La época de elecciones en nuestro país, a pesar que la práctica política en el Perú pudiera llevarnos a pensar lo contrario, supone más que el desfile incansable de noticias escandalosas acerca de los candidatos, o dimes y diretes entre ellos y otros activistas que son convertidos en grandes debates por los medios de comunicación. La época de elecciones también sirve como tiempo de reflexión sobre la situación del Perú actual, los problemas que afronta como comunidad y a qué deberíamos apuntar de ahora en adelante porque son precisamente estos puntos los que han de influenciar, o al menos deberían, la elección de quien será nuestro siguiente presidente o presidenta.
De esta manera, dentro del análisis de estos problemas y las mejores soluciones para ello, los planes de gobierno de cada candidato cobran una gran importancia, ya que son una muestra de la línea que cada uno seguirá dentro de su posible gobierno y cuáles serán las políticas a aplicar respecto a las principales problemáticas que se han detectado. Uno de estos problemas, y podemos decir sin miedo que se trata de uno de los más vitales y urgentes, es la situación de desprotección que atraviesa actualmente la comunidad de Trans, Lesbianas, Gays, Bisexuales e Intersexuales LGBTI (en adelante, LGBTI).
Como es conocimiento general, desde hace varios años la comunidad LGBTI ha venido ganando mayor fuerza en el escenario nacional, ya sea por manifestaciones como la Marcha del Orgullo Gay o por la discusión que generó el proyecto de ley de la Unión Civil no Matrimonial para personas del mismo sexo propuesto por Carlos Bruce. El ganar notoriedad ha permitido que se ponga en evidencia la situación que atraviesa esta parte de la población y, principalmente, aquello que reclaman y creen justo obtener en su calidad de ciudadanos. Por esto, la importancia de quién asumirá la posta en el siguiente periodo presidencial es máxima ya que la línea seguida por quien sea elegido o elegida influirá en la implementación de las políticas necesarias de atención a las personas LGBTI.
Dada esta situación, en la presente editorial nos proponemos indagar un poco más a fondo cuál es el estado de derecho en que vive esta parte de la ciudadanía, además de ver cuáles de sus derechos están siendo vulnerados y cuáles son las principales propuestas por parte de los candidatos presidenciales respecto a ellos.
Acerca de la situación actual
En el Perú las cosas han cambiado. Según lo recogido en “Las políticas de derechos sexuales y reproductivos en Perú: revelando falsas paradojas”[1], hemos pasado de ser un país que hasta el año 1924 penalizaba las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo a un país en el cual se admiten organizaciones que aboguen por el bienestar de estos, como el MHOL o PROMSEX. Los niveles de entendimiento acerca de lo que es ser LGBTI han cambiado asimismo para mejor y se puede notar que se les ha brindado cierta visibilidad dentro de la sociedad, es decir, ya no se puede negar que existen.
Sin embargo, la estigmatización aún no ha sido completamente desarraigada y este hecho podemos constatarlo en la falta de respeto hacia los derechos de diversidad sexual, a la discriminación de la que aún son víctimas y a la facilidad con que sectores conservadores se pronuncian contra la homosexualidad, transexualidad y bisexualidad como práctica de vida[2].
Si vamos por esta línea, a nivel de Estado priman políticas que favorecen la discriminación hacia las personas por su orientación sexual[3]. Para ilustrar este punto, en el Informe Anual sobre Derechos Humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en el Perú 2014-2015[4] se ha evidenciado la situación de desventaja a la que se enfrentan día a día. Para comenzar, el Estado peruano ha demostrado renuencia al reconocimiento de la orientación sexual como un factor de discriminación. Además, no cuenta con una legislación que sancione a los agresores de la comunidad LGBTI específicamente. De hecho, otro problema a resaltar es lo débil de las políticas de seguridad ciudadana: las garantías para las personas LGTBI son mucho menores que para los heterosexuales lo cual atenta directamente contra su derecho a la vida y a la seguridad personal. Inclusive, nos encontramos con que en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016[5] existe una falta de atención evidente sobre los derechos correspondientes a esta parte de la población.
¿Qué es lo que permite la perpetuación del estado de rechazo hacia la comunidad LGBTI? El Perú, por sobre todas las cosas, es un país tradicionalmente heteronormativo. ¿Y qué es la heteronormatividad? Es el mecanismo que define en una sociedad como la nuestra la hegemonía de la heterosexualidad como única forma de orientación sexual aceptable, no existen paralelos ni contraposiciones: es absoluto. Es decir, aquel no heterosexual es una persona condenada a ser estigmatizada por su condición que sale fuera del orden establecido. Nos referimos a lo que es “correcto” y a lo que no lo es, a lo que se privilegia y a lo que se rechaza, a lo que se ve como algo completamente normal y a lo que genera fobia en el resto[6].
Ya que esta es la situación, no es raro encontrar no solo que la comunidad LGBTI no cuenta con la protección adecuada y el reconocimiento de los derechos que les permitan equipararse a los ciudadanos heterosexuales, sino que, de cierto modo, hasta se promueve una cultura de discriminación contra ellos. Si bien el discurso políticamente correcto manejado en el país prohíbe expresiones de discriminación u odio de cualquier tipo, ello no significa que no existan otras maneras de excluirlos.
Un vivo ejemplo de ello fue el rechazo de la Unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo en el año 2015, cuya discusión en un principio generó toda una campaña de protección al matrimonio “natural”, es decir, entre hombre y mujer (a pesar de que el proyecto de ley que abordaba la unión civil no establecía un matrimonio, ni la posibilidad de adopción) en diversas manifestaciones, tales como la campaña “Parejas Reales”. La gran mayoría de la población se oponía a la aprobación de este proyecto, a pesar que también se tienen estudios que indican que hasta un 64.6% de la población considera que la homosexualidad es un estilo de vida que debería ser aceptado[7].
