por

El clamor de los defensores ambientales tras el archivamiento del acuerdo de Escazú

Luego de meses de debates, la Comisión de Relaciones Exteriores (en adelante Comisión de RREE), presidida por el congresista fujimorista Gilmer Trujillo, decidió archivar la ratificación sobre el Acuerdo de Escazú. Este fue un duro golpe para todos aquellos defensores ambientales que buscaban estar bajo su protección. Es así, que la finalidad del acuerdo de Escazú se basa en brindar un adecuado acceso a la información, la participación pública y sobre todo brindar un eficiente acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

La decisión para rechazar este acuerdo estuvo basada en una ola de desinformación, la cual terminó originando su archivamiento. De esta manera, una de las razones de la negación a este tratado, se centró en que este no aporta nada nuevo y que era mejor que el Congreso de la República se comprometiera a mejorar la legislación ambiental. Sin embargo, lo que este tratado busca brindar es ofrecer un mayor grado de protección a los defensores ambientales, en materia de resguardo a sus derechos fundamentales.

Otra razón, fue aquella que adujo que el Perú no es el país más peligroso para defensores ambientales, señalando que, de los 212 asesinatos a defensores en el 2019, la mitad pasó en Colombia y Filipinas, y que de los países “más peligrosos de la región” (Comisión de RREE dixit) solo Nicaragua ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Por el contrario, a esto, el último informe de la organización internacional Global Witness sobre la crisis climática y las amenazas contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente, puso al Perú en la lista de los países más peligrosos para defensores ambientales.

Es también importante recalcar que se antepuso los beneficios económicos, ante la pérdida de vidas de nuestros defensores, ya que también se dijo que este tratado “pone en peligro las concesiones, contratos, convenios o autorizaciones otorgadas con anterioridad a la presunta entrada en vigor para el Perú, al señalar que se promoverá el acceso a la información ambiental en concesiones contratos convenios o autorizaciones”. Este punto es completamente falso, puesto que, el que se les brinde mayor información a las personas involucradas en estos proyectos no significa que estas obran vayan a paralizarse, sino que esto asegura que se tenga un mejor conocimiento de su adecuado funcionamiento.

Es así, que para entender la necesidad de la ratificación de este acuerdo se realizará también un análisis desde la perspectiva de los defensores ambientales. Esto nos lleva a recordar la muerte ocurrida en setiembre del presente año de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, quien era un defensor ambiental encargado de una concesión forestal en Madre de Dios. Sin embargo, esta no es la primera vez que un defensor muere en estas circunstancias. Javá Ríos, Edwin Chota y Olivia Arévalo, son solo algunos de los nombres de otros defensores ambientales de nuestro país que también corrieron con la misma suerte en los últimos años

Esta situación y el rechazo al Acuerdo de Escazú, nos ha llevado a replantearnos cuál es realmente el papel del Estado frente a la defensa de estas personas. Así, se debe tener en cuenta que los defensores ambientales son personas que realizan acciones pacíficas, ya sea de forma voluntaria o profesional, para proteger los derechos ambientales o de la tierra. A menudo son personas comunes que pueden no definirse a sí mismas como “defensoras”. Algunas son líderes indígenas o campesinas que viven en montañas remotas o bosques aislados, protegiendo sus tierras ancestrales y medios de subsistencia tradicionales de proyectos mineros, represas y hoteles de lujo. Incluso podrían ser abogadas, periodistas o personal de ONG que trabaja para exponer el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras [1].

“Estas personas buscan ejercer sus propios derechos humanos fundamentales (como la libertad de expresión y reunión o el acceso a la información y a la justicia ambiental) para poder proteger otro que tiene un fuerte contenido colectivo: el derecho a un medio ambiente sano. Su actividad se encuentra amparada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos de 1998” [2].

Sin embargo, a pesar que muchos de sus derechos se encuentran especificados en diversos tratados, nos preguntamos ¿existe realmente una verdadera defensa hacia estas personas? Las leyes nos dirán que sí, que para eso se cuenta con normas e instrumentos internacionales de derechos humanos que ya están establecidos en nuestra legislación. Lamentablemente esto dista de la verdad, puesto que gran parte de nuestros defensores han tenido que enfrentarse a actos de hostigamiento, persecución, intimidación y represalias por su actividad o trabajo en defensa del medio ambiente.

