Las investigaciones del caso Lava jato sacaron a la luz los vínculos existentes entre casos de corrupción y sobornos por parte de Odebrecht y funcionarios de diversos países a cambio de concesiones. Estos casos de corrupción de la mencionada empresa con importantes políticos y funcionarios brasileros, su país de origen, vinculados a la empresa estatal brasilera Petrobras desenredó la red de corrupción tejida entre figuras como Lula Da silva y otros implicados, lo cual permitió llegar a políticos peruanos implicados en casos similares en nuestro país. Casualidades del destino: la comisión investigadora del congreso del “Caso Lava Jato” en el Perú será presidida por Víctor Albredcht, fujimorista vinculado a casos de corrupción y delitos investigados por la fiscalía como el de peculado[1]. Países como Estados Unidos y Panamá han iniciado procesos por casos de corrupción de funcionarios coincidiendo así con los resultados de la operación lava jato que busca luchar contra el caso de corrupción considerado el más grande en la historia de Brasil.
La corrupción es, en Latinoamérica, la madre de todos los problemas sociales, económicos, políticos y de desarrollo en general. Un problema latente que obstruye los grandes progresos de los ciudadanos y las naciones en general, ya que crea un clima de inseguridad de la ciudadanía respecto de sus representantes, de la justicia, y del valor del trabajo honesto, generando una actitud no solo pesimista, sino también sacando a flote, en medio del descontento social, a todas las artimañas posibles para ganarle a la ley y pasar sobre los derechos de los demás, pues “los de arriba también lo hacen”.
Un balance del año que dejamos atrás nos lleva a concluir que los sobornos en los diversos sectores cruciales para el Perú han sido el pan del día, se ha vendido y negociado derechos con cada uno de los sobornos y sonados casos de corrupción, entre ellos el colapso del sistema de salud y demás. Los peruanos pierden así la confianza y la fe en sus gobernantes y luego son culpados por “elegir erróneamente”. A días de este nuevo año ha explotado un caso de corrupción y de abuso frente al cual todo berrinche por falta de comprobación resulta una escena teatral. ODEBRECHT, nada más y nada menos, empresa vinculada a casos de corrupción en Perú y otros países se encuentra en el ojo de la tormenta no solo por sus antecedentes y vínculos con los gobiernos peruanos precedentes y sus candidatos sino por como su presencia en algún trato parece traer consigo algún abuso.
En enero del 2013, se firmó el contrato de concesión a 30 años entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima SAC cuyo principal accionista era Odebrecht, participación que ha ido variando en los últimos años. Sin embargo, esta ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las obras de infraestructura vial. Debemos considerar que “la concesión comprende 115 kilómetros con los tres principales accesos y salidas de Lima, comprendidos por las carreteras Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé, que integran 23 distritos de la capital peruana. EFE también informó que la concesión tiene un promedio de 250.000 vehículos por día en los tramos más cercanos a la capital y atiende un promedio de 3.000 emergencias viales al mes. Su cierre financiero en el 2014 fue la mayor colocación de bonos en soles de la historia del mercado de capitales peruanos[2].
Sin embargo, resulta que la finalización de las obras principales en la zona norte de lima amerita según Rutas de Lima la implementación, según ellos contractualmente pactada, de dos casetas más de peaje en Chillón viniendo de sur a norte, por lo que son los habitantes de los distritos de Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa y parte de Ventanilla los que deben cargar con el costo de dichas obras implementadas a lo largo de la panamericana norte, lo cual resulta desproporcional y arbitrario en palabras del mismo Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez.
Es importante considerar que en Shangrila/Chillón, Puente Piedra, existen ya 5 casetas de peaje por la que deben pasar los buses y transporte en general que van del norte al sur de lima por la panamericana. Asimismo, al no existir vías alternas no puede eludirse dicho pago por lo que todo ingreso calculado inicialmente en el contrato de concesión se habría hecho sobre una base estable de ingresos que compensarían parte de los costos por las obras. Además, existen peajes en el sur de la panamericana y en Ancón por lo que las líneas de transporte que cubren la capital de extremo a extremo ven afectados sus ingresos y con ello aplican el incremento de pasaje a los consumidores de dicho servicio, crucial en lima, sobre todo porque esta medida afecta principalmente a distritos emergentes y con población de escasos recursos. Dicho contexto trajo consigo el intento de negociaciones con las autoridades ediles que resultaron fallidas para luego detonar en una manifestación que pasó de pacífica a violenta en solo unas horas y culminó en el incendio de las nuevas casetas por parte de los manifestantes y una ola de violencia entre la policía y los transportistas.
Ahora, es simple reducir a los manifestantes, como suele hacerse, a meros delincuentes y desadaptados cuando no se conocen todas las aristas ni el fondo del problema. En la marcha contra la denominada ley pulpín y demás, por ejemplo, se provocó la respuesta violenta de manifestantes que en principio fueron con intenciones pacíficas a ejercer su derecho a la protesta por considerar la violación de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades encargadas de servir sus intereses y no sus propios bolsillos y conveniencias. La estrategia es la misma, solo que es un sector más pequeño: los transportistas del norte de Lima, que enfrentan a la policía, quienes cumplen órdenes, e inician la respuesta ofuscada y violenta de infiltrados y manifestantes y con ello se libra la batalla campal entre ambos bandos perjudicando a todos los implicados y a los que no, pues la violencia como ya se sabe siempre trae daños directores y colaterales.
Entonces con el inicio de la violencia, no solo el patrimonio enfrenta daños sino también se resquebraja el sustento de una democracia. Consideremos que debe ser una alerta social que se haya comprobado que tristemente el recurrir a la violencia y el enfrentamiento se convierta en la única herramienta que creen adecuada para que los funcionarios públicos escuchen sus pedidos, consideren sus intereses y no permitan los abusos y la violación de derechos para que así busquen soluciones ante un conflicto de intereses como el que se presenta. Las disputas entre la policía y la población civil en estos casos detonan en violencia donde ambos bandos salen perjudicados por el clima en el que se dan los enfrentamientos, por ello lejos de satanizar a alguno de los lados debemos cuestionarnos seriamente qué es lo que hacen aquellos que están llamados a prevenir estas situaciones de conflicto para luego no reducir a los protestantes a delincuentes desadaptados y a los policías como autoritarios y abusivos. La violencia no es nunca una excusa ni trae buenos resultados pero se ha situado erróneamente como la única arma efectiva para los que quieren ser escuchados y acceder a la justicia a través del terror y el miedo, ambos deleznables en una democracia.
( * ) Artículo redactado por Neith Paredes Alarcón
[1]http://elcomercio.pe/politica/congreso/quien-victor-albrecht-presidente-comision-lava-jato-noticia-1958316
[2]https://revistacontacto.wordpress.com/2016/07/26/odebrecht-ya-no-es-duena-de-rutas-de-lima-sac-que-controla-el-peaje-de-shangrila-en-la-panamericana-norte-entre-otros-en-la-obra-vias-nuevas-de-lima/