¿Y qué podemos decir desde el Derecho?
El artículo primero de nuestra Carta Magna dice lo siguiente: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.” Y su artículo segundo, inciso dos establece que: “Toda persona tiene derecho a: 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.” Es decir, no solo nuestra Constitución reconoce y protege el valor intrínseco de cada ser humano, algo inherente a nosotros solo por nuestra calidad de tales, lo cual no solo debería ponernos a todos al mismo nivel cuando se habla de políticas de protección y reconocimiento de derechos, sino que además uno de nuestros principios constitucionales establece la igualdad para todos.
Aunque podemos reconocer, y ya se ha mencionado antes, que no existe una prohibición explícita de discriminación por causa de orientación sexual en nuestra Constitución, ello no significa que no se encuentre comprendido en el artículo dos inciso 2. Fuera de nuestro ordenamiento, además, tenemos una serie de tratados internacionales de los cuales formamos parte que se basan en principios protectores de la persona humana y que establecen parámetros de aquello de lo que toda persona debería gozar: derecho a la vida, a la seguridad personal, a formar una familia, etcétera[8]. Todos derechos que deberían ser garantizados por el Estado peruano para todos sus ciudadanos, a pesar de que el avance en esta materia en nuestro país es bastante pobre respecto a la población LGBTI.
Entonces… ¿Necesitamos un cambio?
Casi al cierre de esta editorial se presentó una noticia que nos llamó la atención y compone una perfecta forma de culminar lo que intentamos decir: el día de ayer se llevó a cabo “Besos Contra la Homofobia”, una campaña que consiste en muestras públicas de afecto que busca erradicar no solo el miedo a asumir la orientación sexual que se posee, sino también el rechazo hacia la comunidad LGBTI en nuestro país. A pesar de tratarse de una manifestación pacífica que usualmente convoca a cientos de parejas, ya sean lesbianas, gays, homosexuales, transexuales o heterosexuales a besarse en plazas o calles concurridas, una vez más fue reprimida por la Policía Nacional y una vez más se tuvieron reportes de actos violentos contra los manifestantes por parte de miembros del cuerpo policial[9].
Situaciones así no hacen más que poner en evidencia lo siguiente: el Perú sigue regido por estándares heteronormativos que suponen la imposición de una cultura que ya no se condice con los derechos que toda persona debe poseer. Ser lesbiana, gay, bisexual, transexual o intersexual ya no es en el mundo un crimen (y nunca debió ser considerado así). El aceptarte y pretender que el resto respete ello no es una ofensa, ni una exigencia: es un derecho.
El Perú, como país y en sus políticas, parece haber olvidado uno de los grandes principios que rige la vida en sociedad: los derechos de una persona llegan hasta donde inician los de otra. Toda creencia ha de ser respetada, pero la diferencia entre la imposición y el respeto siempre ha de reconocerse y aceptarse. Las elecciones presidenciales, por ello, suponen el escenario perfecto para pensar en la clase de país que estamos construyendo y si no es momento por fin aceptar que necesitamos (muy urgentemente) un cambio.
De acuerdo a un análisis realizado por el colectivo “No Tengo Miedo”, solamente 8 del total de partidos políticos participantes en la contienda electoral incluyen propuestas que atienden los reclamos de la comunidad LGBTI. Entre las más resaltantes propuestas, podemos contar la “Ley de Identidad de Género” (Frente Amplio), una “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y los crímenes de odio hacia personas LGTBIQ” (Frente Amplio, Todos por el Perú y Peruanos por el Kambio) o el “Diseño e Implementación de Políticas Públicas Nacionales Específicas para la Población LGBTIQ” (Frente Amplio), entre varias otras que incluyen agrupaciones políticas como el Partido Humanista Peruano, Perú Patria Segura, el Partido Nacionalista Peruano, Alianza Electoral Solidaridad Nacional – UPP y Frente Esperanza.
Si bien hemos de reconocer que muchas veces lo propuesto en los planes de gobierno no llega a concretarse en su totalidad, la importancia que cobra el reconocimiento no puede dejarse de lado: significa siempre un avance, quizá un paso (de los muchos otros que nos faltan por dar) hacia el camino de la verdadera igualdad. Dejar de negar la existencia de aquellos “otros” que podamos considerar tan diferentes a nosotros por sus preferencias es un objetivo por el que tenemos que luchar día a día y tan solo así estaremos más cerca de ser “un país que reconozca todas las formas de amar” y la dignidad de todos sus integrantes.
(*) Artículo redactado por Génesis Vargas Canales
[1] En PARKER, Richard y otros (2009). Políticas sobre sexualidad: Reportes desde las líneas del frente. Segunda edición. Sexuality Policy Watch, pp. 139-183.
[2] Ibíd. 2, pp. 169-183.
[3] Entiéndase orientación sexual como “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género” (Onufer y Muntarbhom, 2007:6).
[4] PROMSEX. Informe anual sobre derechos humanos de personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2014-2015.
[5] Ibídem
[6] COSME, Carlos y otros (2007). La imagen in/decente. Lima: IEP, pp. 13-31.
[7] INSTITUTO DE OPINIÓN PÚBLICA DE LA PUCP – Junio 2012. <http://www.inppares.org/sites/default/files/resumen%20ejecutivoxRondaoct2012.pdf<>
[8] Para información más detallada, visitar: http://promsex.org/images/docs/Publicaciones/InformeAnual201415PromsexRed.pdf
[9] En años anteriores se han tenido reportes de acciones violentas por parte de los efectivos policiales contra manifestantes en Besos Contra la Homofobia (2013, 2012).
