Sacaco y los derechos paleontológicos para el mundo

Alguna vez hemos oído hablar de Sacaco en el Perú? La población de las provincias de Nazca y Caravelí, del sur de la región de Ica y el norte de la región de Arequipa respectivamente, conocen lo que es Sacaco pero el resto del país muy excepcionalmente. Sacaco es un santuario paleontológico marino, ubicado exactamente en el distrito Bella Unión, vecino de Acarí, en la provincia de Caravelí, rodeado de hermosas dunas que albergan restos óseos o fósiles de una fauna que vivió millones de años atrás. En el lugar, hoy se pueden encontrar al menos los esqueletos de dos ballenas prehistóricas, una protegida por un pequeño museo de sitio y otra ubicada a 350 metros de dicho museo en la superficie del arenal.

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El largo día (la semana) siguiente

No recuerdo proceso electoral más reñido que el del pasado domingo 5 de junio. Pensé escribir este artículo el día lunes inmediato siguiente. Sin embargo, ello no me resultó posible pues aun siendo jueves los resultados no se conocían de manera certera. Situación curiosa, sobre todo si tenemos en cuenta que las dos opciones en pugna son políticamente de derecha y comparten una concepción (neo)liberal; es más, el candidato de Peruanos por el Kambio (PPK) dio en el año 2011 su apoyo a la candidata de Fuerza Popular (FP), a la cual ahora le tocó confrontar.

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Buscando controlar y prevenir un desastre urbano. El derecho fundamental al transporte urbano en Lima Metropolitana

Es posible identificar un derecho fundamental por provincia o por región? ¿Es el transporte urbano en ciudades como Lima, en el Perú del año 2016, un serio problema que nos puede llevar a identificar necesidades urgentes y, por tanto, conceptualizar un derecho fundamental? Ambas preguntas buscamos absolverlas en el presente artículo.

Los derechos fundamentales son derechos humanos reconocidos y protegidos como prioritarios en el sistema jurídico de un Estado. Al aplicarse un sistema jurídico (entendido como el conjunto de normas, valores y procedimientos de un país determinado) su naturaleza regularmente es general, de ahí que los derechos fundamentales tengan el mismo carácter de aplicación general en el territorio de un país. Sin embargo, puede ocurrir que, por eficacia, para afrontar un determinado problema, el propio sistema jurídico aplique una norma (al lado de sus valores y procedimientos) en una parte del país, a manera de proyecto piloto o modelo, como ha sido recientemente la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú.

Esto significa que sí podemos conceptualizar y regular un derecho fundamental por provincia o región. Su objeto sería conseguir una atención o prevención prioritaria buscando que sirva de modelo para otras provincias o regiones.

Con relación a la segunda pregunta debemos otorgarle una mayor explicación. Para quienes nos desplazamos de un distrito a otro en la provincia de Lima, no cabe la menor duda de que el transporte urbano es un serio problema, que también podemos identificar como un problema fundamental de la ciudad. No se trata solo de falta de vías públicas, ausencia de empresas organizadas, limitación de autoridades especializadas o de presupuestos, sino de aspectos cotidianos como la des-configuración periódica de los semáforos, huecos en las pistas de todos los distritos, paraderos improvisados y peligrosos, inconducta funcional de choferes y cobradores de buses y combis, conducta egoísta de choferes particulares y peatones, entre otros.

Es más, ante el fracaso del transporte público por políticas controlistas (pro estatistas) y, recientemente, por políticas liberales (pro mercado), todos los ciudadanos buscamos tener un vehículo particular para nuestro desplazamiento, produciendo un resultado aún más catastrófico: la masificación de las vías públicas por vehículos particulares que en horas de ingreso y salida de la jornada laboral produce embotellamientos en todas las vías principales, sin que, al final, podamos desplazarnos ni en vehículos particulares ni en vehículos públicos.

El efecto de estas variables del problema del transporte urbano en Lima es aún más grave: pérdida de miles de horas laborales y de vida familiar, gastos en exceso de combustibles y de repuestos de

los vehículos que importamos, distintos problemas de salud en conductores y usuarios que se producen por la desesperación, el estrés y los pleitos que ocurren y el acrecentamiento de los accidentes de tránsito.

A esta situación ya de desastre se suman los efectos de las concesiones o autorizaciones que otorgan nuestros gobernantes para obras públicas o privadas que carecen de un plan efectivo de contingencia para el tránsito donde se ubica la obra. Obras monumentales de inversión pública o la construcción de una vivienda privada pueden producir más caos y la imposibilidad de desplazamiento al restringirse una vía o parte de una vía, ocasionando más embotellamientos y un mayor número de accidentes de vehículo o contra peatones sin que las autoridades ni funcionarios de las empresas favorecida asuman responsabilidad directa por los daños.

