La desaparición de mujeres de todas las edades es un problema que la Defensoría del Pueblo ha destacado: 2 457 mujeres, niñas y adolescentes entre enero y junio de 2020. Las investigaciones de todos estos casos están en mano del Ministerio del Interior pero ¿es suficiente?
Estas cifras nos demuestran que se está desarrollando un patrón, que analistas especializados deben estar estudiando para prevenirlas y resolver los casos pendientes. La policía tiene capacidad para ello, el problema es que, al parecer, casi todos están de servicio en las calles, desperdiciando la experticia de estos criminalistas.
Sabemos que el contexto del COVID-19 es complejo; enfrentar ello es obligación de las autoridades pero también de la ciudadanía. Lamentablemente, el ascenso de números de contagiados y muertos, y hechos lamentables, como el de Los Olivos, nos expresan que aún no tenemos conciencia de la dimensión de la pandemia y su grado de peligro.
Las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres por parte de particulares se han convertido en otra expresión de violencia de género que sumen a los familiares en un estado de desesperación, pues son conscientes que no se están haciendo las investigaciones necesarias. Los responsables de estos hechos saben de esta situación, ello se demuestra con el incremento del porcentaje de un mes a otro en más de 40 %, como fue, por ejemplo, mayo con relación a abril en casi todas las regiones, a excepción de Lima que continúa siendo la región en donde más desaparecen las mujeres.
No puedo imaginar el dolor que implica una desaparición, pues pasan años y los casos no se resuelven, debido a que son demasiados para ponerles atención. Ese es el gran problema, cuando un delito se convierte en un hecho común, no suscita ya la máxima preocupación de la policía, la cual responde con un impersonal: “se habrá fugado con el enamorado, pues”, y hace poco o nada para resolverlo. Es decir, hay un prejuicio de género. Pero ¿qué decir frente a las niñas y adolescentes que representan el mayor porcentaje de desaparecidas?
Otro aspecto, que de ninguna manera debe ser una razón para no investigar, son los antecedentes sexuales de las desaparecidas.
En países de América Latina aún no se están registrando las desapariciones por género, aspecto que ya se está realizando en el Perú; pero la desidia policial también puede estar afectando este registro. La Defensoría es clara en señalar que hay una ausencia de estadísticas exactas que permitan ver cuántas de las desaparecidas han sido encontradas y cuántas aún permanecen como casos sin resolver[1].
Una desaparición puede transformarse en violencia sexual, en trata o esclavitud sexual o en feminicidio. Hay que tener en cuenta que muchos de los casos de violación sexual y asesinatos de mujeres están precedidos por la desaparición de las víctimas.
Las desapariciones y los derechos
La desaparición vulnera un conjunto de derechos como el respeto a la integridad física, psíquica, a la libertad y seguridad, el respeto a la vida, entre otros.
De acuerdo a los documentos internacionales firmados por el Perú, entre ellos la Convención Belém do Pará, el Estado debe actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, el gobierno peruano no está cumpliendo con ello en el caso de las desapariciones.
Para abordar este grave delito, se debe empezar por adoptar medidas jurídicas, donde la Defensoría del Pueblo propone “que la desaparición sea reconocida dentro de nuestra legislación como una forma de violencia de género contra las mujeres, pues ello coadyuvará a que sea abordada de manera integral y facilitará la recuperación integral de las sobrevivientes”[2].
Es decir, sea abordada en el marco de la Ley n.° 30364. Igualmente, podrá ser considerada en las políticas orientadas a prevenir, atender y sancionar a los responsables, como el Plan Nacional de Violencia contra la Mujer 2016-2021.
Ya las Naciones Unidas han señalado que las desapariciones de mujeres están vinculadas con otras formas de violencia de género. Es decir, es por sí misma una forma de violencia contra ellas que no permite cerrar ciclos, atentan contra derechos fundamentales que van más allá del derecho a una vida libre de violencia, pues afecta, también, el derecho elemental a la vida, según un informe del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).[3]
Y esto porque “constituye una forma de violencia autónoma”[4] que tiene graves consecuencias en la vida de las desaparecidas desde su integridad física y emocional al derecho a la igualdad.
