El Decreto Legislativo N°1194. ¿El Fiscal puede o debe solicitar la incoación del proceso inmediato?

El 29 de noviembre del 2015 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1194, el cual incorporó la obligatoria incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia en todo el territorio nacional. En ese sentido, el artículo 446 establece que:

“1.- El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
a)  El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259.
b) El imputado ha confesado el delito en los términos del artículo 160; o
c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. “

Consideramos que dicho Decreto Legislativo es inconstitucional por recortar una serie de derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la defensa y el debido proceso. Sin embargo, este desarrollo excede los límites de este trabajo, por lo que nos avocaremos a explicar por qué el fiscal no “debe” solicitar la incoación del proceso inmediato. A nuestro parecer el fiscal “puede” solicitar la incoación al proceso inmediato.

El proceso inmediato es un tipo de proceso especial que está regulado en el Nuevo Código Procesal Penal. Los procesos especiales en el NCPP son siete: el proceso inmediato, el proceso por razón de la función pública, el proceso de seguridad, el proceso por delito del ejercicio privado de la acción penal, el proceso de terminación anticipada, proceso por colaboración eficaz y el proceso por faltas. Estos procedimientos especiales “están previstos para delitos muy concretos o circunstancias específicas de especial relevancia procesal, configurándose modelos de procedimientos muy propios, por entero alejados del modelo ordinario. Los procedimientos especiales están previstos para circunstancias o delitos específicos, en los que se discute una concreta pretensión punitiva”.[1]

Por ello, el proceso inmediato se ha configurado en base a circunstancias específicas de especial relevancia procesal, como lo es la flagrancia. Además de ello, este sirve como mecanismo célere para culminar un proceso.

Podemos mencionar, sin ahondar en el tema, que el artículo 2°, inciso 24, numeral f, establece que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, sin especificar qué se debe entender por flagrante delito. El artículo 259 del NCPP, por su parte, regula los tipos de flagrancia en los que se puede encontrar el imputado, los cuales son flagrancia en sentido estricto (inciso 1), la cuasi flagrancia (inciso 2) y la presunción de flagrancia(incisos 3 y 4). No obstante esta delimitación que llenaría el contenido del artículo 2°, inciso 24, numeral f, el Tribunal Constitucional ha delimitado el significado de flagrante delito.

De esta manera, el citado tribunal en el caso Chipulina ha estipulado en su fundamento quinto que para existir flagrancia deben concurrir dos elementos “a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido momentos antes; y b) la inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos, en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito.”[2]

En ese sentido, podemos afirmar que la presunción de flagrancia regulada en el artículo 259, incisos 3 y 4 del NCPP es inconstitucional, pues no cumple con los elementos de inmediatez temporal, ni personal, por lo que una detención que no cumpla con dichas características, no podrá ser llevada a cabo por un proceso inmediato, sino, por el contrario, esta deberá ser llevada por el proceso común.

Ahora bien, el fiscal “debe” solicitar la incoación del proceso inmediato. Según la RAE, el verbo deber significa estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva.[3] Por ese motivo, el Ministerio Público está obligado por la ley positiva a que, en caso de delitos realizados en flagrancia, necesariamente se realicen bajo los cánones del proceso inmediato.

Bajo este supuesto, consideramos que este artículo está violentando derechos fundamentales regulados en la Constitución Política del Perú y, a su vez, recogidos en el Título Preliminar del NCPP. La constitución regula en el artículo 158° que el Ministerio Público es autónomo. El artículo 159°, por su parte, atribuye al Ministerio Público la función de promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. El título preliminar del NCPP en su artículo IV, menciona que el titular de la acción penal es el Ministerio Público.

Si, como vemos, constitucionalmente el Ministerio Público posee autonomía, ¿cómo es posible que el artículo 446° del DL N° 1194 obligue al Fiscal a solicitar al juez la incoación del proceso inmediato?

El profesor Mario Rodríguez Hurtado menciona que el inciso 1 del Artículo IV del Título Preliminar del NCPP indica “que le corresponde la titularidad del ejercicio público de la acción, esto es, que sólo a él, en la medida que tiene calidad de órgano civil autónomo de persecución del delito y sus agentes, le corresponde poner en marcha la maquinaria judicial para la apropiada determinación y realización de la pretensión punitiva. Esta tarea persecutoria, en consecuencia, importa investigar, acusar y probar la acusación, en manifiesto cumplimiento de la carga probatoria que la distingue”[4].