Si analizamos el conjunto de estas causas y efectos del problema del transporte urbano de Lima, no habrá duda de considerar que nos encontramos frente a un problema fundamental. Al ser un problema fundamental, es congruente equiparar su relación con la de un derecho fundamental: ante el problema descrito, el desplazamiento en Lima se torna una necesidad extrema, lo que produce la prioridad de su protección y tratamiento como derecho humano y, por tanto, su carácter de derecho fundamental.

Al establecerse como derecho fundamental el transporte urbano en Lima es posible que el sistema jurídico del Perú intervenga, extraordinariamente, en su protección y atención. Todos los ciudadanos que vivimos el problema tenemos sugerencias o aportes que nuestras autoridades y los funcionarios públicos y privados están en la obligación de escuchar y acoger. Dos de estas propuestas, conversadas con colegas y amigos, son las siguientes:

  1. Implementar una autoridad autónoma, que cuente con legitimidad formal y material, para que dirija y gestione el transporte urbano de Lima.
  2. Coordinar entre sectores ministeriales, municipios, gremios de trasportes y usuarios, la restricción, en determinadas horas del día, del transporte privado en vías públicas, para priorizar el transporte público.

¿Es posible alcanzar la materialización del derecho fundamental del transporte público en Lima poniendo en marcha propuestas como las señaladas u otras conocidas? Creemos que sí, particularmente con la participación de quienes sufrimos el problema como desastre cotidiano.

 

La complejidad de la Informalidad y la emigración económica oculta bajo el concepto de “inmigrantes indocumentados”

Llamando la atención sobre la misa que el Papa Francisco compartiera a favor de emigrantes y pobres de la frontera entre Estados Unidos y México el 17 de febrero de 2016, el economista peruano Hernando de Soto escribe que es una oportunidad para “enarbolar la causa de los 5,000 millones de inmigrantes indocumentados alrededor del mundo” (diario El Comercio, 14-02-2016, revista Portafolio, pág. 6, subrayado añadido). ¿Qué tan cierto es que existan 5,000 millones de inmigrantes indocumentados en el mundo? ¿A qué se refiere con las palabras “inmigrante indocumentado”? ¿Qué problemas estructurales sobre la humanidad o nuestra sociedad se oculta bajo dichas palabras?

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Vulnerabilidad económica y desastre global: Cómo la desigualdad económica tiene efectos en la justicia climática

¿Tiene la desigualdad económica mundial efectos en el cambio climático global? ¿Son las libertades económicas los instrumentos más eficientes para enfrentar la desigualdad económica y evitar la catástrofe climática que nos envuelve? ¿Está relacionada la desigualdad económica mundial con la justicia o injusticia climática?
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Propuestas para el Sector Justicia y el Sistema de Justicia del Estado peruano

Introducción

El proceso electoral peruano del año 2016 es una oportunidad inmejorable para debatir y hacer propuestas sobre problemas nacionales pendientes de solución y que son parte de la agenda pública. Algunos de estos problemas conciernen al Sector Justicia y al Sistema de Justicia del Estado peruano.

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La justicia popular y la justicia comunal como alternativas en el Perú

 Ante la presencia recurrente de casos sobre Justicia Popular publicados en la prensa limeña y a través del internet en los últimos meses (agosto, setiembre y octubre de 2015), nos permitimos reflexionar brevemente la definición del concepto, sus causas y efectos. Para ello recurrimos como base de estudio a nuestra experiencia sobre Justicia Comunal en las comunidades campesinas de Puno.

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Monólogo autóctono desde las tinieblas de la justicia peruana

“En el principio era El Verbo y El Verbo estaba frente a Dios y El Verbo era Dios.
Dios.
El Verbo estaba en el principio frente a Dios.
Todo se hizo por ÉL y sin ÉL no existe nada de lo que se ha hecho.
En ÉL había vida y la vida es la luz de los hombres.
La luz brilla en medio de las tinieblas pero las tinieblas no pueden hacer presa de la luz”.
(Juan 1: 1-5). 

La película peruana ‘Magallanes’, de Salvador del Solar, es una producción cuya trama alude a los años de la violencia interna (1980-2000). En aquel periodo de nuestra historia, la mayor parte de las víctimas fueron, sobre todo, mujeres de zonas rurales, campesinas, quechua-hablantes y con instrucción primaria incompleta. Uno de los personajes principales de aquel film es Celina, alias ‘la Ñusta’, personaje ficticio interpretado por la actriz y cantautora peruana Magaly Solier. Es así que la escena cumbre de aquella película es el monólogo en quechua pronunciado por Celina en una delegación policial.

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Consulta previa y comunidades campesinas

En 1969, el gobierno de Juan Velasco Alvarado cambió el nombre de las “comunidades indígenas” por el de las “comunidades campesinas”. ¿La razón? La palabra “indígena” –sostenía– tenía una connotación peyorativa. Veintiséis años después, en 1995, entró en vigencia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Un instrumento internacional sobre los pueblos indígenas trajo de vuelta la palabra rechazada. Más allá de las denominaciones, por varios años el Estado peruano consideró que las comunidades campesinas y nativas eran parte de los pueblos indígenas del país.

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