Publicidad Registral y los Datos Personales de los Candidatos Presidenciales

En el Perú los Registros Públicos publicitan diversos hechos o situaciones jurídicas subjetivas[1] a través de los asientos registrales, los cuales se difunden a todos mediante la publicidad[2] y apariencia jurídica (Rechtsschein)[3].

Dichos asientos se presumen conocidos por todos según lo dispuesto por el Art. 2012 del Código Civil: “Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.”

El valor de dichas inscripciones no sólo se encuentra en el contenido de las mismas como publicidad material, sino que puede brindarse diversos usos.

Imagine usted que desea saber cuántas garantías mobiliarias se inscribieron entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2016. Imagine que desea saber cuántos vehículos se inscribieron de la marca Hyundai en el periodo entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2016. Dicha información estadística la puede brindar el registro mediante la publicidad masiva relacional.

Ahora pues, usted desea conocer si una persona tiene propiedades, si esa persona representa a alguna persona jurídica o natural. Quizá también desea conocer cuántos vehículos posee o si existe alguna sucesión sobre alguna persona fallecida. Esa información se la puede brindar el registro.

Podemos seguir describiendo diversos tipos de información que puede brindar el registro a partir de lo que está inscrito en las partidas, lo cual puede llegar a colisionar con los derechos de la personalidad.

Ejemplo de ello es el siguiente: En el Perú estamos cerca al desarrollo de nuevas elecciones presidenciales en las cuales se han presentado 19 candidatos.

Uno puede desde su computador personal revisar la información de cada uno de ellos –y de cualquier persona en general- sin expresión de causa, de la información que existe en los registros.

Así hemos podido verificar que el ex presidente Alejandro Toledo Manrique tiene inscrito en la partida No. 21909327 del Registro de Mandatos y Poderes de Lima un negocio de apoderamiento a su nombre. La hija del expresidente Alberto Fujimori –y candidata a la presidencia- tiene un vehículo inscrito de placa B8Y522. Así también hemos encontrado que el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski Godard tiene 9 poderes inscritos en el Registros de Personas Jurídicas de Lima. Hemos conocido también vía publicidad que el ex presidente Alan García Pérez tienes 2 predios con los números de partidas 46354621 y 46488407 en el Registros de Propiedad Inmueble de Lima. Finalmente, tenemos conocimiento que el fallecido ex congresista Javier Diez Canseco Cisneros tiene inscrita la sucesión intestada en la partida No.13027632.

La investigación ha sido sencilla, dado que a partir de la búsqueda de un nombre se puede encontrar esta y otras informaciones sobre cualquier individuo. Esto si bien es beneficioso por la circulación rápida de información también puede ser peligroso.

En el Perú en los últimos años ha existido un crecimiento económico importante. Esto ha traído, lamentablemente, incremento de la delincuencia. Estas personas hacen uso también del registro: Se puede investigar desde cualquier computador cuantos inmuebles tiene una persona, cuántos vehículos o embarcaciones, si son directores de empresas, entre otras situaciones. Probablemente si es una persona acaudalada, va a estar en la mira de estos delincuentes. Situación patológica que pone en cuestión de cuáles son los límites de la publicidad formal de los registros.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS REGISTRALES Y ASIENTOS REGISTRALES

La Ley de Protección de Datos Personales[4] N°29733 define en su Artículo 2 como dato personal toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados.

Ahora bien, líneas después en numeral 5 define como Datos sensibles:

“Datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual.” El subrayado es nuestro.

El Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales desarrolla:

“Artículo 2. Definiciones. (…) 6. Datos sensibles: Es aquella información relativa a datos personales referidos a las características físicas, morales o emocionales, hechos o circunstancias de su vida afectiva o familiar, los hábitos personales que corresponden a la esfera más íntima, la información relativa a la salud física o mental u otras análogas que afecten su intimidad.”

Téngase en cuenta que el Reglamento no señala el tema de ingresos económicos ni el de afiliación sindical, lo cual algunos han entendido como una abrogación. Sin embargo, esto no puede hacerse vía reglamento, sino vía un dispositivo de igual rango.

Ahora bien, si bien no lo señala de forma expresa, los Registros Públicos son fuentes accesibles para el público, siendo definidas estas como “Bancos de datos personales de administración pública o privada, que pueden ser consultados por cualquier persona, previo abono de la contraprestación correspondiente, de ser el caso. Las fuentes accesibles para el público son determinadas en el reglamento.”

Dicho Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, ha señalado:

Artículo 17.- Fuentes accesibles al público.

Para los efectos del artículo 2, inciso 9) de la Ley, se considerarán fuentes accesibles al público, con independencia de que el acceso requiera contraprestación, las siguientes:

            (…)

  1. Los Registros Públicos administrados por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, así como todo otro registro o banco de datos calificado como público conforme a ley.

Esto no significa que la información que posee el Registro no pueda estar protegida por la Ley de Datos Personales, dado que los datos no son neutrales siendo que ningún dato personal es neutro o irrelevante por lo que la facultad de sus titulares de controlar su acopio y posterior uso debe garantizarse en todos los casos[5]. Tengamos en cuenta que supuestos datos irrelevantes en conjunto por la informática pueden denotar rasgos de la personalidad, por lo que debe encontrarse un punto de equilibrio entre el respeto a los derechos fundamentales[6] (Derecho General de la Personalidad – allgemeines Persönlichkeitsrecht) y la recolección y uso de datos personales[7].

