Hace un mes generó impacto la noticia del fallecimiento de Eyvi Ágreda, quien tras 38 días de lucha murió por una insuficiencia orgánica producto de una infección bacteriana que le ocasionó un mal funcionamiento de sus órganos humanos, como consecuencia de una larga y lenta lucha por la que tuvo que atravesar, como un intento de feminicidio, lo que está en debate aún. A esta causa biológica, debe de añadirse la insuficiencia gubernamental, producto del detrimento de las instituciones estatales en ámbitos como la salud, la educación y la justicia, que, así como a Eyvi, coloca a todas las personas como potenciales víctimas de una insuficiencia orgánica, pero esta vez de parte del Estado.
Insuficiencia orgánica es un término médico que hace referencia a un proceso continuo y dinámico reversible en la disminución de la función de uno o más órganos fisiológicos. Asimismo, la ‘insuficiencia’ está definida por la RAE como la “incapacidad total o parcial de un órgano para realizar adecuadamente sus funciones”[1]. Por lo que, realizando un símil, se puede entender la insuficiencia orgánica Estatal como la incapacidad de una institución, órgano o poder del Estado en la realización de sus funciones y/o atribuciones. Corresponde así analizar las múltiples deficiencias estatales que hacen que los ciudadanos peruanos estemos ante cualquier ataque doblemente desprotegidos, haciendo alusión a la corrupción como el principal motivo de muchas indiferencias a los ciudadanos.
Eyvi, tras sufrir los actos de violencia el pasado 24 de abril de parte de Carlos Hualpa, fue derivada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud –EsSalud, donde se le practicaron alrededor de ocho intervenciones hasta el 17 de mayo de 2018. Declaraciones por parte del director del hospital y los médicos tratantes daban señales de un resultado y de una recuperación que, aunque progresiva, sería positiva. Apenas 13 días después la División de Comunicaciones del referido hospital informa antes del medio día del primero de junio su deceso. Más tarde, las declaraciones del Gerente de Red Asistencial, Luis Bromley, especificarían la causa, afirmando que la insuficiencia orgánica se debió a que, por segunda vez, la bacteria psuedomona invadió los órganos internos de Ágreda volviéndose inmune por la falta de la barrera protectora de piel.
Sin embargo, la bacteria pseudomona no fue lo único que terminó con la vida de Eyvi. Existe un problema grave con causas estructurales que lleva décadas sin resolverse, que ataca a diario no a una, sino a millones de víctimas. La falta de asistencia del Estado en sus organismos, así como parte de sus miembros que la componen la han acrecentado. Por ello, las endebles políticas públicas peruanas y, peor aún, su mal manejo, han derivado en graves consecuencias a los usuarios de las instituciones estatales. Gestión precaria, insuficiencia orgánica, que se debe a múltiples factores entre ellos a aquella bacteria que se ha vuelto inmune: la corrupción.
Somos testigos y los principales perjudicados de la desprotección total del Estado causando múltiples lesiones a un mismo ciudadano. Como la pobreza que no solo limita un grado de instrucción, también la calidad en la enseñanza, que posteriormente hará que la persona no tenga un trabajo y si lo tiene, sea mal remunerado, sin contar la informalidad a la que se somete o los beneficios de los cuales no goza. Y si en su centro laboral sufre alguna lesión, no tendrá un sistema de salud que le brinde una prestación mínima adecuada. Este ejemplo es una muestra de la lesión a lo largo de la vida de un ciudadano, pero también los daños múltiples son de forma paralela e inmediata como en el caso de Eyvi. En menos de un mes sufrió la ineficiencia en la educación, la cual si bien mejora en conocimiento, no lo hace en valores, pues no instruye para reconocer que todos somos iguales y dejar de lado la violencia, así como en la salud y la justicia.
Conforme lo manifiesta el especialista en enfermedades contagiosas, Larry Bush, “la pseudomona está presente en soluciones antisépticas caducadas o inactivadas, son más frecuentes en personas que se encuentren hospitalizadas por lesiones, heridas o quemaduras originando un cambio del color en el vendaje percibido a simple vista”[2]. Es decir, la infección generalizada se adquiere habitualmente y con mayor gravedad en los centros hospitalarios. Si esto es así, entonces cómo es posible que una persona afectada por quemaduras en un 60% de su cuerpo no tenga la atención y cuidado debido en el departamento de Cuidados Intensivos de un hospital estatal y más por el contrario se vea expuesta a sufrir cualquier tipo de infecciones en su organismo hasta el extremo que le llegue a causar la muerte.
La falta de cuidado se da por múltiples factores, entre ellos, la falta de capacitación del personal de salud, pero también un correcto abastecimiento. Son varias las denuncias públicas que se hacen porque en el seguro social, a pesar de las largas colas desde las madrugadas, se prevén citas para seis meses después, ante una emergencia se atiende a los pacientes en los pasillos o se reprograman citas porque se malogró un aparato médico. La situación más crítica se presenta al momento de recoger los medicamentos -incluso los elementales- ya que estos no se encuentran disponibles debido a que no se ha realizado el requerimiento respectivo, en caso se haya realizado, no ha recibido ninguna respuesta, o quizás, fue desviado en la ruta y se optó por dar abasto a alguna clínica privada.
