Ley de Protección y Bienestar Animal: ¿Otra ley más de defensa de los animales?

El pasado 8 de enero se publicó entre cantos de victoria y críticas de otros en el diario oficial El Peruano la Ley 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal. El proyecto que había sido aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y debatido el año pasado, por fin hoy es una realidad trayendo novedades punitivas y arrastrando falencias históricas. Hoy dedicamos esta editorial a analizar las ventajas, deficiencias y el impacto que tendrá en la sociedad esta nueva ley que promete poner fin a los maltratos y crueldades contra los animales.

Una necesaria aclaración previa

Partes de la derogada Ley 27265,  Ley de Protección a los Animales y a los Animales Silvestres Mantenidos en Cautiverio (en adelante, la antigua ley) y la actual Ley 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal (en adelante, la nueva ley) pueden hacer pensar a algunos que por fin los animales tienen derechos.

“Son objetivos de la presente Ley: (…) b) fomentar el respeto a la vida y derechos de los animales. c) Velar por la salud y bienestar de los animales promoviendo su adecuada reproducción y el control de las enfermedades transmisibles al hombre”

“Son obligaciones de los dueños o encargados de los animales: a) Velar por su alimentación, salud, y condiciones de vida adecuadas, según su especie. b) No causarles, ni permitir que se les causen, sufrimientos innecesarios.”

Y es que en nuestro sistema jurídico, y en cualquier sistema jurídico del mundo, los únicos que tienen y pueden tener derechos son los denominados “sujetos de derecho” que están definidos como un “centro de imputación de derechos y deberes, adscribible, siempre y en última instancia a la vida humana”[1]. La razón de esto es que los seres humanos son los únicos seres inteligibles de las normas jurídicas y también los únicos que pueden formar parte de una relación o situación jurídica en virtud de su dignidad, libertad y demás valores relacionados a estos reconocidos exclusivamente en seres humanos y que constituyen la base del ordenamiento jurídico.

La Ley de Protección y Bienestar Animal no reconoce ni otorga derechos a los animales, solo trata a la vida, integridad y salud de estos como bienes jurídicos merecedores de tutela en virtud del reconocimiento de los animales como seres “sensibles”, el cual, en nuestra opinión, se trata más de la “sensibilidad” del ser humano que la del mismo ser a quien se pretende proteger.

La Antigua Ley

Antes de la promulgación de la ley que analizamos en esta editorial, estaban vigente la Ley 27265, Ley de Protección de los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres mantenidos en Cautiverio, en la que se declaraba de interés nacional la protección a todas las especies de animales. Asimismo, además de establecer obligaciones a las autoridades e instituciones protectoras de animales, se creaban una serie de programas educativos y de control de la reproducción.

Por otro lado, en relación a las sanciones que imponía esta ley, se facultaba a las Autoridades del Sector Salud y Agricultura a sancionar a las personas que incumplieran lo dispuesto calificándolo como una infracción administrativa. Las sanciones podían ser desde una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades impositivas tributarias (UIT) hasta la clausura total y definitiva del centro o institución donde se llevara a cabo la actividad generadora de la infracción. Asimismo, se incorporó en el Código Penal el artículo 450°-A que tenía el siguiente tenor:

“El que comete actos de crueldad contra un animal, lo somete a trabajos manifiestamente excesivos o lo maltrata, será sancionado hasta con sesenta días-multa. Si el animal muriera a consecuencia de los maltratos sufridos, la pena será de ciento veinte a trescientos sesenta días-multa. El juez podrá en estos casos prohibir al infractor la tenencia de animales bajo cualquier modalidad.”

El principal problema y crítica que recibió esta ley, fue que su falta de reglamentación la convirtió en una ley inútil e inaplicable que solo imponía multas pecuniarias consideradas sanciones nada disuasivas de las conductas reprochables descritas, esto sumado a la ineficiente acción de las autoridades que no estaban capacitadas para detectar estas infracciones.

Finalmente esta ley generó desazón entre los colectivos animalistas al establecerse en su Tercera Disposición Final y Transitoria que quedaban exceptuados de la presente ley las corridas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente.

La Nueva Ley

El primer aspecto que nos llama mucho la atención del texto de la nueva ley es la definición del conjunto de animales que serán protegidos por esta. Ojo, esta ley no protege a todos los animales distintos al hombre. Expresamente el artículo 1 de su Título Preliminar menciona que “El estado establece las condiciones necesarias para brindar protección a las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres y para reconocerlos como animales sensibles los cuales merecen gozar de buen trato por parte del ser humano y vivir en armonía con su medio ambiente.” (Énfasis añadido)

Se menciona también en este artículo la sensibilidad de los animales como fundamento de la protección del bien jurídico que se pretende proteger. ¿Es la sensibilidad de los animales la razón por la cual se ha dado esta ley? Nosotros creemos más bien que se trata de la sensibilidad o la susceptibilidad de los seres humanos.

El Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología recaída en el Proyecto de Ley 3371/2013-CR que propone la Ley de Protección y Bienestar Animal, y de alguna manera la misma exposición de motivos del proyecto de ley, explicita que el bien jurídico protegido por el delito de maltrato y crueldad con animales es el derecho a la vida y el bienestar de los seres sintientes no humanos.