Es así como al final de dicho dispositivo normativo se indica:

  1. (…)

Lo dispuesto en el numeral precedente no quiere decir que todo dato personal contenido en información administrada por las entidades sujetas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea considerado información pública accesible. La evaluación del acceso a datos personales en posesión de entidades de administración pública se hará atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto. El tratamiento de los datos personales obtenidos a través de fuentes de acceso público deberá respetar los principios establecidos en la Ley y en el presente reglamento.

Para esto se construye la definición de este concepto como un derecho subjetivo, prima facie y de modo general, de naturaleza relacional, pues las exigencias que demandan su respeto, se encuentran muchas veces vinculadas a la protección de otros derechos constitucionales.

El TC ha realizado precisiones distinguiéndolo de diversos derechos. Así por ejemplo, respecto a la intimidad ha señalado que “(…) aunque su objeto sea la protección de la intimidad, el derecho a la autodeterminación informativa no puede identificarse con el derecho a la intimidad, personal o familiar, reconocido, a su vez, por el inciso 7) del mismo artículo 2° de la Constitución. Ello se debe a que mientras que este protege el derecho a la vida privada, esto es, el poder jurídico de rechazar intromisiones ilegítimas en la vida íntima o familiar de las personas, aquel garantiza la facultad de todo individuo de poder preservarla controlando el registro, uso y revelación de los datos que les conciernen.” [8]

Se distingue también del “(…) derecho a la imagen, reconocido en el inciso 7) del artículo 2° de la Constitución, que protege, básicamente la imagen del ser humano, derivada de la dignidad de la que se encuentra investido; mientras que el derecho a la autodeterminación informativa, en este extremo, garantiza que el individuo sea capaz de disponer y controlar el tipo de datos que sobre él se hayan registrado, a efectos de preservar su imagen derivada de su inserción en la vida en sociedad”.[9]

Se diferencia del derecho a la identidad personal, entendido como el “(…) derecho a que la proyección social de la propia personalidad no sufra interferencias o distorsiones a causa de la atribución de ideas, opiniones, o comportamientos diferentes de aquellos que el individuo manifiesta en su vida en sociedad. [10]

El Reglamento de publicidad registral puesto en vigencia el año pasado lamentablemente no ha regulado de la mejor forma estos supuestos.

CONCLUSIONES

A diferencia de los que ocurre en otros ordenamientos los datos registrales se consideran en nuestro país como fuente accesible al público.

Esto va a generar la circulación fluida de gran cantidad de información que puede lesionar el derecho de autodeterminación informativa de las personas. Téngase en cuenta que en nuestra realidad, la información sin restricción puede exponer innecesariamente a los ciudadanos.

La solución sin embargo no es prohibir la circulación de información, sino analizar qué información debe brindarse, así como los requisitos para su obtención, de ser el caso.


 [1] NICOLÒ, Rosario. Le situazioni giuridiche soggetive. En: Letture di diritto civile. Racolte da ALPA, Guido e ZATTI, Paolo. CEDAM: Casa editrice Dottore Antonio Milano. Padova, 1990, pp. 133 y siguientes. ZATTI, Paolo y COLUSSI. Lineamenti di Diritto Privato, Nona edizione, Padúa, CEDAM, 2003, pp.73 y siguientes.

[2] Art. 3 del Reglamento de Publicidad Registral: El registro es público y la publicidad que otorga consiste en la exteriorización continuada y organizada de los derechos y actos inscritos o anotados, a fin de hacerlos cognoscibles a los terceros.

La publicidad registral tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica a los terceros, constituyendo en algunos casos, la existencia misma del derecho o acto registrable.

[3] FALZEA, Angelo. Voci di teoria generale del diritto. Terza Ed.. Milán: Giuffrè, 1985, p. 102.

[4] Se ha precisado que los datos personales no se protegen en sí mismo, sino se tutela a la persona. Véase como el primer artículo de la Ley 29733 señala Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. LEÓN HILARIO, Leysser. Malas Leyes, peores reglamentos. Apuntes críticos sobre el porvenir de la tutela de la persona frente al tratamiento de datos en el Perú. En: Actualidad Jurídica No. 233, 2013, p.15.

[5] ORTI VALLEJO, Antonio. El nuevo derecho fundamental (y de la personalidad) a la libertad informática. A propósito de la STC 254/1993, de 20 de julio. En Derecho Privado y Constitución. Número 2, enero-abril de 1994. pp 319 y 320.

[6] PIÑAR MAÑAS, José Luis. Reflexiones sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales. En actualidad Jurídica Uría Menéndez. Número 12. 2005, p. 9.

[7] SERRANO PEREZ, María Mercedes. El derecho fundamental a la protección de datos. Derecho español y comparado. Madrid: Civitas, 2003, pp.18 y 19.

[8]  http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01797-2002-HD.html Resolución No. 01797-2002-HD/TC fundamento 3.

[9]  http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01797-2002-HD.html Resolución No. 01797-2002-HD/TC fundamento 3.

[10]  http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01797-2002-HD.html Resolución No. 01797-2002-HD/TC fundamento 3.