Masculinidades tóxicas
Históricamente, la construcción de la feminidad ha servido para reafirmar la masculinidad, pero a medida que las mujeres han ido avanzando en su lucha, la masculinidad en crisis se ha expresado y se expresa con más violencia. Asimismo, la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes se ha convertido en otra forma de violencia de género.
Ya las mujeres no son las imágenes que fortalecen lo masculino, a partir de someterse, subordinarse. Es decir, los logros en sus derechos, entre ellos la autonomía, ponen en cuestión la autoridad de los hombres; entonces, las/os menores se convierten en las mayores víctimas siendo indefensas/os, pero, sobre todo, siendo objetos que pueden tomarse, apropiarse de ellas/os.
Los largos años en que la violencia de género contra las mujeres fue silenciada, ha dado lugar que aquella se marque en los imaginarios sociales como forma de control femenino de un sistema que se ha basado en el orden jerárquico, en el que los hombres han tenido una posición hegemónica. Es decir, la violencia contra las mujeres es una estrategia del patriarcado para seguir dominándolas y está estrechamente ligada a las costumbres, formas de pensar, condiciones socioeconómicas. Una violencia que se agudiza en situaciones de conflicto, como lo vimos en el periodo de la lucha antiterrorista y hoy lo observamos en el contexto del covid-19.
Es necesario enfatizar que la economía de los países no es neutral al género, tanto la formal como informal. Al contrario, la economía agudiza las relaciones de desigualdad, como ocurre con la raza, la etnicidad, la geografía, la edad. Recordemos que es con la revolución industrial y el surgimiento de la burguesía que se institucionaliza la división del trabajo que asigna el trabajo reproductivo para las mujeres (ámbito privado) y el trabajo productivo para los (hombres). En este caso, se da más valor al trabajo realizado por los hombres. En este contexto, surge la familia patriarcal, bendecida por las religiones como germen de la sociedad, pero una familia tradicional basada en la autoridad y el poder del hombre, que desconoce las diversas formas de familias que existen en nuestras sociedades. Es en la familia donde se desarrolla la primera socialización del ser humano, de ahí su defensa porque es la que sostiene tanto el patriarcado como el sistema económico.
Las raíces de las desapariciones, por consiguiente, están en la desigualdad de género, y mientras no terminemos con ella, la violencia y otras formas de discriminación van a continuar. En este sentido, es importante la Política Nacional de Igualdad de Género que entre sus objetivos prioritarios está disminuir hasta erradicar esta violencia.
Por ello, la necesidad de estudiar la desigualdad de género y el grave problema de la violencia desde las escuelas, porque estamos frente a una masculinidad en cuestión que se ve obligada a recurrir a estos actos para reafirmarse.
Como señala Rita Segato, en relación a la violación sexual, “si el lenguaje de la
femineidad es un lenguaje performativo, dramático, el de la masculinidad es un
lenguaje violento de conquista y preservación activa de un valor”[5].
Una masculinidad que los hombres sienten que permanentemente está puesta en duda, fundamentalmente por sus pares, la misma que debe restaurar “a expensas y en desmedro de otro, femenino, de cuya subordinación se vuelve dependiente”. Y agrega: “el sujeto no viola [no secuestra] porque tiene poder o para demostrar que lo tiene, sino porque debe obtenerlo” (p. 40). Y esto no tiene que ver con patologías, sino como la forma en que están construidas las masculinidades.
La urgencia de prevenir las desapariciones
La grave situación de las desapariciones de género obliga a que cada uno de las/os ciudadanos, colaboremos en difundir los rostros de las mujeres que han desaparecido, puede ser que alguien vio a esa niña o adolescente de la mano de un extraño que la ha secuestrado con engaños. Debemos partir de la presunción que son mujeres, niñas o adolescentes que están con vida y que tenemos la esperanza de encontrarlas sanas y a salvo.
Un aporte clave del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables puede ser firmar un convenio con los medios de comunicación, especialmente con la televisión y la radio, para realizar una campaña preventiva sobre la violencia de género contra las mujeres en general, y sobre el peligro de una desaparición en concreto: cómo protegerse las adultas y cómo proteger a las menores, cómo denunciar la desaparición de una mujer.