Dichas situaciones son evidencia de actos corruptos, ya que, por un lado, los medicamentos y aparatos médicos son adquiridos a precios sumamente altos; y, por otro, que pese a su costo no llegan a sus destinatarios reales. Cuando un utensilio biomédico tiene una deficiencia los pacientes están obligados a realizarse las distintas pruebas médicas ecografías, radiografías, electrocardiogramas en centros privados, lo cual implica un costo adicional para algunos inalcanzable por lo que no pueden efectuarlo; lo que agrava tal situación es que los funcionarios médicos para atender con mayor y mejor diligencia indican en qué lugares deben de hacerse tales pruebas, tal referencia tiene como beneficio una comisión, un extra por su labor prestacional.
La corrupción ha llegado a sus peores escándalos en el ámbito de la salud al dejarla en manos de los gobiernos regionales, como es el caso de Cusco, donde no se ha culminado el Hospital Antonio Lorena, que ahora funciona como Hospital de Contingencia atendiendo únicamente a 350 de 800 pacientes al día[3]. Cantidad que debe de multiplicarse por el número de años en el que la obra se paralizó, ocho años en total. Estas son algunas insuficiencias orgánicas en la salud sin contar con la extremada lentitud e ineficiencia en las atenciones.
De otro lado, se encuentra la justicia, anhelo al parecer inalcanzable para quienes sufren en carne propia todas las deficiencias de un sistema débil, sin continuidad y sin mejora. Dos días después del hecho, el 27 de abril, la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores realiza el requerimiento de prisión preventiva por el periodo de nueve meses contra Carlos Hualpa por la comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud subtipo Feminicidio agravado en grado de tentativa previsto en el artículo 108-B del Código Penal[4]. Ese mismo día el Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima declara fundado el requerimiento[5].
Es necesario reconocer en el caso el despliegue rápido de parte de todos los órganos que forman parte del Sistema de Justicia como los agentes de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin embargo, la prisión preventiva es solo el inicio de este proceso, ya que tras el conocimiento de la causa de muerte de Eyvi se ha aperturado el debate de si Carlos Hualpa debería de ser juzgado por tentativa de feminicidio agravado alcanzando una pena de hasta veinticinco años; o, por el delito de lesiones graves con una pena que llega a los doce años. Si bien la cantidad de años en que el condenado purga condena no debe considerarse como sinónimo de efectividad en la justicia, sí debe de existir una sanción reparadora.
No puede volver a repetirse aquel grado de corrupción como el sucedido en el caso de Arlette Contreras, víctima de un Tráfico de influencias que hizo que su agresor Adriano Pozo quede absuelto por la incorrecta tipificación de delitos en el procedimiento penal, lo que fue aprovechado por los operadores jurídicos.
Al estar involucrado también en la causa de muerte la mala praxis del Hospital Almenara, el Estado representado por el Ministerio de Salud, debe de asumir su responsabilidad la cual se verá materializada económicamente. Aquí también surge una disyuntiva a cerca de la participación de cada uno de los agentes, esto es Carlos Hualpa, el cobrador que trato de auxiliar a Eyvi al usar el extintor y el seguro social. De esa forma, si se distribuye el mayor porcentaje de responsabilidad de la muerte de Eyvi al Hospital Almenara la reparación civil será considerable frente a la que recibiría de parte de Carlos Hualpa.
Si bien el resarcimiento ahora está en manos del abogado de los deudos por la estrategia judicial, y lastimosamente este debe de medirse en términos pecuniarios, es una sanción que el Estado merece asumir y de la cual debe de aprender, pues más allá de la pérdida económica, la que pagaremos todos, hay una pérdida humana, que sufren unos cuantos.
Es tiempo de una reforma estatal, una que garantice que situaciones como las que fue víctima Claudia hace cinco años, Eyvi hace dos meses y recientemente Juanita Mendoza, por mencionar algunos no queden impunes y menos de parte de quien debe de brindar protección. Se debe de erradicar de raíz aquellos malos elementos que han contribuido en el fortalecimiento del germen de la corrupción y de los que se han convertido en sus aliados: Es tarea de todos.
La insuficiencia orgánica biológica de la cual fue Eyvi víctima hace un mes lamentablemente ahora no es reversible. Sin embargo, la insuficiencia orgánica estatal de la cual todos somos potenciales lesionados sí puede superarse, pues tiene cura. Es un trabajo arduo, pero no imposible, es momento de sentar estructuras nuevas para lo cual es necesario reformar el sentido de la educación en valores, en principios, en derechos y en base al ejemplo. Ese será el remedio infalible, el antibiótico perfecto para eliminar la bacteria de la corrupción, la cual será aplicada por los médicos preparados que serán los legisladores al emitir leyes eficaces en ese hospital que se encuentra en situación de emergencia: el Estado.
(*) Artículo redactado por Lissa Ccopa
[1] Definición de la Real Academia de la Lengua Española del término insuficiencia. Consulta: 01 de julio de 2018. http://dle.rae.es/?id=LoaKTgZ
[2] Merck Sharp & Dohme o MSD. Infecciones por Pseudomonas. Consulta: 01 de julio de 2018. https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/infecciones-bacterianas/infecciones-por-pseudomonas.
[3] Diario La República de fecha 10 de setiembre de 2017. Consulta: 04 de julio de 2018. https://larepublica.pe/sociedad/1096377-el-via-crucis-para-construir-el-hospital-antonio-lorena-de-cusco
[4] Artículo 108-B.- Feminicidio
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:
(…)
La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:
(…)
- Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108.
Artículo 108.- Homicidio calificado
(…)
- Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas”.
[5] Diario La República de fecha 27 de abril de 2018. Consulta: 01 dejulio de 2018. https://larepublica.pe/sociedad/1233677-eyvi-agreda-fiscalia-denuncia-feminicidio-agravado-grado-tentativa-javier-hualpa
