El procedimiento administrativo se encuentra sustentado en una serie de principios; el impulso de oficio es uno de ellos. Este principio de derecho administrativo implica una carga para la administración pública.
Consta de una obligación de hacer un impulso por iniciativa propia de la administración pública en los procesos debido a que son de interés público. Por ello, las autoridades deben dirigir, impulsar y ordenar la realización o prácticas de actos que resulten esclarecedores y resuelvan los problemas necesarios.
