales que todo estudioso del derecho, abogado litigante y estudiante de derecho debe conocer. Tan es así que en el conocimiento popular se presume que los especialistas en derecho saben claramente qué contenido del mismo se aplica a cada caso, basado en un concepto de validez tan prístino que permite a los juristas seleccionar, de la gran cantidad de normas existentes, solo aquellas cuyo cumplimiento es no optativo. Sin embargo, este conjunto de intuiciones compartidas esconde varias perplejidades que resulta necesario aclarar.

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La primera sentencia oficial en Aymara

El pasado viernes 13 de marzo de 2015, el juzgado penal unipersonal de El Collao-Ilave, en la Región de Puno, emitió por primera vez, oficialmente, una sentencia escrita (o transcrita) y leída en idioma Aymara. La sentencia corresponde al expediente Nro. 011-2015, sobre el delito de violación sexual, en el que tanto la víctima como el procesado tienen como primer idioma el Aymara, y en el que el procesado resultó condenado a 6 años de pena privativa de la libertad y a una reparación civil de 2,000 soles.[1]

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De la búsqueda de racionalidad a la crisis de la Ley

El Derecho es interpretación y aplicación de las normas y, en el camino, “una extensión de la moralidad”[i] -decía Nino- de la moralidad del juez, de cada juez, podríamos agregar. No obstante el esfuerzo por ofrecer parámetros concretos y precisos del ámbito de aplicación siempre puede existir espacio para una interpretación distinta de las leyes.

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