Debería crearse en el Ministerio del Interior una unidad especializada en desapariciones de mujeres realizadas por particulares para atender estas denuncias (capacitarlas/os en derechos humanos de las mujeres, los mecanismos legales existentes tanto nacionales como internacionales y en enfoque de género)[6] y que la Fiscalía más el Poder Judicial den prioridad a estos casos, pues está de por medio salvar una vida.
Existe el Decreto Supremo N° 006-2018-IN, que aprueba el reglamento de la Ley N° 29685, que establece medidas especiales en casos de desaparición de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad mental, física y sensorial; es decir, personas vulnerables. El caso de la desaparición de mujeres reviste características especiales pues se da por ideas de género y, como hemos señalado, por lo general deriva en otro delito de violencia por el hecho de ser mujeres.
En los colegios deben darse charlas de prevención, especialmente a niñas/os y adolescentes. La educación representa una gran oportunidad no solo para dialogar con las/os estudiantes, también con las madres y padres de familia.
Todas estas medidas deben adecuarse a la realidad de cada región y, dentro de ellas, las poblaciones rurales e indígenas. En este proceso es clave trabajar con las organizaciones de mujeres, de las comunidades.
No solo hay que utilizar los medios masivos, también las radios locales, de las comunidades, de los mercados, las redes sociales, sobre todo aquella información orientada a las/os adolescentes y jóvenes que tienen más acceso a las tecnologías.
Otra pregunta indispensable a plantearse es ¿cuáles son las características predominantes de las mujeres desaparecidas? Además de la edad, las señas sobre su físico, condición étnica, si tiene alguna condición de discapacidad, alguna marca en especial, entre otras, para aproximarse a las posibles causas de la sustracción y, por consiguiente, fortalecer la investigación a partir de construir patrones que se repiten e identificar qué mujeres están en mayor situación de vulnerabilidad.
Otro patrón a construir es ¿en qué circunstancias se dan estas desapariciones, para desarrollar estrategias de prevención? Habría que tener la información sobre cuántas de las mujeres desaparecidas son encontradas y si esto se debe al esfuerzo de la Policía o de las propias familias, amigas/os, organizaciones de la sociedad civil y cuáles de estas formas de búsquedas son las que dan más resultados.
Las desapariciones de mujeres es una preocupación cada vez mayor por la forma en que se está incrementando, de tal manera que las autoridades correspondientes deben actuar. Las/os familiares tienen derecho a saber la verdad, terminar con la zozobra. El impacto emocional es devastador lo cual es vivir entre la esperanza de encontrarlas con vida y el terror de hallarlas muertas; además, está el hecho de la culpa porque aquellos familiares sienten que no fueron capaces de protegerlas o porque no tuvieron tiempo de seguir buscando ante la urgencia de sobrevivir, más aún si hay otras/os hijos menores.
La justicia, libre de estereotipos de género, debe actuar con agilidad y oportunidad; una justicia que, en muchos casos, sigue teniendo una deuda pendiente con las víctimas de violencia. La falta de sanción a los responsables lleva a la repetición de estos hechos, pues la impunidad es el mensaje más efectivo para que estos delitos continúen dándose.
Bibliografía:
[1] “¿Qué pasó con ellas durante el aislamiento obligatorio?”. Reporte Igualdad y violencia n.° 4, mayo 2020.
[2] Ibídem.
[3] Mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio. Recomendación general del Comité de Expertas del MESECVI, n.° 2. (2018) Washington: OEA, MESECVI:
[4] La desaparición de mujeres cometida por particulares: marco regulatorio, legislación comparada y situación de la problemática en el Perú”. Serie Igualdad y no Violencia 2020 n.° 003. Autonomía física. Informe de Adjuntía n.° 003-2020-DP/ADM: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/Informe-desaparecidas.pdf
[5] La estructura de género y el mandato de la violación, en: Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes, 2003, p. 39.
[6] Aún no está funcionando la web y la línea 114 para denunciar las desapariciones en general, pero al tiempo que se activan estos mecanismos, se puede implementar una unidad especializada en género.
Fuente de la imagen:
https://www.ahora.com.pe/wp-content/uploads/2020/07/Defensori%CC%81a-2457-mujeres-desaparecidas-en-primera-mitad-del-an%CC%83o.jpg