La cruda realidad es que la omisión del propio Estado de investigar agresiones y crímenes cometidos contra los defensores ambientales facilita el camino a las empresas para continuar amenazando y agrediendo a estos y debilitar su rol defensor. Así, una práctica constante de las autoridades en materia ambiental es su mala fe respecto a los denunciantes, al no proporcionar la posibilidad del derecho de queja, lo cual sigue favoreciendo a los inversionistas. En consecuencia, el sistema judicial favorece la impunidad y se ha convertido en una instancia de encubrimiento de las violaciones de derechos humanos. No se investigan las denuncias, aun cuando se presentan pruebas. Y en casos de denuncias ambientales, fiscales y jueces que han intentado realizar su trabajo de manera correcta son obstaculizados, trasladados y hasta removidos de sus cargos [3].

En ese sentido, se vuelve muy notable la violencia del Estado, disfrazada en forma de indiferencia con respecto a estas personas, las cuales con su trabajo se han convertido en “La Resistencia”, pues son ellos los últimos defensores de nuestros ecosistemas, aquellas personas que tuvieron que sacrificar su propia vida para que la sociedad volteara a mirarlas y se dieran cuenta de la triste realidad por la que está atravesando nuestro país. Aquella realidad en la cual es más importante la inversión privada que la conservación nuestra biodiversidad.

Asimismo, se entiende que el Estado aún no ha creado las suficientes condiciones sociales, económicas y políticas requeridas para que estas personas puedan disfrutar en la práctica de todos sus derechos y libertades.  Faltan aún leyes de protección, como el Acuerdo de Escazú, que busquen protegerlos, y sobre todo falta una valoración por parte del Estado hacia el gran trabajo que realizan, falta también aquella muestra de empatía para poder entender su sufrimiento y todo lo que tienen que enfrentar día a día, con tal de poder proteger nuestro hogar, la tierra.

Por todo ello, sería conveniente fortalecer los mecanismos institucionales de protección a las defensoras y los defensores ambientales. Con frecuencia, los ataques a los defensores ambientales quedan en la impunidad, lo cual agrava la situación de desprotección de derechos, a la vez que genera sufrimiento y angustia en violación del derecho a la integridad personal. En consecuencia, no solo se debería investigar de manera exhaustiva los ataques perpetrados con el debido proceso legal, sino que debería fortalecerse el rol sancionatorio del Estado para responder adecuadamente a los ataques que se realicen contra ellos [4].

Añadido a ello, y a la ratificación a diversos tratados como lo fue el de Escazú, se debe promover también defensorías del pueblo, independientes y con facultades de investigación y recomendación efectivas. A su vez, se debe promover la elaboración de programas nacionales de protección a defensores, incluyendo servicios de resguardo, de atención urgente y de relocalización, además de otorgar recursos para la protección de testigos en casos de amenazas [5].

En conclusión, el archivamiento del acuerdo de Escazú significó un retroceso en materia de legislación ambiental y sobre todo en materia de protección de los derechos fundamentales relacionados a los defensores ambientales, los cuales también se han visto afectados por la pandemia y por la ola de violencia surgida hacia ellos. Es así, que lo que se busca con estas palabras es que nos demos cuenta del panorama por el cual pasan nuestros defensores, quienes poco a poco están siendo asesinados. Por ello y por todas esas personas que murieron defendiendo sus ideales y nuestros ecosistemas, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de volvernos la nueva resistencia y ser aquella generación que vivió para defender su hogar y el planeta que los albergó.

Escrito por Meyci Shessira Gambini Rojas, alumna octavo ciclo de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.


Referencias:

[1] Global Witness (2016). Defender la Tierra. Asesinatos globales de defensores/as de la tierra y medio ambiente en 2016.

[2] Sánchez, K. (2018). En defensa de los defensores ambientales. Actualidad Ambiental. https://www.actualidadambiental.pe/opinion-en-defensa-de-los-defensores-ambientales/

[3] Borras, S. (2013). El derecho a defender el medio ambiente: la protección de los defensores y defensoras ambientales. Derecho PUCP, 70, 291-324.

[4] Borras, S. Op, cit.

[5] Centro para el Derecho Internacional Ambiental (2010). Defensoras y Defensores Ambientales en Peligro. La Situación en México y Centro América En el Ámbito de la Industria Minera. Informe preparado por el Centro para el Derecho Internacional Ambiental. CIEL.

[6] Ver en: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0464520190805..pdf 

fuente de la imagen: https://www.idl.org.pe/el-congreso-debe-ratificar-el-acuerdo-de-escazu-en-peru/https://dar.org.pe/daropina_escazuya/

Escrito por Consejo Editorial

Consejo Editorial

Directora: Lesly Pacheco Consejo Editorial: Nicole Gomez, Indira Ruiz, Katherine Flores, Briggite Vilcapoma, Nadia Ibarra, Mayra Huivin, Meyci Gambini.