Las idas y venidas de una justicia que aún no llega

Una vez más la justicia parece darle la espalda a las miles de mujeres que fueron víctimas de la política estatal de esterilizaciones forzadas ejecutada en el Perú durante el segundo mandato de Alberto Fujimori, entre los años 1996 al 2000. Las víctimas llevan 24 años pidiendo al Estado peruano algún viso de justicia, verdad y reparación, tanto a través de procesos judiciales como también a través de negociaciones y conversaciones entre las asociaciones de víctimas y el propio Estado, pero nada parece hacer efecto.

Las primeras investigaciones que expusieron la situación de intervenciones quirúrgicas de ligadura de trompas y vasectomías como método de planificación familiar sin consentimiento o realizadas con engaños, fueron elaboradas por sociedad civil. Luego vinieron investigaciones de la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la Republica, entre los años 1999 al 2002. Los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo del Perú nos han brindado la información más completa, de manera oficial, sobre el alcance de las esterilizaciones forzadas, al registrar que 272 028 mujeres y 22 004 hombres fueron esterilizadas entre los años 1996 y 2001. Es increíble y poco afortunado señalar que desde el año 2002 no existe un informe oficial del Estado peruano que, de cuenta de la magnitud, las cifras actualizadas, ni del total de afectaciones a la vida, salud e integridad, entre otros derechos, de las miles de personas afectadas.

Luego llegaron las denuncias penales. La vía judicial parecía y parece seguir siendo el camino para alcanzar no solo justicia, sino también reparaciones para todas las víctimas. A pesar de ello, el caso ante instancia penal fue archivado en varias oportunidades. Una vez en el 2004, y otra en el 2009. Luego se unieron todas las investigaciones a fin de mantener un solo expediente, y dado que se trata de un delito en el que hay una gran cantidad de víctimas, se volvió a abrir en el año 2011. Además, se cambió el tipo penal: ya no se podía acusar a Fujimori, sus ex ministros de salud y demás autoridades por el delito de genocidio y ahora la investigación penal era por graves violaciones a los derechos humanos. En el año 2014, un fiscal determinó que no se podía denunciar a Fujimori, ni a sus ministros. La defensa de las víctimas apeló y volvieron a ser parte del proceso como acusados. Se volvió a archivar en el año 2015. Luego, se volvió a apelar esta decisión. Se esperaron tres años más hasta que, finalmente, en el año 2018, la fiscalía responsable decidió formalizar denuncia en contra de Fujimori y demás responsables por el delito contra la salud, la vida y el cuerpo en la modalidad de lesiones seguidas de muerte en un contexto de violaciones a los derechos humanos.

Parece un camino difícil de entender, lo fue para las víctimas y aún lo sigue siendo. A pesar de que en el año 2018 se dispuso la formalización de la denuncia penal, a fin de que se inicie la judicialización del caso, pasaron dos años más hasta se iniciaron las audiencias de sustentación de cargos para que él o la juez encargada pueda determinar el destino del caso. Finalmente, y luego de un par de reprogramaciones, el 11 de enero del 2021 debía ser la fecha en la que debía iniciar la sustentación de cargos, el careo en vivo y en directo entre las víctimas, su defensa y sus perpetradores. Sin embargo, dicha audiencia fue suspendida porque el Poder Judicial no garantizó que las víctimas cuya lengua materna es el quechua cuenten con intérpretes y traductores que puedan ayudarlas a entender lo que acontecía en la audiencia.

Luego de dos meses más de espera, la audiencia se retomó los días 1, 2 y 3 de marzo. Por consiguiente, la misma debía continuar el 15 de marzo, pero fue suspendida nuevamente. La dilación de esta se debe, entre otras cosas, a que existen más de 2000 mujeres agraviadas, es decir, el número de partes del proceso hace que sea un proceso aún más complejo. Una vez retomadas las audiencias, se volvieron a suspender a pedido de la Fiscalía debido a problemas logísticos y problemas de salud de su personal. Finalmente, el 20 de abril se reanudaron las audiencias, las cuales se han dado de forma continua hasta la fecha.

Como se indicó previamente, el caso se encuentra actualmente en la etapa de sustentación de cargos dada por la fiscalía encargada ante el Poder Judicial, representado por el juez Rafael Martín Martínez, en la cual se hace un control de legalidad de los delitos por los cuales se acusa a Fujimori y el resto de las autoridades responsables, a fin de hacer una correcta calificación de estos. Finalizada esta etapa, le corresponderá al juez Martín abrir o no la investigación judicial del caso.

Recordemos que uno de los más importantes principios en el acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos es la no dilación de los procesos judiciales, en tanto ponen en peligro la garantía de sus derechos, el acceso a la verdad y a una posible reparación. Por ello, se espera que, a pesar de la complejidad del caso, esta etapa no se dilate más y no deban transcurrir más años para continuar con el proceso.

A pesar de esto y la gravedad del caso, es bien conocida la falta de voluntad política e innumerables trabas por parte de la justicia peruana. No es casual que hayan pasado más de 24 años desde ocurridas las primeras denuncias y hasta ahora no se haya judicializado el caso en su totalidad y se siga en una etapa de sustentación de cargos, las cuales se siguen suspendiendo constantemente. Tampoco es casual que, en el caso peruano de esterilizaciones forzadas, a pesar de que existe un Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) desde el año 2015, no exista ni un rastro de reparaciones administrativas para las miles de personas afectadas que siguen viviendo con los rezagos en su vida y salud de una intervención quirúrgica a la que no quisieron someterse o se sometieron con engaños.

No sabemos cuánto tiempo más deberán esperar las víctimas. Ya han esperado demasiado. A nivel de la justicia internacional tampoco parecen darse avances pues en el año 2010 se presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un caso de mujeres esterilizadas y la petición aún se encuentra en etapa de admisibilidad, sin avance evidente. Ya en el año 2003 se celebró un acuerdo de solución amistosa entre el Estado peruano y los familiares de Mamérita Mestanza, una de las víctimas mortales del caso, ante la misma CIDH. Y aquí tampoco se ha cumplido totalmente con el compromiso asumido de reparación.

Así pues, parece ser un contexto desolador y difícil para las miles de víctimas. Sin embargo, existen un gran número de mujeres organizadas que constantemente demandan al Estado que puedan atenderlas y garantizar sus derechos, y que no bajan la guardia a pesar de tantos años de resistencia. Esto no debería ser así ya que la reparación y el acceso a justicia no debe depender del potente activismo de las víctimas y las organizaciones que las defienden, sino más bien de la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos, y también de los responsables directos, es decir, Alberto Fujimori y las autoridades autoras de este plan malthusiano.

Dicen que justicia que tarda es menos justicia. Esperemos que llegue pronto.

Fuente de la imagen: https://lum.cultura.pe/actividades/ikumi-esterilizaciones-forzadas-en-el-per%C3%BA