La memoria puede plantearse como un legítimo derecho individual y colectivo, el cual está reconocido jurídicamente, que puede ser entendido como el derecho a entender y elaborar el pasado[1], al ser este derecho necesario para el conocimiento de la verdad, autores como Felipe Gómez-Isa sostiene que “la memoria se ha convertido en una categoría ético-filosófica, política y jurídica, convirtiendo al recuerdo en un auténtico deber moral (…) y el olvido en que han caído muchas veces las víctimas de las violaciones de los derechos humanos más básicos[2]”.
Paul Ricoeur señala que existen, al menos tres usos de memoria. El primero, la memoria impedida, representa la compulsión humana a la repetición de los hechos históricos, pese a que no sabemos que ya los estamos repitiendo, así, este tipo de memoria se coloca como óbice al reconocimiento de lo que fuimos, en lo que hacemos y haremos. El segundo, la memoria manipulada, la que es instruida por el poder para construirnos identidades ‘sólidas’, con miras a ser eternas separadas de otros contextos y textos. El tercero, la memoria obligada, la que representa el deber humano de recordar los hechos desastrosos, injustos cometidos contra un colectivo de personas y de poder recordárselo a quienes no tienen memoria de los mismos[3]
Fuente de imagen: Paraquenoserepita.org.pe
[1] Referencia web del artículo “El derecho a la memoria y su protección jurídica: avance de investigación”: http://www.bdigital.unal.edu.co/38022/1/40321-180998-1-PB.pdf
[2] Autor citado en “El derecho a la memoria y su protección jurídica: avance de investigación”
[3] Ricoeur, Paul. La memoria, la historia y el olvido, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