Nosotros creemos que una ley siempre es el resultado de un conjunto de exigencias sociales que fueron surgiendo a raíz del acaecimiento de conductas antisociales de ciertos individuos. La Ley de Protección y Bienestar Animal no es la excepción a esta regla, y su promulgación se explica por las constantes protestas de colectivos y organizaciones dedicadas a la defensa de los animales que manifestaron su indignidad al ser testigos de constantes escenas de maltrato y crueldad contra los animales. Podemos mencionar ejemplos, alguno de los cuales también se citan en el Dictamen del Proyecto de Ley, como lo son la matanza de perros en el distrito de La Molina por parte de delincuentes que ingresaban a las casas para robar bienes valiosos, el albergue clandestino que funcionaba en un pequeño departamento de la Residencial San Felipe, el caso de un vídeo que fue difundido en YouTube que mostraba cómo un joven ahorcaba a su pequeño gato hasta dejarlo muerto y el caso de la muerte de un perro que fue matado de un balazo por el ex congresista nacionalista Miró Ruiz. Estos casos evidentemente provocaron indignación y rechazo en la sociedad quienes agrupados en distintos colectivos exigieron una sanción a las personas que provocaron estos actos de crueldad. Con esto tratamos de decir que, si bien los grupos de defensa de los animales exigían sanciones para proteger los supuestos “derechos de los animales”, lo que en realidad estaban pidiendo era el respeto de su derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable.

Esto es así, porque esta ley encuentra su fundamento no en la sensibilidad de los animales como se pretende hacer creer, sino en la sensibilidad y susceptibilidad que muestran los seres humanos frente a escenas de maltrato y crueldad. Ningún ser humano que presuma de ser racional puede disfrutar o sentir placer al ver cómo un perro es torturado o como un gato es quemado con artefactos pirotécnicos. Lo contrario sería hablar ya de un trastorno psicológico que pudieran estar padeciendo ciertas personas que no comparten el sufrimiento de los animales o que ni si quiera sienten herida su susceptibilidad al ser testigos de estas escenas. Es por esto que el bien jurídico que realmente se protege con el establecimiento de este nuevo delito es el derecho de las personas de vivir en un medio ambiente saludable.

Sobre la sanción penal

La segunda Disposición Complementaria Modificatoria incorpora el artículo 206-A al Código Penal perteneciente al Capítulo de Daños con el título de “Abandono y Actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres” el siguiente texto:

El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36. Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a trescientos sesenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36.

En primer lugar no entendemos por qué si se pretende reconocer a los animales como seres sensibles se coloca este delito en el Capítulo de Daños. ¿Será que a pesar de reconocerlos como seres sensibles y merecedores de protección, todavía siguen siendo considerados como objetos para el derecho?

Con relación a la cantidad de años, creemos que la única razón para establecer una pena máxima de 5 años es para satisfacer la exigencia de la sociedad de que las sanciones se hagan efectivas con cárcel y no queden supuestamente impunes. Y es que en nuestro país los delitos o faltas con penas muy bajas son prácticamente imperseguibles por aspectos procesales como la prescripción, la demora de los procesos o por acuerdos a los que puede llegar el inculpado con el fiscal; sin embargo, esto no puede ser una justificación para establecer penas desproporcionales, ya que revisando la legislación comparada citada en el Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología recaída en el citado proyecto de ley[2], se puede observar que en ningún país, salvo México, la pena por matar a un animal llega a los 5 años.

Sobre la excepción

La primera Disposición Complementaria Final establece las excepciones a esta Ley e indica que esta no será aplicable a las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente. Esta excepción ha generado bastante polémica pues para los colectivos y defensores de los animales, no hay justificación que permita que los toros y gallos sean maltratados y matados por razones “culturales”. El primer argumento que se reconoce es que si bien esta es una tradición que ha sido heredada de nuestro pasado hispánico, en la actualidad resulta totalmente inaceptable.

Si bien el asunto es sumamente debatible porque no solo está involucrado el derecho a vivir en un medio ambiente saludable, sino también la libertad de las personas que disfrutan de esta actividad de realizarlo en lugares cerrados y con plena voluntad y conocimiento de las condiciones, creemos que se ha tomado una inteligente decisión al realizar esta excepción, ya que debatir este tema en el Congreso de la República solo habría puesto en peligro la promulgación de norma que ahora tenemos, pues consideramos que la sociedad peruana aún no se encuentra en la capacidad de definir si estas actividades son perjudiciales y vulneradoras del derecho de todos de disfrutar de un medio ambiente saludable.

Reflexión final

La entrada en vigencia de la Ley de Protección y Bienestar Animal ha sido provechosa y ha significado un avance en relación a la antigua Ley de Protección a los Animales Domésticos y Animales Silvestres mantenidos en Cautiverio en los siguientes aspectos:

  • Incremento de las sanciones penales y su eficacia potencial.
  • Incorporación de un Anexo de Definiciones.
  • Subsanación de los vacíos legales y menor necesidad de reglamentación.
  • Mantención de la excepción para los toros y gallos.
  • Ampliación de los bienes jurídicos protegidos al proteger no solo el medio ambiente (indirectamente la vida y salud de los animales), sino también la salud pública de los seres humanos

Esperemos que esta ley no sufra la falencia que padeció la anterior de ley de no ser reglamentada por las incoherencias técnicas y jurídicas que fueron encontradas en el desarrollo de su vigor, sino que más bien sea menos necesaria la reglamentación y pueda ser aplicado directamente. Asimismo, y esto es lo que consideramos más importante, esperamos que finalmente se logre disuadir las conductas antisociales descritas líneas arriba y que en el futuro se regule adecuadamente el trato y comercialización no solo de animales vertebrados domésticos o silvestres, sino también los invertebrados que están en peligro de extinción y que requieren especial protección por las autoridades.


(*) Artículo redactado por Enzo Segovia Trocones

[1] ESPINOZA, Juan: Derecho de las personas. Sexta edición. Lima: Iustitia: Grijley. p. 1.

[2] Para ver el Dictamen <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc03_2011.nsf/0/8e93a3460518292605257e300083157e/$FILE/03371DC19MAY201504231.PDF>

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