por

¿La aprobación de la Ley N° 31042 es idónea para combatir la Corrupción en el Perú?

El pasado 11 de septiembre el presidente Martín Vizcarra promulgó la ley N° 31042, que incorpora los artículos 34-A y 39-A a la Constitución, la cual impide postular a cargos públicos a las personas sentenciadas en primera instancia. Todo ello para garantizar que en las próximas elecciones se presenten candidatos idóneos para dichos puestos. En ese sentido, esto nos lleva a cuestionarnos si estas reformas son propicias para eliminar la corrupción pública o bajar sus índices. Por lo tanto, es necesario explicar cual es la naturaleza jurídico social de la corrupción publica para luego respondernos si esta nueva reforma puede lograr dicho objetivo.

La corrupción pública para Norberto de la Mata es: “cuando el poder que ha sido entregado por el Estado a una persona a título de administrador público para gestionarlo de acuerdo con los intereses generales, no se utiliza correctamente al desviarse su ejercicio para obtener un enriquecimiento personal” (2016: 5). De esta definición se puede desprender que, la corrupción pública es un fenómeno jurídico social realmente lesivo, pues favorece a la inestabilidad institucional, ya que se trata del aprovechamiento ilícito del poder público con la finalidad de obtener algún beneficio.  Este abuso puede darse tanto por parte de un funcionario público como de un particular que se encuentra interesado.

Ahora bien, la gran corrupción se desarrolla a partir de ciertos factores, según Esther Hava, y son los siguientes: el factor económico, político, sistémico, social e impunidad (2016: 64). En primer lugar, el factor económico consiste en que cada suceso mueve enormes cantidades dinero. No obstante, no solo genera enormes beneficios para los autores, sino que también concibe perjuicios económicos que padece la población. En segundo lugar, el factor político es la participación de funcionarios con alto rango o personas con mucha influencia en el gobierno. En tercer lugar, el factor sistémico señala que estas conductas ilegales se sumergen en el funcionamiento de la sociedad de forma tan natural que es difícil percibirlas, pues la gran corrupción posee una estructura super organizada. En cuarto lugar, el factor social hace referencia a los costes enormes que genera las actividades corruptas a la sociedad en general. Es decir, provocan lesiones a bienes jurídicos tales como vida, libertad, etc. Por último, el factor impunidad consiste en dos motivos: por un lado, tenemos al temor por las represalias de quien ejerce el poder corrupto. Por otro lado, la ineficacia de las instancias judiciales para perseguir la corrupción.

Teniendo en cuenta qué es la corrupción publica y como esta se desarrolla, pasaremos a analizar la reforma constitucional. Consideramos que el objetivo principal de esta reforma es que los futuros funcionarios públicos muestren una imagen transparente, veraz y de lealtad a los principios del Buen Gobierno ya que es bien sabido que muchas autoridades y funcionarios utilizan su posición para sacar ventaja y poder obtener beneficio económico de ella, esto es posible y se da de manera frecuente debido a que la corrupción no es fácil de probar ya que en muchos casos implica el uso de estrategias sofisticadas y por ello es difícil imputar a las personas que forman parte de ella. Este fenómeno trae consigo muchas consecuencias pues con un Estado corrupto, con operadores que realizan una mala gestión, el sistema democrático decae, se vulneran derechos fundamentales y se expanden las brechas sociales.

Un primer punto es que, al solo considerar sentencias de primera instancia, se estaría vulnerando el principio de pluralidad de instancias recogido en el artículo 139 en su inciso 6 de la Constitución. Esto se debe a que pueden ocurrir errores en el proceso y el particular al no verse conforme con la sentencia, puede apelar para que otra instancia superior revise el caso, pues es su derecho poder recibir una correcta tutela jurisdiccional. Es así que ser sentenciado en primera instancia no asegura que seas el actor o cómplice del delito por el que te acusan, pues pudo existir un error a lo largo del análisis del caso, de modo que el impedimento de postular a dicho cargo sería injusto.

