Las sentencias estructurales surgen en un contexto en el que las violaciones a los derechos fundamentales se dan de manera sistemática e institucionalizada por el aparato estatal. Entonces, el juez constitucional, siendo el legitimado para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, dicta o propone medidas para el diseño de políticas públicas que materialicen la tutela de los derechos fundamentales; las mismas que han de ser implementadas a través del tiempo.
Estas sentencias, al ser directrices para otros organismos públicos, no deben transgredir las competencias constitucionalmente previstas ni la autonomía de aquellos.