Siendo el Ministerio Público un órgano civil autónomo de persecución del delito, entonces, le correspondería, con la independencia de la que ha sido dotada, tener la posibilidad de poder determinar cuándo se debería en un caso de flagrancia ir por un proceso inmediato o por un proceso común. Por ejemplo, en un caso en el que falten testigos o pericias que, por su naturaleza, demoren más que el plazo establecido para el proceso inmediato, el fiscal deba tener la posibilidad de determinar que esta falta de pruebas podría ser un aliciente para poder ir a un proceso común, en el cual se pueda investigar con mayor precisión. De esta manera nos ceñiríamos a lo que establece la constitución y, además, con esto se podría garantizar un efectivo derecho de defensa, pues, consideramos que solo podría irse efectivamente a un proceso inmediato cuando hayan pruebas suficientes para determinar la existencia de un delito. De estimar el Fiscal que no hay elementos suficientes para poder llevar un proceso con la gran celeridad y plazos cortos que posee el proceso inmediato en casos de flagrancia, este debería tener la posibilidad de llevar el proceso a la vía ordinaria, pues así este tiene mayores posibilidades de poder investigar el delito y, el imputado, por su parte, tendría mayores opciones de poder ejercer un mejor derecho de defensa técnico y poder presentar, al igual que el Fiscal, las pruebas pertinentes para el caso concreto.

Queremos concluir este corto trabajo mencionando que estas consideraciones vertidas líneas arriba han sido consideradas por otras legislaciones que regulan el proceso inmediato en casos de flagrancia. Así, “en Francia se suprime la fase de instrucción en un asunto de flagrancia cuando se cumplen cuatro condiciones:

  • La existencia de un delito, que puede recibir el calificativo de flagrante o no. Cuando sea flagrante, debe tener una pena de prisión de al menos seis meses para que este trámite resulte de aplicación (artículo 395).
  • En opinión de la fiscalía, no se requiera investigación preliminar o, dicho de otro modo, los elementos con los que se cuente constituyan material suficiente para llevar adelante el caso y presentarlo ante el órgano de juicio (artículo 393).
  • La persona se encuentra detenida luego de haber sido sorprendida en flagrancia.
  • La persona procesada acepta que su causa se tramite mediante comparecencia inmediata (artículo 397).”[5]

En el Proceso Penal Francés deben cumplirse taxativamente estas cuatro condiciones para que se pueda ir a un proceso inmediato. Observamos que en este caso, el Fiscal tiene la posibilidad -no el deber- de determinar que no se requiera investigación preliminar cuando considere que haya elementos suficientes para llevar adelante al caso. Como vemos, el artículo 393 le brinda al Fiscal la autonomía que debe poseer el Ministerio Público en un sistema acusatorio -o mixto- y, además, con ello, se evita que se recorten derechos constitucionales como el derecho de defensa en caso se siga un proceso inmediato sin elementos que puedan constituir material suficiente para llevar adelante el caso.

En conclusión, hemos revisado el concepto de flagrancia, siendo la presunción de flagrancia inconstitucional por no cumplir los elementos de inmediatez personal e inmediatez temporal, por lo que una detención en flagrancia que no cumpla estrictamente con estos elementos, deberá iniciarse un proceso en la vía ordinaria.

Por otro lado, hemos advertido que constitucionalmente el Ministerio Público es autónomo, siendo el artículo 446 contrario a lo que la norma constitucional establece. Por ello, consideramos que se debe cambiar la redacción de dicho artículo por el verbo “poder”, pues solo así podremos garantizar la autonomía del Ministerio Público y tener la posibilidad de no recortar derechos fundamentales a los imputados, tal como lo ha previsto acertadamente el legislador Francés en los casos en que se pueda llevar a cabo un proceso inmediato.


Redactado por Daniel Quispe Meza

[1] TALAVERA ELGUERA, Pablo: “Los procesos especiales en el NCPP” en Selección de Lecturas del Instituto de Ciencia Procesal Penal del Perú, p. 515

[2]  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/01923-2006-HC.html EXP. N.° 1923-2006-HC/TC

[3] http://dle.rae.es/?id=Bu2rLyz|Bu8i6DA

[4] RODRIGUEZ HURTADO, Mario: Los fundamentos constitucionales de la reforma acusatoria, garantizadora, de tendencia adversarial, eficaz y eficiente y el Título Preliminar del Código Procesal Penal Peruano. p. 33

[5] La constitucionalidad del Procedimiento Penal de Flagrancia. Vivian Monge Herrera. Universidad de Costa Rica. http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t12-la_constitucionalidad_del_procedimiento_penal_de_flagrancia.pdf  .Consultado el 04/02/ 2016

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