El otro punto a tocar es que, si bien es cierto que una persona que tiene un historial intachable genera más confianza que una persona que no lo tiene, eso no asegura que este último pueda ser calificado como un potencial corrupto, pues pudo haber cometido delitos que no se relacionen con temas similares, por ejemplo, “Que los responsables, si es que finalmente se entiende que lo son, de un delito (contra la administración o no) oculten sus ganancias y no tributen por ellas no es que entre dentro la lógica más elemental, sino que se identifica con lo que hacen responsables de […] esos delitos” (De la Mata 2016:20). Así también, la gran variedad de actividades ilícitas que pueden estar vinculados con la corrupción que lamentablemente no se encuentran tipificadas en la ley, pues estas conductas normalmente no generan un daño económico fuerte y pasan desapercibidas. Es decir, la corrupción es un fenómeno jurídico social que no puede reducirse a connotaciones penales.

Un tercer y último punto consiste que, así como la reforma constitucional señala que para acceder a ser funcionario publico no tiene que tener sentencia de delito doloso, lo mismo sucede en los requisitos para ser rector en una universidad. Sin embargo, hemos sido testigos que varios universitarios de universidades publicas se quejan de los malos manejos que dichas autoridades realizan. Se supone que el fondo que el Estado les brinda a las universidades públicas es para que se mejore en enseñanza e infraestructura. No obstante, aun dichas universidades aún mantienen precariedades.

No hay duda que la intención de la norma es buena, sin embargo, como señala Carolina Rodríguez, esta podría ser “una decisión paternalista al presumir que los peruanos y peruanas no podemos realizar una elección racional, esto es, una donde se elija a candidatos condenados en primera instancia por la comisión de un delito. En su lugar se nos ha eliminado la opción de contar son esa opción.” Pues como se mencionó líneas arriba tales delitos podrían no estar relacionados con la corrupción o cargos en la función pública de modo que podrían no afectar el desempeño de estas personas si forman parte de la administración

En cuanto a la ley N°30650, que establece que el plazo de prescripción de acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad. Me parece una alternativa idónea debido a que disuade a que las personas cometan actos de corrupción y es un incentivo para que en su lugar los funcionarios se pongan al servicio de la comunidad y de lealtad a los principios del Buen Gobierno. Entendemos que el Buen Gobierno busca la legitima actuación pública orientado a satisfacer el bienestar general y los derechos de la población. Es decir, busca el correcto funcionamiento de la Administración Pública (Montoya 2015). Asimismo, sería una forma de reforzar la ética de la función pública, ya que es un instrumento para combatir la corrupción.

En conclusión, si bien se ha realizado un pequeño avance con esta nueva medida, aún falta mucho para poder erradicar la corrupción, ya que como se ha señalado anteriormente se encuentra enraizado y es muy difícil poder hacer seguimiento de esos grandes poderes. Ello nos basamos en el principio de impunidad en donde señalábamos que los altos poderes, en los cuales no solo se encuentran funcionarios políticos, sino también empresarios que tienen demasiada influencia en el Gobierno. Al ser estos altos mandos parte de una gran organización siempre encontrarán la forma de sumergirse dentro del poder político y como no son ellos los que cometen los delitos, siempre será muy difícil llegar a ellos e imputarles algo. Si la reforma busca que los futuros funcionarios públicos no tengan sentencias con delitos dolosos, dichos altos mandos encontraran a una persona con perfil limpio y harán lo posible para que ingrese al sector público. De esa manera, podrán manipular para que todo salga de acuerdo a sus intereses.

Escrito por Mayra Susana Huivin Villareal, estudiante de décimo ciclo Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.


BIBLIOGRAFÍA

DE LA MATA, Norberto

2016 “La lucha contra la corrupción política”. Revista electrónica de ciencia penal y criminología.

HAVA, Esther

2016  “Gran corrupción: estrategias para evitar su impunidad internacional”. Nuevo Foro Penal, 87, 63-69

MONTOYA, Yvan

2015 “El fenómeno de la corrupción en el Perú”. Manual de delitos contra la administración pública”. Lima: Fondo Editorial PUCP, pp. 21-30.

RODRIGUEZ, Carolina

2020 “La necesidad de una estrategia disuasiva de la corrupción: a propósito de la reciente modificación al texto constitucional”. La Ley. Lima. Consulta sábado 19 de septiembre de 2020.

https://laley.pe/art/10084/la-necesidad-de-una-estrategia-disuasiva-de-la-corrupcion-a-proposito-de-la-reciente-modificacion-al-texto-constitucional

Escrito por Consejo Editorial

Consejo Editorial

Directora: Lesly Pacheco Consejo Editorial: Nicole Gomez, Indira Ruiz, Katherine Flores, Briggite Vilcapoma, Nadia Ibarra, Mayra Huivin, Meyci Gambini.